por Ibán de Rementería
En pocos meses lo real nos ha estallado en la cara y en las manos. Por una parte, en lo político, en la gestión del poder, los ciudadanos deciden desobedecer a las autoridades, la nación deviene insurrecta, y; por otra, en la globalidad de nuestra realidad sanitaria aparece el corona virus (covid-19) uno de esos tantos virus de rápida mutación que causan las anuales, desagradables y benignas influenzas, pero que de inmediato se muestra como la peste: altamente contagiosa, insidiosa y previsiblemente mortal para enfermos crónicos y ancianos.
En el país que desde el 18 de octubre del 2019 movilizó a cientos de miles de chilenas y chilenos hasta llegar a un millón y medio en una sola tarde, para rechazar el actual modelo político, económico y social, el 15 de noviembre del 2019, esa, la nación insurrecta fue controlada mediante la oferta de un plebiscito en el cual la nación decidirá si quiere una nueva constitución y por qué tipo de representación constituyente será elaborada, esa oferta fue hecha por casi la totalidad de los partidos políticos, pero sin la participación del movimiento social. Las normas que rigen el funcionamiento de la constituyente la obligan a tomar decisiones por la mayoría calificada de los dos tercios de sus miembros, lo cual en términos de poder, de imposición de la voluntad, es otorgarle el derecho a veto a un tercio minoritario de sus miembros, además, de mantener la intangibilidad de los tratados internacionales vigentes. La subordinación del poder constituyente a una minoría nacional y a los intereses externos, obviamente, merman la legitimidad de tal poder constituyente. Lo que ha pasado aquí es que la teoría constitucional imperante en la academia y la experticia está reducida al miedo a las mayorías, el miedo constituyente a las mayorías es un miedo a la democracia. Pues, como dice Claudia Heiss: «Mientras se mantenga el respeto a los dos tercios, no tendremos una constitución ni de extrema izquierda ni de extrema derecha», a lo cual me permito agregar: sino que todo lo contrario. Pero, el “apruebo” a la elaboración de una nueva constitución es la segura opción ganadora por una mayoría ostensible, lo que no está asegurado es la legitimidad de una nueva constitución donde la generalidad de la nación se sienta representada.
La peste se convierte en un asunto político nacional y global cuando la legitimidad del poder pasa por su capacidad de resolverla. El carácter insidioso de esta peste, se muestra con una apariencia benigna que oculta su suma gravedad, lo que genera la duda sobre la legitimidad y capacidad del poder nacional y global para resolverla, la incertidumbre así generada es tal que las bolsas y los precios de las materias primas se derrumban, mientras que los expertos agoreros anuncian esta crisis económica como aún más grave que la del 2008.
Veamos que ha pasado aquí, la solución propuesta a esta grave crisis sanitaria ha sido la cuarentena, la cual según la RAE es el: «Aislamiento preventivo al que se somete durante un período de tiempo, por razones sanitarias, a personas o animales». En breve, esta crisis sanitaria con extensas cantidades de personas en cuarentena por todo el planeta que, entonces, ni producen ni compran bienes y servicios por períodos no discernibles de tiempo, genera una previsible crisis de demanda que impide que las empresas productivas y comerciales vendan sus inventarios, debido a lo cual no pueden cumplir con sus compromisos financieros por los créditos que tomaron, lo que colapsa al sector financiero, con lo cual se completa así una crisis económica global, donde la economía se ha visto detenida por la cuarentena universal.
En esta, enunciada como la más grande crisis económica, política, social y cultural de la era de la globalización, la doctrina económica y política que aflora para confrontarla es aquella del “hay que”, con sus enunciados de: hay quesalvar a las grandes empresas, también, claro está, a las pymes; hay que subsidiar los salarios, hay que prorrogar los pagos de los créditos, hay que prorrogar los pagos, disminuir y suprimir impuestos, y muchos otros hay que, en fin, el sujeto activo de todos los hay que es el Estado y sus beneficiarios son las empresas privadas, algunos aclaran que no sus dueños (Andrea Repetto).
De la misma manera que la movilización de la nación insurrecta abrió el espacio para la constituyente, la doctrina del “hay que” instala la oportunidad para que el Estado de Chile recupere su rol protagónico en la producción y redistribución de la riqueza nacional. Ha sido más o menos tradicional que las grades crisis económicas privadas sean resueltas y solventadas con recursos públicos, así pasó aquí en Chile en la crisis de los “deudores no viables” en 1982 y a nivel global con la crisis de los subprime en 2008, lo que se conoce como la sarcástica doctrina según la cual mientras “las ganancias se privatizan las pérdidas se socializan”. Pues, esta puede ser una oportunidad para que el Estado vía el salvataje financiero recupere las rentables empresas públicas que fueron privatizadas, entre ellas LAN/LATAM, las sanitarias, las de pesca, etc. Si bien, el Gobierno se ha propuesto un programa de recuperación económica ante la crisis que se inicia por un monto US$ 11.700 millones, no se debe olvidar que las sobre ganancias –“rentas graciosas”-, más allá de las utilidades habituales, obtenidas por la grandes compañías mineras del cobre tuvieron un promedio anual de US$ 12,100 millones durante los años 2005 a 2014, el 4,5% del PIB y el 24% del gasto público anual[1].
La crisis económica causada por la peste servirá de pretexto a la derecha y al Gobierno para imponer la imposibilidad de financiar la realización de las reformas sociales que el estallido social ha logrado ir instalando junto con la constituyente en derechos sociales como la previsión social, la salud, la educación, los ingresos garantizados, la vivienda, etc.
El torpe manejo de la peste por el Gobierno ha generalizado una cada vez más constante beligerancia de los alcaldes frente a las medidas sanitarias por aquel adopta, en lo cual estos se muestras mucho más sensibles y receptivos a las demandas de sus vecinos que el Gobierno y el Parlamento. Bien nos ha recordado Constanza Michelson que: en la catástrofe se nos aparece lo real, lo que es, nuestra dependencia de los otros.
[1] Sturla, G. y otros. Nuevas Estimaciones de la Riqueza Regalada a las grandes Empresas de la Minería Privada del Cobre: Chile 2005-2004. Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. 2016