por Gustavo Burgos
Hay algo más que decadencia en la situación actual de la Central Unitaria de Trabajadores de Chile: hay una clave histórica. La crisis del principal organismo sindical del país no es simplemente el resultado de errores políticos acumulados o de direcciones desacertadas. Es la expresión concreta —nacional— de una ley general del desarrollo del movimiento obrero bajo el capitalismo contemporáneo. Comprenderla exige, por tanto, un doble movimiento: reconstruir su trayectoria histórica y, al mismo tiempo, situarla en el marco de las determinaciones más amplias de la época imperialista.
La CUT que nace en 1953 lo hace como un organismo que se piensa a sí mismo desde la lucha de clases. Sus declaraciones de principios no son retóricas: definen al Estado como instrumento de dominación capitalista, identifican al capitalismo como un sistema a superar acabndo con la propiedad privada y conciben a los sindicatos como órganos de defensa inmediata y de emancipación histórica. No hay en su formulación originaria ninguna ilusión de neutralidad. La CUT no se presenta como mediadora, sino como parte activa de una confrontación social irreductible. Su programa liga la lucha reivindicativa con la perspectiva socialista, y su organización descansa en una amplia red de sindicatos de base, consejos territoriales y congresos nacionales que, al menos en su formulación, aspiran a una democracia sindical efectiva.
Esta concepción no es un accidente doctrinario. Responde a una etapa histórica en la que el movimiento obrero chileno —como en buena parte del mundo— se desarrollaba bajo la presión de grandes acciones de masas y antagonismos sociales, en el horizonte abierto por la Revolución Rusa. Incluso en sus momentos de mayor integración institucional, la CUT mantuvo un vínculo orgánico con la movilización de masas. El episodio del paro patronal de octubre de 1972 constituye, en este sentido, una prueba decisiva: frente al sabotaje de la burguesía, amplios sectores de trabajadores ocuparon fábricas, garantizaron la producción y organizaron la distribución. En esas jornadas, la CUT no fue un mero aparato: operó como instancia de coordinación de una clase en movimiento.
Sin embargo, esa misma experiencia mostraba ya los límites de la forma sindical. Mientras sectores avanzados de la clase obrera ensayaban formas de poder directo —cordones industriales, control obrero, articulaciones territoriales— el sindicalismo tradicional expresaba, en buena medida, las relaciones del ciclo anterior. Esta tensión no fue resuelta. El golpe de Estado de 1973 no solo liquidó físicamente al movimiento obrero organizado: interrumpió un proceso en el que se estaban poniendo en cuestión las propias formas de representación sindical.
Pero la derrota no explica por sí sola el presente. Para comprender la trayectoria posterior de la CUT —y su estado actual— es necesario recurrir a una definición más profunda: las organizaciones sindicales modernas tienden a desarrollarse en estrecha relación con el Estado, no por una desviación particular, sino por las condiciones mismas del capitalismo monopolista.
Cuando el capital se concentra y se organiza en grandes estructuras —grandes grupos económicos, consorcios, capital financiero— la negociación deja de darse entre múltiples empresas y se enfrenta a un adversario centralizado, íntimamente ligado al aparato estatal. En esas condiciones, los sindicatos, si permanecen en una orientación reformista, se ven obligados a adaptarse al Estado, a buscar su mediación, a competir por su reconocimiento. No se trata de una traición contingente: es una tendencia estructural. La burocracia sindical se constituye, entonces, como una capa intermedia cuya función es gestionar esa relación.
Aquí aparece el núcleo del problema. La burocracia no es un accidente moral, sino una forma social. Surge del anquilosamiento de los vínculos entre la organización y sus bases, de la estabilización de la lucha de clases y de la integración progresiva del sindicalismo al aparato estatal. En ese proceso, la dirección se autonomiza: deja de depender de la movilización efectiva de los trabajadores y pasa a reproducirse en función de su capacidad de mediación. Su horizonte deja de ser la lucha y pasa a ser la gobernabilidad.
Desde esta perspectiva, la evolución de la CUT en el Chile postdictadura no es una anomalía. Integrada al régimen político surgido de la transición, la CUT se convierte en un actor institucional más, un engranaje dentro del sistema de administración del conflicto social. Su debilitamiento no es contradictorio con su función: expresa precisamente su adaptación. Ya no organiza a la clase para la confrontación, sino que la contiene dentro de los marcos del orden existente. En este punto, es necesario ser enfáticos e implacables: en la época imperialista, los sindicatos solo pueden desempeñar dos roles. O se convierten en instrumentos del capital para disciplinar a los trabajadores, o se transforman en instrumentos de la revolución proletaria. La neutralidad, como hemos indicado, es una ilusión extinguida junto con la democracia burguesa clásica.
La conducta reciente de la CUT confirma esta disyuntiva. Su disposición a colaborar con el gobierno de José Antonio Kast, su apoyo a políticas que abren paso a reformas regresivas bajo la fórmula de apoyar «la idea de legislar” la megarreforma, su ausencia como factor de movilización independiente, no constituyen meras desviaciones tácticas. Son la expresión coherente de una organización cuya dirección ha asumido plenamente su rol de mediación estatal. La CUT ya no es un órgano de lucha de clases: es un dispositivo de regulación de la fuerza de trabajo en el marco del capitalismo chileno.
Dos ejemplos de la conducta de la CUT de hoy
Revisemos dos momentos recientes de la conducta de la CUT. En primer lugar, el llamado Manifiesto Social del 11 de abril de 2024, que se presentó como una tentativa de recomposición del movimiento social sobre la base de una “mayoría” capaz de quebrar el empate político y de pasada prestar respaldo al gobierno antiobrero de Boric. Sin embargo, su punto de partida es ya su principal límite: sustituye la noción de clase por una agregación difusa de actores —trabajadores, pymes, estudiantes, “ciudadanía”— cuya unidad no se funda en una posición objetiva frente al capital, sino en un malestar compartido frente al bloqueo institucional. Esta operación, típica del progresismo contemporáneo, diluye el antagonismo de clase en una categoría política ambigua. El resultado es un sujeto impreciso, incapaz de definir una estrategia propia, que termina orbitando en torno al Estado en lugar de enfrentarlo como relación social de dominación.
Esta ambigüedad se expresa con nitidez en el contenido programático. El manifiesto formula un conjunto amplio de demandas —salario “suficiente”, fortalecimiento de la negociación colectiva, reforma tributaria, cambios en pensiones, salud, vivienda— pero las sitúa sistemáticamente en el terreno de la interlocución con el gobierno y el parlamento. Incluso cuando critica su inacción, lo hace para exigirle que retome su programa original o que convoque plebiscitos . No hay aquí una perspectiva de independencia de clase, sino una presión desde fuera para reencauzar la política institucional. La huelga o el “paro activo” aparece así como un mecanismo de incidencia, no como un momento de ruptura. En rigor, el manifiesto no rompe con el régimen: busca hacerlo funcionar mejor.
Finalmente, el texto revela su límite estratégico en la propia concepción del movimiento social que propone reconstruir. La insistencia en “mesas”, “diálogo”, “articulación” y “reunificación” de fuerzas progresistas del siglo XXI expresa una orientación hacia la gestión del conflicto, no hacia su radicalización sino que a la colaboración de clases . En ningún punto se plantea la necesidad de superar las relaciones de producción existentes ni de construir órganos de poder propios de los trabajadores. Por el contrario, se reafirma la centralidad del Estado como árbitro y horizonte de solución. En este sentido, el manifiesto no es una alternativa a la crisis política que describe: es una de sus formas. Su impotencia no radica en la falta de demandas, sino en la ausencia de una estrategia de clase que permita transformar esas demandas en una fuerza material capaz de desbordar el orden existente.
Dos años después, en abril de 2026, luego de que los trabajadores han recibido una notificación de guerra social desplegada desde La Moneda contra los explotados la conducta de la CUT puede observarse en la única declaración respecto de la megarreforma de Kast en la que por supuesto aparecen entre las polleras de los parlamentarios del progresismo. La declaración de la Central Unitaria de Trabajadores de Chile sobre el salario mínimo tiene el mérito involuntario de transparentar hasta qué punto la principal central sindical chilena ha terminado completamente integrada a la lógica del régimen político. Todo el texto está construido desde una perspectiva de interlocución institucional: reuniones con parlamentarios, emplazamientos al Ejecutivo, solicitudes de mesas de negociación, llamados al “diálogo social efectivo”. La clase trabajadora aparece reducida a sujeto de presión sobre el Estado y no como fuerza social independiente. No hay una sola referencia a organización desde las bases, movilización real, huelga efectiva o confrontación con el capital. La CUT se presenta así no como un órgano de lucha, sino como un actor consultivo del sistema político.
La propia formulación del problema salarial revela este límite. La CUT denuncia correctamente la pérdida del poder adquisitivo producto del aumento del costo de la vida, el alza de combustibles y el deterioro de los ingresos reales. Pero reduce inmediatamente esta cuestión estructural a una discusión técnica sobre el reajuste del salario mínimo. El problema deja de ser la apropiación capitalista de la riqueza social producida por los trabajadores y pasa a ser el porcentaje adecuado de compensación que el gobierno estaría dispuesto a conceder. La lógica es profundamente reformista: se asume como horizonte la administración “más justa” de la crisis, no la confrontación con el régimen económico que la produce. Incluso la crítica al ministro del Trabajo no cuestiona la subordinación del salario a las necesidades de la acumulación capitalista, sino únicamente el grado de “contención” salarial que el Ejecutivo estaría dispuesto a aplicar.
Más revelador aún es el lenguaje político de la declaración. La CUT insiste una y otra vez en la necesidad de “diálogo democrático”, “mesa seria de negociación” y “tradición institucional”. La presencia de parlamentarios oficialistas y progresistas refuerza esta orientación: el sindicalismo aparece subordinado a la presión parlamentaria y no al desarrollo autónomo de la lucha obrera. En vez de organizar un movimiento nacional contra el deterioro salarial, la CUT deposita sus expectativas en la reapertura de negociaciones con el mismo gobierno que aplica políticas de ajuste bajo el argumento del crecimiento y el empleo. La contradicción es evidente: la Central denuncia el deterioro social provocado por las decisiones gubernamentales y al mismo tiempo busca reposicionarse como interlocutora privilegiada de ese mismo aparato estatal. Esta es precisamente la forma contemporánea de la burocracia sindical: una dirección que conserva un discurso reivindicativo, pero cuya práctica concreta consiste en administrar el malestar dentro de los límites del orden existente. Que los únicos que hayan planteado una forma de resistencia a los planes de Kast sea la Confederación de Dueños de Camiones es una viva demostración de este problema.
La declaración confirma así el proceso histórico de transformación de la CUT en un organismo de mediación estatal. Lejos de la vieja central que en sus principios fundacionales hablaba de lucha de clases y emancipación obrera, la CUT actual opera como una institución que busca preservar espacios de negociación dentro del capitalismo chileno. Su horizonte no es reorganizar políticamente a la clase trabajadora, sino recuperar capacidad de incidencia en el aparato gubernamental. En ese sentido, la crisis del sindicalismo chileno no radica solamente en la debilidad de sus demandas, sino en la completa sustitución de una política de independencia de clase por una política de gestión institucional del conflicto social.
Las tareas para el activismo obrero
Este fenómeno de sometimiento al gran capital es una forma refleja, a su turno, del sometimiento de la burguesía chilena al gran capital imperialista. En efecto, en las economías subordinadas al capital extranjero, la relación entre sindicatos y Estado se intensifica. El Estado, presionado por el imperialismo, busca apoyarse en la clase trabajadora para estabilizarse, pero al mismo tiempo la disciplina mediante la burocracia sindical. El resultado es un sindicalismo semiestatal, cuya autonomía es cada vez más formal que real. Chile, con su inserción subordinada en la economía mundial y su régimen político heredado de la dictadura, ofrece un terreno particularmente fértil para este tipo de configuración. El propio financiamiento de la CUT, de su aparato burocrático y de sus dirigentes revela la dependencia de este organismo de recursos que provienen del Estado a través de un complejo mecanismo de fundaciones, capacitaciones y mecanismos de esa naturaleza.
Sin embargo, la conclusión no puede ser el abandono del terreno sindical ni de la CUT. A pesar de la degeneración de los sindicatos, el trabajo político de la vanguardia en su interior sigue siendo central. Renunciar a ellos en nombre de su burocratización equivale, en última instancia, a renunciar a la clase trabajadora misma. Los sindicatos, aun degradados, siguen siendo uno de los principales espacios de concentración obrera. Son, por tanto, un campo de lucha.
Pero esta lucha tiene condiciones. No puede plantearse como una simple reforma interna ni como una apelación moral a la dirigencia reclamándoles honestidad como hacen algunos moralistas. Supone la construcción de una política de independencia de clase que confronte simultáneamente a la burguesía, al Estado y a la burocracia sindical. Supone, también, la recuperación de la democracia sindical como forma de reactivar el vínculo entre organización y bases. Y, en última instancia, implica la constitución de una dirección revolucionaria capaz de orientar ese proceso.
La historia de la CUT no debe leerse, entonces, como una línea continua interrumpida por desviaciones, sino como una sucesión de formas determinadas por la lucha de clases. La CUT de 1953–1973 fue la expresión de un ciclo ascendente, en el que la clase trabajadora buscaba afirmarse como sujeto histórico. La CUT actual es la forma degradada de esa experiencia, moldeada por la derrota, la integración al Estado y la ausencia de una alternativa política independiente.
Pero en esa degradación no se agota la historia. Como toda organización obrera, el sindicato es un terreno en disputa. Su destino no está sellado de antemano. Dependerá, en última instancia, del desarrollo de la lucha de clases en Chile. Si esa lucha permanece contenida, la CUT seguirá operando como correa de transmisión del orden existente. Si, por el contrario, la clase trabajadora vuelve a irrumpir como fuerza independiente, las formas actuales serán desbordadas y nuevas organizaciones —o la transformación radical de las existentes— emergerán como instrumentos de un nuevo ciclo histórico.
La historia reciente nos señala como los trabajadores del Cobre jugaron un papel medular en el desarrollo de la lucha popular en contra de la Dictadura. Luego en los 90 la FENATS y los mineros del Carbón contribuyeron a referenciar las luchas con una perspectiva de clase en una naciente transición. Más acá en el tiempo organizaciones como el Colegio de Profesores, la ANEF y muy especialmente los portuarios jugaron un papel dirimente —del que los secundarios fueron su detonante— en el glorioso levantamiento popular de Octubre de 2019. Al día de hoy organizaciones cuantitativamente menores como el Sindicato Nacional de Jumbo y en general del comercio y retail, comienzan a transformarse en referencias de lucha, con las limitaciones del período.
Las organizaciones sindicales son un terreno de lucha y de disputa para la propia clase trabajadora. La cuestión, en definitiva, no es la CUT en sí misma ni la conformación de una nueva central sindical. Tampoco, por cierto, es un problema que guarde relación con la honestidad de los dirigentes. Es la relación entre organización, clase y poder. Y esa relación, hoy como ayer, sigue abierta.