por Alejandro Valenzuela
Dos movimientos populares de América Latina hacen templar el orden imperialista y ambos demandan nuestra solidaridad. Ambos enfrentan acciones represivas de alto impacto comandadas desde gobiernos electos democráticamente, como necesidad para aplicar planes de ataque a los trabajadores. Son los casos de Haití y Perú. El Imponente alzamiento revolucionario en Haití, repite patrones del alzamiento chileno de Octubre del 19. Las masas haitianas han salido a defender sus condiciones de vida enfrentando brutales ajustes perpetrados por el gobierno patronal de Henry, que ha llevado a las condiciones de vida de la mayoría trabajadora a insoportables niveles de extrema miseria. La referencia al caso chileno resulta obligada porque —al igual que en Chile— la ausencia de toda forma de dirección política general del movimiento, de la carencia de organizaciones populares de alto alcance, las masas salen con los que tienen en las manos a enfrentar directamente al régimen. Una situación similar se vive en Perú en que el recientemente electo Castillo —el pintoresco hombre del lápiz y sombrero— ha decretado hoy nuevamente Estado de Excepción Constitucional como última forma de recuperar el orden público, luego de masivas jornadas de protesta popular que se extienden desde fines del verano.
HAITÍ
Una tímida reanudación de actividades se produjo este sábado en la zona metropolitana de la capital de Haití, luego de una semana de manifestaciones violentas para exigir la renuncia del primer ministro, Ariel Henry, y el rechazo al aumento en el precio de los combustibles. Varios vehículos del transporte público fueron vistos cubriendo sus rutas, mientras los mercados públicos y supermercados lucieron abarrotados de personas que buscaban abastecerse de agua y alimentos en una ciudad que acusa una grave escasez del líquido y de los combustibles por los tres últimos meses.
En los quioscos de venta de agua potable y en los supermercados se observaron largas filas de personas. En muchas zonas, la Policía Nacional retiró la noche del viernes las barricadas levantadas por los manifestantes para facilitar la reanudación de las actividades. El titular de la Dirección Nacional de Agua Potable y Saneamiento, Guito Edouard, consideró «imprescindible» el establecimiento de un «corredor humanitario especial para el paso de personal o empleados» de su institución. «Actualmente, existe un problema con la distribución de agua potable en todo el país, y en particular en la región metropolitana de Puerto Príncipe», dijo el funcionario en un comunicado, en alusión al control de amplias zonas de la capital por parte de bandas armadas.
Las protestas
Esta semana, miles de manifestantes tomaron las calles de Puerto Príncipe y ciudades de provincia como Gonaïves, Les Cayes, Jérémie y St-Marc exigiendo la salida de Henry y causando la paralización del comercio, de oficinas, empresas y bancos. Las manifestaciones se intensificaron el lunes, pocas horas después del anuncio de la subida del precio de los combustibles por parte de Henry, en un mensaje a la nación la noche del domingo.
En Gonaïves, ciudad del noroeste de Haití, las dependencias de la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) fueron saqueadas el viernes, al igual que varios centros de enseñanza como el Inmaculada Concepción (CIC), el Santa Familia o la universidad pública UPAG, y también la productora de bebidas gaseosas La Brasserie la Couronne. La víspera fueron Caritas y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) los atacados en esta localidad.
El Senado pide «diálogo»
En un mensaje a la nación este sábado, el presidente del Senado, Joseph Lambert, afirmó que los «gritos del pueblo» han llegado a sus oídos admitiendo que la situación es crítica. El legislador denunció los hechos de violencia perpetrados en las manifestaciones.
Al igual que en el caso chileno, la burguesía haitiana prepara un nuevo Acuerdo por la Paz. Lambert planteó un espacio de 15 días —en Chole también se plantearon 15 días— para que los actores políticos y sociales alcancen un acuerdo «que saque al país» de la situación en la que se encuentra. En ese orden, dijo que se debe discutir en torno a varios aspectos «fundamentales»: la creación de un Consejo Superior de la Transición, establecer un nuevo Gobierno, y el fortalecimiento del Poder Judicial. «Hay que lograr el rescate nacional», dijo, instando al primer ministro, Ariel Henry, a que pase de «las palabras a los hechos», cuando dice que está abierto al diálogo.
La policía se prepara para asestar golpes represivos
En una nota publicada este sábado, la Policía Nacional de Haití llamó a la calma a la población, mientras continúa «tomando el control de la situación de malestar generalizado que reina en varias ciudades del país».
Barricadas, piedras, postes eléctricos rotos, llantas quemadas, botellas y hierros forjados esparcidos por amplias zonas complican aún más la labor de la Policía para llevar asistencia a las personas que la necesitan, dijo el organismo en su cuenta de Facebook. «La gente quiere ir al hospital, la gente quiere que el agua y la comida lleguen a su barrio o al menos la gente necesita que la Policía intervenga rápidamente para evitar que otros individuos vengan a atacar o destrozar su negocio», agregó la institución.
Este viernes se celebró una reunión entre el director general de la Policía Nacional, Frantz Elbé, y el alto mando de la institución con el fin de evaluar y ver cómo mejorar el plan de seguridad «para restablecer el orden en el país, especialmente en el marco de los movimientos de protesta», en una inequívoca indicación de que se trama una acción represiva de amplio alcance.
Llama poderosamente la atención que los medios no den cuenta ni de muertos ni de detenidos, hecho que solo resulta explicable por la profundidad del movimiento —que impide al régimen cuantificar su accionar— y al extremo compromiso de los medios de comunicación en un proceso que evidentemente exhibe los rasgos de un levantamiento de características insurreccionales.
PERÚ
El día de hoy la Presidencia del Consejo de Ministros del Perú decidió extender, una vez más, el estado de emergencia por otros 45 días en Lima Metropolitana y el Callao, para incrementar la «seguridad ciudadana ante los altos índices de violencia», por lo que en este tiempo regirá un estricto control sobre la población. Lo que constituye un ataque represivo brutal en contra de las masas, desdibujando formalmente la vigencia de un orden democrático en Perú.
El Ejecutivo decidió volver a prorrogar esta medida, iniciada el 3 de febrero del 2022, a través del Decreto Supremo Nº 070-2022-PCM. Por lo que el nuevo estado de emergencia empezó a regir desde el viernes 16 de setiembre de 2022, provocando que la ciudadanía deba respetar algunas medidas estipuladas en la Constitución Política del Perú.
Es decir, quedarán suspendidos algunos derechos, tal como lo estipulan los incisos 9, 11, 12 y 24 del artículo 2 de nuestra Carta Magna como el derecho a la libertad, inviolabilidad del domicilio, libertad de reunión, libertad de tránsito en el territorio nacional, entre otros. Sobre estos, es importante tener en cuenta la siguiente información.
Derechos que se suspenden
Derecho a la libertad: los sujetos de derechos pueden realizar cualquier clase de actividad, lo cual involucra el ejercicio de los otros derechos fundamentales distintos a la libertad, mientras no vulneren con ella las normas que conforman el orden público, las buenas costumbres y las que tengan carácter imperativo.
Inviolabilidad de domicilio: Los sujetos derechos pueden impedir que cualquier otra persona ingrese a su domicilio para efectuar investigaciones, registros u otros motivos en caso no lo autoricen o cuando los terceros no cuenten con un mandato judicial. No lo podrán impedir, sin embargo, en caso de flagrante delito o muy grave peligro de su perpetración.
Libertad de reunión: Los sujetos de derechos pueden agruparse, congregarse o reunirse, sin aviso previo, tanto en lugares privados como abiertos al público siempre y cuando lo hagan de manera pacífica. Por el contrario, las reuniones en plazas o vías públicas requieren de aviso anticipado a la autoridad, la que puede prohibirlas solamente por motivos probados de seguridad o sanidad pública.
Libertad de tránsito en el territorio nacional: Los sujetos de derechos, en principio, pueden desplazarse libremente, dentro del territorio nacional en el que tienen su domicilio y también fuera de este, lo que involucra poder elegir dónde vivir. Salvo limitaciones por razones de sanidad o por mandato judicial o por aplicación de la ley de extranjería.
El Decreto Supremo da a conocer detalles sobre la intervención de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas: Esta intervención se efectúa conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1186, Decreto Legislativo que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú, y en el Decreto Legislativo N° 1095, Decreto Legislativo que establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 003-2020-DE, respectivamente.
Asimismo se ha autorizado la participación de los gobiernos locales y regionales de Lima Metropolitana y de la Provincia Constitucional del Callao, el mismo que se efectúa en el marco de la normatividad vigente en materia de seguridad ciudadana.
¿Qué es el Estado de Emergencia?
Esta es una medida que, según la Constitución Política del Perú, puede ser decretada por el presidente de la República con acuerdo del Consejo de ministros y debe ser solo por un plazo determinado. Según como lo crean las autoridades, puede aplicar para todo el territorio nacional o a un solo sector en específico.
El Estado de emergencia es declarado cuando se registra “perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o graves circunstancias que afecten la vida de la Nación”. El artículo Nº 137 de la Constitución señala que esta medida no puede exceder los 60 días y de querer se prorrogada hará falta un nuevo decreto. “En estado de emergencia las Fuerzas Armadas asumen el control del orden interno si así lo dispone el Presidente de la República”, sin embargo, en este caso es la Policía la encargada del orden, la misma que contará con el apoyo de las Fuerzas Armadas. El decreto señala que ambas instituciones deben regir sus comportamientos a partir de los decretos que regulan su accionar en estos casos.
La situación en Perú —formalmente una Dictadura civil— debe ser observada atentamente, dado que de igual manera que en Chile, se trata de un gobierno de contenido patronal y proimperialista que logró llegar al Palacio Pizarro, merced a la apelación del otrora candidato Castillo a su pasado como dirigente docente, lo que aprovechó para imponerse sobre la candidata de Derecha Keiko Fujimori. Se trata de un anticipo al proceso electoral chileno resuelto en noviembre de 2021 en nuestro país. El derrumbe vertiginoso de Castillo recuerda en buena forma al de Boric quién igualmente ha debido gobernar apoyado en las FFAA como lo revelan las 7 renovaciones de Estados de Excepción Constitucional en el Wallmapu.