por Gustavo Burgos
La declaración de la Confederación de Sindicatos Bancarios y del Sistema Financiero frente al reciente Informe de Política Monetaria (IPoM) del Banco Central constituye una toma de posición política de primer orden que trasciende el ámbito gremial y económico para convertirse en un pronunciamiento sobre el rumbo del país. En ella se expresa con claridad lo que la tecnocracia monetarista pretende ocultar tras sus gráficos y cifras: que la política económica en Chile continúa subordinada a un dogma neoliberal antiobrero, cuya principal obsesión —el llamado “equilibrio fiscal” y el control de la inflación— no tiene otro propósito que asegurar las condiciones de acumulación del gran capital a costa de la miseria de la mayoría trabajadora.
Ese equilibrio, tan celebrado por economistas, empresarios y candidatos presidenciales por igual, no es sino el nombre técnico que recibe el ajuste permanente sobre los hombros del pueblo. En nombre de la “responsabilidad macroeconómica” se han sostenido por décadas salarios que no alcanzan para vivir, jubilaciones que condenan a la pobreza y un sistema laboral basado en la precarización. Chile, uno de los países más desiguales del mundo, ha visto cómo en los últimos años los salarios reales sufrieron caídas consecutivas durante más de un año y medio, mientras el empleo informal se expande y millones de trabajadores se ven forzados a encadenar múltiples ocupaciones o a depender de aplicaciones y plataformas sin derechos laborales. Esa es la verdadera cara de la política monetaria: una ofensiva de clase permanente que protege la rentabilidad empresarial y empuja hacia abajo el costo de la fuerza de trabajo.
El reciente IPoM, con su análisis sesgado y deliberadamente limitado, vuelve a legitimar este orden injusto. Al reducir el horizonte temporal de estudio a los últimos dos años, el Banco Central borra de un plumazo la larga fase de estancamiento económico que arrastra el país desde 2014, así como la “deflación salarial” que siguió al estallido social. Lo hace porque su objetivo no es comprender la realidad para transformarla, sino justificar la continuidad de una política que ha hecho de la vida de los trabajadores una variable de ajuste. El aumento desproporcionado de la Tasa de Política Monetaria en 2022, que encareció el crédito y deprimió el consumo, o el silencio sobre el alza de los costos de electricidad y alimentos, son expresiones de una misma lógica: defender la estabilidad de los mercados aunque ello implique destruir el poder adquisitivo de millones.
Lo más grave es que esta estrategia no es patrimonio exclusivo del Banco Central ni de un gobierno en particular. La obsesión fiscalista y monetarista es compartida por todas las fuerzas del régimen, desde la derecha empresarial hasta la centroizquierda “progresista”, y marca el eje de la actual disputa presidencial. Ningún candidato plantea cuestionar el mandato de la austeridad; todos comparten el credo neoliberal que sacraliza el ajuste, la disciplina fiscal y la “autonomía” de las instituciones frente a la soberanía popular. En este sentido, lo que ocurre en Chile no es distinto de lo que hoy se vive en Argentina bajo el gobierno de Javier Milei: un régimen abiertamente imperialista, corrupto y ferozmente antiobrero, que en nombre del “orden fiscal” ha pulverizado los salarios, destruido derechos conquistados y subordinado completamente la economía al capital financiero internacional. Milei no es una anomalía, sino el horizonte lógico de la política que en Chile ya se aplica con guantes blancos.
La declaración de la Confederación Bancaria desnuda esta realidad con valentía. Al denunciar el sesgo patronal del Banco Central y la complicidad de las fuerzas parlamentarias del régimen en el sostenimiento de un modelo agotado, levanta la voz por millones que han sido silenciados. La economía no es un asunto de expertos, sino una cuestión de clase: o se gobierna para el beneficio de unos pocos o se reorganiza en función de las necesidades de la mayoría. En un país donde el crecimiento se traduce en ganancias récord para las empresas y en salarios miserables para los trabajadores, no hay neutralidad posible.
Frente al discurso tecnocrático del ajuste y la austeridad y la oleada de despidos que castiga al día de hoy a los trabajadores de los grandes conglomerados y multinacionales, la declaración sindical plantea una verdad elemental: la política económica debe servir al pueblo y no al capital. Y esa afirmación, en el Chile de hoy, es profundamente subversiva. Porque implica poner en cuestión la autoridad del Banco Central, romper con la falsa dicotomía entre estabilidad y justicia social, y abrir el debate sobre la necesidad de levantar un programa de lucha que responda a los intereses de quienes hacen funcionar el país con su trabajo. Esa es la tarea histórica que se nos impone. Y ese es el llamado que esta declaración nos urge a escuchar.