Temer presentó el decreto de intervención federal en la seguridad pública de Río de Janeiro como una medida de protección a la población. En realidad, es un paso más en la militarización de la política. A partir de ese momento, el gobernador Luiz Fernando Pezão se subordina al general Walter Braga Netto, que a su vez acata órdenes de Temer. La intervención de las Fuerzas Armadas es el reconocimiento de la quiebra de la seguridad pública de Río de Janeiro, ante el narcotráfico y toda suerte de criminalidad. Este es el aspecto exterior de la creciente anarquía social. Lo fundamental está en la incapacidad de la burguesía de contener el avance a gran escala de la pobreza, el hambre y la miseria, que alcanzan amplias capas de la población.
No se trata, evidentemente, de un caso aislado en ese importante estado del Sudeste. Su particularidad está en que se abate sobre una región que se distingue por el avanzado desarrollo económico en relación a los estados más atrasados del Norte y Nordeste. En él se manifiesta, con toda evidencia, la polarización entre la riqueza altamente concentrada en manos de la minoría y la vasta pobreza de las masas. Río de Janeiro se destaca por ser un gran productor de petróleo. En gran medida, el presupuesto del estado depende de esa fuente. Con la recesión y la caída del precio del petróleo, emergieron las profundas contradicciones económicas, sociales y políticas, cuyas particularidades no se deben desvincular del resto del país. Todo indica que la miseria de las masas se entrelaza de tal manera con la riqueza ultraconcentrada, que condiciona la superestructura política del estado en una escala más avanzada en relación a los demás estados de la federación. La criminalidad fue superlativa, expresando las profundas raíces históricas. El narcotráfico se ha convertido en una poderosa fuerza económica. Refleja el capitalismo en descomposición y la consiguiente barbarie social que arrastra a miles y miles de jóvenes desempleados, en su mayoría negros, cuya discriminación proviene de la esclavitud, sobradamente reconocida.
La política burguesa en Río de Janeiro, así como todo el aparato estatal, se fusionó con el crimen de tal forma que se presenta, en el momento, en profunda descomposición. Es sintomático el hecho de que el ex gobernador Sérgio Cabral haya dirigido el estado siendo un contumaz delincuente. Las negociaciones montados desde el gobierno y la Asamblea Legislativa se distinguen del bandidaje común sólo por expresar la forma de existencia de la política burguesa, en las condiciones de pudrición del capitalismo. La contaminación del aparato policial y judicial por la práctica criminal, por lo tanto, es sólo parte de un problema mayor.
El ex secretario de seguridad, José Mariano Beltrame, en el gobierno de Sérgio Cabral, ideó a las Unidades de Policía Pacificadora (UPPs), como medio de romper lo que se denominó «estados paralelos», controlados por facciones criminales. Se creó la ilusión de que era posible aproximar el aparato policial de la población sufrida y, así, expulsar el narcotráfico de los cerros. En poco tiempo, las UPP se aclimataron a la mercantilización criminal. De supuestamente pacificadoras, se transformaron en lugares de torturas y asesinatos. La desaparición del albañil Amarillo de Souza, en la favela de Rocinha, puso a las claras el fracaso de las directrices de seguridad pública del bandido Cabral. Es importante señalar que la intervención de las Fuerzas Armadas vino en apoyo a la implantación de las UPP. Por lo tanto, se hizo práctica común la utilización de la «Garantía de la Ley y de la Orden (GLO)». El método de combinar las fuerzas policiales con las fuerzas militares fue utilizado por varios gobiernos federales, incluyendo los del PT. En distintas situaciones, las Fuerzas Armadas sirvieron de instrumento policial, a ejemplo de los casos en que la propia policía se encontraba en huelga (Espírito Santo, Río Grande do Norte, Río de Janeiro, etc.).
La necesidad de recurrir constantemente a las Fuerzas Armadas indica la incapacidad creciente de la burguesía de estancar el avance de la barbarie social, por medio de métodos y medidas económicas. En ese sentido, no hay nada extraordinario en el hecho de que el gobierno Temer se valga de la GLO. Lo que distingue, sin embargo, el uso del decreto presidencial de intervención es que aleja al gobernador de sus atribuciones. El general Braga Netto tendrá total poderes para actuar sobre la Secretaría de Seguridad, el aparato policial y la inteligencia. Aunque se afirma que el gobernador Pezão mantiene sus atribuciones en otras áreas, en realidad, pasa a ser tan sólo un subordinado del general. Por primera vez, desde que se promulgó la Constitución de 1988, no se tenía ese tipo de injerencia del gobierno federal sobre un gobierno estatal. No se puede desconocer que el intervencionismo del poder federal sobre los estados fue y sigue siendo propio de la centralización autoritaria y de la democracia oligárquica.
Temer estableció el mes de diciembre para la fecha límite de la vigencia de la intervención. A pesar de caracterizarse como una medida transitoria, marca profundamente la situación política después del golpe de Estade lo que derribó el gobierno constitucional de Rousseff. La reunión de prensa, dada por el ministro jefe del Gabinete de Seguridad Institucional de la Presidencia de la República, Sérgio Etchegoyen, ministro de Defensa, Raúl Jungmann, y el interventor general Braga Netto, expresó las tendencias militarizadoras de la dictadura civil de Temer. Es muy posible que se concrete la creación de un ministerio de Seguridad Pública, anunciado por Temer. La reestructuración y fortalecimiento del Sistema Brasileño de Inteligencia (Sisbin) y de la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin), bajo la dirección del general Etchegoyen, ciertamente, estuvieron previstos por las fuerzas políticas que derrocar al gobierno petista. Es sintomático que Temer haya editado un decreto que estableció una «Estrategia Nacional de Inteligencia (ENINT)».
La intervención en Río de Janeiro y la subordinación de la Secretaría de Seguridad del Estado son parte de esa política. De paso, tenemos que referir también a la Medida Provisional de control de la inmigración de venezolanos a Roraima. Este gesto atiende, visiblemente, a las exigencias de Estados Unidos, que conspiran para derrocar al gobierno de Nicolás Maduro. Está claro que el golpe institucional no sólo impuso un gobierno volcado a implantar las reformas antinacionales y antipopulares, sino también a reestructurar el aparato militar del gobierno, estado. La reconstitución del Gabinete de Seguridad Institucional (GSI) y su entrega al general Etchegoyen tuvieron por objetivo recomponer, de manera más perfeccionada, el antiguo Sistema Nacional de Inteligencia (SNI), creado por la dictadura militar de 1964.Sob la máscara de defensa de la población de Río de Janeiro, el decreto de intervención de Temer sigue el curso de la militarización de la política. Este es uno de los motivos por los que los explotados deben rechazar la intervención. Otro motivo se refiere a la farsa de que las Fuerzas Armadas pueden vencer el narcotráfico y toda suerte de criminalidad.
No será con el recrudecimiento de la violencia del Estado burgués que se erradicará la fuente primaria que genera la barbarie social. Lo cierto es que la intervención de las Fuerzas Armadas en la guerra entre las facciones criminales y la policía tan sólo servirá para deshacer una represión más amplia a los movimientos sociales. La población pobre seguirá siendo víctima de la desintegración del capitalismo y de la incapacidad de la burguesía de estancarla. Es preciso, sin vacilación, levantar la bandera «¡Fuera la intervención militar en Río de Janeiro!» Nuestra lucha es por acabar con el desempleo, subempleo , salarios miserables, pobreza y hambre. Estamos ante la tarea de derrotar la reforma de la previsión y de combatir por la revocación de la Ley de la Tercerización y de la reforma laboral. Organizamos los comités de lucha por un programa de defensa obrera de la vida de las masas. Es a partir de miles de comités que la propia población organizará su autodefensa contra toda suerte de violencia reaccionaria.
(Declaración del Partido Obrero Revolucionario, Brasil, CERCI)