por Mauricio Becerra
Un grupo de 17 economistas de Libertad y Desarrollo y la Universidad Adolfo Ibáñez más algunos convidados, plantearon antes de las elecciones presidenciales una serie de propuestas como reducir impuestos a las empresas, aumentar la edad de jubilación, acabar con la indemnización por años de servicio y la disminución de 25 a 11 ministerios. El programa El Puente coincide férreamente con el programa de gobierno de José Antonio Kast.
A comienzos de junio de 2025, cuando se comenzaban a calentar los motores de la elección presidencial y los comandos diseñaban sus programas de gobierno, un grupo de economistas de reconocida ortodoxia neoliberal presentó El Puente, una serie de propuestas para implementar en la próxima administración que incluyen el aumento en la edad de jubilación, el fin de la indemnización por años de servicio, una fuerte reducción del impuesto a las empresas, la disminución de 25 a 11 ministerios y una agilización inmediata de permisos ambientales para proyectos de inversión extractiva.
La propuesta surgió del ex-ministro de Economía y Hacienda de la dictadura, Rolf Lüders, quien se desempeñó en dichas carteras entre los años 1982 y 1983, cuando se desplegó una amplia política de reducción del Estado. Lüders estudió ingeniería comercial en la PUC (1958) y fue de los primeros becado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) para estudiar un Máster en la Escuela de Negocios de Graduados de la Universidad de Chicago y, posteriormente, un doctorado, concluido en 1968 y dedicado a la historia de la política monetaria chilena hasta fines de la década de 1950.
Tras desempeñarse como ministro, Lüders fue procesado junto a otros ejecutivos del Grupo Vial cuando se investigaban transacciones financieras ilegales mientras trabajaba en el Banco de Chile y el Banco Hipotecario de Chile, siendo condenado en 1983 por estafa e infracción a la Ley General de Bancos a cinco años de cárcel y el pago de una indemnización al Estado por unos US$ 165 millones. Fiel defensor del modelo económico que contribuyó a instalar como ministro de la dictadura, en una entrevista dada a la agencia EFE, en marzo de 2020, atribuyó a un problema de envidia la preocupación por la desigualdad económica. Sostuvo que “la presión por redistribuir, en cambio, se genera por la natural envidia que producen las diferencias de ingreso y riqueza”.
Con el objetivo de reinstalar una agenda ordoliberal de cara a las próximas elecciones presidenciales, el ex-ministro de la dictadura convocó a 17 economistas, principalmente de Libertad y Desarrollo, la Universidad Adolfo Ibáñez y otros satélites afines, quienes se reunieron desde enero de 2024 cada dos semanas con el objetivo de preparar su propuesta económica, la que según prometen, podrían hacer crecer al país a tasas del 4%.
Titulado ‘El Puente. Uniendo visiones para retomar la ruta del crecimiento en Chile’, el documento plantea seis ejes: ahorro e inversión, mercado laboral, educación, modernización del Estado, productividad y política social.
Además de Lüders el grupo está integrado por los ex-ministros de Sebastián Piñera, Harald Beyer y Juan Andrés Fontaine. El primero fue destituido del cargo de ministro de Educación por medio de una acusación constitucional parlamentaria en abril de 2013, en el primer gobierno de Sebastián Piñera. Beyer fue además director del Centro de Estudios Públicos (CEP) entre los años 2014 y 2018, y rector de la Universidad Adolfo Ibáñez entre 2018 y 2024. Juan Andrés Fontaine, por su parte, fue ministro de Economía en las dos administraciones de Piñera y de Obras Públicas en un breve periodo. Es considerado en la memoria como uno de los provocadores de la indignación que condujo al estallido social de octubre de 2019. A comienzos de ese mes justificó el alza en el pasaje del metro de Santiago diciendo que “el que madruga será ayudado con una tarifa más baja”.
Dos semanas después bajo la consigna de “evadir, no pagar, otra forma de luchar”, miles de estudiantes secundarios irrumpieron en el metro de Santiago, iniciando la más grande revuelta ocurrida en el país en lo que va del siglo XXI.
Otros cuatro economistas que participaron de la redacción del Proyecto Puentes pertenecen al think tank Libertad y Desarrollo. Un actor clave en la articulación es Carlos Cáceres, presidente emérito de LyD, quien fuera el último ministro del Interior de Pinochet, estando encargado de que la opositora Concertación de Partidos por la Democracia validara la Constitución de 1980. También participa en la propuesta la directora ejecutiva de LyD, Bettina Horst; la investigadora del Programa Económico de LyD, Cecilia Cifuentes, quien también hace clases en la Universidad de Los Andes; y Macarena García, economista del centro de cabildeo.
Al momento de ser promovida la iniciativa en las páginas de El Mercurio, la presidenta de LyD, Bettina Horst, comentó que “hay distintos grupos que han hecho un esfuerzo por levantar ciertas propuestas, acá el elemento diferenciador fue un trabajo en silencio, que después se hace público”.
El otro núcleo de peso está ligado a la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), también conectada con las redes de Carlos Cáceres, quien antes de la dictadura se desempeñó en la Escuela de Negocios de Valparaíso, fundada en 1953 por el fallecido Pedro Ibáñez Ojeda, y base de dicha universidad conservadora. Ambos son miembros de la Sociedad Mont Pelerin.
La UAI fue representada en El Puente por Soledad Arellano, vicerrectora académica y de investigación de la UAI y un núcleo de profesores de la Escuela de Negocios de la UAI: Raphael Bergoeing, Kevin Cowan y Pablo García.
En tanto, la Universidad del Desarrollo (UDD), vinculada a la UDI, también participó en El Puente, con Hernán Cheyre, presidente del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad de la UDD; y el investigador, Claudio Sapelli.
Otros economistas satélites convidados a firmar la propuesta son el ex-Presidente del Banco Central, Vittorio Corbo, galleta habitual en las convocatorias de LyD; así como también el economista Alejandro Micco, subsecretario de Hacienda en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, devenido hoy en consultor de empresas y profesor en la Universidad de Chile. Otros integrantes son el consultor Luis Felipe Lagos y el profesor de Economía en la PUC, Tomás Rau.
EL RECORTE AL ESTADO
La ideología ordoliberal de los economistas convocados determinó el carácter anti trabajadores de las propuestas de El Puente, las que de igual modo son maquilladas y no presentadas de manera directa.
Así, en el primer eje contemplado de Ahorro e Inversión, justificado en función de “fomentar la inversión para impulsar el crecimiento económico”, se propone una reducción del impuesto actual de un 27% de impuestos a las empresas.
En el mismo ítem se propone aumentar la edad de jubilación, “acorde con las mayores expectativas de vida”.
El aumento en la edad de jubilación proponen sea acompañado de leyes que flexibilicen la inversión de las Compañías de Seguros de Vida, aumentando inversiones en capitales de riesgo a largo plazo.
En el segundo eje de Productividad, se propone un ‘fast track’ para nuevos emprendimientos, “facilitando la creación de empresas, con plazos más amplios y flexibles para cumplir las regulaciones».
El tercer ítem de propuestas es disminuir el Estado en 11 ministerios, pasando de los 25 actuales a apenas 14, “fusionando y consolidando ministerios a modo de facilitar la coordinación».
También se enfocan en reducir la ‘permisología’, nuevo concepto garete de las grandes corporaciones que quieren eliminar resguardos ambientales y de participación ciudadana en la ejecución de sus proyectos. Proponen así simplificar los permisos sectoriales solicitados, extender los espacios de decisión de peritos externos y dar permisos a cambio de declaraciones juradas de los inversionistas.
Lo suyo es contra la institucionalidad, exigiendo economistas ordoliberales la revisión de los procedimientos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA).
Otro punto que genera incertidumbre es la propuesta de “revisar y modificar leyes específicas que están impactando los permisos de inversión, tales como las de Monumentos Nacionales, Concesiones Marítimas y la Ley Lafkenche”.
En el eje de Mercado laboral, argumentan que con el objetivo de dinamizarlo se debe modificar la Indemnizaciones por Años de Servicio, la que sería reemplazada por una cotización adicional de 1,8% a la cuenta del Seguro de Cesantía para contratos indefinidos, con lo que la cotización del empleador a la cuenta individual del trabajador subiría del actual 1,6 a 3,4%, con un tope de 10 años de cotizaciones.
Las propuestas de claro contenido patronal se complementan con otras medidas caramelo, como el fortalecer la política de capacitación laboral y mejorar la actual política de sala cuna, la que seria financiada con una cotización de los trabajadores de un 0,1%.
LAS PRIMERAS SEÑALES
Si bien las medidas fueron lanzadas sin vincularse con ningún sector político, la orientación ideológica y la red de contactos de los intelectuales de LyD y la Escuela de Negocios de la UAI dan cuenta del núcleo intelectual duro del empresariado por detrás. Asimismo, la falta de un equipo robusto de economistas por detrás del programa económico de Kast, implican que a la hora de llegar al gobierno necesitará contar con cuadros técnicos que no están en el Partido Republicano, quienes pasarán a hacer el aterrizaje de sus políticas económicas.
Ya en el primer gobierno de Sebastián Piñera, LyD se vació de cuadros, quienes se fueron a trabajar en la administración del primer gobierno de derecha de la post-dictadura. En la ocasión, quien fuera presidente del think tank, Cristián Larroulet, asumió como Ministro Secretario General de la Presidencia y otros 20 profesionales de LyD ingresaron como cuadros técnicos, como la economista Rosanna Costa, quien pasó a dirigir la Dirección de Presupuesto (Dipres); Ena von Baer, quien fungió de vocera; Felipe Kast, ministro de Planificación y Tomás Flores, como subsecretario.
Con ocasión de los 35 años de LyD, quien en ese momento figuraba como el principal asesor económico de Kast, el economista Jorge Quiroz, fue convidado a exponer sus propuestas de gobierno, oportunidad en la que prometió políticas de desregulación y ajuste tributario.
El recorte en la inversión pública anunciado por quien asumirá a partir de marzo como ministro de Hacienda, es de un monto de 21 mil millones en los cuatro años de gobierno, partiendo con un recorte fiscal de 6 mil millones de dólares durante los primeros años.
Quiroz también anunció ya cuadrarse con la propuesta de El Puente de bajar los impuestos a los más ricos. Plantea así una reforma tributaria que baje dicha tasa del actual 27% a un 23%. La cobertura para el gran público divulgado por los grandes medios es similar a la narrativa de la propuesta de los think tanks de derecha: el objetivo es “fomentar la inversión para impulsar el crecimiento económico”.
También ya se anunció que aceptan la propuesta del ‘fast track’ para nuevos emprendimientos. En enero, Quiroz sostuvo que llegando al gobierno aprobarán dentro del primer año proyectos de intervención en distintos territorios que dependen de resoluciones del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y del Consejo de Ministros que, según declaró, implican US$ 12.000 millones en inversiones.
También se enfocan en reducir la ‘permisología’, nuevo concepto garete de las grandes corporaciones que quieren eliminar resguardos ambientales y de participación ciudadana en la ejecución de sus proyectos. Proponen así simplificar los permisos sectoriales solicitados, extender los espacios de decisión de peritos externos y dar permisos a cambio de declaraciones juradas de los inversionistas.
Las propuestas de claro contenido patronal se complementan con otras medidas caramelo, como el fortalecer la política de capacitación laboral y mejorar la actual política de sala cuna, la que seria financiada con una cotización de los trabajadores de un 0,1%.
Si bien ninguna de las propuestas de la patronal fueron el garete de la campaña con que Kast ganó la presidencial, el reconocimiento semanas previas a la segunda vuelta de uno de sus voceros, el senador electo Rodolfo Carter, de que “el recorte de los 6 mil millones no lo vamos a decir porque nos paralizan el país al día siguiente”, da cuenta de que por debajo de el puente corren las aguas, se fichan los cuadros técnicos y se prepara el desmantelamiento del aparato público como sólo una extrema derecha radical en alianza con el gran empresariado pueden soñarlo.
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