por Alejandro Valenzuela Torres
La política exterior norteamericana hacia América Latina exhibe hoy su fase más degradada y cínica. Ya no se disfraza bajo la retórica democratizadora de la posguerra ni se ampara en la ilusoria “defensa de los derechos humanos” que sirvió para justificar las intervenciones en Irak, Afganistán o Libia. En el presente, Washington repite los mismos métodos coloniales bajo la excusa de la “lucha contra el narcotráfico”, pero sin el ropaje ideológico que antaño pretendía ennoblecer la rapiña. La ofensiva militar contra Venezuela, desarrollada bajo la administración Trump y mantenida con variantes tácticas por sus sucesores, constituye la continuidad histórica de la Doctrina Monroe: la negación práctica de la soberanía latinoamericana en nombre de los intereses energéticos y geoestratégicos del capital norteamericano.
El envío de bombarderos B-52 sobre el Caribe, el despliegue de unidades navales con licencia para ejecutar extrajudicialmente a tripulaciones civiles y la impunidad con que se asesina bajo el rótulo de “terroristas” o “narcotraficantes” reproducen punto por punto el guion de la invasión de Irak en 2003. En ambos casos, el enemigo es construido mediáticamente, demonizado y, finalmente, exterminado en nombre de una supuesta misión civilizadora. Como entonces, el verdadero objetivo es el petróleo y el control político de una región estratégica. Venezuela no es, para el imperialismo estadounidense, una anomalía ideológica sino un obstáculo material: posee las mayores reservas de crudo del planeta y un régimen que, pese a sus contradicciones, se mantiene fuera de la órbita directa de Washington.
El desmoronamiento del prestigio norteamericano a nivel global ha producido una grotesca constelación de satélites políticos que reproducen su discurso desde la periferia. Javier Milei en Argentina, José Antonio Kast en Chile y el recién electo presidente boliviano —productos de la reacción continental— encarnan la exportación del trumpismo hacia el sur como caricatura del libre mercado y la servidumbre geopolítica. Son la expresión regional de una potencia que, en su decadencia, ya no puede imponer hegemonía mediante el consenso, sino únicamente mediante la intimidación. Estos gobiernos y movimientos no son sino el rostro civil de la política de cañones: proyectos destinados a desarticular toda alternativa soberana en nombre del “orden” y de una libertad de mercado que es, en realidad, la libertad del capital norteamericano para apropiarse de los recursos ajenos.
Mientras Washington reitera su “guerra contra las drogas” para justificar el asesinato extrajudicial de marinos venezolanos, su política exterior se hunde en un pantano moral semejante al de la administración Bush. Ninguno de los objetivos proclamados —la democracia, la lucha contra el narcotráfico o el orden internacional— se sostiene frente a la evidencia de una maquinaria militar desplegada para provocar un cambio de régimen y saquear un país. Los crímenes denunciados por organismos internacionales, las violaciones flagrantes de la Carta de las Naciones Unidas y la abierta violación del principio de no intervención no son errores, sino la esencia de un sistema imperial que se tambalea.
En el fondo, la ofensiva contra Venezuela es el intento desesperado de recomponer una autoridad global perdida. Al igual que el despliegue bélico en Irak, esta escalada es la manifestación de una potencia que declina y que, al perder su capacidad de liderazgo económico, recurre al terror militar como instrumento de legitimación. Pero la América Latina de hoy no es la del siglo XX: crecientes sectores como lo demuestran Perú y Ecuador están saliendo a reclamar lo propio en las calles y a reconocer en la “defensa de la democracia” el disfraz del saqueo. Frente a la decadencia del imperio y sus bufones locales, la resistencia venezolana —con todos sus límites— representa el recordatorio histórico de que ni con cañones ni con mercados, y que el porvenir del continente no puede edificarse bajo la sombra de los bombarderos estadounidenses.