por Alejandro Valenzuela Torres
La candidatura presidencial de Jeannette Jara ha entrado en su fase decisiva con la publicación de su programa completo, “Un Chile que cumple”, un documento de 110 páginas con 383 medidas que, lejos de ofrecer un horizonte de transformación social, consolida un proyecto de administración del capitalismo en crisis. Presentado como una hoja de ruta de “gobernabilidad” y “estabilidad”, este programa confirma el viraje definitivo del progresismo chileno hacia el papel de gestor obediente del orden burgués, sin cuestionar sus fundamentos estructurales.
La obediencia como programa: restaurar el régimen burgués en crisis
El discurso central del programa está atravesado por un llamado a “reconectar la política con la vida cotidiana de la gente” a través de “más y mejor democracia”. Sin embargo, estas palabras son puro envoltorio ideológico. Lo que Jara propone no es una democracia de los trabajadores ni el poder popular organizado desde abajo, sino la restauración de la legitimidad de instituciones burguesas corroídas por décadas de corrupción, desigualdad y desprestigio.
La oferta de un “diálogo amplio” y de “soluciones concretas” no es más que una nueva edición del pacto social que, desde la Concertación hasta Boric, ha garantizado la estabilidad del capital en momentos de descomposición sistémica. El programa no convoca a la organización ni al protagonismo popular: llama a la obediencia.
El núcleo económico del plan de Jara deja en claro su naturaleza de clase. El documento enfatiza que el 90 % de la inversión nacional es privada y que el rol del Estado debe limitarse a crear condiciones para su expansión. Esto implica acelerar permisos ambientales, crear “ventanillas únicas” para megaproyectos y garantizar la fluidez del capital transnacional, consolidando el modelo de alianza público-privada.
Incluso sectores estratégicos como el litio, el cobre o el hidrógeno verde —que podrían ser la base para una planificación socialista bajo control obrero— son subordinados a la lógica de rentabilidad de los inversionistas. En lugar de soberanía económica, Jara ofrece subordinación productiva al gran capital. El llamado “ingreso vital” de $750.000 mensuales, presentado como un logro social, no altera en lo absoluto esta ecuación: será financiado mediante subsidios estatales y transferencias que socializan los costos mientras privatizan las ganancias.
Represión, mercado y paz social: el verdadero rostro del progresismo chileno
Uno de los ejes discursivos más insistentes del programa es la “seguridad”. Bajo el lema de “imperio de la ley” y la lucha contra el narcotráfico, Jara propone más recursos para Carabineros, militarización de las fronteras y el fortalecimiento del Estado Mayor Conjunto, con atribuciones ampliadas en estados de excepción.
El programa omite por completo el papel estructural que juegan las fuerzas policiales en la violencia institucional, la corrupción o la represión al pueblo mapuche. En su lugar, desplaza la causa de la crisis social al “crimen organizado”, repitiendo el mismo libreto securitario de la derecha. En la práctica, esto significa más presencia militar en el norte, más control policial en los barrios populares y más represión en Wallmapu, todo bajo un barniz de “gobernabilidad democrática”.
En salud, vivienda y educación, Jara promete “condiciones de vida dignas” mediante eficiencia y modernización del Estado. Pero evita cuidadosamente cualquier cuestionamiento a las bases privatizadas del modelo. No hay ni rastro de expropiaciones, control público real o socialización de los sistemas esenciales: el mercado sigue dictando el acceso a derechos básicos.
Incluso su apuesta por la negociación colectiva multinivel —un avance limitado en términos sindicales— queda supeditada a la “heterogeneidad de la economía” y a la “realidad de las pymes”, lo que en la práctica significa mantener intacto el poder patronal.
En política exterior, el programa ratifica la continuidad del alineamiento con el orden liberal occidental, con énfasis en el multilateralismo, el respeto al derecho internacional y la cooperación regional. Se excluye cualquier política independiente y se evita cuidadosamente toda referencia incómoda a aliados históricos como Cuba o Venezuela, salvo para declarar que “no son democracias”.
En cuanto al aborto, se retoma el proyecto de despenalización hasta la semana 14 —iniciado por el gobierno de Boric—, en un guiño a sectores progresistas, aunque sin desafiar a fondo el pacto con la Democracia Cristiana ni los límites del Congreso.
Desde una perspectiva de los trabajadores, el programa de Jeannette Jara representa un intento desesperado de recomponer la legitimidad del régimen liberal en un contexto de creciente descontento social. La retórica del “cumplimiento” y de las “soluciones concretas” funciona como una válvula de escape: busca canalizar el malestar popular dentro de los márgenes institucionales, evitando que se convierta en organización autónoma de clase.
Un programa para una derrota
Lejos de ser un proyecto emancipador, “Un Chile que cumple” es un proyecto de contención. No propone romper con el capitalismo, sino administrar su crisis; no busca transformar el Estado burgués, sino restaurar su autoridad; no plantea construir poder popular, sino neutralizarlo. Es un programa que se inscribe en la política contrainsurgente que ha caracterizado todo el mandato de Gabriel Boric, del que evidentemente se reclama su continuadora. Este programa, con independencia del resultado en las elecciones de diciembre, es garantía de derrota.
La clase trabajadora y el pueblo deben leer este programa sin ilusiones: no es una promesa de cambio, sino un pacto de continuidad. Su horizonte no es el socialismo ni la emancipación, sino el orden, la estabilidad y la “paz social” al servicio del gran capital.
Frente a ello, la tarea histórica sigue siendo la misma: romper con el régimen, organizar el poder obrero desde abajo y construir una alternativa de trabajadores que no administre la decadencia del capitalismo, sino que la supere. Porque no se trata de “cumplir” con la agenda del capital: se trata de abolirla.