por Alejandro Valenzuela Torres
Este sábado, en un hecho que no deja de llamar la atención, Radio Agricultura —tribuna tradicional del conservadurismo agrario y empresarial— dedicó un extenso espacio a entrevistar a Rolando Álvarez, un respetado historiador de izquierda especializado en historia contemporánea de Chile, en particular de la izquierda, el comunismo, la Unidad Popular, la Dictadura de Pinochet y la Transición a la democracia. En la entrevista el historiador presenta su trabajo Forjando la vía chilena al socialismo. El Partido Comunista de Chile en la disputa por la democracia y los movimientos sociales (1931-1970). (Valparaíso, América en Movimiento, 2020). Durante la conversación, el acento estuvo puesto en una tesis que Álvarez desarrolla en su obra: que el Partido Comunista de Chile (PC) es una organización de profundo compromiso democrático, forjado en la adversidad por décadas de persecución y represión estatal.
El autor subrayó tres momentos históricos: la ilegalización bajo la dictadura de Ibáñez en 1931, la proscripción prolongada mediante la llamada Ley de Defensa de la Democracia de González Videla, y la brutal represión de los 17 años de dictadura militar. Esta cadena de golpes represivos habría moldeado —según Álvarez— una cultura política comunista marcada por la defensa de la democracia como cuestión estratégica, incluso por encima de objetivos revolucionarios inmediatos.
Más allá de la descripción histórica, el contexto de la entrevista es revelador. Sectores significativos de la burguesía chilena comienzan a tomar distancia del anticomunismo inveterado que dominó la política nacional desde la Guerra Fría. En parte, este giro responde a que la actual dirigencia del PC se presenta como heredera de un gobierno —el de Gabriel Boric— que, lejos de desestabilizar el orden, ha impulsado su agenda legislativa con disciplina institucional, legitimando y estabilizando el régimen social vigente.
No se trata aquí de una “apertura” burguesa producto de un cambio en su carácter de clase, sino de una adaptación táctica: la oligarquía sabe reconocer a sus aliados circunstanciales cuando estos contribuyen a la gobernabilidad. El eventual gobierno de Jeannette Jara no es visto ya como una amenaza frontal, sino como continuidad posible de una administración que no ha puesto en cuestión la estructura de poder ni la propiedad capitalista.
Esta evolución confirma la máxima que se desprende de la experiencia histórica del movimiento obrero: cuando un partido obrero deja de concebir el Estado como un aparato de dictadura de clase y lo asume como árbitro “neutral” de la vida política, abre el camino para su propia integración al Estado burgués. La represión histórica contra el PC es innegable, pero su traducción en una política de “compromiso democrático” permanente ha derivado desde hace décadas en una renuncia práctica a la lucha por la revolución.
Lo que el libro de Álvarez documenta —y que la entrevista en Radio Agricultura confirma sin proponérselo— es el tránsito de un partido que en sus orígenes se reclamaba revolucionario a un partido que hoy puede ser presentado ante el empresariado como garante de estabilidad. Y esa, desde la perspectiva de la lucha de clases, no es una medalla de honor, sino una advertencia.