por Alejandro Valenzuela Torres
El anuncio de Donald Trump de que la guerra contra Irán estaría “prácticamente terminada” no constituye, como han querido presentarlo los voceros de la Casa Blanca, una demostración de fuerza sino más bien el síntoma de una dificultad estratégica que el propio curso de los acontecimientos ha puesto de manifiesto. En efecto, la ofensiva militar lanzada por Washington y sus aliados en Medio Oriente fue concebida bajo el supuesto de una operación rápida, casi quirúrgica, destinada a decapitar el aparato militar iraní, precipitar el colapso del régimen y abrir paso a la instalación de un gobierno dócil, subordinado a los intereses norteamericanos. La lógica recordaba otras experiencias recientes del imperialismo: golpes relámpago que combinan presión militar, sabotaje económico y operaciones de propaganda con el objetivo de sustituir rápidamente al gobierno hostil por una administración títere. En el caso venezolano, esa expectativa tomó forma en la tentativa de imponer figuras funcionales al capital internacional —una suerte de administración colaboracionista al estilo de Delcy Rodríguez— que asegurara la continuidad del control geopolítico y energético. El problema es que esa estrategia ha fracasado de manera ostensible en el caso iraní.
Hasta hace apenas unos días el propio Trump hablaba de un enfrentamiento militar que podía prolongarse al menos un mes. El viraje súbito hacia la idea de un final inminente del conflicto no responde a una victoria decisiva en el terreno militar sino a un factor mucho más prosaico y determinante: el costo económico de la guerra. El impacto inmediato de la escalada bélica sobre el mercado energético ha colocado a la administración norteamericana frente a una contradicción explosiva. Como señalaba recientemente El País, “la escalada del precio del petróleo y el consecuente encarecimiento de los carburantes ha atrapado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una tesitura de difícil escapatoria”. En cuestión de días la gasolina en Estados Unidos aumentó un 17% y el diésel un 22%, alcanzando precios cercanos a los 3,5 dólares por galón, niveles que no se observaban desde 2024. En un país donde el precio de los combustibles funciona como un indicador cotidiano del costo de vida, semejante aumento amenaza con golpear directamente la principal promesa económica del trumpismo: la reducción de la inflación y el abaratamiento de la energía.
La reacción de los mercados ilustra hasta qué punto la guerra se ha transformado en un problema económico de primera magnitud para la Casa Blanca. Bastó que Trump afirmara en una entrevista televisiva que la guerra estaba “prácticamente terminada” para que los inversores reaccionaran con alivio inmediato. Según consignó nuevamente El País, “las palabras del mandatario estadounidense se producen pese a que solo tres días antes dijo que no habrá acuerdo sin ‘rendición incondicional’ del régimen de Teherán”, lo que evidencia la inconsistencia de la propia narrativa oficial. La reacción bursátil fue instantánea: la Bolsa revirtió las pérdidas del día y el petróleo West Texas Intermediate, que durante la madrugada había rozado los 120 dólares por barril, cayó por debajo de los 90. La frase presidencial funcionó como un conjuro momentáneo sobre unos mercados que oscilan entre el temor a una crisis energética y la esperanza de que Washington logre contener la situación.
El problema es que ese conjuro solo puede sostenerse si el final de la guerra se materializa efectivamente. Si el conflicto se prolonga o si las hostilidades se intensifican, el efecto psicológico de las declaraciones presidenciales se disipará rápidamente y con él la frágil confianza que los mercados aún depositan en la capacidad de Estados Unidos para controlar la situación internacional. El propio análisis publicado por el diario español advertía que la extraordinaria volatilidad del mercado energético no refleja otra cosa que la histeria de los inversores ante un escenario en el cual el cierre de rutas estratégicas como el estrecho de Ormuz amenaza con desorganizar el suministro global de petróleo. En tales condiciones, cada jornada de guerra se traduce en presiones inflacionarias adicionales, caída del poder adquisitivo de los hogares y deterioro de las perspectivas económicas.
La dimensión política de este problema no es menor. El aumento del precio de los combustibles constituye un riesgo directo para las elecciones de medio término que se celebrarán en noviembre y que resultarán decisivas para el equilibrio de poder en Washington. La propia jefa de gabinete de Trump ha advertido internamente del efecto “catastrófico” que una crisis energética podría tener para el oficialismo. La guerra, concebida originalmente como una demostración de poder destinada a reafirmar la hegemonía norteamericana en Medio Oriente, amenaza así con transformarse en un factor de desgaste interno que erosione la base social del gobierno.
Desde esta perspectiva, el anuncio de un posible término de las hostilidades debe leerse como una tentativa de contener un problema que desborda el plano militar. La estrategia inicial —una operación rápida que culminara con la imposición de un régimen subordinado— ha quedado en suspenso, y la administración norteamericana se encuentra ahora atrapada entre la necesidad de exhibir una victoria política y la urgencia de evitar un colapso económico derivado de la crisis energética. La guerra, lejos de aparecer como una demostración de omnipotencia imperial, revela los límites estructurales de la capacidad norteamericana para imponer unilateralmente su voluntad en un escenario internacional cada vez más fragmentado.
Incluso si Washington logra arrancar alguna concesión al régimen iraní o consolidar posiciones militares favorables en la región, el resultado político del conflicto ya ha dejado una marca profunda. La autoridad internacional de Estados Unidos aparece seriamente erosionada por el simple hecho de que el desenlace de la guerra depende ahora de variables que escapan a su control directo: el comportamiento de los mercados energéticos, las reacciones de otras potencias y la estabilidad política interna del propio país. Que una simple conversación telefónica de una hora con Vladimir Putin haya sido presentada como un acontecimiento relevante para el desarrollo del conflicto constituye una señal elocuente de esta nueva situación. La necesidad de recurrir a la mediación o al arbitraje de otras potencias para gestionar una guerra iniciada por Washington es, en sí misma, un síntoma del debilitamiento de su autoridad estratégica.
Por ello, incluso si Estados Unidos logra obtener algún avance parcial en el sometimiento de Irán, el conflicto difícilmente concluirá en los términos previstos por sus planificadores. La intervención ha abierto un proceso cuyo rasgo dominante no será la rápida restauración del orden imperial sino, más bien, la prolongación de una crisis geopolítica que tenderá a cronificarse. La guerra contra Irán marca así un punto de inflexión: no el momento de reafirmación de la hegemonía norteamericana, sino la escena en que esa hegemonía comienza a mostrar de manera cada vez más evidente sus límites históricos. La autoridad del imperio, aunque conserve aún una formidable potencia militar, aparece hoy profundamente herida, y precisamente por ello este conflicto amenaza con convertirse en una guerra larga, irregular y persistente, expresión de un orden mundial que ya no puede ser gobernado con los instrumentos de la dominación unilateral que caracterizaron a la era posterior a la Guerra Fría.