por Valeria Menéndez
La ocupación este jueves 8 de octubre de las dependencias regionales de Junaeb y Televisión Nacional en Temuco por estudiantes mapuche constituye una acción política de enorme importancia, que debe ser respaldada sin vacilaciones por el movimiento estudiantil, las organizaciones de trabajadores y todos aquellos sectores que enfrentan el programa de ajuste del Gobierno de José Antonio Kast. Los estudiantes denuncian que el Ejecutivo suspendió recursos destinados al financiamiento de actividades culturales indígenas —unos 30 millones de pesos solamente en La Araucanía— pese a conversaciones previas sostenidas con Junaeb y Conadi. Ante la confirmación de que esos fondos no serían entregados, resolvieron ocupar ambos edificios y mantener la movilización hasta conseguir una respuesta. No se trata, por tanto, de una protesta intempestiva ni de un conflicto provocado artificialmente: es la respuesta directa a una decisión gubernamental que descarga el ajuste presupuestario sobre conquistas materiales de los estudiantes mapuche.
La importancia del conflicto reside precisamente en que rompe la pretensión gubernamental de presentar cada recorte como una cuestión administrativa aislada. El congelamiento de recursos destinados a estudiantes mapuche se produce en medio de una ofensiva mucho más amplia contra el gasto educacional. El Presupuesto 2027 eliminó el financiamiento de “Yo elijo mi PC”, contempla reducciones de horas docentes en los Servicios Locales de Educación Pública y ha colocado bajo revisión centenares de programas estatales. En marzo los estudiantes ya habían salido a las calles contra los recortes de becas, las restricciones a la gratuidad y el endurecimiento del cobro del CAE; en mayo volvieron a movilizarse contra las disminuciones presupuestarias y el alza del costo de vida; y el 1 de octubre más de veinte mil personas participaron en Santiago de una movilización convocada por la Confech contra los recortes contemplados para 2027. Estamos, por ello, ante una secuencia política y no ante acontecimientos desconectados.
Wallmapu: ajuste social y coerción estatal
El conflicto posee, sin embargo, una dimensión todavía más profunda porque ocurre en Wallmapu, un territorio en que el Estado chileno ha acostumbrado responder a las demandas mapuche mediante una combinación sistemática de pobreza administrada, persecución judicial, presencia policial y excepcionalidad militar. Mientras se congelan algunos millones destinados a actividades culturales de estudiantes indígenas, el aparato estatal destinado a la vigilancia y represión del territorio jamás parece conocer restricciones presupuestarias equivalentes. La contradicción resulta reveladora: austeridad para becas, educación y cultura; extraordinaria disponibilidad de recursos cuando se trata de policías, inteligencia, cárceles y mecanismos de control territorial.
Esa política no comienza con Kast, pero bajo su Gobierno adquiere una coherencia particularmente reaccionaria. El Ejecutivo ha convertido la seguridad interior en uno de sus principales ejes políticos y durante los últimos meses incluso intentó ampliar constitucionalmente las facultades presidenciales para imponer estados de excepción, iniciativa que debió retirar recién el 7 de octubre por falta de apoyo parlamentario. El proyecto buscaba otorgar al Presidente poderes extraordinarios, incluyendo facultades para restringir derechos fundamentales con menores controles institucionales. La derrota parlamentaria momentánea de esa reforma no modifica el sentido general de una política que pretende ampliar la capacidad coercitiva del Estado precisamente en momentos en que comienzan a reanimarse distintos frentes de protesta social.
Por esto resulta necesario rechazar de antemano cualquier tentativa de convertir la movilización de Temuco en un problema policial. La presencia de personal de Control de Orden Público en las inmediaciones de Junaeb no puede ocultar el contenido elemental de la protesta: los estudiantes reclaman recursos que habían sido comprometidos y cuya desaparición amenaza actividades esenciales para su organización, identidad y permanencia dentro del sistema educacional. Cuando el Estado moviliza policías frente a estudiantes que reclaman financiamiento, vuelve a manifestarse una regla conocida de la sociedad capitalista chilena: aquello que aparece como “escasez” cuando se trata de derechos sociales se transforma rápidamente en abundancia cuando llega la hora de defender el orden existente.
La llamada “cuestión mapuche” tampoco puede ser separada artificialmente de esta realidad material. Durante décadas se ha intentado reducirla a un problema cultural o étnico, como si el reconocimiento de símbolos pudiera compensar la expropiación territorial, la pobreza, la precarización laboral y las dificultades materiales que enfrentan miles de jóvenes para ingresar y permanecer en la educación superior. Las becas indígenas, hogares estudiantiles, programas culturales y políticas de apoyo no son favores concedidos por una administración benévola. Son conquistas parciales obtenidas después de décadas de presión, organización y lucha. Precisamente por ello pueden ser defendidas únicamente mediante esos mismos métodos.
El regreso de los estudiantes a las calles
La movilización de Temuco posee además otro significado que merece ser destacado: forma parte del retorno del movimiento estudiantil chileno a la lucha callejera después de un prolongado período de repliegue y subordinación política. Las movilizaciones de marzo, mayo y especialmente la jornada nacional del 1 de octubre muestran un proceso todavía embrionario, contradictorio y dirigido en buena medida por organizaciones vinculadas al progresismo institucional, pero indiscutiblemente real. Miles de estudiantes han comenzado nuevamente a comprobar mediante su propia experiencia que los derechos conquistados pueden desaparecer mediante una simple partida presupuestaria y que ninguna representación parlamentaria sustituye la organización independiente y la acción directa. La movilización de comienzos de octubre congregó a más de veinte mil personas y reunió a estudiantes universitarios, secundarios, profesores y otras organizaciones contra el Presupuesto 2027.
Este proceso adquiere particular importancia bajo un Gobierno que llegó proclamando explícitamente una reducción del aparato estatal y un recorte fiscal de enorme magnitud. Durante la movilización estudiantil de mayo, la propia prensa internacional registró que Kast había prometido reducir 6.000 millones de dólares de gasto en dieciocho meses y que Educación se encontraba entre los ministerios más afectados. No hay misterio entonces respecto del carácter de clase de la política gubernamental. Mientras el Ejecutivo pretende estimular la rentabilidad empresarial mediante rebajas tributarias y una reorganización general del Estado favorable al capital, los recursos destinados a educación, programas sociales y trabajadores públicos son sometidos a la disciplina del déficit y la “eficiencia”.
Es precisamente por eso que la lucha de los estudiantes mapuche no debe quedar confinada a Temuco ni encerrarse dentro de los límites de una reivindicación sectorial. Su demanda debe transformarse en parte de una lucha nacional contra los recortes presupuestarios. La defensa de los fondos culturales indígenas debe unirse a la defensa de Junaeb, de la alimentación escolar, de las becas, de la educación pública, de las universidades estatales y de los puestos de trabajo amenazados por el ajuste. Los estudiantes mapuche pueden encontrar aliados naturales no en los ministerios ni en las comisiones parlamentarias, sino entre los estudiantes que marcharon el 1 de octubre, entre los profesores afectados por la reducción de horas, entre los funcionarios públicos amenazados por despidos y entre los trabajadores sobre quienes se pretende cargar el costo de la crisis económica.
La situación económica vuelve todavía más urgente esa perspectiva. El propio ministro de Hacienda ha reconocido un deterioro mayor al previsto de la economía chilena, con una contracción interanual de la actividad en agosto y un desempleo que ha alcanzado niveles cercanos al 10%. En estas condiciones, el ajuste deja de ser una discusión técnica sobre partidas fiscales para convertirse crecientemente en una disputa abierta sobre quién pagará la crisis. El Gobierno pretende que la paguen los trabajadores, los estudiantes y las familias populares. La tarea del movimiento social consiste en impedirlo.
La ocupación de TVN posee en este contexto una dimensión adicional. Los estudiantes no solamente ocuparon una repartición encargada de administrar beneficios; ingresaron también en un medio estatal, disputando directamente la representación pública de su conflicto. Durante décadas las reivindicaciones mapuche han sido filtradas por un lenguaje periodístico dominado por categorías policiales: “violencia rural”, “orden público”, “terrorismo”, “seguridad”. La acción sobre TVN interpela también ese dispositivo ideológico. Obliga a colocar delante de las cámaras algo que el relato securitario intenta permanentemente ocultar: detrás del conflicto existe una juventud mapuche que estudia, se organiza, reclama recursos, construye cultura y lucha por condiciones elementales de existencia.
De Temuco a una lucha nacional contra el Gobierno
La tarea inmediata consiste en impedir el aislamiento. Toda campaña gubernamental o mediática destinada a presentar las ocupaciones como actos de violencia, desórdenes o amenazas al funcionamiento de los servicios públicos debe ser contestada políticamente. El verdadero conflicto no consiste en que unos jóvenes hayan ingresado a las oficinas de Junaeb o TVN. El conflicto consiste en que un Gobierno que declara insuficientes los recursos para la educación pretende imponer simultáneamente una reorganización económica, tributaria y estatal favorable a los grandes capitales.
La movilización mapuche también contiene una lección para el conjunto del movimiento estudiantil: ninguna negociación posee fuerza si detrás de ella no existe organización independiente. Los estudiantes habían conversado con Junaeb y Conadi antes de ocupar los edificios. Sólo cuando comprobaron que esas conversaciones no modificarían la decisión presupuestaria recurrieron a la movilización. Es precisamente esa secuencia la que el Gobierno quisiera invertir: primero desmovilizar, después conversar, finalmente dilatar. Los estudiantes han hecho exactamente lo contrario y tienen razón.
El camino que comienza a dibujarse exige avanzar más allá de protestas dispersas. El movimiento estudiantil necesita reconstruir organismos de base, asambleas y coordinaciones capaces de resolver democráticamente sus acciones y de establecer vínculos permanentes con los trabajadores. La defensa de las reivindicaciones mapuche debe incorporarse integralmente a ese programa, no como un capítulo multicultural agregado desde fuera, sino como parte constitutiva de una lucha común contra un Estado que combina explotación económica, opresión nacional y coerción territorial.
El respaldo a los estudiantes mapuche de Temuco debe ser, por eso, completo. Restitución inmediata de los recursos congelados. Ninguna represalia contra quienes participaron en las ocupaciones. Defensa integral de becas, hogares y programas culturales indígenas. Fin de la militarización y de la excepcionalidad permanente en Wallmapu. Ningún recorte en educación.
Pero sería insuficiente detenerse allí. La experiencia de estas primeras movilizaciones de 2026 plantea la necesidad de que estudiantes y trabajadores construyan una respuesta nacional independiente frente al programa del Gobierno. No se trata de administrar mejor el ajuste ni de convencer a Hacienda de que distribuya de manera más equitativa la escasez. Se trata de enfrentar una orientación de clase que busca reconstruir la rentabilidad capitalista descargando la crisis sobre quienes viven de su trabajo.
Desde Temuco emerge entonces una pequeña pero significativa señal. Los estudiantes mapuche han decidido no aceptar pasivamente la supresión de sus conquistas. Han ocupado, se han organizado y han obligado al poder político a responder. En momentos en que vuelve a escucharse en las calles la voz de los estudiantes y comienzan a acumularse conflictos sociales contra el ajuste, esa decisión vale mucho más que treinta millones de pesos.