por Ibán de Rementería//
Septiembre es el mes de la patria, pero también es el mes de la otra memoria, de la memoria popular de su triunfo y de su derrota, es el 4 de septiembre y es el 11 de septiembre, inseparables en nuestra memoria. El 4 de septiembre de 1970 triunfó la Unidad Popular, tres años después, el 4 de septiembre de 1973, según las agencias internacionales de noticias, desfiló conmemorando el tercer aniversario del Gobierno de la Unidad Popular un millón de chilenas y chilenos, dándole así a Salvador Allende el mayor espaldarazo de masas jamás conocido hasta ahora en la historia de Chile. Una semana después el Palacio de la Moneda es tomado por asalto luego de un intenso bombardeo aéreo por las Fuerzas Armadas traidoras a la República de Chile. Allende prefiere la muerte a entregarse a los traidores y los defensores de la Moneda, debidamente rendidos, son asesinados de manera salvaje indicando así cual sería la impronta terrorista de la política nacional de la Dictadura Militar.
El Gobierno de la Unidad Popular puede ser recordado por muchas conquistas sociales y logros democráticos de distribución del poder y de la riqueza, desde el litro de leche asegurado para cada niño, pasando por ampliación y consolidación de la Reforma Agraria que había iniciado el Gobierno de Frei Montalva, hasta la nacionalización de la gran minería del cobre, que aquel gobierno había iniciado mediante contratos de asociación con las empresas transnacionales que tenían su concesión, para hacer parte en algo a la nación chilena en su riqueza nacional, lo cual fue conocido como la “chilenización del cobre”. La nacionalización del cobre del Gobierno de Salvador Allende, el 15 de julio de 1971, tuvo dos características políticas centrales fue: aprobada por la unanimidad del Congreso Nacional y no se pagó indemnización alguna a los concesionarios. Que todos los partidos de la Unidad Popular, más la Democracia Cristiana y el Partido Nacional, heredero de los partidos Liberal y Conservador de derecha, votasen a favor de la nacionalización del cobre fue la expresión parlamentaria de la voluntad política colectiva nacional de recuperar esa riqueza. El no pago de indemnización alguna a los concesionarios se fundamentó económica y jurídicamente en las sobre ganancias que esas empresas habían obtenido por años de manera engañosa en perjuicio del Estado y la nación chilena. Para graficar el profundo impacto que esto tendría en los recursos públicos Salvador Allende llamó a las rentas y utilidades del cobre: “el sueldo de Chile”.
La nacionalización de la gran minería del cobre debe ser el más importante objeto de nuestra memoria septembrina, por la actualidad financiera que aquella tiene en estos momentos donde la nación chilena debe decidir entre profundizar o revertir los tres grandes compromisos del Estado con la plena satisfacción de los derechos sociales de las y los chilenos, como son el acceso universal, gratuito y de calidad a la salud, la educación y la seguridad social. El problema de la financiación de aquellas reformas tiene hoy dos modelos conocidos: el crecimiento económico o la recuperación para la nación de los recursos naturales sus rentas y utilidades. El crecimiento económico aparece como una función de la inversión privada la cual depende del sector financiero que representa el 25% de la riqueza nacional (Lagos Escobar dixit), en lo político esto depende de la flexibilidad que se tenga en términos laborales y medio ambientales, sea que llueva, truene, se inunde, se emporque o “arda la pradera”; sea que aumente el desempleo, el auto empleo, el comercio callejero, el microtráfico de drogas, la inseguridad y la delincuencia. El crecimiento económico puede favorecer a todas y todos los chilenos, pero según sea la cuota que les corresponda en la distribución de la riqueza, por lo tanto le tocará muchos más a cada uno de los miembros del 1% de los chilenos que se quedan con el 30% de la riqueza nacional, y muy poco al 10% más pobre que solo le toca menos del 3%. Sin procesos de redistribución del ingreso mediante mayor poder de negociación de los trabajadores para mejorar su empleabilidad, sus ingresos y condiciones laborales; sin acceso universal, gratuito y universal a los bienes básicos como la salud, la educación y la seguridad social, sin acceso universal y a precios accesibles a los servicios de agua, energía, transporte, comunicaciones, crédito de consumo, etc. Sin redistribución del poder político y sin redistribución de la riqueza, el crecimiento económico sólo lo seguirán disfrutando los más ricos y sus allegados.
El otro modelo de financiación es la recuperación para el Estado de las rentas y utilidades proveniente de los recursos naturales renovables como los pesqueros, los bosques, el agua, etc. y los no renovables como la minería del cobre, el litio y otros minerales metálicos y no metálicos; también las rentas y utilidades de las obras públicas constituidas en localizaciones geo estratégicas o las provenientes de monopolios naturales como los servicios públicos de agua, energía, comunicaciones, etc.
El recuerdo más triste que podemos tener ahora en septiembre es que al terminar la dictadura militar el 70% del cobre era explotado por CODELCO, empresa del Estado creada el Gobierno de Frei Montalva, y solo el 30% por empresas privadas nacionales y transnacionales, hoy después de los gobierno de la Concertación estas extraen el 70% del cobre nacional y aquella solo un 30%.
El Mercurio de Santiago recoge comentarios expertos sobre el plan económico de la candidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, denominado “Nuestra ruta al desarrollo: más y mejor crecimiento para todos”, aquellos valorizan esas propuestas en US$ 10.000 millones anuales. Pues bien un estudio de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, realizado por Sturla, Accorsi, López y Figueroa, titulado “Nuevas Estimaciones de la Riqueza Regalada a las Grandes Empresas de la Minería Privada del Cobre: Chile 2005-2014”, de diciembre 2016, estima que la renta económica transferida gratuitamente habiendo descontado de los beneficios por las ventas, los costos operativos, los costos financieros, los costos de riesgos, los impuestos y sus utilidades fue en esos 10 años de US$ 120.000 millones, para un promedio anual de US$ 12.000 millones anuales, eso es el 5,4% del PIB y la cuarta parte del presupuesto público. Los expertos suponen que en los próximos años el precio del cobre se recuperará a un precio entre US$ 2,5 a 3.0 la libra de ese metal. Por lo tanto, esas rentas regaladas tenderán a repetirse, eso que el Gobierno de Salvador Allende llamó las sobre ganancias o “utilidades excesivas”, bien podrían financiar las propuestas económicas de Beatriz Sánchez y además quedar US$ 2.000 millones anuales para otras propuestas de beneficio nacional. Como no se ha estimado el costo de las propuestas económicas y sociales de la candidatura de Alejandro Guillier, no podemos afirmar si estos recursos recuperables para el presupuesto público serían suficientes.
En todo caso y como ya se ha dicho antes, no aclarar cómo se van a financiar los servicios sociales básicos de salud, educación y seguridad social hace del discurso político, sea de la Fuerza de Mayoría o el Frente Amplio, un discurso demagógico que no se va a cumplir o un discurso populista que nos señala el camino de la ruina, el fracaso y el caos.
(El autor milita en el Núcleo Valparaíso Socialista, Izquierda Socialista del PS)