por Andrés Gutiérrez Águila
La negociación del reajuste salarial del sector público para el período 2025–2026 se ha presentado oficialmente como un acuerdo responsable y realista frente al escenario económico. Sin embargo, para una parte significativa de las y los trabajadores públicos, se trata de una negociación fallida, una derrota. La demanda inicial levantada por la ANEF y otras organizaciones de la Mesa del Sector Público —un reajuste real del 2% por sobre la inflación— fue finalmente abandonada. En su lugar, se aceptó un reajuste equivalente al IPC acumulado (3,4%), con incrementos mayores solo para los tramos de ingresos más bajos. Pero este aumento no será inmediato, solo se ajustará el 2% al inicio y en el mes de junio de 2026 se incorporará el 1.4 % restante.
Este desenlace refleja un retroceso en la capacidad negociadora del movimiento sindical del sector público y deja a la mayoría de los funcionarios sin mejora real de sus condiciones salariales. En los hechos, se consolida una lógica de administración de la pérdida, más que una disputa efectiva por la recuperación del poder adquisitivo.
Tras el cierre del acuerdo, la ANEF y otros dirigentes sindicales han señalado que, si bien el reajuste no satisface plenamente las aspiraciones del sector, se valoran los compromisos complementarios asumidos por el Gobierno y se anuncia una “participación activa” durante la tramitación legislativa. Una participación activa en el mismo parlamento que decidió dejar en cero el ajuste para los trabajadores públicos, en el presupuesto nacional 2026.
Este antecedente no es menor. La aprobación del Presupuesto 2026 sin incremento de la base de remuneraciones fue la antesala directa de esta negociación y fue utilizada por sectores de derecha, particularmente Renovación Nacional, como argumento para cerrar cualquier margen de mejora salarial. El resultado era previsible: una negociación condicionada desde su inicio y con escaso espacio para revertir el deterioro salarial.
Este tipo de declaraciones, recurrentes en negociaciones anteriores, reconocen implícitamente el carácter insuficiente del acuerdo, pero trasladan el eje del conflicto a una instancia —el Congreso— donde históricamente los márgenes de corrección real han sido mínimos o inexistentes. En la práctica, una vez firmado el acuerdo entre Ejecutivo y dirigencias, el Parlamento ha operado como instancia de ratificación más que como espacio de reversión sustantiva.
El resultado de esta negociación no es excepcional. En los años 2020 y 2021, entre otros, los reajustes del sector público fueron inferiores a la inflación efectiva, generando pérdidas reales de salario. En muy pocas ocasiones estas situaciones fueron revertidas posteriormente.
La experiencia histórica muestra que las negociaciones del sector público en Chile han tendido a moverse dentro de límites estrechos definidos por la política fiscal, más que por las necesidades de reproducción material de la fuerza de trabajo. Cuando el contexto económico o político se vuelve restrictivo, el salario real aparece como una variable de ajuste.
Desde el punto de vista económico, el acuerdo constituye una derrota y un ataque al salario para la mayoría de las y los trabajadores públicos. Un reajuste equivalente a la inflación pasada no representa un aumento real del salario: solo permite, en el mejor de los casos, mantener el poder adquisitivo frente al alza de precios ya ocurrida.
El problema es más profundo. Los salarios del sector público ya venían desfasados por pérdidas acumuladas de años anteriores en que los reajustes fueron inferiores al IPC. Al no incorporar ahora un componente de recuperación real, ese rezago se consolida y se proyecta hacia el futuro.
La exposición permanente a la inflación futura
Un elemento central, muchas veces invisibilizado en el debate público, es que un reajuste basado exclusivamente en la inflación pasada deja completamente expuesto al salario frente a la inflación futura. Entre el momento en que se calcula el IPC de referencia y el momento efectivo en que se aplica el reajuste, los precios siguen subiendo y esa diferencia, ese aumento de precios generalizado no es cubierto por este tipo de negociaciones.
Esto es especialmente evidente en economías sudamericanas que necesitan desvalorizar su moneda, constantemente, para insertarse en el mercado mundial. Por eso en Chile hay una inflación permanente que puede diferir en magnitud, pero siempre está latente. No considerar esa inflación en el acuerdo de reajuste es cargar sobre la mayoría de los trabajadores públicos el peso de esa perdida en el salario.
Así, durante el primer semestre del año siguiente —antes de cualquier nuevo ajuste — los trabajadores enfrentan una nueva pérdida de poder adquisitivo, que solo podría compensarse con un reajuste real posterior. Si este no ocurre, la pérdida se acumula año tras año. En otras palabras, si solo se reajusta un 2% el salario durante este año, el año siguiente comienza con una perdida del salario de 1,4%. Suponiendo una inflación anual para el 2026 de 3.2% y que el próximo reajuste, según el acuerdo, será en junio, se puede suponer una inflación acumulada de 1.5 % desde enero hasta ese mes. Eso quiere decir que cuando se reajuste el salario, a mitad del próximo año, se tendrá una inflación acumulada de 2.9% (1.4+ 1.5) y una pérdida del salario de la misma magnitud.
Este es el motivo por lo que pedir un reajuste real, es decir, descontando la inflación pasada, evita que el salario se baje en términos de verdadero poder adquisitivo.
Esta dinámica explica por qué, aun en períodos de “reajustes”, las condiciones materiales de vida de amplios sectores del empleo público se deterioran progresivamente.
El Estado como empleador
Desde una perspectiva marxista el Estado no debe entenderse como un árbitro neutral entre clases sociales, sino como una forma histórica específica de organización del poder político al servicio de la reproducción del capital. Su rol de mediador entre intereses sociales es real, pero secundario y condicionado: lo estructural es su función de garantizar las condiciones generales de acumulación.
En este marco, cuando el Estado actúa como empleador lo hace bajo una lógica capitalista de administración de la fuerza de trabajo. El salario del sector público no se define en función de las necesidades sociales que estos trabajadores satisfacen (salud, educación, justicia, protección social), sino en función de criterios como disciplina fiscal, señales a los mercados y sostenibilidad de la acumulación.
En el Estado y la economía política, la contención salarial cumple una función clara: reducir el gasto corriente para preservar márgenes fiscales que, directa o indirectamente, benefician al capital, ya sea mediante subsidios, incentivos, pago de deuda o estabilidad macroeconómica funcional a la inversión privada. El carácter “mediador” del Estado aparece solo cuando estas políticas generan tensiones sociales que amenazan la gobernabilidad.
Así, el ajuste salarial del sector público no es un problema técnico ni coyuntural, sino una expresión concreta del carácter de clase del Estado capitalista, que administra a sus propios trabajadores con los mismos criterios de racionalidad económica que rigen en el sector privado.
Ataques sistemáticos al empleo público y deterioro de la legitimidad social
El reajuste salarial debe leerse como parte de una ofensiva más amplia contra el empleo público, que no se limita a decisiones presupuestarias, sino que incluye una construcción política y cultural de largo aliento.
Los ataques no han sido solo administrativos o legales, sino también mediáticos y simbólicos. La instalación reiterada de discursos sobre el supuesto abuso de licencias médicas, el cuestionamiento al subsidio por incapacidad laboral y la permanente alusión a “privilegios” del sector público han contribuido a erosionar la legitimidad social de estas y estos trabajadores.
Esto resulta particularmente contradictorio si se considera que una parte sustantiva del empleo público está compuesta por trabajadores de la salud, la educación y los servicios sociales, áreas que gozan de alta valoración social cuando se evalúan de forma abstracta, pero cuyos trabajadores son rápidamente estigmatizados cuando se discuten condiciones laborales concretas.
Durante el gobierno de Gabriel Boric, estos procesos no solo persistieron, sino que en algunos casos se profundizaron, con un rol activo de organismos como la Contraloría General de la República, cuyas intervenciones han contribuido a consolidar un clima de sospecha estructural sobre el empleo público. El resultado es una fuerza de trabajo políticamente debilitada, con menor capacidad de disputar salario y condiciones laborales frente al Estado-empleador.
El rol de la CUT y la ANEF: pasividad y alineamiento
Un aspecto crítico de este escenario ha sido la pasividad de las principales organizaciones sindicales, en particular la CUT y la ANEF, frente a estos ataques. Esta pasividad no es meramente coyuntural: está estrechamente ligada a la militancia política y al alineamiento de sus direcciones con el gobierno de turno.
En lugar de articular una defensa frontal del empleo público y de las condiciones salariales, las dirigencias optaron por una estrategia de moderación, contención del conflicto y administración del mal menor. El resultado es una negociación que sacrifica salario real a cambio de compromisos generales y promesas futuras.
Los límites de la negociación, necesidad de autoorganización y futuros ataques
Las luchas reivindicativas por el reajuste salarial, en el marco actual, son parciales y defensivas. En el mejor de los casos, permiten conservar o mejorar levemente las condiciones existentes, pero no alteran la lógica estructural que empuja a la baja el salario real.
Desde una perspectiva de clase, la verdadera salida no pasa únicamente por mejorar la técnica negociadora dentro de los márgenes del Estado, sino por avanzar en formas de autoorganización independiente, con claridad política y autonomía frente a los gobiernos de turno. Solo una organización con perspectiva de clase puede disputar de manera más profunda las condiciones de reproducción de la fuerza de trabajo y enfrentar de raíz las dinámicas que hoy condenan a los trabajadores públicos a negociar permanentemente su propia pérdida.
Este escenario no es excepcional, por el contrario, anticipa un ciclo más profundo de ofensiva contra el empleo público. Este es solo el comienzo de una serie de ataques. Esta arremetida ya está en curso, avanzó durante el gobierno del FA y amenaza con ser más pronunciada con el gobierno del republicano Kast. Este ultimo prometió, durante su campaña, reformular el estado y con la escusa de hacerlo mas eficiente planea atacar la laxa legislación laboral y derechos adquiridos. Entre sus cambios se cuenta modificar el estatuto administrativo, terminar con las huelgas, disminuir la remuneración por desempeño y cambiar el subsidio a la incapacidad laboral.