Perú: el movimiento de masas de trabajadores y campesinos desafía el golpe capitalista a pesar de brutal represión

por Jorge Martín

Un mes después del golpe de Estado contra el presidente Castillo el 7 de diciembre, el nuevo gobierno ilegítimo de Dina Boluarte ha utilizado una brutal represión policial y militar para sofocar las protestas, dejando 48 muertos.

Los trabajadores y campesinos han resistido el golpe con manifestaciones masivas, bloqueos de carreteras, huelgas generales nacionales y regionales y la formación de comités de lucha en todo el país en un movimiento que tiene su epicentro en los departamentos más pobres e indígenas del sur. ¿Quién estuvo detrás del golpe del 7 de diciembre y cuáles son las perspectivas para el movimiento de resistencia de masas?

Pedro Castillo fue elegido en una segunda vuelta muy reñida de las elecciones presidenciales de julio de 2021, como candidato del partido Perú Libre, derrotando a la demagoga derechista Keiko Fujimori, hija del ex dictador Alberto Fujimori, que era la candidata de la clase dominante y las multinacionales mineras.

La campaña de Castillo, bajo el lema “nunca más pobres en un país rico”, cautivó la imaginación de millones de trabajadores y campesinos, particularmente en las regiones más pobres del país, donde también es mayor la proporción de indígenas quechua y aimara hablantes. En algunos de los distritos mineros, recibió más del 80 por ciento de los votos. La expectativa era que, luego de décadas de políticas capitalistas liberales extremas a favor de los intereses de las grandes multinacionales mineras, su poder y ganancias multimillonarias se iban a reequilibrar a favor de la mayoría de los peruanos.

El programa de Castillo prometía renacionalizar el campo de gas de Camisea y renegociar los contratos mineros, que representan la mayor parte de las exportaciones del país y los ingresos del gobierno. El cobre y el oro son los principales productos minerales del país, con contratos en manos de un puñado de multinacionales con sede en Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, China y México.

Castillo amenazó con que, si las multinacionales no aceptaban renegociar los contratos, serían nacionalizadas. Esto por supuesto encendió las alarmas entre la oligarquía capitalista peruana y las multinacionales, un grupo compacto de 17 grandes empresas que controlan la economía del país, los medios de comunicación, el Estado y los principales partidos políticos. A pesar de una campaña de mentiras, calumnias y manipulación, Castillo logró ganar las elecciones, cuyos resultados fueron impugnados durante semanas por los partidarios de Fujimori.

Concesiones bajo presión

El programa de Perú Libre, en el que se encontraba Castillo, contenía una contradicción. A pesar de que el partido se declaraba “marxista, leninista y mariateguista”, su plataforma no era socialista basada en la expropiación de los medios de producción, para ser utilizados en un plan democrático de producción bajo control obrero. Más bien, hablaba de una vaga e indefinida “economía popular con mercados”, llamando a la burguesía nacional a trabajar en beneficio de las mayorías. Eso es completamente utópico. La clase capitalista solo está interesada en maximizar las ganancias. Cualquier capitalista individual que elija otro camino sería eliminado rápidamente por sus competidores.

En un país como el Perú, además, la burguesía local está subordinada y ligada por mil hilos a los intereses multinacionales imperialistas extranjeros. En realidad, son las multinacionales mineras las que gobiernan el país, en colaboración con sus agentes locales en la oligarquía capitalista.

Una vez elegido, Castillo se enfrentó a una situación muy complicada, con un parlamento hostil en el que estaba en una pequeña minoría. En su momento, advertimos que tenía dos opciones: o basarse en la movilización masiva de los trabajadores y campesinos en las calles para asestar golpes contra la clase dominante y las multinacionales, o quedar atrapado en el muy desfavorable equilibrio de fuerzas en las instituciones burguesas y obligado a hacer concesiones a la oligarquía capitalista.

Desde el principio optó por la segunda opción: concesiones y marchas atrás de su propio programa. Despidió a su canciller, Béjar, porque había molestado a los altos mandos militares al mencionar el papel que habían jugado durante la guerra sucia contra la guerrilla de Sendero Luminoso. Luego destituyó a su primer ministro, Bellido, por considerarlo demasiado radical para la élite capitalista. También fue destituido el ministro de Trabajo que se atrevió a proponer una ley contra la subcontratación (uno de los principales flagelos de la clase obrera peruana en las últimas tres décadas).

Habiendo prometido aumentar las regalías a las empresas mineras, luego abandonó la idea, bajo presión. En una visita a EE.UU. aseguró a las multinacionales extranjeras que sus inversiones estarían seguras. Como señal pública de que se despojó de cualquier credencial radical, también rompió con Perú Libre, lo que redujo aún más el tamaño de su propio grupo parlamentario, ahora dividido en dos. La idea de una Asamblea Constituyente para redactar de nuevo la Constitución, que data de la dictadura de Fujimori, se abandonó ante la falta de apoyo parlamentario para cualquier movimiento en esa dirección.

Sin embargo, como siempre sucede, cada concesión que hizo fue vista como una señal de debilidad por parte de los ricos y poderosos, quienes luego procedieron a exigir más concesiones. Al mismo tiempo, cada concesión tenía el efecto de debilitar su propia base de apoyo. La campaña de ataques a través de los medios de comunicación, con mociones de censura en el parlamento, acusaciones infundadas de corrupción y nepotismo continuó sin cesar.

Aun así, la clase dominante nunca se reconcilió con Castillo. Los trabajadores y los pobres que habían votado por él todavía lo veían como uno de los suyos y se envalentonaron en sus demandas. Las comunidades locales interrumpieron las operaciones mineras, exigiendo una parte de las ganancias. Un artículo en Reuters en julio de 2022 llevaba el título «Los ejecutivos de la minería de Perú ‘pierden la fe’ en el gobierno a pesar del cambio moderado», que resumía la situación.

Castillo había sido elegido por la fuerza de su programa, y también por su experiencia: la de un maestro sindicalista que había liderado un movimiento nacional exitoso, que también tenía raíces en el movimiento de patrullas campesinas como rondero. La oligarquía peruana racista no podía soportar la idea de que un hombre proveniente de la clase trabajadora y de la mayoría pobre ocupara el cargo más alto del país. A pesar de sus concesiones y adaptaciones, tenía que irse.

Se lanza el golpe

El 7 de diciembre se consumó el golpe. Castillo se enfrentaba, por tercera vez, a una moción de censura en el parlamento, bajo el amplio cargo de “incapacidad moral permanente”, para lo cual no se necesita prueba real de ningún delito. Para adelantarse a la medida, hizo una transmisión nacional en la que anunció la disolución del parlamento, que había bloqueado constantemente sus iniciativas y convocó a nuevas elecciones dentro de cuatro meses. También anunció la convocatoria de una Asamblea Constituyente. Esto estaba dentro de sus poderes, pero inmediatamente condujo a una contrarreacción por parte de todos los poderes del Estado capitalista. Sus propios ministros lo abandonaron, el fiscal del Estado emitió una orden de captura en su contra, los medios capitalistas gritaron que había dado un golpe de Estado. Al final del día había sido arrestado, el parlamento había votado a favor de su destitución y había tomado posesión una nueva presidenta ilegítima, su vicepresidenta Dina Boluarte.

Detrás de este golpe “constitucional” estaba la organización patronal CONFIEP, los medios de comunicación, todas las ramas del aparato estatal, las multinacionales mineras y por supuesto, la embajada de Estados Unidos, que se apresuró a reconocer al nuevo gobierno ilegítimo.

La presidencia de Castillo plantea de manera descarnada la cuestión de los límites de los llamados “gobiernos progresistas” en América Latina. Cualquier intento de entrometerse en los intereses de la clase dominante y las poderosas multinacionales, que están saqueando los recursos de estos países, se enfrentará a una incesante campaña de desestabilización.

La oligarquía capitalista utilizará todos los medios a su alcance para defender sus intereses. Atacarán a cualquier presidente que los amenace, por moderado que sea su programa, hasta  incluso sacarlos del poder. Para ellos, la democracia burguesa es una herramienta que sólo es útil en la medida en que los resultados que produce garanticen sus ganancias privadas, riqueza y poder.

Con lo que no habían contado era con la reacción de las masas obreras y campesinas. Para ellos el tema estaba claro: el presidente que habían elegido, Castillo, uno de los suyos, había sido destituido por la oligarquía capitalista. Eso no se podía permitir, era un ataque a sus derechos y aspiraciones democráticas. Comenzó un movimiento de masas, con bloqueos de carreteras, manifestaciones masivas y protestas en todo el país.

El movimiento estaba creciendo en intensidad, con manifestantes tomando aeropuertos regionales y en algunos casos saqueando las oficinas regionales y locales del poder judicial y del fiscal del Estado. La presidenta ilegítima temió perder el control de la situación y reaccionó con una represión brutal. Ante un llamamiento a un paro general a nivel nacional el 15 de diciembre, declaró el estado de emergencia y luego impuso toque de queda en varios de los departamentos del sur donde las protestas fueron más intensas. Finalmente, envió al ejército contra los manifestantes.

En Ayacucho, las masas desafiaron al ejército y, abriéndose paso entre filas de soldados armados con armas de guerra, marcharon hacia el centro de la ciudad. El número de muertos aumentó rápidamente a casi 30 civiles desarmados asesinados por el ejército y la policía. A Castillo se lo condenó a permanecer bajo custodia durante 18 meses, ¡más tiempo del que se le había permitido sentarse en la oficina presidencial!

¿Qué sigue para los trabajadores y campesinos?

La represión y la llegada de la Navidad obligaron a hacer una pausa en el movimiento. Esto se utilizó para discutir la estrategia y fortalecer su organización. Una reunión de representantes de organizaciones obreras y campesinas de los departamentos del sur acordó convocar un paro total en toda la región y la formación de comités de huelga conjuntos. La reunión pidió que el movimiento se extendiera al resto del país y anunció una «marcha de los 4 suyos» desde los 4 rincones del Perú – una marcha hacia Lima con el mismo nombre que la gran marcha nacional del año 2000 que derrocó a Fujimori.

El renovado movimiento huelguístico se enfrentó nuevamente con una brutal represión estatal, utilizando los poderes del estado de emergencia, que siguen vigentes. El 9 de enero se produjo otra masacre, esta vez en Juliaca, Puno, donde la policía abrió fuego contra los manifestantes de habla aymara que se habían concentrado en las zonas rurales, matando al menos a 18, entre ellos un menor y un médico subalterno que estaba ayudando a las víctimas.

Las demandas del movimiento son claras: Libertad para Castillo, la clausura del congreso corrupto golpista, la destitución de la “presidenta” asesina Boluarte, nuevas elecciones y una asamblea constituyente.

Estas son demandas democráticas básicas contra el golpe. Pero los trabajadores y campesinos ya entienden que nuevas elecciones, por sí solas, no resolverían el problema. Todo el sistema político está podrido hasta la médula y sesgado hacia los intereses de la clase dominante.

De hecho, lo que el movimiento de resistencia de masas ha puesto sobre la mesa es “quién gobierna el país, es la mayoría obrera, los trabajadores, los campesinos, los estudiantes, las mujeres, los pueblos indígenas; o es la oligarquía capitalista no elegida e irresponsable, el ejército, los dueños de los medios de comunicación y las multinacionales mineras”.

La cuestión de la Asamblea Constituyente, a los ojos de las masas obreras y campesinas, representa precisamente eso, una reorganización de raíz del poder político y una oportunidad para que la mayoría obrera imponga sus propias reglas. Sin embargo, debemos advertir que una Asamblea Constituyente, es decir una reforma de las estructuras políticas, no resolvería los problemas fundamentales que afectan a los trabajadores y campesinos del Perú.

Otros varios países de la región han tenido asambleas constituyentes en el pasado reciente, incluidos Bolivia y Ecuador, y la clase dominante en esos países todavía tiene intacto su poder económico. En algún momento, si el movimiento es lo suficientemente fuerte y amenaza con hacer a un lado a la clase dominante en su conjunto, se podría conceder algún tipo de Asamblea Constituyente, para descarrilar el movimiento insurreccional de las masas por canales constitucionales burgueses más seguros. Esto es exactamente lo que sucedió en Chile con resultados desastrosos. La Asamblea Constituyente de 2006 en Bolivia desempeñó el mismo papel, brindando una salida constitucional al movimiento revolucionario de 2005 durante la guerra del gas.

En la lucha por las reivindicaciones democráticas, los marxistas revolucionarios señalan la necesidad de abordar la cuestión de quién controla la economía y los recursos del país. Eso significa no solo cambiar la constitución de Fujimori, sino expropiar a los 17 grupos que controlan la economía del país, así como a las multinacionales mineras. Sólo poniendo las riquezas del país en manos de los trabajadores se puede llevar a la práctica la consigna “nunca más pobres en un país rico”.

Para que el movimiento triunfe, la huelga general debe ampliarse a nivel nacional. Los compañeros de la CMI en Perú planteamos la necesidad de convocar a una Asamblea Nacional Revolucionaria de Trabajadores y Campesinos, con delegados electos con derecho a revocación de cada centro de trabajo, barrio obrero y comunidad campesina para tomar las riendas del país. Los acuerdos llegados a la reunión de representantes obreros y campesinos del sur apuntan en la buena dirección. Las masas han respondido heroicamente a pesar de la represión asesina.

Es deber del movimiento obrero internacional organizar la solidaridad con la heroica resistencia de los trabajadores y campesinos peruanos que es una inspiración para todos nosotros.

(Tomado de Lucha de Clases)

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