por Ibán de Rementería
El discurso es decir algo de algo y la votación es el ejercicio del derecho a decidir con los otros. El discurso político es el decir algo sobre la imposición de la voluntad en los asuntos públicos, aquellos que afectan a toda la comunidad, sea: la comuna, la región, el país o la comunidad internacional. La imposición de la voluntad se puede hacer mediante la persuasión democrática o la violencia autoritaria.
Todo discurso es anunciación y convocatoria, se anuncia lo que está aconteciendo y se convoca a hacerse cargo de ello, si bien la anunciación del nuevo gobierno eran sus promesas de cambios políticos, económicos y sociales que aseguren una mejor representación de las mayorías en los asuntos nacionales, una mejor redistribución del ingreso y una mejor satisfacción de las necesidades de las y los habitantes de este país, sin embargo, la minoría política del gobierno en ambas cámaras del parlamento ha hecho que sus convocatorias a los cambios anunciados sean rechazados. Si bien, el poder ejecutivo tiene varios instrumentos legales privilegiados para negociar con el parlamento.
Pero el conflicto político central y la derrota de las izquierdas y el gobierno no fue en el congreso sino en la resolución del asunto constitucional, la evolución y cambio de las voluntades populares en este asunto esencialmente político han sido abismales: cuando el 25 de 0ctubre de 2020 la nación fue consultada si quería cambiar la Constitución de 1980, la constitución de Guzmán, Pinochet y Lagos, el 80% de los electores, que fueron el 51.0% del padrón de votantes, dijeron que quería ese cambio, por una Asamblea Constituyente y no por el Parlamento o un comité de expertos; luego, en 2021 para la elección de los constituyentes más del 70% de los electores votó por gente de izquierda, pocos de los partidos, solo un tercio, y por una mayoría de independientes de diversas proveniencias, las derechas con algo menos del 21% ni siquiera lograron un tercio de los representantes, lo que le hubiese permitido ejercer el derecho de veto dado el sistema de quórum contra mayoritario de votación para la aprobación de las normas constitucionales. Sin embargo, en el plebiscito de salida, del 4 de septiembre del 2022, la propuesta constitucional alabada por sus autores, las izquierdas y la gran mayoría de los expertos constitucionales nacionales e internacionales, fue rechazada por la nación chilena por 62% de los votantes con solo la aprobación del 38% de ellos, que ahora fueron el 86%% del padrón, debido al voto obligatorio, con muy pocos votos nulos y blancos, en total solo el 2%. En breve, la anunciación del discurso constitucional de las izquierdas no generó la convocatoria entre la nación chilena.
Después de los éxitos de las izquierdas y otros sectores progresistas en el rechazo a la constitución vigente, en 2020, y de la elección de una Convención Constitucional por cambios profundos en 2021, el nuevo discurso constitucional, convertido en los discursos, de quienes proponían una nueva constitución revindicaron una serie de particularidades perfectamente justas y reconocidas, pero no ganadas para las mayorías en la conciencia colectiva nacional, tales como los derechos de las mujeres, de los pueblos originarios, de las disidencias sexuales, de la naturaleza y el medio ambiente, de los animales y del agua, principalmente. Para las grandes mayorías nacionales esos legítimos derechos singularizados fueron resentidos como privilegios de unas minorías; en cambio, derechos universales como la protección constitucional a la provisión universal y de calidad por el estado a la salud, previsión, vivienda y educación fueron tratados rápidamente y sin mayores debates, sobre la recuperación de las rentas públicas, provenientes de los recursos naturales, el agua, las obras y los servicios públicos, para financiar todo lo anterior, nada se aprobó, sobre los derechos laborales y sindicales, para defender todo aquello no quedo nada concreto: “son cosas de las leyes ordinarias”, como otros asuntos, se dijo.
En el caso de los pueblos originarios las mayorías de ellos votaron en contra del reconocimiento de sus propios derechos, con un vago pero sugerente argumento de “no queremos dejar de ser chilenos”, lo cual refería a una conciencia de pueblos excluidos y al mal recuerdo de las “reducciones” de sus tierras y al sangriento y prolongado incumplimiento del tratado de Tapihue de 1825. Un caso patético fue el de la comuna de Petorca donde pese a llevar diez años de solo recibir agua en camiones aljibes votaron por el rechazo, explicando su alcalde que la población temió que se prohibiesen los rodeos, aquí las razones culturales se impusieron sobre las razones sanitarias. En fin, el resto lo hicieron la publicidad y propaganda insidiosa y mentirosa de las derechas y los centros demócrata y amarillo, que supieron hacer de cada derecho particularizado un privilegio de minorías y una amenaza para las mayorías.
De allí, entre la gran derrota de las izquierdas y el límite de lo posible, vino una larga negociación de los partidos políticos triunfantes y derrotados en el ámbito del congreso, con gran hermetismo, sin ninguna participación ciudadana y solo con la asistencia expertos ad hoc, por la vía parlamentaria, entonces en el límite del tiempo, se aprobó una modalidad de elaboración constitucional donde confluía un ante proyecto -el borrador- hecho por los parlamentarios y sus asesores, unas normas que limitaban su competencia -los bordes-, un Consejo Constitucional de 50 miembros electos con limitados poderes para decidir, así como varias instancias de control político-técnico, de difícil descripción aquí. Todo lo cual tuvo la aprobación unánime de todos los partidos políticos representados en el parlamento, excepto los Republicanos y el Partido de la Gente (PDG), quienes públicamente proclamaron el desconocimiento de tales acuerdos y de sus eventuales resultados.
Pero, lo claro en los resultados del 7 de mayo, donde los Republicanos arrasaron con el 35,4% de los votos eligiendo 23 consejeros, Unidad para Chile solo logró el 28,6% de las preferencias con 16 consejeros y en Chile Seguro con el 21,1% tuvieron que conformarse con 11 consejeros, el resto de partidos y los independientes no reunieron votaciones para escogen ningún consejero, los pueblos originarios solo alcanzaron a uno. Esos resultados poco y nada tienen que ver con los derechos constitucionales de las y los ciudadanos, esos derechos son el aseguramiento y la protección de los atributos esenciales del ser humano como son: la vida, la integridad personal y la libertad, que todo estado deben garantizarlos constitucionalmente, de los cuales se derivan el conjunto de los derechos civiles, políticos, sociales y económicos de los que tratan las legislaciones especializadas. Pero, no fue así, ya que el debate constituyente fue íntegramente contaminado por el acoso de la oposición al gobierno mediante la construcción de la centralidad problemática por la seguridad ciudadana, esa es la anunciación del discurso de las derechas, la inseguridad ciudadana tenía que ser más importante que los derechos de los ciudadanos a la salud, la previsión, la educación y la vivienda, que era la anunciación del discurso del gobierno y las izquierdas. La convocatoria de la inseguridad permitió a la oposición imponerla sobre la convocatoria del gobierno por la satisfacción aquellos derechos sociales. Si bien, la oposición de derechas, amarillos y demócratas es certera al clausurar en el parlamento la posibilidad de la reforma tributaria, para financiar la provisión de esos derechos por el Gobierno, además, es estratégica en instalar a la inseguridad ciudadana con sus causas de crimen organizado y narcotráfico, inmigración incontrolada –“el mal viene de afuera”-, comercio ambulante, tomas de terrenos y barrios ilegales, o el conflicto mapuche, etc., en el debate para la elección de los consejeros constitucionales.
Las izquierdas se muestran torpes en las oportunidades de correlacionar en los debates públicos sobre la provisión de los derechos sociales con los escándalos que se descubren en la provisión privada de los derechos a la salud y la previsión, con los escándalos de las ISAPREs por cobros abusivos y desvinculaciones arbitrarias de sus afiliados, incluso sancionados por la Corte Suprema, lo que ponen en duda la continuidad de su actual manera de proveerse, mientras que las AFPs se destacan por las super ganancias de sus administradores y las pensiones misérrimas para sus imponentes, por decenios obligados al empréstito forzoso.
Así fue como las derechas lograron “des constitucionalizar” la convocatoria al Consejo Constitucional y lograron “delincuenciarla”[1]. La delincuencia es el resultado de la pobreza en el ingreso y el bajo acceso a los bienes públicos, así como, a la desigualdad en la satisfacción de las necesidades y deseos; de acuerdo con los estudios del PNUD hace tiempo que Chile es el país de la región que tiene el más alto desarrollo humano gracias a su prosperidad económica y, la vez, la más alta desigualdad en los ingresos e insatisfacción social. Esos mismos estudios señalan como el temor se ido convirtiendo en miedo, en particular miedo a la delincuencia y al narcotráfico, pese a que nuestras estadísticas delincuenciales indican que la victimización por los delitos de mayor connotación social ha disminuido consistentemente, según la ENUSC del INE cayó de 28,0% en 2017, a 16,9% en 2021, por su parte, según Paz Ciudadana la victimización cayo de 40,0% en 2019 a 32,7% en 2022. No obstante, según la ENUSC 2021 el temor a la delincuencia llegó al 87,0% referido al país, a 45,8% en el barrio y por la experiencia personal al 16,0%; mientras que las fuentes de información más significativas para tener esas percepciones fueron los noticieros de TV con 37,4% y las redes sociales con 26,8%. Para utilizar una expresión de los años 90 del siglo pasado terminamos siendo gobernados por el control del delito.
Entonces, si las izquierdas y el gobierno concuerdan con las derechas, los expertos de matinales y los medios de comunicación, más las redes sociales que toda esa información dinamizan, que el problema nacional más grave es el crimen organizado, el narcotráfico y las inmigraciones ilegales, el comercio ambulante, o las tomas de terrenos, etc., entonces aquella anunciación y su respectiva convocatoria se instala en la conciencia colectiva y gana la mayoría de votos el “segurizante” discurso del Partido Republicano. No obstante, “la conciencia colectiva” nacional no es homogénea, varía según sus diferencias en el desarrollo de sus niveles educativos y sus relaciones sociales complejas, así tenemos que en la Región Metropolitana en los municipios más vinculados al centro de Santiago, más metropolitanos por así decirlo, tales como: Quilicura, Pudahuel, Renca, Conchalí, Recoleta, Independencia, Quinta Normal, Cerro Navia, Lo Parado, Estación Central, Santiago, Providencia -para sorpresa de su alcaldesa Matthei -, Ñuñoa, Macul, Peñalolén, La Florida -para sorpresa de su alcalde Carter -San Joaquín, San Miguel, P. Aguirre Cerda, Cerrillos, Lo Espejo, La Cisterna, El Bosque, San Ramon, La Pintana, Puente Alto, Peñaflor y San José de Maipo, que son más densos demográficamente y más educados, triunfó de manera consistente la lista Unidad para Chile, lo mismo en Valparaíso y San Antonio.
[1] De Rementeria, I. “Delincuenciar” la política. Le Monde Diplomatique, Santiago, abril 2023.