por Alejandro Valenzuela Torres
El discurso oficial del régimen en materia represiva descansa sobre una premisa cuidadosamente cultivada: sus instituciones armadas serían cuerpos profesionales, dominados por la racionalidad, ajenos al desborde y guiados por protocolos técnicos. Cuando ese mismo régimen adopta un carácter contrainsurgente —como ocurrió tras el Acuerdo por la Paz y se consolidó bajo el gobierno saliente de Gabriel Boric— la represión deja de presentarse como tal y pasa a exhibirse como “protección”, como expresión “democrática” de la seguridad. En su momento, el Partido Comunista llegó a definir la seguridad como un “supra derecho”, “habilitante”, una formulación que no hace sino elevar la preservación del orden existente por encima de las libertades concretas de quienes lo cuestionan. El resultado de esta moralización patronal es siempre el mismo: los crímenes del Estado no serían inherentes a su estructura, sino anomalías, excesos individuales, errores operativos.
Ese razonamiento explica que un responsable político de la militarización del país y de haber declarado la guerra al propio pueblo, como Sebastián Piñera, pueda ser hoy objeto de homenajes oficiales, tratado como “demócrata de la primera hora” y elevado al bronce. No hay nada excepcional en ello. Nuestras plazas están colmadas de monumentos a conquistadores y generales cuya trayectoria estuvo marcada por la guerra de sometimiento interno y el exterminio: Pedro de Valdivia, Manuel Baquedano, Cornelio Saavedra. El espacio público chileno no es neutro: consagra la violencia fundacional del Estado y la reviste de gesta civilizatoria. Lo que ayer fue represión abierta, hoy se sublima como legado histórico.
En este contexto, adquiere un valor singular el estudio publicado por The Clinic sobre la investigación clínica realizada en el penal de Punta Peuco por las psicólogas Elizabeth León-Mayer y Joanna Rocuant, junto al creador de la escala PCL-R, Robert Hare. Durante más de un año evaluaron al 84% de los condenados por delitos de lesa humanidad utilizando el principal instrumento internacional para medir psicopatía. El resultado desarma de raíz la tesis del “exceso”. Los puntajes globales de psicopatía no difieren mayormente de los de la delincuencia común, pero la composición del perfil es radicalmente distinta: baja impulsividad, bajo descontrol conductual y, en contraste, niveles excepcionalmente altos de frialdad emocional, manipulación y ausencia de culpa. No se trata de sujetos desbordados; se trata de individuos planificados, organizados, capaces de ejercer violencia extrema sin experimentar remordimiento.
La escena relatada por León-Mayer es reveladora. Ante la pregunta por las víctimas, uno de los condenados responde: “¿Qué víctima? Yo solo maté comunistas”. No hay culpa, no hay reconocimiento del otro como persona. Al día siguiente, ese mismo individuo aparece en televisión pidiendo perdón junto a un sacerdote. La distancia entre el discurso público y la estructura íntima de personalidad no es un accidente: forma parte de un patrón de instrumentalización del relato, de manejo frío de la imagen, de ausencia de atribución interna de responsabilidad. El estudio identifica un perfil denominado “callous–conning”: sujetos socialmente funcionales, con trayectorias aparentemente normales —familia, trabajo estable— pero con una afectividad superficial y una capacidad elevada de manipulación.
El hallazgo más perturbador no es que tales rasgos existan, sino que el aparato represivo haya sido capaz de seleccionarlos. Según la propia investigación, muchos mandos medios y bajos no fueron simples ejecutores obligados: fueron escogidos por su capacidad de antisocialidad y manejo del poder. El torturador no aparece como un monstruo aislado ni como un improvisado fuera de control; aparece como producto y pieza funcional de una maquinaria que requiere frialdad, obediencia y eficacia. La violencia no fue un arrebato: fue política de Estado.
Este dato científico dialoga directamente con la narrativa actual de la seguridad como valor supremo. Cuando el orden social se percibe amenazado, el Estado de clase necesita cuadros capaces de ejecutar sin titubeos su función coercitiva. La profesionalización no neutraliza esa función; la optimiza. La racionalidad técnica puede convivir perfectamente con la ausencia de empatía. Más aún, puede requerirla. La moralización de la represión —su presentación como defensa de la democracia— no suprime su carácter de clase: lo encubre.
Que este estudio haya pasado prácticamente inadvertido en el debate oficial no es casual. Reconocer que la represión descansa en estructuras de personalidad compatibles con la frialdad y la manipulación implica abandonar la cómoda explicación del “error” o el “exceso”. Implica asumir que todo aparato militar de clase requiere psicópatas y obsecuentes para cumplir su función política. No como anomalía, sino como condición de posibilidad. Ello revela el carácter histórico y social de las Fuerzas Armadas y de orden: no son árbitros neutrales, sino instrumentos cuya misión última es preservar la propiedad y el orden existente.
De ahí que la discusión sobre memoria y justicia no pueda agotarse en el plano simbólico. La lucha por el poder político se traduce, en buena medida, en la lucha por el aparato armado del Estado. Mientras su mando y su capacidad de fuego permanezcan intactos bajo la dirección de la clase dominante, la amenaza de su uso contra el pueblo seguirá latente, aunque se revista de lenguaje democrático. Para los trabajadores, la conclusión no es moral sino estratégica: discutir una política de intervención en los institutos armados, disputar su dirección y, en última instancia, plantear la organización de un nuevo aparato bajo control de quienes producen la riqueza social. La historia clínica de Punta Peuco no es una curiosidad académica; es una advertencia sobre la naturaleza del Estado y sobre el terreno real donde se dirime la lucha por el poder.
Que Kast haya deslizado en campaña la posibilidad de liberar a los criminales de lesa humanidad encarcelados en Punta Peuco, no solo demuestra la vigencia de este problema, sino que además hace evidente cómo el régimen necesita de asesinos, torturadores y violadores para sustentar su poder de clase.