por Fernando López Mackenzie
La muerte de Maricarmen Abascal ha adquirido en España una dimensión que excede largamente la tragedia individual. Tenía 87 años y había vivido durante más de siete décadas en el mismo piso del barrio madrileño de Retiro. El contrato de arrendamiento había sido suscrito por su padre en 1956, pasó después a su madre y finalmente a ella. En 2018 el inmueble fue adquirido por una empresa inmobiliaria y comenzó una larga disputa sobre la continuidad de aquella relación arrendaticia. Hubo cuatro intentos de desahucio. El último, ejecutado el 23 de septiembre de 2026, consiguió finalmente expulsarla. Maricarmen abandonó la vivienda en condiciones de extrema fragilidad y fue hospitalizada. Quince días después, el 7 de octubre, murió en el Hospital Gregorio Marañón. Entre ambas fechas se produjo, sin embargo, algo que convierte su historia en un acontecimiento político: el país comenzó a movilizarse alrededor de ella.
Hay que ser rigurosos. No existe, al menos públicamente, una resolución médico-legal que permita establecer que el desahucio fue la causa jurídica de la muerte de Maricarmen. Su abogada, Beatriz Duro, ha sostenido explícitamente que el largo proceso judicial deterioró progresivamente su salud y que, de haberse suspendido el lanzamiento, probablemente el desenlace habría sido otro. Los vecinos que la conocieron describieron también el enorme deterioro sufrido durante los años de litigio. La propia Maricarmen decía estar «pagando» físicamente los siete años de pleitos por conservar su casa. Presentar esa relación como una sentencia médica sería exceder la evidencia disponible; ignorar el encadenamiento material entre persecución inmobiliaria, angustia, desarraigo, hospitalización y muerte sería, en cambio, vaciar el acontecimiento de su contenido social.
Una casa convertida en activo financiero
El caso permite observar con extraordinaria nitidez una de las contradicciones fundamentales de la sociedad capitalista: la diferencia entre el valor de uso y el valor de cambio. Para Maricarmen, aquel piso era su casa. No constituía una unidad abstracta de patrimonio inmobiliario, sino el espacio material donde había transcurrido prácticamente su vida entera: memoria, relaciones, objetos, barrio, cotidianeidad. Para el capital que adquiere un inmueble, en cambio, una vivienda aparece necesariamente bajo otra determinación: es un activo cuya propiedad debe producir la rentabilidad posible. No se requiere atribuir perversidad psicológica a ninguno de los participantes para comprender la violencia de esa relación. Precisamente ahí reside su carácter estructural: el sistema puede producir resultados humanamente devastadores mediante individuos e instituciones que sostienen estar limitándose a ejercer derechos, cumplir contratos, ejecutar resoluciones o administrar inversiones.
Esta es probablemente la cuestión más perturbadora del caso. La violencia capitalista no adopta necesariamente la apariencia de la violencia excepcional. Puede desenvolverse mediante un expediente judicial correctamente numerado, una resolución ejecutoriada, una comisión judicial, agentes policiales cumpliendo una orden y una sociedad propietaria reivindicando las facultades que el ordenamiento jurídico concede al dominio. El derecho de propiedad, la jurisdicción y la fuerza pública aparecen entonces no como elementos exteriores al mercado, sino como condiciones que hacen posible su funcionamiento. Allí donde una persona contempla su vivienda como la prolongación material de su existencia, el capital puede contemplar exactamente el mismo espacio como una cantidad determinada de dinero que todavía no ha realizado todo su potencial de valorización.
El drama de Maricarmen condensó esa contradicción hasta volverla insoportablemente visible. Una anciana de 87 años podía haber vivido setenta años dentro de cuatro paredes, haber convertido ese lugar en la geografía completa de su memoria y, sin embargo, nada de ello constituía por sí mismo un título capaz de detener la maquinaria jurídica de la propiedad. Su trayectoria vital poseía un enorme valor humano y un valor prácticamente nulo frente al mecanismo abstracto mediante el cual el inmueble circulaba como mercancía. Esta contradicción explica por qué las imágenes del desahucio provocaron una reacción tan profunda: hicieron visible, en la figura concreta de una mujer mayor, algo que habitualmente permanece escondido detrás de contratos, índices de precios, rentabilidades y estadísticas.
Y las estadísticas muestran que no se trata de una anomalía individual. Solo durante el primer trimestre de 2025 los tribunales españoles practicaron 7.334 lanzamientos, siendo el impago de alquiler una de sus causas principales. El problema de fondo tampoco se limita al acto final del desahucio: el Banco de España ha documentado desde hace años el creciente esfuerzo económico que el alquiler impone especialmente sobre los hogares de menores ingresos. Es decir, el conflicto que apareció dramatizado en la puerta de Maricarmen forma parte de una contradicción mucho más extensa entre salario, renta inmobiliaria y acceso a una necesidad elemental.
De un desahucio a una crisis política
Lo extraordinario es la velocidad con que esa experiencia particular se convirtió en un hecho político general. Después del desahucio del 23 de septiembre, miles de personas participaron el día 26 en una manifestación en Madrid y una parte de ellas decidió permanecer en la Puerta del Sol. La acampada comenzó con alrededor de 150 tiendas y posteriormente se transformó en una estructura estable de comisiones, asambleas y organizaciones sociales. En pocos días desbordó el conflicto concreto de Maricarmen y colocó nuevamente la cuestión de la vivienda en el centro de la situación política española.
El Gobierno respondió con una batería extraordinaria de medidas. Dos decretos sobre vivienda llegaron al Congreso: incluían mecanismos para suspender determinados desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional, prolongar contratos y establecer nuevas obligaciones públicas frente a situaciones de vulnerabilidad. El 2 de octubre fueron rechazados con los votos contrarios de PP, Vox y Junts. Tres días después, Pedro Sánchez anunció la disolución de las Cortes y convocó elecciones generales anticipadas para el 29 de noviembre. RTVE reconstruye expresamente la secuencia que enlaza el desahucio, las movilizaciones, los decretos, su derrota parlamentaria y el final anticipado de la legislatura.
Que un desahucio pudiera convertirse en uno de los detonantes inmediatos de la disolución del Parlamento dice bastante más acerca de la crisis española que cualquier discurso institucional. Significa que la cuestión habitacional había acumulado una presión social considerable antes de que apareciera Maricarmen. Su caso no creó de la nada el problema: actuó como condensador. Transformó millones de experiencias fragmentadas —alquileres crecientes, jóvenes que no pueden abandonar el hogar familiar, barrios sometidos a procesos de gentrificación, trabajadores obligados a dedicar una parte creciente del salario a la vivienda— en una imagen inmediatamente comprensible. Una mujer anciana saliendo de la casa en la que había envejecido hizo políticamente visible lo que durante años podía presentarse como una simple «tensión del mercado inmobiliario».
El propio Estado reaccionó reconociendo parcialmente la gravedad del problema. Tras la derrota parlamentaria, el Gobierno aprobó el Real Decreto-ley 29/2026, de 6 de octubre. Entre otras disposiciones, establece hasta el 31 de diciembre de 2030 mecanismos de suspensión de procedimientos de desahucio para personas vulnerables sin alternativa habitacional y regula supuestos en que la Administración debe proporcionar solución habitacional o intervenir económicamente para impedir determinados lanzamientos. La importancia política del texto reside también en su temporalidad: medidas que durante años parecían extraordinariamente difíciles de introducir se volvieron urgentes cuando miles de personas ocuparon el espacio público.
Aquí aparece una segunda enseñanza. Las instituciones que habían convivido durante años con la crisis habitacional demostraron ser capaces de producir normas en cuestión de días cuando aquella crisis salió de la esfera privada y se convirtió en movilización colectiva. Eso no resuelve el problema ni convierte automáticamente aquellas medidas en suficientes. Pero muestra la relación existente entre conflicto social y decisión política: aquello que bajo la normalidad parlamentaria aparecía como técnicamente complejo, jurídicamente delicado o económicamente inconveniente comenzó repentinamente a tratarse como una emergencia.
La brutalidad de la normalidad
Desde una perspectiva de clase, precisamente esto permite comprender la brutalidad capitalista revelada por el caso. No consiste únicamente en que existan propietarios particularmente voraces ni fondos especialmente agresivos. Consiste en una organización social donde la reproducción de una necesidad humana fundamental queda subordinada a la reproducción del capital. La vivienda se construye para habitarla, pero bajo las relaciones capitalistas aparece simultáneamente como suelo, inversión, garantía financiera, patrimonio transmisible y fuente de renta. Cuando ambas funciones entran en contradicción, quienes carecen de propiedad enfrentan el problema desde una posición materialmente desigual.
Maricarmen poseía una biografía; frente a ella se levantaba una relación de propiedad. Poseía recuerdos; el mercado calculaba rentabilidades. Poseía la necesidad elemental de permanecer en el lugar donde había vivido durante siete décadas; el aparato jurídico debía resolver qué derecho patrimonial resultaba exigible. Esta es la brutalidad que el caso hizo visible: no la excepción al funcionamiento ordinario de la sociedad, sino precisamente su funcionamiento ordinario llevado hasta una consecuencia que millones pudieron contemplar.
Por eso tampoco basta convertir a Maricarmen en una figura sentimental. Reducirla a una anciana desvalida sería desconocer precisamente aquello que terminó haciendo políticamente extraordinaria su historia. Ella decidió resistir. Durante años acudió a tribunales, participó junto al Sindicato de Inquilinas, habló públicamente y rechazó aceptar que su conflicto fuera una desgracia privada. Incluso después del desahucio, hospitalizada, siguió interviniendo en la lucha que se había desencadenado alrededor suyo.
La presión terminó obteniendo una victoria que llegó demasiado tarde. El 28 de septiembre se alcanzó un acuerdo para que pudiera regresar a su vivienda en condiciones asumibles. Maricarmen supo que había recuperado la posibilidad de volver a su casa, pero murió el 7 de octubre antes de poder hacerlo. El hecho posee una fuerza simbólica difícil de exagerar: aquello que durante años parecía jurídicamente imposible terminó volviéndose posible cuando miles de personas comenzaron a movilizarse; pero la solución llegó cuando su protagonista ya no tenía tiempo para disfrutarla.
Su muerte, lejos de clausurar el conflicto, lo amplificó. El 8 de octubre miles de personas marcharon en Madrid en su memoria; las movilizaciones se reprodujeron en otras ciudades y el movimiento por la vivienda mantuvo la acampada y sus reivindicaciones. Organizaciones de inquilinos y los sindicatos mayoritarios han situado ahora el 11 de noviembre como fecha de una huelga general vinculada, entre otras cuestiones, al problema de la vivienda. El acontecimiento ha entrado así en una dimensión nueva: de la defensa de una casa concreta a una impugnación colectiva de las condiciones bajo las cuales millones acceden a la vivienda.
Y quizá las palabras más importantes sean precisamente las de Maricarmen. Desde la cama del hospital, cuando ya sabía que miles se habían movilizado después de su expulsión, envió un mensaje a quienes permanecían en la Puerta del Sol. No habló como víctima resignada. Les pidió «valor, luchad, defended lo que es vuestro».
Ese mensaje explica mejor que cualquier elegía la dimensión política adquirida por su vida. Las organizaciones que hoy la recuerdan han transformado esas palabras en la convocatoria a mantener las movilizaciones, extenderlas por las ciudades y preparar la huelga del 11 de noviembre. Maricarmen quiso regresar a su casa y no alcanzó a hacerlo. Pero su caso consiguió algo que ninguna resolución judicial había previsto: convertir la puerta de aquella vivienda en un problema nacional y llevar una experiencia de desposesión individual hasta las plazas, las manifestaciones, el Parlamento y las elecciones. En esa transformación de la soledad en acción colectiva reside, probablemente, el significado más duradero de su historia.