por Gustavo Burgos
La guerra declarada por el gobierno de José Antonio Kast contra los trabajadores entra ahora directamente en sus barrios. Bajo la excusa del combate a la delincuencia, el Ejecutivo prepara el despliegue policial permanente en decenas de poblaciones, amplía las atribuciones coercitivas del Estado y anuncia incluso un nuevo estado de excepción destinado a enfrentar alteraciones del orden público. Lo que se presenta como una política contra el narcotráfico contiene, en realidad, los elementos de una política de ocupación territorial de sectores urbanos populares: copamiento policial, vigilancia tecnológica, extensión de facultades de detención, persecución de organizaciones, endurecimiento de las penas y eventual intervención militar en las ciudades.
No se trata de una exageración retórica. Kast anunció el despliegue permanente de policías en los 50 barrios considerados más críticos y posteriormente precisó que su Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo, ACOT, contempla la creación constitucional de un nuevo Estado de Excepción de Seguridad Pública. También propone modificar la llamada ley antibarricadas, ampliar las facultades policiales y reforzar la protección jurídica de carabineros, policías, gendarmes y miembros de las Fuerzas Armadas.
La cuestión decisiva consiste entonces en preguntar: ¿seguridad para quién y seguridad frente a quién?
Porque mientras el Gobierno identifica al delincuente de población como la amenaza principal de la sociedad chilena, la criminalidad que produce las consecuencias sociales más devastadoras permanece sistemáticamente fuera del cuadro: la violencia estatal, las violaciones a los derechos humanos, la corrupción empresarial, la evasión y elusión tributaria, los delitos económicos, la colusión, el fraude financiero, la explotación laboral y el saqueo organizado de los recursos públicos.
El caso de Gustavo Gatica constituye probablemente la imagen más brutal de esta contradicción. La justicia estableció que Claudio Crespo disparó la escopeta que provocó la ceguera de Gatica y, sin embargo, lo absolvió de responsabilidad penal, considerando su actuación amparada por la legítima defensa y aplicando retroactivamente la Ley Naín-Retamal. La paradoja resulta difícil de superar: el Estado puede constatar que uno de sus agentes efectuó el disparo que cegó a un manifestante y, simultáneamente, concluir que no corresponde sancionarlo penalmente.
Este precedente adquiere una dimensión política mucho mayor cuando el mismo aparato estatal que produjo y luego legitimó semejante resultado recibe nuevas atribuciones para entrar en las poblaciones, controlar territorios, ampliar detenciones, criminalizar barricadas y enfrentar futuras alteraciones del orden público.
Existe una coherencia profunda entre la megarreforma económica de Kast y su agenda de seguridad. En el terreno económico, el programa gubernamental persigue disminuir impuestos empresariales, reducir controles regulatorios, acelerar permisos de inversión, limitar el gasto público y proporcionar mayores garantías jurídicas al capital. La propia megarreforma fue construida sobre cinco pilares: competitividad tributaria, fortalecimiento del empleo formal, facilitación regulatoria, certeza jurídica y contención del gasto público.
Desde una perspectiva de clase, aquello no constituye una retirada general del Estado. El Estado simplemente cambia de función. Se vuelve más débil frente al capital y más fuerte frente al trabajo.Se reducen las trabas para los empresarios mientras aumentan las atribuciones policiales. Se flexibiliza la fiscalización económica mientras se intensifica la vigilancia territorial. Se proclama la necesidad de liberar a la inversión de la burocracia mientras se reclama más poder para detener, registrar, vigilar y castigar. Ese es el verdadero contenido de la fórmula.
La megarreforma funciona así como un inmenso mecanismo de transferencia de poder social hacia el capital y, al mismo tiempo, como un manto político de impunidad sobre aquella criminalidad económica estructural que nunca es presentada como una amenaza a la seguridad nacional. Kast habla largamente de narcotraficantes y delincuentes callejeros, pero su discurso guarda silencio sobre quienes desfalcan al Estado, evaden impuestos, corrompen funcionarios, organizan carteles empresariales o imponen condiciones laborales capaces de destruir literalmente la vida de miles de trabajadores.
Esta omisión no es accidental. Es una consecuencia de clase. Para el Estado capitalista el conflicto fundamental nunca consiste en proteger abstractamente a la sociedad frente a toda forma de violencia. Consiste en proteger determinadas relaciones sociales, especialmente la propiedad privada de los medios de producción y las condiciones necesarias para la acumulación del capital.
De ahí que una barricada pueda transformarse rápidamente en un asunto de seguridad nacional mientras una operación financiera capaz de defraudar millones continúa siendo tratada fundamentalmente como un asunto económico.
La falsa innovación constitucional y el reforzamiento del aparato represivo
En este punto aparece además uno de los aspectos más reveladores de la cadena nacional. Kast anunció solemnemente que enviaría una reforma constitucional para establecer que la protección de la seguridad de las personas constituye un deber del Estado. Llegó incluso a sostener que “por primera vez” la Constitución diría que proteger a la población constituye una obligación estatal. El artículo 1°, inciso quinto, de la Constitución vigente establece expresamente que es deber del Estado “dar protección a la población y a la familia”. Los constitucionalistas consultados por este medio advirtieron que el anuncio presidencial reproduce una obligación ya existente.
La verdadera pregunta, por consiguiente, es otra. Si la obligación ya existe, ¿para qué necesita Kast reformar la Constitución?
La explicación más plausible se encuentra en la necesidad de crear una habilitación constitucional más amplia para futuras leyes de seguridad, especialmente después de que el Tribunal Constitucional objetara normas de la llamada Ley de Escuelas Protegidas. Así se comprende el verdadero sentido de la operación.
No se pretende constitucionalizar algo que no existe. Se pretende utilizar la Constitución para ensanchar el espacio jurídico del aparato represivo. La diferencia es enorme. La reforma adquiere entonces el carácter de una cobertura constitucional para un conjunto posterior de normas sobre policías, controles, detenciones, estados de excepción y criminalización de determinadas formas de protesta.
La elección de las palabras tampoco es irrelevante. La agenda se denomina oficialmente Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo. El narcotráfico aparece unido al terrorismo; el terrorismo al control territorial; el control territorial a las barricadas; las barricadas a la alteración del orden público. El desplazamiento conceptual prepara también un desplazamiento jurídico.
La propuesta anunciada por Kast pretende modificar la legislación para que determinados bloqueos de calles puedan constituir delitos incluso sin violencia. Simultáneamente se estudia un nuevo estado de excepción para situaciones graves de seguridad pública. La experiencia histórica latinoamericana obliga a observar cuidadosamente esta evolución. Las doctrinas contrainsurgentes nunca comienzan declarando que su objetivo último son las organizaciones obreras, las huelgas o los movimientos sociales. Comienzan construyendo un enemigo interno cuya definición puede ampliarse progresivamente.
Primero el narcotraficante. Después el delincuente organizado. Luego el terrorista. Más tarde quien bloquea una calle. Finalmente quien altera el orden, como ocurrió ayer en la vergonzosa represión policial de una simple protesta de los trabajadores de la CONFUSAM. La elasticidad del concepto constituye precisamente su utilidad política.
No se trata de afirmar que todo operativo contra una organización narcotraficante constituya por sí mismo una política contrainsurgente. El problema está en la construcción de una arquitectura estatal que puede posteriormente emplearse contra fenómenos políticos y sociales completamente distintos de aquellos que justificaron originalmente su creación.
Y Chile conoce perfectamente ese mecanismo.
La oposición progresista y la continuidad del modelo de contrainsurgencia
La oposición parlamentaria progresista responde a esta ofensiva evitando cuidadosamente discutir su fundamento. Existen críticas, por supuesto. Hay cuestionamientos a determinadas facultades, reparos a la retórica gubernamental y demandas para incorporar mecanismos de persecución económica del crimen organizado. Pero la discusión continúa desarrollándose casi enteramente dentro del terreno conceptual impuesto por Kast.
La oposición no cuestiona en su raíz el fortalecimiento del aparato coercitivo del Estado. Discute sus modalidades. Ese dato resulta decisivo porque la agenda actual no cayó desde el cielo con Kast. El fortalecimiento de Carabineros, la legislación Naín-Retamal, la extensión de estados de excepción, el despliegue militar, la construcción del Ministerio de Seguridad Pública y la progresiva ampliación de las facultades represivas también fueron desarrollados bajo el gobierno de Gabriel Boric.
La extrema derecha lleva ahora esos instrumentos más lejos. Pero no los construyó desde cero. Por eso la oposición progresista encuentra enormes dificultades para formular una crítica de fondo: debería cuestionar una arquitectura institucional que ella misma ayudó a levantar. La Ley Naín-Retamal constituye el ejemplo más brutal. Fue promulgada durante el gobierno de Boric y posteriormente aplicada en el proceso que terminó con la absolución de Claudio Crespo. El progresismo puede lamentar ahora las consecuencias, pero no puede borrar su responsabilidad política en la construcción del dispositivo.
La confrontación parlamentaria que comienza alrededor de la ACOT corre así el riesgo de convertirse nuevamente en una disputa acerca de quién administra mejor la seguridad, no acerca de qué tipo de Estado se está construyendo.
La oposición pide levantar el secreto bancario. Kast propone más policías. Unos reclaman inteligencia económica. Otros exigen mayores penas. El debate transcurre entre distintas modalidades de administración del mismo aparato estatal. No existe, por tanto, una oposición estratégica entre dos modelos estatales.
Existe fundamentalmente una competencia dentro del régimen acerca de cómo perfeccionar su capacidad de control. Desde una perspectiva marxista, esta es la cuestión fundamental que queda deliberadamente fuera del debate parlamentario. El problema de la delincuencia en las poblaciones obreras es real. Son precisamente los trabajadores quienes sufren con mayor intensidad el narcotráfico, los robos, los homicidios y la degradación social producida por las bandas criminales.
Pero esa realidad no convierte automáticamente al fortalecimiento policial en una solución. Porque esas mismas poblaciones padecen también desempleo, precarización, endeudamiento, salarios insuficientes, abandono urbano y destrucción de los servicios públicos. El Gobierno pretende separar ambas dimensiones. Para la pobreza ofrece mercado. Para el desempleo, inversión privada. Para el barrio, policía. Para el conflicto social, estado de excepción.
Preparar el Estado para el conflicto que viene
La simultaneidad de la megarreforma y la ACOT revela entonces algo más profundo. El Gobierno está reorganizando el Estado para un período de mayores tensiones sociales. Por un lado amplía las condiciones para la acumulación capitalista: rebaja tributaria, desregulación, contención del gasto y garantías al inversionista. Por otro amplía las capacidades necesarias para enfrentar las consecuencias sociales de ese mismo programa.
No son dos agendas. Son una sola. La política económica produce las condiciones materiales del conflicto y la política de seguridad construye las herramientas para administrarlo. Por eso resulta insuficiente discutir si Kast exagera las cifras de delincuencia, si determinada norma tendrá eficacia penal o si su reforma constitucional reproduce una disposición existente. Todo eso importa, pero no toca todavía el núcleo político.
Lo que está apareciendo es una concepción integral del Estado: liberal frente al capital, autoritario frente al trabajo; flexible ante el empresario, implacable ante la protesta; indulgente frente a la violencia institucional y cada vez más duro frente a la población sometida a sus consecuencias. La absolución de Claudio Crespo adquiere en este contexto un significado que desborda completamente el proceso individual.
Un Estado que puede establecer que un agente policial disparó y cegó a un manifestante, absolverlo y posteriormente ampliar las atribuciones de ese mismo aparato represivo está enviando una señal política inequívoca.
La señal no está dirigida a los delincuentes. Está dirigida también al conjunto de la sociedad. Y sobre todo está dirigida a los trabajadores y a toda forma de resistencia social a la megarreforma. La tarea política de estos últimos no puede consistir en escoger entre la versión derechista y la versión progresista del Estado policial.
La lucha contra el narcotráfico y la descomposición social de los barrios populares no puede separarse de la lucha contra las condiciones económicas que los producen, ni puede entregarse a un aparato estatal cuya función fundamental continúa siendo garantizar el orden de la propiedad capitalista. La verdadera seguridad de la clase trabajadora no vendrá del copamiento policial de sus poblaciones.
Vendrá de su propia organización política independiente, de la defensa irrestricta de las libertades democráticas y de una lucha que cuestione tanto la violencia criminal que destruye los barrios como la violencia social, económica y estatal que organiza diariamente esta sociedad. Porque lo que Kast está construyendo bajo la palabra “seguridad” no es simplemente una política criminal. Es el aparato político y jurídico destinado a administrar los conflictos de la próxima etapa.