por Fernando López Mackenzie
La reciente condena de la Corte Suprema a Sergio Chiffelle Kirby no es un episodio judicial más: constituye un hito que interpela de manera directa a las instituciones que por décadas garantizaron la impunidad de los crímenes de la dictadura. El asesinato de Marcelo Barrios Andrade, joven de 21 años, militante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez y estudiante de Historia y Geografía en la Universidad de Playa Ancha, no solo marcó a Valparaíso en 1989 como uno de los últimos crímenes políticos de la dictadura, sino que permanece como una herida abierta en el movimiento estudiantil porteño, que lo reconoce como un mártir de sus luchas.
La Corte Suprema ratificó que Chiffelle —entonces capitán de corbeta de la Armada y jefe de la patrulla que ejecutó la operación— planificó el procedimiento no para detener, sino para dar muerte a Barrios. La versión oficial del “enfrentamiento”, con la que se pretendió justificar la ejecución, se derrumbó frente a la contundencia de las pruebas: Barrios fue acribillado a corta distancia, cuando ya no podía reaccionar, tras la detonación de explosivos que habían destruido gran parte de su vivienda en el Cerro Yungay. Los propios detectives de la PDI que llegaron al lugar hablaron de un hecho desproporcionado, de un escenario manipulado y de un relato fabricado para encubrir lo ocurrido.
Lo que otorga a este caso una gravedad mayor es que el autor material del crimen no fue un oscuro agente perdido en el anonimato. Chiffelle fue premiado por la Armada tras la operación con una anotación de mérito en su hoja de vida. Más aún, lejos de enfrentar sanción alguna, en 1996 se incorporó al Poder Judicial como procurador del número, cargo que llegó a desempeñar en la Corte de Apelaciones de Santiago. Por casi tres décadas transitó con normalidad por los pasillos de los tribunales, amparado por el silencio cómplice de la institucionalidad que lo cobijó. No fue sino hasta que el caso tomó curso judicial firme que fue suspendido de sus funciones en 2024, a la espera del fallo definitivo. La trayectoria de Chiffelle, de oficial de comandos a funcionario judicial, ilustra de manera descarnada el modo en que el Estado chileno protegió a los perpetradores, transformando al victimario en garante de legalidad.
La sentencia de 15 años de presidio ratificada ahora es un triunfo tardío y limitado, pues otros implicados fallecieron en la más absoluta impunidad y la cadena de responsabilidades institucionales quedó intacta. La propia familia de Marcelo Barrios lo ha expresado: la justicia llega con 36 años de retraso y “en la medida de lo posible”. No obstante, la condena permite desmontar el manto de olvido con el que se quiso clausurar la memoria de un crimen político y reafirma que Marcelo Barrios no fue un “terrorista” ni un enemigo abstracto, sino un joven estudiante, militante de un proyecto revolucionario, asesinado por el Estado cuando la dictadura se derrumbaba.
Valparaíso lo recuerda no solo como víctima de la represión, sino como parte de una generación que pagó con su vida la osadía de desafiar al régimen de Pinochet. La condena a Chiffelle, al mismo tiempo que desenmascara la impunidad institucionalizada, devuelve a Marcelo Barrios su lugar en la historia: el de mártir del movimiento estudiantil y popular, símbolo de la lucha contra la dictadura y de la resistencia a un orden que pretendió borrar a sus opositores a balazos y explosivos.