por Fernando López MacKenzie
La confirmación por parte de Washington y Teherán de un acuerdo destinado a poner término a casi cuatro meses de guerra constituye uno de los acontecimientos geopolíticos más significativos de los últimos años. Tras semanas de anuncios contradictorios, desmentidos, escaladas militares y negociaciones indirectas mediadas por Pakistán, Catar, Arabia Saudita y Turquía, ambas partes han ratificado un memorando que contempla el cese de hostilidades, la reapertura del estrecho de Ormuz y el inicio de una nueva fase de conversaciones sobre el programa nuclear iraní.
Sin embargo, la importancia del acuerdo no debe ocultar su fragilidad. Durante todo el proceso, Estados Unidos anunció reiteradamente avances que luego fueron negados por Irán. En distintos momentos Washington sostuvo que existían principios de acuerdo ya cerrados, mientras Teherán insistía en que los términos seguían abiertos o directamente rechazaba las versiones estadounidenses. Esa historia reciente revela que la desconfianza mutua no ha desaparecido y que el pacto descansa sobre una correlación de fuerzas todavía inestable.
Desde un punto de vista de clase, el aspecto decisivo del acuerdo no reside en sus cláusulas formales sino en lo que expresa acerca de los límites del poder estadounidense en la región. La guerra fue iniciada conjuntamente por Estados Unidos e Israel con el objetivo declarado de quebrar la capacidad estratégica iraní y forzar una modificación sustancial de su política regional. Sin embargo, después de meses de combates, Washington ha debido aceptar una negociación en la que los temas fundamentales permanecen pendientes y donde el propio programa nuclear iraní queda remitido a futuras conversaciones de sesenta días.
Ese hecho permite hablar de una derrota política relativa de Estados Unidos. No porque Irán haya obtenido todos sus objetivos ni porque Washington haya sido expulsado de la región, sino porque la guerra concluye sin alcanzar las metas que justificaron su inicio. El régimen iraní sigue existiendo, conserva su estructura estatal, mantiene capacidad militar significativa y continúa siendo reconocido como interlocutor legítimo por la propia potencia que buscaba someterlo. El compromiso iraní consiste formalmente en no desarrollar armas nucleares bajo el marco del Tratado de No Proliferación, pero no supone una capitulación estratégica ni una desarticulación de sus capacidades regionales.
La reapertura de Ormuz constituye otro indicador de esta situación. El estrecho es uno de los puntos neurálgicos del capitalismo mundial. La interrupción de su funcionamiento elevó los precios energéticos y amenazó con extender la crisis económica internacional. La necesidad de restablecer la libre circulación del petróleo terminó imponiéndose sobre los objetivos militares iniciales de Washington. En otras palabras, las exigencias de la acumulación capitalista mundial actuaron como un límite objetivo para la prolongación indefinida de la guerra.
Pero donde el acuerdo adquiere consecuencias más profundas es en relación con Israel. El gobierno de Benjamin Netanyahu aparece como el actor más incómodo frente al nuevo escenario. Durante las negociaciones, las operaciones israelíes en Beirut estuvieron a punto de hacer fracasar el entendimiento y provocaron críticas públicas de Donald Trump. Más aún, Israel ha rechazado vincular sus operaciones en Líbano al acuerdo y ha manifestado su intención de mantener tropas en el sur de ese país.
Esto revela una contradicción creciente entre los intereses inmediatos del Estado israelí y las necesidades estratégicas de Washington. Para Israel, la continuidad de la presión militar sobre Irán y sobre las organizaciones alineadas con Teherán constituye una necesidad existencial derivada de su propia doctrina de seguridad. Para Estados Unidos, en cambio, la prioridad parece haberse desplazado hacia la estabilización regional y la reapertura de los circuitos económicos afectados por la guerra. La divergencia no implica una ruptura de la alianza, pero sí muestra tensiones reales dentro del bloque imperialista.
Desde la perspectiva de Tel Aviv, el acuerdo representa una situación paradójica. Después de una guerra librada precisamente para neutralizar la influencia iraní, el resultado inmediato es el reconocimiento de Irán como actor indispensable en cualquier arquitectura de seguridad regional. Lejos de quedar aislada, la República Islámica emerge como interlocutor necesario en la negociación del orden de posguerra. Esta situación constituye un revés político para los sectores israelíes que aspiraban a una derrota decisiva de Teherán.
Sin embargo, sería un error interpretar el acuerdo como el comienzo de una paz duradera. Los asuntos fundamentales permanecen abiertos: el programa nuclear, las sanciones económicas, el destino del uranio enriquecido, la cuestión libanesa y el conjunto de las disputas regionales siguen sin resolución definitiva. Diversas fuentes coinciden en que el memorando actual es más bien un mecanismo para ganar tiempo y evitar una nueva escalada inmediata que una solución estratégica estable.
La contradicción central permanece intacta. Estados Unidos busca preservar su hegemonía en Oriente Próximo; Irán procura consolidar su autonomía estratégica; Israel intenta impedir el fortalecimiento de su principal adversario regional. Ninguno de esos objetivos ha desaparecido. El acuerdo expresa, por tanto, no la resolución del conflicto, sino una tregua impuesta por el agotamiento relativo de los contendientes y por las necesidades de estabilidad del mercado mundial.
Desde una óptica histórica, el pacto recuerda que incluso la principal potencia imperialista encuentra límites cuando intenta reorganizar por la fuerza regiones enteras del planeta. La guerra no produjo la capitulación iraní que algunos esperaban. Produjo, en cambio, una negociación. Y esa negociación, aunque precaria, constituye el reconocimiento implícito de que la correlación de fuerzas real fue muy distinta de la que Washington e Israel imaginaron al inicio de la campaña.