por Juan de Dios Abarca y Gustavo Burgos
El día de ayer, jueves 30 de octubre, se consumó el desalojo del Campamento Unión Sin Fronteras de Placilla. Este hecho —resistido por los pobladores con barricadas más por el honor que por una perspectiva de victoria— no es un episodio aislado ni una decisión administrativa más, sino un capítulo abierto de la guerra que el régimen ha declarado contra los pobladores, los trabajadores y el pueblo. El Estado chileno, en su forma más descarnada, mostró que la única respuesta que tiene para los reclamos populares es la represión y el despojo.
El operativo —ejecutado con brutalidad y sin el más mínimo resguardo humanitario— se llevó a cabo pese a que se encontraban pendientes recursos ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, impugnando la legalidad del procedimiento y denunciando la completa ausencia de medidas de mitigación: no hubo albergue, no hubo transporte ni protección para los bienes de las familias, muchas de ellas con niños, adultos mayores y personas enfermas. En nombre del “derecho de propiedad”, se violaron todas las garantías constitucionales que debieran proteger a los pobladores frente al poder patronal.
El Delegado Presidencial, Yanino Riquelme, militante del Partido Comunista, jugó un rol particularmente infame en esta tragedia. Mintió ante la Corte y a la opinión pública afirmando que se habían dispuesto medidas de mitigación que nunca existieron. Su conducta no sólo encubre una falta ética y política, sino que la inscribe en la lógica represiva de un Estado que, lejos de resguardar derechos, funciona como ejecutor de los intereses de los grandes propietarios. Este es el verdadero rostro del progresismo gobernante: el mismo que se dice heredero de las luchas sociales mientras envía fuerzas policiales a destruir viviendas obreras.
Este hecho deja al menos dos lecciones fundamentales. La primera es que el problema de la vivienda no puede ser resuelto en términos individuales, entregando a cada familia la responsabilidad de su propio destino. Más de un millón de familias en Chile viven hoy sin techo digno, y pretender que esta catástrofe social puede resolverse caso a caso es una forma de perpetuar la miseria. La historia demuestra que toda conquista de los trabajadores —salarios, educación, salud, vivienda, derechos políticos y libertades democráticas— ha sido resultado de la lucha colectiva. La debilidad y la fragmentación del movimiento de pobladores, su falta de organización y conducción política, explican por qué el Estado puede hoy avanzar con tanta impunidad sobre los más pobres.
La segunda lección es que este desalojo desnuda la verdadera naturaleza de clase del régimen y de su institucionalidad. Cuando los medios presentan la violencia estatal como una simple cuestión de “orden público” o “seguridad”, lo que hacen es encubrir el carácter patronal del sistema y de su democracia. En medio del actual proceso electoral, en que todos los partidos del régimen prometen “soluciones habitacionales”, se revela con claridad que las urnas no son sino el instrumento de legitimación de un orden que sólo puede sostenerse reprimiendo a quienes no tienen nada.
Por eso, hacemos un llamado urgente a todo el activismo social, sindical y político que ha acompañado estas luchas —como ocurrió en Lajarilla, en Viña del Mar, en marzo de este año— a reagruparse y levantar una trinchera común de lucha en solidaridad con los pobladores y contra los desalojos. La ofensiva del Estado contra el pueblo trabajador no se detendrá sola. Las luchas que vienen, los desalojos que ya se anuncian, y la miseria que se extiende obligan a actuar de inmediato, con organización, con conciencia de clase y con la certeza de que sólo la movilización colectiva podrá frenar esta guerra abierta del capital contra los pobres.