por El Porteño
El Director Regional de Gendarmería, Alberto Figueroa Quezada durante dos meses y medio ha instruido a su institución para dejar incumplida la resolución del Juzgado de Garantía que autoriza al preso político Juan Pablo Pirce Valenzuela para ser entrevistado por el medio de comunicación TeleSUR. Tal inobservancia se ha hecho en flagrante vulneración a su libertad de expresión, garantía que no amaga la orden de prisión preventiva que solo alcanza su libertad personal. Así lo ha entendido la jurisprudencia y así lo entendió el propio tribunal de Traiguén ordenando a Gendarmería a permitir tal entrevista.
Como consta del oficio que ponemos a disposición de nuestros lectores al final de esta nota, con fecha 8 de junio luego de haber pasado más de dos meses de rebeldía ante la orden judicial, el Director Regional ya indicado se permitió justificar su ilícito proceder señalando en él que solicita se revalúe la autorización que en esta entrevista se podría cuestionar el proceder de Gendarmería, el Poder Judicial y al propio Gobierno. Señala como fundamento la gravedad de las imputaciones que pesan sobre Pirce, imputaciones que debemos decir nada dicen sobre la responsabilidad penal del preso el que se encuentra amparado —mientras no sea condenado— por la presunción constitucional de inocencia.
La conducta vulneratoria de los DDHH perpetrada por el Director Regional de Gendarmería solo puede entenderse como expresión de la voluntad del Gobierno, del momento que la responsabilidad política de Gendarmería pende finalmente de la Ministra de Justicia del propio Gobierno de Boric. Cuando Alberto Figueroa deja incumplida una resolución judicial, vulnera la libertad de expresión de un ciudadano que ha sido —para mayor gravedad— autorizado por un Juzgado de Garantía para dar una modesta entrevista. El propio oficio se encarga de precisar que este proceder se realiza en ilícita protección de la imagen de Gendarmería, el Poder Judicial y el Gobierno. Es un a flagrante y explícita violación a un DDHH propiciado por un funcionario público que dirige una institución cuya finalidad es precisamente la contraria.
Esta conducta no ha sido la única sino que forma parte de un conjunto de acciones dirigidas en contra de los derechos fundamentales de Pirce. En ese contexto, la defensa ha insistido, a través de diferentes herramientas legales, como la cautela de garantía, recursos de apelación, protección y amparo, cambiar la medida cautelar de Juan Pablo Pirce o en su defecto hacer efectivo el traslado a algún centro Penitenciario dentro de la Región. Pero dichas medidas no han resultado conducentes, a pesar de existir fuertes indicios de una investigación sumamente irregular y serias dudas en cuanto a la autoría de dichos delitos, que por cierto, a instancias de diligencias planteadas por la propia defensa, se logró acreditar que 300 municiones encontradas en las casas contiguas a las de Juan Pablo pertenecen a Carabineros de Chile.
Juan Pablo fue detenido el 6 de abril del 2021, luego de haberse efectuado en su contra una denuncia anónima de dudosa legitimidad, a través del programa del Ministerio del Interior «Denuncia Seguro», acusándolo de tener abundante cantidad de plantas de marihuana en su hogar, en aquel procedimiento policial se constató que dichas circunstancias no eran efectivas, sin embargo, supuestamente habrían encontrado armas y municiones de distinto calibre en los domicilios contiguos al de Juan Pablo.
A la fecha Juan Pablo lleva 82 días en huelga de hambre y un año y dos meses en prisión preventiva en el Centro Penitenciario de Valdivia, a más de 260 km de distancia de su núcleo familiar. Actualmente recibe visitas 1 vez al mes y ha visto sólo en 2 oportunidades a sus hijos de 13 y 5 años de edad, desde el 1ro de junio de los corrientes perdió toda comunicación con su familia a través de las videollamadas autorizadas por gendarmería, las que fueron descontinuadas por haber mejorado las condiciones sanitarias en el país, según le informaron.
Respecto a su situación procesal, se está a espera de la audiencia de preparación de juicio oral, fijada para el 7 de julio, después de más de 6 meses en que el Ministerio Público pidiera aumento del plazo de investigación, dilatando el proceso y finalmente hace pocas semanas formulando acusación, pidiendo una condena de 20 años por los delitos de porte ilegal de armas, municiones y artefactos explosivos.