por El Porteño
La reciente sentencia dictada por el Juzgado de Letras y Garantía de Río Bueno contra Radio Bío Bío constituye un antecedente relevante para comprender el papel desempeñado por los grandes medios de comunicación en la construcción de una imagen degradada, sospechosa y criminal del pueblo mapuche. El tribunal acogió, en primera instancia, la acción presentada por la machi Millaray Huichalaf y estableció que dos reportajes publicados por el medio produjeron un resultado de discriminación arbitraria. La resolución cuestionó especialmente el uso reiterado de comillas para poner en duda su calidad de machi, el apelativo “la machi de los sacrificios” y otras fórmulas editoriales destinadas a instalar una valoración peyorativa de su persona y de su autoridad espiritual.
El fallo no prohíbe investigar ni criticar a una autoridad mapuche. Tampoco establece una censura previa ni niega la libertad de prensa. Su importancia radica precisamente en otra cuestión: reconoce que la discriminación puede encontrarse no solo en una afirmación abiertamente racista, sino también en la manera de titular, seleccionar, jerarquizar y presentar la información. Un medio de comunicación puede reproducir datos formalmente verdaderos y, sin embargo, construir con ellos una representación estigmatizante. Puede utilizar comillas, sobrenombres, asociaciones insinuadas y fuentes anónimas para convertir a una persona en una figura extravagante, peligrosa o moralmente degradada.
La sentencia ordenó modificar las publicaciones, eliminar expresiones discriminatorias, incorporar una explicación sobre las correcciones, realizar una capacitación para los periodistas del medio y pagar una multa. Radio Bío Bío anunció que apelará, por lo que el pronunciamiento todavía no se encuentra firme. No obstante, incluso en su actual condición de fallo de primera instancia, la resolución abre una grieta en la pretendida neutralidad con que los grandes medios presentan sus operaciones editoriales.
De la discriminación contra la machi Millaray a la persecución de Héctor Llaitul
El caso de la machi Millaray no debe ser considerado un exceso aislado ni una simple equivocación de estilo. Forma parte de una práctica más amplia de tratamiento mediático del movimiento mapuche autonomista, especialmente de aquellos sectores que enfrentan directamente la penetración forestal, hidroeléctrica, inmobiliaria y extractiva en Wallmapu. La prensa empresarial no se limita a informar acerca de ese conflicto: participa en la definición de sus protagonistas legítimos e ilegítimos, establece de antemano qué demandas pueden ser escuchadas y cuáles deben ser reducidas a problemas de seguridad pública.
En esa operación, la recuperación territorial deja de presentarse como una lucha contra la concentración de la propiedad y la expansión del capital forestal. La defensa de los ríos, los espacios ceremoniales y las formas comunitarias de vida desaparece detrás de expresiones como “violencia rural”. La resistencia a las empresas extractivas se transforma en “terrorismo”, y la autonomía política es presentada como una anomalía incompatible con el orden democrático.
La función ideológica de estas categorías es evidente. Al reemplazar el conflicto histórico, territorial y de clase por un relato policial, los medios consiguen que la violencia estructural ejercida sobre las comunidades desaparezca del campo visual. Ya no se habla de despojo, militarización ni concentración empresarial. Se habla de “macrozona sur”, “grupos radicalizados”, “narcoterrorismo” y “enemigos internos”. De esta manera, los intereses económicos existentes en Wallmapu aparecen como parte natural del paisaje, mientras quienes los enfrentan son convertidos en una amenaza excepcional.
El tratamiento dado a Héctor Llaitul constituye una de las expresiones más persistentes de esta práctica. Durante años, su figura ha sido utilizada como una suerte de fetiche informativo mediante el cual se pretende representar al conjunto del movimiento autonomista mapuche. Su pensamiento político, la historia de la Coordinadora Arauco-Malleco y su crítica a la reproducción del gran capital en Wallmapu son desplazados por una narración centrada en su personalidad, sus relaciones privadas, sus supuestas desviaciones y toda clase de caracterizaciones destinadas a producir rechazo.
Desde la prisión, Llaitul denuncia que Radio Bío Bío lo ha presentado reiteradamente no solo como terrorista, sino también como un individuo demente, desviado o corrupto. Agrega que desde hace años se le ha convertido en un “fetiche” mediático, bajo etiquetas como “terruco” o “narcoterrorista”, y sostiene que el hostigamiento se profundizó antes, durante y después de su detención.
En su denuncia también recuerda el comportamiento de Radio Bío Bío durante el caso Huracán: la amplia difusión inicial de las imputaciones policiales y el posterior silencio o repliegue cuando quedó al descubierto que las pruebas digitales habían sido manipuladas.
El caso Huracán demostró que la producción de la figura del “terrorista mapuche” no surgía simplemente de hechos objetivos posteriormente recogidos por los medios de comunicación. Carabineros fabricó mensajes y antecedentes para sostener la existencia de una asociación ilícita terrorista. Sin embargo, durante la etapa inicial del operativo, buena parte de la prensa difundió las versiones policiales como si se tratara de hechos probados. La espectacularidad de las detenciones, los informes de inteligencia y las supuestas conversaciones intervenidas fueron presentados antes de que existiera una posibilidad real de contradicción.
Cuando el montaje comenzó a derrumbarse, no se produjo una rectificación equivalente al despliegue utilizado para instalar las acusaciones. La sospecha permaneció adherida a los imputados, aunque la prueba que la había originado estuviera corrompida. Esa asimetría es una de las principales formas de violencia mediática: la acusación ocupa portadas; la falsedad que posteriormente la desmiente se reduce a una nota secundaria.
Llaitul sostiene que Radio Bío Bío se ha involucrado “derechamente en operaciones de inteligencia con policías y fiscales antimapuche persecutores”. Se trata de una denuncia grave que debe ser investigada y no transformada irresponsablemente en una afirmación sin prueba. Sin embargo, existen antecedentes que permiten advertir una frontera cada vez más difusa entre investigación penal, vigilancia política y explotación periodística de información obtenida por organismos policiales.
La investigación contra Llaitul incluyó interceptaciones y transcripciones de conversaciones con diversos periodistas. También se recopilaron fichas, direcciones, números telefónicos y otros antecedentes personales de profesionales de la prensa. Esto muestra que el circuito de vigilancia no afectó exclusivamente al dirigente mapuche, sino también a quienes mantenían contacto informativo con él.
En mayo de 2024, Radio Bío Bío publicó extensos contenidos extraídos del teléfono de Llaitul. El reportaje no se limitó a examinar hechos eventualmente relevantes para la investigación penal. Expuso conversaciones familiares, vínculos personales y comunicaciones con periodistas, presentándolas mediante una narración orientada a desnudar la intimidad y el entorno del dirigente. El propio título utilizado por el medio afirmaba que aquellos chats habrían “sellado la caída de Llaitul”.
En este punto, la función periodística comienza a confundirse con la prolongación pública del expediente policial. Las comunicaciones obtenidas mediante facultades intrusivas del Estado dejan de estar circunscritas a la investigación de hechos determinados y pasan a convertirse en material para el espectáculo mediático. La vida privada del perseguido es ofrecida al público como prueba general de su degradación personal.
Así puede entenderse la denuncia de Llaitul respecto de la forma en que se lo ha retratado incluso como un hombre enamorado de una periodista, involucrando además a sus hijos y a personas de su entorno. No se trataba simplemente de informar acerca de cargos judiciales. Se construía un personaje: el dirigente peligroso, pero también ridiculizado; el supuesto revolucionario corrompido por sus relaciones personales; el “terrorista” convertido en objeto de curiosidad y escarnio.
Esta personalización extrema cumple una función política. Impide discutir el contenido del autonomismo mapuche. En lugar de debatir sobre la propiedad forestal, la recuperación territorial, la autodeterminación o la militarización, se invita al público a observar la intimidad de Llaitul. El conflicto histórico queda sustituido por una biografía policial y sentimental.
La prensa burguesa como engranaje de la criminalización
La prensa empresarial suele defender estas prácticas invocando la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a estar informada. Ambos derechos deben ser defendidos. Pero la libertad de prensa no puede confundirse con la inmunidad política y jurídica de las empresas periodísticas.
En una sociedad capitalista, la prensa dominante no constituye una institución situada fuera de las relaciones de propiedad. Los grandes medios son empresas sometidas a intereses económicos, estructuras de financiamiento, vínculos publicitarios y relaciones políticas determinadas. Su selección de fuentes, su jerarquización informativa y su lenguaje reproducen, de manera general, los límites del orden social del cual forman parte.
Esto no significa que cada periodista reciba instrucciones directas de una empresa forestal o de una repartición policial. La relación es más profunda. El sentido común de las redacciones ya se encuentra organizado por las categorías del Estado y de las clases dominantes. La propiedad privada empresarial aparece como legítima por naturaleza. La recuperación territorial, en cambio, debe demostrar permanentemente su legitimidad. La violencia estatal se presenta como “restablecimiento del orden”; la resistencia de los oprimidos, como una amenaza contra la convivencia.
La prensa burguesa desempeña así una doble función. Por una parte, legitima la expansión del capital sobre los territorios. Por otra, prepara subjetivamente las condiciones para la represión. Antes de la intervención policial debe producirse una separación simbólica: los perseguidos deben aparecer ante la sociedad como individuos peligrosos, irracionales o moralmente inferiores. Una vez realizada esa operación, la prisión preventiva, la militarización, las leyes excepcionales y las condenas desproporcionadas pueden presentarse como respuestas inevitables.
Radio Bío Bío ocupa una posición especialmente importante en este entramado. Se ha construido una identidad pública asociada a la independencia, la inmediatez y la fiscalización del poder. Precisamente por ello, sus operaciones editoriales poseen una eficacia superior a la propaganda abierta de los medios reconocidamente conservadores. La criminalización no se presenta como doctrina ideológica, sino como periodismo investigativo; no aparece como defensa del capital forestal, sino como búsqueda de la verdad.
El fallo obtenido por la machi Millaray permite observar el mecanismo en una escala concreta. El tribunal no cuestionó la existencia del reportaje ni impidió recoger voces críticas. Cuestionó la forma reiterada de poner entre comillas su autoridad, de fijarle un sobrenombre degradante y de organizar el texto de manera que produjera un efecto discriminatorio. La relevancia política de esa conclusión excede el caso particular: muestra que el lenguaje periodístico no es un recipiente neutral, sino una forma activa de intervención sobre la realidad.
Existe una continuidad entre denominar a Millaray Huichalaf “la machi de los sacrificios” y presentar permanentemente a Llaitul como “terrorista”, “narcoterrorista”, “corrupto” o demente. En ambos casos, la persona concreta desaparece bajo una etiqueta. La etiqueta precede a la información y condiciona su lectura.
Una vez instalado el apodo, cada antecedente posterior parece confirmarlo. Si la machi participa en una ceremonia, el rito se presenta bajo una atmósfera siniestra. Si Llaitul conversa con un periodista, la comunicación se vuelve sospechosa. Si habla con sus hijos, su familia puede ser incorporada al relato policial. Si una comunidad recupera un terreno, el hecho se integra automáticamente a una narración terrorista.
El estereotipo cumple así la función de una condena anticipada. No necesita demostrar cada imputación: le basta con organizar un campo de asociaciones. Terrorismo, narcotráfico, armas, clandestinidad, locura, fanatismo y corrupción aparecen enlazados hasta formar una imagen general. El lector puede no conocer las pruebas de una causa determinada, pero ya ha aprendido qué debe sentir frente al acusado.
El pronunciamiento del Juzgado de Río Bueno sugiere que este poder de nominación encuentra límites. La libertad de prensa no autoriza a negar mediante recursos editoriales la identidad cultural de una autoridad indígena ni a producir arbitrariamente su degradación pública. Pero la lucha contra la criminalización mediática no puede descansar únicamente en los tribunales. La misma institucionalidad que eventualmente sanciona un tratamiento discriminatorio es la que ha permitido durante décadas la aplicación de leyes de excepción, la militarización territorial y la persecución penal de dirigentes mapuche.
La sentencia representa un punto de apoyo, no una solución definitiva. Su valor está en revelar que el discurso periodístico puede constituir una práctica material de discriminación. Corresponde extender esa conclusión hacia el conjunto del tratamiento recibido por el movimiento autonomista.
La denuncia formulada por Héctor Llaitul exige esclarecer las relaciones existentes entre medios de comunicación, policías, fiscalías y organismos de inteligencia. Es necesario determinar cómo llegan antecedentes reservados a determinadas redacciones, bajo qué criterios se publican conversaciones privadas, qué interés público justifica involucrar a familiares y qué mecanismos de contraste se utilizan antes de reproducir imputaciones policiales.
No toda filtración constituye periodismo de investigación. Una filtración también puede ser el instrumento mediante el cual un organismo persecutor instala públicamente aquello que todavía no puede probar judicialmente. El medio que recibe ese material debe determinar si está revelando un abuso estatal o si, por el contrario, está siendo utilizado para ejecutar una operación de desprestigio.
En el caso del movimiento mapuche autonomista, esta pregunta adquiere una urgencia especial. La larga historia de montajes, testigos protegidos, infiltraciones, aplicación de legislación excepcional y campañas de estigmatización impide conceder automáticamente credibilidad a las versiones de los aparatos represivos. El caso Huracán debió haber producido una revisión radical de los protocolos periodísticos. No ocurrió. Las mismas categorías y fuentes continuaron organizando la cobertura.
El verdadero fondo del fallo favorable a la machi Millaray es, por tanto, político. La resolución permite cuestionar la prerrogativa que los grandes medios se atribuyen para nombrar, clasificar y degradar a quienes resisten al capital en Wallmapu. La prensa empresarial no solamente relata la persecución: con demasiada frecuencia crea el clima que la hace posible, proporciona sus justificaciones y extiende sus efectos más allá de los tribunales.
La lucha contra la reproducción del gran capital en territorio mapuche enfrenta no solo a las forestales, las hidroeléctricas y el aparato estatal. Enfrenta también una maquinaria de representación destinada a presentar ese orden como natural y a sus adversarios como criminales o perturbados.
Por eso, defender a la machi Millaray frente al trato discriminatorio de Radio Bío Bío y denunciar el hostigamiento mediático sufrido por Héctor Llaitul forman parte de una misma batalla. Es la disputa por romper el cerco informativo que convierte el despojo en normalidad, la resistencia en terrorismo y la persecución política en noticia policial.
La prensa burguesa exige libertad para investigar a los oprimidos. Esa libertad debe existir. Pero los pueblos también tienen derecho a investigar a la prensa: sus propietarios, sus fuentes, sus vínculos con el aparato represivo, sus silencios, sus operaciones y los intereses materiales que se esconden detrás de su pretendida neutralidad.