por El Porteño

El testimonio de Sergio Grez sobre su experiencia en el Partido Comunista Revolucionario no debe ser leído únicamente como el relato personal de un joven militante durante los años de la Unidad Popular y los comienzos de la dictadura. Su interés político reside en que permite reconstruir una determinada concepción de la militancia revolucionaria, de la organización clandestina y de las relaciones de solidaridad que hicieron posible la supervivencia material y política de quienes fueron perseguidos después del golpe de Estado.

La memoria individual aparece indisolublemente ligada a una historia colectiva. Grez no habla solamente de lo que le ocurrió, sino de una generación que ingresó a la actividad política en un período caracterizado por la intensificación de la lucha de clases, la expansión de las organizaciones populares y la convicción de que el socialismo constituía una posibilidad histórica concreta. El golpe del 11 de septiembre de 1973 destruyó violentamente ese escenario, pero no eliminó de manera inmediata las organizaciones, las lealtades ni los vínculos construidos durante los años anteriores.

Una de las primeras ideas que emerge del testimonio es que la militancia revolucionaria no era concebida como una actividad complementaria de la vida cotidiana. No se trataba simplemente de asistir a reuniones, participar en campañas o adherir intelectualmente a determinadas ideas. La militancia comprometía la totalidad de la existencia: el tiempo, las relaciones personales, los estudios, el trabajo, la seguridad y, en determinadas circunstancias, la propia vida.

Esta concepción expresa una diferencia profunda respecto de la política institucional contemporánea. Para buena parte de la izquierda revolucionaria de los años sesenta y setenta, la organización no era un simple instrumento electoral, sino la forma consciente mediante la cual una clase social podía intervenir en la historia. El militante debía formarse políticamente, asumir tareas, someterse a una disciplina colectiva y comprender que sus decisiones individuales podían tener consecuencias para el conjunto de la organización.

Esa entrega no puede ser reducida a fanatismo o ingenuidad juvenil. Surgía de una lectura histórica concreta: la sociedad chilena estaba dividida en clases con intereses irreconciliables y el Estado no constituía un árbitro neutral, sino una estructura destinada, en último término, a preservar el orden capitalista. El golpe confirmó brutalmente esa percepción. Cuando los mecanismos institucionales dejaron de contener el conflicto social, las Fuerzas Armadas intervinieron para restablecer mediante la violencia el dominio de las clases propietarias.

La militancia revolucionaria se construía, por tanto, sobre una determinada interpretación del poder. El problema político fundamental no consistía simplemente en ganar elecciones o ampliar derechos dentro del sistema, sino en crear una fuerza social y política capaz de disputar la dirección de la sociedad. La pertenencia de Grez al Partido Comunista Revolucionario sitúa su experiencia dentro de una corriente que cuestionaba la estrategia gradualista dominante en la izquierda tradicional. Influido por el maoísmo y por las rupturas ocurridas en el movimiento comunista internacional, el PCR sostenía una posición crítica frente a la posibilidad de alcanzar el socialismo exclusivamente mediante la institucionalidad estatal.

Aunque sus dimensiones organizativas fueron menores que las del Partido Comunista, el Partido Socialista o el MIR, su existencia expresaba la diversidad ideológica y estratégica de la izquierda chilena. El proceso revolucionario no era comprendido de manera uniforme. Mientras algunos sectores apostaban por una transición institucional apoyada en la movilización popular, otros advertían que la burguesía y el imperialismo no aceptarían pacíficamente una transformación que amenazara la propiedad capitalista y el control del aparato estatal.

Del ascenso revolucionario al terror contrarrevolucionario

El golpe pareció confirmar la advertencia de quienes sostenían que las clases dominantes recurrirían a la violencia cuando vieran amenazado su poder. Sin embargo, la derrota también expuso las limitaciones de las organizaciones revolucionarias. La certeza teórica acerca de la violencia de la reacción no se había traducido en una capacidad política, organizativa y militar suficiente para enfrentarla.

El testimonio invita, por ello, a evitar dos interpretaciones simplificadoras. La primera consiste en afirmar que toda estrategia revolucionaria fue irresponsable porque habría provocado la reacción militar. Esa lectura desplaza la responsabilidad histórica desde los golpistas hacia quienes intentaban transformar la sociedad. La segunda consiste en suponer que la justeza general de una perspectiva revolucionaria bastaba para garantizar su victoria. La historia demostró que una orientación correcta en términos generales no reemplaza la construcción efectiva de fuerza social, dirección política, implantación obrera y preparación estratégica.

El golpe modificó radicalmente el significado de la actividad política. Las tareas que antes podían desarrollarse públicamente —reunirse, imprimir propaganda, trasladarse, debatir o mantener contactos— se convirtieron en acciones potencialmente mortales. La clandestinidad no fue simplemente la continuación secreta de la militancia anterior. Supuso una transformación completa de sus formas, sus ritmos y sus relaciones humanas.

La organización clandestina exigía compartimentación, utilización de nombres políticos, control de la información, disciplina en los desplazamientos y reducción de los vínculos visibles. Cada contacto podía transformarse en un riesgo. Cada error individual podía comprometer a una red completa. Pero la clandestinidad generaba, al mismo tiempo, un problema político decisivo: la separación entre la organización y las masas. Una organización perseguida debe proteger a sus militantes, pero al hacerlo corre el peligro de aislarlos de aquellos sectores sociales a los que pretende representar. La seguridad puede convertirse en encierro; la compartimentación, en fragmentación; la disciplina, en pérdida de iniciativa política.

La clandestinidad era indispensable para sobrevivir, pero la mera supervivencia no equivalía al desarrollo de una política revolucionaria. Una organización puede conservar militantes, estructuras y contactos y, sin embargo, perder la capacidad de interpretar el movimiento real de la sociedad e intervenir en él. Esta contradicción constituye una de las lecciones fundamentales del período. La represión no solo eliminó físicamente a miles de militantes. También destruyó espacios de deliberación colectiva, redes territoriales, organizaciones sindicales y formas públicas de experiencia política. La dictadura buscó impedir que los trabajadores y los sectores populares pudieran reconocerse como una fuerza histórica independiente.

La represión no fue un exceso cometido por agentes descontrolados ni una reacción exclusivamente militar frente a una crisis institucional. Fue el instrumento mediante el cual se destruyó una correlación de fuerzas sociales que amenazaba el dominio capitalista.

La persecución contra los militantes del PCR y de otras organizaciones revolucionarias formó parte de una ofensiva contra el conjunto del movimiento obrero y popular. La intervención militar en fábricas, universidades, poblaciones, sindicatos y campos buscaba desarticular toda capacidad colectiva de resistencia. La tortura poseía, dentro de este dispositivo, una función política. No estaba orientada únicamente a obtener información. Buscaba destruir la identidad del militante, quebrar las relaciones de confianza y convertir a cada detenido en una posible vía de acceso hacia la organización.

La dictadura pretendió eliminar no solo organizaciones, sino también memorias, lenguajes y tradiciones de lucha. Por ello, la recuperación de estos testimonios resulta inseparable de la disputa por el sentido histórico del golpe de Estado. La memoria institucional suele organizar el pasado mediante la oposición entre democracia y dictadura, destacando legítimamente las violaciones de los derechos humanos. Sin embargo, esa perspectiva puede resultar insuficiente cuando separa la represión de las luchas sociales y políticas que la precedieron.

Los militantes revolucionarios no fueron perseguidos exclusivamente por tener opiniones distintas ni por defender genéricamente la democracia. Fueron perseguidos porque integraban organizaciones que buscaban alterar las relaciones de propiedad y poder. Reducirlos únicamente a la condición de víctimas puede borrar aquello que daba sentido a sus vidas y explicaba la violencia desplegada contra ellos. Eran víctimas del terrorismo de Estado, pero también eran sujetos políticos, organizadores y portadores de proyectos estratégicos.

El valor del relato de Grez consiste precisamente en restituir esa dimensión. La memoria no aparece solamente como duelo o reparación, sino como interrogación política. ¿Qué proyectos fueron derrotados? ¿Cuáles fueron sus aciertos y errores? ¿Qué formas de organización desarrollaron? ¿Por qué no lograron impedir el triunfo de la contrarrevolución?

Una memoria verdaderamente crítica no idealiza a los derrotados, pero tampoco acepta la versión histórica de los vencedores. Examina las experiencias revolucionarias desde sus propios objetivos, posibilidades y contradicciones.

La tragedia de 1973 no puede explicarse por falta de heroísmo. Miles de militantes demostraron valentía, disciplina y disposición al sacrificio. El problema central fue político. La burguesía, el imperialismo y las Fuerzas Armadas actuaron con una estrategia coherente de restauración del orden, mientras las fuerzas populares permanecieron divididas entre la confianza en la institucionalidad, la preparación insuficiente de una respuesta armada y diversas concepciones acerca del carácter y las tareas de la revolución.

Las organizaciones revolucionarias anticiparon correctamente la posibilidad del golpe, pero no consiguieron construir una alternativa de poder capaz de enfrentarlo. Este balance no disminuye su valor histórico. Por el contrario, permite extraer lecciones que la mera conmemoración tiende a ocultar.

El ayudismo como infraestructura política de la resistencia

Uno de los aspectos más significativos del testimonio es la importancia del llamado ayudismo. El concepto puede parecer secundario frente a las grandes discusiones sobre estrategia, insurrección, partido o poder. Sin embargo, en condiciones represivas, el ayudismo constituye una verdadera infraestructura política.

Dar refugio a un perseguido, facilitar un traslado, entregar dinero, guardar documentos, conseguir alimentos, transmitir un mensaje o prestar una vivienda eran acciones aparentemente modestas. Sin ellas, ninguna organización clandestina podía sobrevivir. El ayudismo demuestra que la política revolucionaria no se sostiene únicamente en los dirigentes visibles ni en quienes realizan las acciones más arriesgadas. Depende de una extensa red de personas que, sin ocupar necesariamente posiciones formales dentro de la organización, aportan recursos, confianza y protección.

Muchas veces esas redes estaban integradas por familiares, amigos, vecinos, antiguos compañeros de estudio o de trabajo y personas que no poseían una militancia orgánica. En ellas se borraba parcialmente la frontera entre militante y simpatizante. Quien escondía a un perseguido, servía como enlace o trasladaba información asumía riesgos semejantes a los de un miembro de la organización.

La represión comprendió perfectamente esta realidad. Por eso persiguió no solo a los cuadros políticos, sino también a quienes los alimentaban, alojaban, protegían o ayudaban a salir del país. El ayudismo expresa así una forma elemental, pero decisiva, de poder popular. Allí donde el Estado había convertido la persecución en política oficial, una parte de la sociedad construía mecanismos paralelos de protección. Frente al aparato represivo se levantaba una legalidad moral distinta, fundada en la convicción de que salvar al perseguido era legítimo, aunque fuese ilegal bajo la dictadura.

La solidaridad no aparece en este testimonio como un sentimiento abstracto ni como una virtud privada. Es una práctica material. Implica asumir costos, compartir recursos y exponerse por otro. Por ello posee un contenido profundamente político.

La dictadura buscó reorganizar la sociedad mediante el miedo y el aislamiento. La detención, la tortura y la desaparición tenían como finalidad inmediata destruir a las organizaciones opositoras, pero perseguían también un objetivo más amplio: convencer a cada individuo de que estaba solo y de que cualquier vínculo político podía conducir a la prisión o a la muerte. La solidaridad desafiaba precisamente esa lógica. Cada refugio, cada enlace y cada gesto de apoyo negaban el aislamiento impuesto por el terror. Allí donde el régimen intentaba convertir a la sociedad en una suma de individuos temerosos, las redes clandestinas reconstruían formas de comunidad.

Esta dimensión adquiere especial importancia porque expresa el enfrentamiento entre dos modelos sociales. Por una parte, la dictadura impuso una reorganización capitalista basada en la competencia, la privatización y la fragmentación del mundo del trabajo. Por otra, las redes de resistencia se fundaban en la cooperación, la confianza y la responsabilidad colectiva. La solidaridad no era solamente un medio para preservar militantes. Contenía, en forma embrionaria, valores opuestos a los del nuevo orden neoliberal. Mientras la dictadura promovía la supervivencia individual y la adaptación, la resistencia afirmaba que la vida de cada perseguido constituía una responsabilidad común.

El relato también permite comprender que la militancia clandestina dependía profundamente de relaciones afectivas. La amistad, el compañerismo, el amor y la confianza no se encontraban fuera de la política. Constituían una condición para su existencia. Las organizaciones suelen describirse mediante estructuras, líneas políticas y órganos dirigentes. Sin embargo, en situaciones extremas, su funcionamiento real descansa en vínculos humanos. Una persona entrega una llave, guarda silencio durante un interrogatorio o arriesga su seguridad porque existe una relación previa de confianza, lealtad y responsabilidad.

Esto no significa sustituir la organización por la amistad. Las relaciones personales también podían producir vulnerabilidades, improvisación y fallas de seguridad. Pero ninguna disciplina formal puede sostenerse durante mucho tiempo sin una comunidad moral que la respalde. La militancia aparece así como una relación entre convicción política y vínculo humano. Los militantes resistían porque compartían un proyecto histórico, pero también porque se sentían responsables de compañeros concretos, con nombres, rostros y biografías determinadas.

En el fondo del testimonio existe una ética revolucionaria. No una moral abstracta construida a partir de principios universales separados de la realidad, sino una ética de la responsabilidad hacia los compañeros y hacia el proyecto colectivo. En condiciones de clandestinidad, cada conducta adquiría consecuencias que excedían al individuo. Una imprudencia podía provocar detenciones; un silencio podía salvar vidas; una ayuda aparentemente menor podía sostener una red completa.

Esta ética se opone tanto al individualismo liberal como a la obediencia burocrática. El militante no actúa simplemente porque una autoridad le ordena algo. Lo hace porque comprende conscientemente que sus decisiones forman parte de una lucha común. La disciplina revolucionaria, entendida de esta manera, no consiste en la anulación del individuo, sino en la comprensión de que la libertad personal no puede realizarse plenamente al margen de la emancipación colectiva.

La actualidad del testimonio reside en que obliga a preguntarse qué queda hoy de aquellas formas de solidaridad y compromiso. La izquierda institucional ha tendido a convertir la política en administración, campaña electoral, negociación parlamentaria y presencia mediática. La militancia ha sido reemplazada con frecuencia por equipos profesionales, asesores, operadores y funcionarios. La organización territorial y obrera aparece subordinada al calendario electoral. La política se concentra en la representación institucional, mientras se debilitan los vínculos estables capaces de sostener una fuerza social independiente.

Frente a ello, el relato de Grez recuerda que una política transformadora requiere organización, formación ideológica, confianza y disposición a asumir responsabilidades colectivas. Ninguna fuerza social puede disputar el poder si solo se reúne durante las elecciones o si su existencia depende exclusivamente de dirigentes públicos.

Recuperar el valor de aquella militancia no significa, sin embargo, reproducir mecánicamente sus formas. La clandestinidad fue una respuesta a condiciones históricas específicas. Lo que debe rescatarse no es el culto al secreto ni el sacrificio por sí mismo, sino la capacidad de construir organización, solidaridad material y vínculos duraderos.

También es necesario superar las debilidades que contribuyeron a la derrota: el aislamiento de algunos grupos, la fragmentación estratégica, la insuficiente implantación en sectores decisivos de la clase trabajadora y la tendencia a confundir radicalidad verbal con capacidad real de intervención.

El testimonio de Sergio Grez conserva la experiencia de una militancia derrotada, pero no políticamente agotada. Sus recuerdos muestran que la resistencia a la dictadura no se sostuvo únicamente en grandes acciones o declaraciones públicas. Se sostuvo también en casas prestadas, documentos escondidos, mensajes transmitidos, alimentos compartidos y personas dispuestas a protegerse mutuamente.

Esa trama constituye una historia subterránea de la lucha de clases. Allí se revela que la organización revolucionaria no es únicamente un programa ni una estructura dirigente. Es también una relación social construida entre personas que aprenden a actuar colectivamente. La memoria de la clandestinidad y del ayudismo no debe quedar reducida a una evocación nostálgica. Debe convertirse en balance. La derrota exige comprender tanto la violencia y la determinación del enemigo como las limitaciones políticas y estratégicas propias. Solo así la memoria puede dejar de ser una ceremonia y transformarse en conocimiento para las luchas futuras.

La principal enseñanza del testimonio es que, incluso bajo las condiciones más adversas, la dominación nunca logra eliminar completamente la solidaridad. El terror puede desarticular organizaciones, pero no puede impedir de manera absoluta que los seres humanos reconstruyan vínculos de confianza y resistencia.

En esa capacidad reside una promesa histórica. Las redes que permitieron ocultar, alimentar y trasladar a los perseguidos demostraron que bajo la superficie del orden dictatorial subsistía otra sociedad posible: una comunidad fundada no en la competencia, sino en la cooperación; no en la obediencia al poder, sino en la responsabilidad hacia los demás.

Escuchar este testimonio significa, por ello, algo más que conocer un episodio del pasado. Significa aproximarse a una experiencia política que continúa planteando preguntas decisivas: cómo se construye una organización revolucionaria, cómo se enfrenta la represión, cómo se conserva el vínculo con las masas y cómo una derrota puede transformarse en aprendizaje para las luchas futuras.