El próximo lunes 13 de julio, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco dará a conocer las condenas que impondrá en el denominado Caso Lautaro, proceso seguido contra comuneros mapuche vinculados a la Coordinadora Arauco Malleco. Ante la proximidad de esta resolución, el Grupo de Apoyo a los Presos Políticos Mapuche entrevistó al abogado y director de la revista El Porteño, Gustavo Burgos, para examinar los alcances jurídicos y políticos del veredicto.
En la conversación, Burgos aborda la derrota probatoria sufrida por el Ministerio Público respecto de algunas de las imputaciones más graves. El tribunal absolvió a los acusados de los delitos de porte ilegal de arma de fuego, porte de arma prohibida y disparos injustificados, al considerar que las pruebas presentadas no permitían atribuir dichas conductas a personas determinadas más allá de toda duda razonable. Al mismo tiempo, otros cargos fueron recalificados y no se acogieron algunas de las circunstancias agravantes invocadas por la acusación.
Sin desconocer la gravedad de las condenas que subsisten, la entrevista sitúa estas absoluciones dentro de una discusión más amplia: la utilización del proceso penal como instrumento de persecución política contra las organizaciones mapuche, la prolongada prisión preventiva soportada por los acusados y la tendencia a sustituir la prueba directa de los hechos por consideraciones relacionadas con la militancia, la pertenencia territorial y la vinculación con la CAM.
El Caso Lautaro se desarrolla, además, en una región sometida durante años a estados de excepción, presencia militar y expansión de las facultades policiales. En este contexto, la persecución judicial aparece vinculada a la defensa de la propiedad forestal y, particularmente, a los intereses de Hancock Chilean Plantations, empresa querellante asociada a capitales financieros canadienses y poseedora de extensas inversiones forestales en el sur de Chile.
La entrevista también destaca el papel desempeñado por las familias, las defensas jurídicas, los observadores de derechos humanos y las organizaciones solidarias. Su intervención ha permitido disputar públicamente el relato oficial que presenta el proceso como una causa criminal aislada, separándolo artificialmente de la militarización del Wallmapu, de la histórica usurpación territorial y de la ofensiva estatal y empresarial contra el movimiento mapuche organizado.
Diversas organizaciones y observadores han denunciado que la causa se apoya en pruebas débiles, entre ellas la llamada telefónica de un testigo anónimo que no compareció ante el tribunal, y han cuestionado la actuación coordinada de la Fiscalía, los querellantes estatales, la empresa forestal y las fuerzas policiales. Asimismo, han llamado a mantener la solidaridad con los condenados y a enfrentar lo que caracterizan como una ofensiva empresarial, política y judicial contra el pueblo mapuche.
La sentencia del 13 de julio determinará la magnitud concreta de las penas. Sin embargo, el proceso ya ha dejado expuestas las grietas de una acusación que pretendía demostrar la existencia de una operación armada y organizada, pero que no consiguió acreditar varios de sus elementos centrales.
Presentamos esta entrevista como una contribución al debate y como un llamado a mantener la atención y la movilización frente a una resolución que no afecta únicamente a los acusados y a sus familias. En el Caso Lautaro se discute también el carácter político de la prisión mapuche, la continuidad de la militarización estatal y el derecho del pueblo mapuche a resistir la ocupación empresarial de su territorio.