por Andrés Águila
1.Introducción
En los primeros meses del gobierno de Gabriel Boric comenzó a instalarse una idea que buscaba definir el carácter social de la nueva administración. En distintos discursos, el propio presidente señaló que su objetivo era que el suyo fuera “el gobierno de las y los trabajadores”. La frase aparecía en el contexto de medidas como el aumento del salario mínimo o el diálogo con la CUT, y buscaba transmitir la imagen de un gobierno comprometido con el mundo del trabajo. Sin embargo, más que una definición programática, la consigna funcionó como un recurso retórico que pretendía vincular al nuevo gobierno con las expectativas sociales abiertas tras el estallido de 2019.
El Frente Amplio llegó al gobierno presentándose como una alternativa política surgida al calor de la crisis del régimen político chileno. Nacido de movimientos estudiantiles, organizaciones sociales y nuevas generaciones de dirigentes, su discurso inicial se apoyó en la crítica al modelo neoliberal y en la promesa de abrir un nuevo ciclo político. En ese contexto apareció —en discursos de campaña, en declaraciones de dirigentes y en parte del imaginario político que rodeó su ascenso— la idea de avanzar hacia un “gobierno de los trabajadores”.
Sin embargo, desde sus orígenes el Frente Amplio fue una coalición de partidos reformistas, cuya estrategia política nunca apuntó a cuestionar las bases del sistema capitalista chileno, sino más bien a administrarlo mediante reformas graduales. Su programa, su composición social y su orientación política reflejaban en gran medida la visión de sectores profesionales, académicos y capas medias urbanas que aspiraban a corregir los excesos del modelo, más que a transformarlo estructuralmente. Al mismo tiempo, este reformismo también expresó —con distintas intensidades entre sus partidos— intereses vinculados a fracciones de la pequeña y mediana burguesía que históricamente han mantenido tensiones con los grandes conglomerados económicos. En este sentido, parte del discurso y de las propuestas del Frente Amplio pueden interpretarse como la expresión política de una vieja disputa dentro del propio capitalismo: aquella que enfrenta a sectores del capital más concentrado con actores económicos de menor escala que buscan limitar su poder y ampliar el margen de acción del Estado. Bajo esta perspectiva, el proyecto frenteamplista comparte rasgos con otras experiencias reformistas de orientación “nacional-popular” en América Latina, que aspiran a moderar el dominio del gran capital y promover un desarrollo más equilibrado entre distintas fracciones del empresariado, sin cuestionar por ello las relaciones sociales fundamentales del sistema.
El gobierno del Frente Amplio asumió además en un contexto económico particularmente complejo. La crisis del 2019, catalizada y potenciada por la pandemia, había generado una de las caídas más abruptas de la actividad económica en décadas. Aunque la recuperación posterior fue rápida, esta se produjo en un marco de crecimiento débil y de tendencia al estancamiento que caracteriza a la economía mundial desde la crisis de 2008. En Chile, al igual que en otras economías capitalistas, la recuperación no dio paso a un nuevo ciclo de expansión sostenida, sino a una fase de crecimiento moderado y frágil.
Este contexto económico tiene implicancias directas para los proyectos reformistas. Históricamente, las reformas sociales de mayor alcance han estado asociadas a periodos de fuerte expansión económica, en los cuales el crecimiento del excedente permite realizar concesiones sin afectar significativamente la rentabilidad del capital. En cambio, en periodos de crecimiento débil o semi-estancamiento, el margen para reformas se reduce considerablemente. Bajo estas condiciones, los gobiernos reformistas se enfrentan a una presión creciente del capital para priorizar la estabilidad macroeconómica, la disciplina fiscal y la competitividad empresarial.
En este marco económico asumió el gobierno del Frente Amplio. Las expectativas sociales que acompañaron su llegada al poder contrastaban con un contexto de crecimiento limitado y fuerte presión empresarial para contener reformas que pudieran afectar la inversión o la rentabilidad. Esto contribuyó a reducir rápidamente el margen de acción del gobierno y favoreció una estrategia de moderación programática y acuerdos con los principales actores económicos.
Por ello, la distancia entre la consigna de un “gobierno de los trabajadores” y la práctica política del Frente Amplio no es un accidente ni una simple traición. Era, hasta cierto punto, predecible: es la consecuencia lógica del carácter social y político de la coalición. Cuando sus dirigentes pasaron desde la oposición parlamentaria y la movilización social a la conducción del Estado, se enfrentaron al problema central que todo reformismo enfrenta: administrar un régimen cuya base económica no está dispuesto a modificar.
Este artículo sostiene que, lejos de constituir un “gobierno de los trabajadores”, la experiencia del Frente Amplio en el poder terminó expresando los límites clásicos de los proyectos reformistas: la administración del orden económico existente bajo un discurso de cambio social.
2. El Frente Amplio en el gobierno: reformas limitadas y adaptación al modelo
Composición de la coalición y apoyo de los partidos tradicionales
Tras su llegada al poder, el Frente Amplio no gobernó solo. La administración de Gabriel Boric se apoyó en una coalición más amplia que incluyó a partidos de larga trayectoria en el sistema político chileno, como el Partido Socialista, el Partido Comunista, el Partido por la Democracia y sectores provenientes de la Democracia Cristiana.
Esta alianza reflejaba una realidad política evidente. A pesar de su ascenso electoral y su protagonismo en el nuevo ciclo político, el Frente Amplio era una fuerza relativamente reciente, con escasa experiencia en la administración del Estado y con un número limitado de cuadros con trayectoria en gestión pública. En ese contexto, los partidos tradicionales de la centroizquierda cumplieron un papel decisivo en la conformación del gobierno.
Muchos de los cargos clave del aparato estatal —ministerios, subsecretarías y servicios públicos— fueron ocupados por dirigentes o técnicos provenientes de esas colectividades, que aportaron experiencia administrativa y redes políticas construidas durante décadas de participación en gobiernos anteriores.
Este apoyo permitió estabilizar la gestión gubernamental en sus primeros años, pero también tuvo consecuencias políticas importantes. La presencia de estos partidos contribuyó a reforzar una orientación más moderada dentro del gobierno, favoreciendo estrategias de negociación con los grandes actores económicos y una aproximación gradualista a las reformas.
De este modo, el gobierno terminó articulando una coalición que combinaba a los nuevos partidos del Frente Amplio con sectores políticos que habían sido protagonistas de la administración del modelo durante el período de la transición. Esta convergencia no solo respondió a necesidades de gobernabilidad, sino que también reflejó la adaptación del nuevo bloque gobernante a las reglas del régimen político existente.
Canalización del descontento social y fetichismo constitucional
El ascenso del Frente Amplio no puede comprenderse sin considerar el profundo descontento social que se expresó en la crisis política abierta en 2019. En ese contexto, la nueva coalición logró posicionarse como una fuerza capaz de canalizar institucionalmente esa energía social, ofreciendo una salida política dentro del marco del sistema existente.
La principal expresión de esta estrategia fue el proceso constituyente. Desde el comienzo, el gobierno y amplios sectores del progresismo presentaron la redacción de una nueva Constitución como el mecanismo fundamental para resolver las tensiones acumuladas del modelo chileno. De esta manera, el debate político se desplazó hacia el terreno institucional, instalando la idea de que el problema central del país residía en el marco constitucional heredado.
Sin embargo, esta visión descansaba en una concepción profundamente fetichizada de la política y la legalidad. Se atribuía a un cambio en la superestructura jurídica la capacidad de resolver contradicciones que tienen su raíz en la estructura económica y en las relaciones sociales que la sostienen. Mientras las relaciones sociales capitalistas permanecieran intactas, cualquier modificación constitucional solo podía tener un alcance limitado.
En ese sentido, incluso si el proceso constituyente hubiera culminado exitosamente, difícilmente habría alterado los fundamentos del sistema económico. La nueva Constitución habría representado, en el mejor de los casos, una reorganización institucional del mismo orden social.
La derrota del primer proceso constitucional en el plebiscito de 2022 marcó, sin embargo, un golpe político significativo para el gobierno. La derecha, con una estrategia relativamente simple pero eficaz, logró capitalizar el descontento y desarticular la narrativa transformadora del oficialismo. El resultado dejó al gobierno debilitado, evidenciando las limitaciones de un proyecto político que, en términos ideológicos, siempre fue heterogéneo y carente de una orientación de clase clara.
Moderación política y adaptación al capital
Tras la derrota constitucional, el gobierno continuó impulsando parte de su programa, pero lo hizo desde una posición mucho más moderada y adaptada a las condiciones impuestas por el gran capital y por el equilibrio político existente.
En ese contexto se aprobaron una serie de reformas que fueron presentadas por el gobierno como avances significativos para los trabajadores. Sin embargo, un análisis más detenido muestra que muchas de estas medidas tuvieron un alcance limitado o incluso incorporaron mecanismos que favorecen la flexibilización laboral.
Un ejemplo ilustrativo es la ley que reduce la jornada laboral a 40 horas semanales. Aunque fue presentada por el gobierno como una conquista histórica para los trabajadores, la normativa incorpora una serie de mecanismos que abren espacios de flexibilidad laboral.
Uno de los puntos más relevantes es la modificación del artículo 22 del Código del Trabajo, que regula la exclusión de la limitación de jornada. La ley mantuvo esta figura para trabajadores que ejercen funciones de dirección o que, por la naturaleza de sus labores, no están sujetos a supervisión directa. Sin embargo, al mismo tiempo otorgó mayores facultades a la Dirección del Trabajo para determinar en qué casos específicos se aplica esta exclusión. En la práctica, esto introduce un margen interpretativo que podría permitir ampliar en el futuro el número de cargos que quedan fuera del límite de jornada, una situación que históricamente ha sido utilizada por muchas empresas para evitar el pago de horas extraordinarias y aumentar la disponibilidad de la fuerza de trabajo.
A esto se suma la introducción de mecanismos de distribución flexible de la jornada. La ley permite que las horas de trabajo se organicen en ciclos de hasta cuatro semanas, siempre que el promedio final no supere el límite legal. Este sistema permite que en determinadas semanas se trabaje más horas y en otras menos, adaptando la intensidad del trabajo a las necesidades productivas de la empresa.
La implementación inicial de la ley también mostró cómo estos márgenes de flexibilidad podían diluir el efecto real de la reducción horaria. En numerosos casos, la disminución de la jornada no se aplicó mediante la eliminación de horas completas de trabajo, sino fraccionando los minutos de reducción a lo largo de la semana. De esta manera, la medida no necesariamente se tradujo en jornadas más cortas o en más tiempo libre efectivo para los trabajadores, manteniendo prácticamente intacta la organización cotidiana del trabajo.
En este sentido, la reducción formal de la jornada convive con mecanismos que permiten reorganizar y flexibilizar el uso de la fuerza de trabajo. No resulta casual que sectores empresariales y partidos de derecha terminaran apoyando la iniciativa: junto con reducir el límite legal de horas, la ley introduce instrumentos que facilitan una gestión más flexible del tiempo de trabajo.
Algo similar ocurrió en el ámbito previsional. Durante años, el Frente Amplio había construido parte importante de su identidad política sobre la crítica al sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), ampliamente cuestionado por su incapacidad para garantizar pensiones dignas. Sin embargo, la reforma finalmente impulsada por el gobierno terminó consolidando los elementos centrales del modelo de capitalización individual, manteniendo a las AFP como actores fundamentales en la gestión de los recursos previsionales.
Esta continuidad resulta particularmente evidente si se considera que el propio sistema ha debido ser complementado por mecanismos de financiamiento estatal directo, como la Pensión Garantizada Universal (PGU), destinada a compensar las bajas jubilaciones que genera el esquema vigente. En otras palabras, mientras el Estado destina crecientes recursos públicos para sostener el nivel mínimo de las pensiones, la estructura financiera del sistema —y las comisiones que perciben las administradoras— se mantiene prácticamente intacta.
La reforma previsional tampoco alteró el papel que las AFP desempeñan dentro del sistema económico chileno como grandes intermediarios financieros. Los fondos de pensiones continúan siendo una de las principales fuentes de financiamiento para los grandes grupos empresariales del país, consolidando un circuito en el cual el ahorro forzoso de los trabajadores alimenta el sistema financiero y el capital corporativo.
Más aún, el nuevo esquema contempla aportes adicionales que incrementan el volumen total de recursos administrados por el sistema. Aunque estos aportes son presentados como contribuciones provenientes del empleador, en términos económicos forman parte del valor generado por el trabajo y apropiado en el proceso de producción. En la práctica, una fracción de estos nuevos recursos termina integrándose al circuito de administración financiera que históricamente ha beneficiado a las AFP.
De este modo, lejos de desmantelar el modelo previsional heredado, la reforma terminó otorgándole una nueva sobrevida institucional. El sistema de capitalización individual permanece en el centro de la estructura previsional chilena, mientras que las mejoras anunciadas por el gobierno se concentran en incrementos relativamente acotados para ciertos grupos de pensionados. El resultado final es un ajuste del sistema existente más que una transformación estructural del mismo.
Desde su creación durante la dictadura, el sistema de AFP ha mostrado una paradoja difícil de ignorar: resulta estructuralmente incapaz de generar pensiones suficientes para la mayoría de los trabajadores, pero al mismo tiempo ha sido extraordinariamente eficaz para alimentar el mercado de capitales y proveer financiamiento estable a los grandes conglomerados empresariales que dominan la economía chilena.
En el sector de la salud privada se produjo una situación comparable. Durante la campaña presidencial, el Frente Amplio había prometido avanzar hacia una transformación profunda del sistema de salud chileno, fortaleciendo el sistema público y modificando el papel que desempeñan las aseguradoras privadas. Sin embargo, cuando se produjo la crisis de las ISAPRES, el gobierno terminó adoptando una posición orientada a preservar el sistema existente.
El punto de inflexión fue el fallo de la Corte Suprema que obligó a las aseguradoras privadas a restituir a sus afiliados los cobros realizados durante años mediante aumentos unilaterales en el precio de los planes de salud. La sentencia implicaba la devolución de miles de millones de pesos obtenidos de manera indebida por estas instituciones.
Frente a esta situación, las ISAPRES y sus representantes políticos desplegaron una intensa campaña de presión en el Congreso y en la opinión pública. Argumentaron que cumplir plenamente la sentencia pondría en riesgo la viabilidad del sistema de salud privado, que las aseguradoras carecían de los recursos necesarios para efectuar las devoluciones y que una aplicación estricta del fallo podría generar un colapso del sistema.
En este contexto, el gobierno optó por impulsar una llamada “ley corta” que permitió a las aseguradoras cumplir el fallo judicial bajo condiciones significativamente más favorables para ellas. La solución legislativa no solo evitó que las empresas enfrentaran de manera inmediata el costo total de las devoluciones, sino que además abrió la posibilidad de reajustar los precios de los planes bajo ciertas condiciones.
En la práctica, la intervención legislativa terminó funcionando como un mecanismo de salvataje para el sistema de aseguradoras privadas. Lejos de cuestionar el modelo de seguros de salud que había sido objeto de críticas durante años, el gobierno contribuyó a estabilizarlo y a garantizar su continuidad, incluso después de que la justicia hubiera establecido que parte importante de sus cobros había sido ilegal.
Así, lo que comenzó como una crisis del sistema de aseguradoras privadas terminó resolviéndose mediante una intervención estatal destinada a asegurar su supervivencia.
Seguridad, fortalecimiento del aparato represivo y convergencia con la agenda de la derecha
Otro aspecto relevante de la adaptación política del gobierno fue la adopción del discurso de la seguridad pública como uno de los ejes centrales de su agenda. A medida que avanzó su mandato, el Frente Amplio asumió cada vez con mayor claridad las prioridades políticas que históricamente habían sido impulsadas por los sectores más conservadores del sistema político.
Esta orientación se tradujo en un fortalecimiento del aparato represivo del Estado y en la aprobación de diversas iniciativas legales destinadas a ampliar las facultades de las fuerzas policiales. El gobierno no solo respaldó estas medidas, sino que en varios casos desempeñó un papel activo en su tramitación.
Este giro no resulta particularmente sorprendente desde una perspectiva histórica. Los gobiernos reformistas rara vez cuestionan el papel de las fuerzas de orden dentro del Estado, precisamente porque estas instituciones cumplen una función central en la preservación del orden social y de la propiedad privada. En ese sentido, el reforzamiento del aparato policial constituye muchas veces una condición para la estabilidad de los proyectos reformistas cuando estos acceden al poder.
Sin embargo, algunas de las decisiones adoptadas durante este período fueron especialmente significativas. Un ejemplo claro fue la tramitación de la denominada ley Nain-Retamal. El gobierno otorgó suma urgencia a este proyecto, acelerando su aprobación en el Congreso y evitando que se abriera un debate más amplio sobre sus implicancias constitucionales.
Diversos sectores del mundo jurídico y de organizaciones de derechos humanos advirtieron que la figura de la “legítima defensa privilegiada” que incorporaba la ley podía generar condiciones de impunidad frente a eventuales abusos policiales. A pesar de estas advertencias, el Ejecutivo optó por impulsar la iniciativa en un contexto marcado por la presión política en torno al tema de la seguridad.
Las consecuencias de este tipo de medidas se evidenciaron posteriormente en decisiones judiciales que favorecieron a funcionarios policiales involucrados en graves violaciones de derechos humanos. Entre los casos más emblemáticos se encuentra la resolución que terminó beneficiando al ex carabinero responsable de las lesiones que dejaron ciego a Gustavo Gatica durante las movilizaciones sociales de 2019.
De este modo, el gobierno terminó convergiendo con sectores conservadores en uno de los ámbitos más sensibles del debate político contemporáneo: la seguridad pública. Este giro no solo evidenció la debilidad ideológica del bloque gobernante, sino también su disposición a reforzar los instrumentos coercitivos del Estado en nombre de la estabilidad y el orden.
Así, mientras las reformas sociales avanzaban dentro de márgenes estrechos y negociados con el gran capital, el aparato coercitivo del Estado era reforzado para garantizar la estabilidad del orden existente.
El discurso de los “aumentos históricos”
Uno de los argumentos más repetidos por el gobierno fue la idea de haber impulsado aumentos salariales históricos. Sin embargo, esta afirmación pierde fuerza cuando se analiza en su contexto económico.
Los incrementos del salario mínimo aprobados durante los primeros años del gobierno coincidieron con un período de inflación excepcionalmente alta. En ese escenario, los reajustes salariales no representaban necesariamente un avance sustantivo en las condiciones de vida de los trabajadores, sino más bien un intento de evitar una pérdida aún mayor del poder adquisitivo.
Además, en las negociaciones salariales del sector público, el gobierno actuó como contraparte directa de las organizaciones de trabajadores, presionando sistemáticamente para moderar las demandas y reducir los montos finales de los reajustes. En ese sentido, el aumento de remuneraciones no puede entenderse como una concesión unilateral del gobierno, sino como el resultado de la presión y la negociación ejercida por las propias organizaciones laborales.
Crisis política, corrupción y desgaste del gobierno
A lo largo de su mandato, el gobierno del Frente Amplio también se vio afectado por una serie de escándalos que pusieron en cuestión la narrativa de renovación ética que había acompañado su llegada al poder. Diversos casos de transferencias irregulares de recursos públicos a fundaciones vinculadas a actores políticos —conocidos ampliamente como el “caso fundaciones”— revelaron prácticas de gestión que recordaban precisamente aquello que el propio Frente Amplio había denunciado durante años en la política tradicional.
Estos episodios no solo tuvieron consecuencias judiciales y administrativas. También erosionaron la credibilidad de un proyecto político que había construido parte importante de su legitimidad sobre la crítica a las redes de poder, los privilegios y los mecanismos informales de financiamiento que caracterizaron a la política chilena durante las décadas anteriores. A ello se sumó la percepción de que varios de estos casos avanzaban con lentitud en el sistema judicial, lo que contribuyó a instalar una sensación de impunidad o de escasa capacidad institucional para esclarecer responsabilidades.
En paralelo, el denominado caso Hermosilla —que reveló una extensa red de relaciones entre empresarios, abogados, autoridades políticas y actores del sistema judicial— profundizó el desgaste del sistema político en su conjunto. Si bien este entramado se encontraba históricamente más vinculado a sectores de la derecha, las investigaciones y filtraciones de conversaciones mostraron también vínculos con figuras del oficialismo y del mundo progresista. La relación profesional y política entre el abogado Luis Hermosilla y el entonces jefe del “segundo piso” de La Moneda, Miguel Crispi, expuso hasta qué punto estas redes de influencia podían atravesar distintos sectores del espectro político. Las revelaciones posteriores sobre gestiones y contactos vinculados a grandes empresas —como en el caso de Huawei— reforzaron la percepción de que estas prácticas no eran exclusivas de un sector político determinado, sino que formaban parte de una trama más amplia de relaciones entre poder económico y poder político.
A este cuadro se sumaron otras controversias que afectaron directamente al gobierno, como el caso Monsalve, en el cual se cuestionó la reacción inicial del Ejecutivo frente a acusaciones graves que involucraban a una autoridad de alto nivel. Las críticas apuntaron a que el gobierno habría intentado proteger o al menos manejar políticamente la situación antes de adoptar medidas claras, lo que reforzó la percepción de un doble estándar frente a conductas que anteriormente habían sido denunciadas con dureza por el propio Frente Amplio.
En conjunto, estos episodios contribuyeron a debilitar la imagen de renovación política que había acompañado el ascenso del Frente Amplio al gobierno. Más allá de las responsabilidades individuales, lo que quedó en evidencia fue un fenómeno más profundo: la rápida adaptación de sectores del nuevo bloque gobernante a las lógicas del aparato estatal y a las prácticas informales del sistema político que habían prometido transformar.
De este modo, el ciclo político que había comenzado con la promesa de “superar las prácticas de la vieja política” terminó mostrando la persistencia de las mismas redes de poder, favores y mediaciones informales que el propio Frente Amplio había prometido erradicar.
Relaciones con el gran capital y acuerdos estratégicos
Paralelamente, el gobierno fue estableciendo una relación cada vez más estrecha con distintos sectores del empresariado. A medida que avanzó su mandato, la búsqueda de acuerdos con los grandes actores económicos se transformó en un eje central de su estrategia política.
Esta orientación se expresó en múltiples ámbitos: desde la moderación de reformas económicas hasta la implementación de políticas orientadas a garantizar estabilidad a los inversionistas y a preservar las condiciones de acumulación del capital en sectores estratégicos de la economía.
Lejos de enfrentarse con los principales grupos económicos del país, el gobierno optó por una estrategia de negociación permanente con ellos. En muchos casos, estas negociaciones terminaron produciendo soluciones que protegieron los intereses empresariales y evitaron transformaciones profundas en la estructura económica.
El caso del litio y el acuerdo con SQM
Uno de los ejemplos más ilustrativos de esta orientación fue la política adoptada en torno al litio, uno de los recursos estratégicos más importantes de la economía chilena en el actual contexto de transición energética global.
Durante años, distintos sectores políticos y sociales habían planteado la necesidad de avanzar hacia formas de mayor control público sobre este recurso. En el propio debate político previo a la llegada del Frente Amplio al gobierno se había planteado incluso la creación de una empresa nacional del litio que permitiera al Estado desempeñar un papel protagónico en su explotación. Sin embargo, con el paso del tiempo esa perspectiva fue abandonada y reemplazada por una estrategia basada en asociaciones con las empresas privadas que ya operaban en el sector.
El caso más significativo fue el acuerdo alcanzado entre Codelco y la empresa SQM para la explotación del Salar de Atacama, operación mediada institucionalmente por Corfo, entidad que administra los contratos de arrendamiento de ese salar. SQM no es una empresa cualquiera dentro de la historia económica reciente de Chile. Su control estuvo durante décadas en manos de Julio Ponce Lerou, ex yerno de Augusto Pinochet, y su expansión se encuentra estrechamente ligada al proceso de privatizaciones realizado durante la dictadura militar. Desde entonces, la compañía se ha convertido en uno de los principales actores del mercado global del litio, acumulando enormes beneficios a partir de la explotación de este recurso.
En lugar de abrir un proceso competitivo de licitación o de avanzar hacia un modelo de control estatal más directo, el gobierno optó por negociar directamente una reestructuración del contrato existente que permite a SQM continuar operando en el Salar de Atacama por varias décadas más. El acuerdo fue presentado oficialmente como una fórmula para aumentar la participación estatal en la explotación del litio mediante la incorporación de Codelco como socio mayoritario en una futura sociedad conjunta.
Sin embargo, la negociación fue cuestionada por diversos sectores debido a la forma en que se llevó a cabo y a las condiciones del acuerdo. La firma se realizó sin un proceso de licitación internacional que permitiera comparar ofertas y evaluar alternativas, mientras que SQM mantuvo un papel central en la operación del proyecto. Durante la negociación, la empresa también advirtió que un eventual término de su participación podría implicar el desmantelamiento de parte importante de las instalaciones existentes, lo que fue interpretado por algunos analistas como un elemento de presión en la discusión.
El acuerdo fue defendido por el gobierno sobre la base de estimaciones de ingresos fiscales futuros que, según sus promotores, permitirían aumentar significativamente la participación del Estado en las rentas del litio. No obstante, diversos economistas y especialistas cuestionaron estas proyecciones, señalando que los beneficios efectivos para el fisco podrían resultar considerablemente menores a los anunciados y que la estructura del acuerdo aseguraba, en la práctica, la continuidad de uno de los principales actores privados en la industria.
De este modo, la política finalmente adoptada terminó alejándose de las propuestas iniciales que planteaban una transformación más profunda en el control del recurso. Más que modificar sustancialmente la estructura de propiedad o explotación del litio en Chile, el acuerdo consolidó un modelo basado en la asociación entre empresas estatales y grandes operadores privados ya instalados en el sector.
Resulta difícil ignorar la paradoja: un gobierno que había cuestionado durante años las privatizaciones heredadas de la dictadura terminó firmando uno de los acuerdos más relevantes de la industria del litio precisamente con la empresa surgida de ese mismo proceso.
Política ambiental y adaptación a las demandas del gran capital
Un ámbito en el que también se evidenciaron tensiones entre el discurso original del Frente Amplio y la práctica gubernamental fue la política ambiental. Durante su ascenso político, muchos de sus dirigentes se presentaron como representantes de una nueva generación comprometida con la transición ecológica, la protección de los territorios y el cuestionamiento de proyectos extractivos considerados altamente contaminantes. Esta imagen contribuyó a consolidar la idea de que el nuevo gobierno impulsaría una agenda ambiental más estricta frente a las grandes empresas.
Sin embargo, en la práctica, varias de las decisiones adoptadas durante el mandato de Gabriel Boric apuntaron en la dirección contraria. Uno de los episodios más controvertidos fue la propuesta de reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), presentada por el gobierno como un mecanismo para “agilizar” la tramitación de proyectos de inversión. La iniciativa fue rápidamente bautizada por críticos y organizaciones ambientalistas como la “retroexcavadora ambiental”, en referencia a la idea de que buscaba remover obstáculos regulatorios que dificultaban la aprobación de proyectos.
El argumento central de la reforma consistía en reducir los tiempos de evaluación y simplificar ciertos procedimientos administrativos para entregar mayor certeza a los inversionistas. Desde el punto de vista del gobierno, estas modificaciones permitirían estimular la inversión y acelerar el desarrollo de proyectos considerados estratégicos para el crecimiento económico.
Sin embargo, diversos especialistas y organizaciones sociales advirtieron que varias de estas medidas podían debilitar los mecanismos de control ambiental y limitar las posibilidades de participación ciudadana en la evaluación de proyectos con alto impacto territorial. En particular, se cuestionó que el énfasis en la “certeza para la inversión” podía terminar subordinando las evaluaciones ambientales a las necesidades del crecimiento económico.
Este episodio reflejó con claridad una de las tensiones centrales del gobierno. Mientras su discurso político se apoyaba en la idea de una transición ecológica justa, su práctica gubernamental se vio condicionada por la necesidad de asegurar condiciones favorables para la inversión privada en sectores estratégicos como la minería, la energía y las grandes obras de infraestructura.
Algo similar ocurrió con otros proyectos de alto impacto ambiental que generaron controversia pública durante el período. En varios casos, el gobierno optó por mantener o facilitar iniciativas vinculadas a la expansión de actividades extractivas, justificándolas como parte de una estrategia de desarrollo económico o de transición energética. La explotación del litio y la expansión de proyectos mineros fueron presentadas como oportunidades estratégicas para el país, aun cuando implicaban nuevas presiones sobre ecosistemas frágiles y territorios habitados por comunidades locales. De igual forma, debates en torno a proyectos emblemáticos como Dominga reflejaron las tensiones entre el discurso ambientalista del gobierno y las presiones económicas asociadas a grandes inversiones en sectores extractivos.
En este sentido, la política ambiental del gobierno terminó reproduciendo una contradicción característica de muchos proyectos reformistas contemporáneos: la coexistencia entre un discurso ecológico ambicioso y una práctica económica que continúa dependiendo de actividades extractivas y de la atracción de grandes inversiones privadas.
3.Conclusión: un gobierno reformista de administración del capital
A lo largo de su mandato, el gobierno del Frente Amplio fue mostrando con creciente claridad los límites estructurales de su proyecto político. Las expectativas de transformación que acompañaron su llegada al poder se enfrentaron rápidamente a las restricciones impuestas por el contexto económico, por la estructura del Estado chileno y por la presión constante de los grandes actores empresariales.
En distintos ámbitos —laboral, previsional, sanitario, de seguridad pública y también ambiental— el gobierno terminó adoptando decisiones orientadas a preservar los fundamentos del modelo económico existente. Las reformas impulsadas durante este período introdujeron ajustes parciales y algunas mejoras acotadas, pero no alteraron las relaciones estructurales que organizan el capitalismo chileno.
Este resultado no puede explicarse únicamente por errores tácticos o por la correlación de fuerzas en el Congreso. Más bien refleja los límites propios de un proyecto reformista que, desde su origen, nunca se propuso cuestionar las bases del sistema económico, sino administrarlo mediante reformas graduales dentro del marco del capitalismo existente.
Al mismo tiempo, la experiencia del Frente Amplio en el gobierno también puede interpretarse como la expresión política de una tensión más amplia dentro del propio capitalismo chileno. Buena parte de su discurso reformista —incluyendo sus críticas a la concentración económica y su énfasis en un rol más activo del Estado— ha tendido a reflejar las aspiraciones de sectores profesionales, capas medias urbanas y fracciones de la pequeña y mediana burguesía que buscan limitar el poder de los grandes conglomerados económicos y ampliar sus propios márgenes de desarrollo dentro del sistema.
Desde esta perspectiva, más que representar una confrontación directa entre trabajo y capital, el proyecto frenteamplista ha tendido a expresar una disputa interna dentro del propio bloque dominante, en la cual sectores económicos de menor escala buscan moderar el peso del gran capital sin alterar las relaciones sociales fundamentales que estructuran el sistema.
La trayectoria del gobierno confirma así una dinámica recurrente en la historia de los proyectos reformistas. Fuerzas políticas que emergen al calor de crisis sociales profundas logran canalizar el descontento popular hacia el terreno institucional, pero una vez en el poder terminan adaptándose a las estructuras económicas existentes y a los límites impuestos por la acumulación de capital.
En este sentido, la distancia entre la consigna inicial de un “gobierno de los trabajadores” y la práctica política del Frente Amplio no constituye una anomalía inesperada, sino la expresión concreta de los límites históricos del reformismo en sociedades capitalistas caracterizadas por un alto grado de concentración económica y por una fuerte dependencia de la inversión privada..