Argentina: sobre la deuda y el acuerdo con los acreedores

por Rolando Astarita

Días atrás el gobierno argentino anunció un principio de acuerdo con los acreedores de la deuda privada bajo legislación extranjera. En esta nota presento algunas consideraciones sobre el tema. Me mueve a hacerlo diversas afirmaciones que han circulado. Entre ellas, que la negociación encabezada por Guzmán fue “cualitativamente distinta” de lo que hace “el neoliberalismo”; que gracias a “la postura firme del Poder Ejecutivo” en los próximos años habrá millones de dólares que no irán a los acreedores sino a cubrir las necesidades del pueblo; que Argentina podrá tomar deuda al 3%, contra el 7% que pagaba hasta ahora; que ha impuesto pautas en la negociación que favorecen a los oprimidos; y que el FMI se ha transformado en poco menos que “un amigo de los pueblos”. Como introducción, repaso enfoques alternativos sobre la deuda, a fin de despejar algunas cuestiones que afectan a la comprensión de la naturaleza del crédito capitalista, y por ende, de lo que acaba de negociarse.

Crédito capitalista y usura, “negocios, como siempre”

Como destacaron los medios, el acuerdo (aunque todavía no está firmado) fue saludado por la clase dominante argentina. Es evidente que los dueños del capital lo consideran acorde con los parámetros que comúnmente se establecen en este tipo de reestructuraciones, y según una lógica que es inherente al modo de producción capitalista. Algo así como “era más o menos lo esperable”.

Sin embargo, varias publicaciones de izquierda han denunciado al acuerdo por “usurario” y al gobierno por claudicar “ante los usureros”. Es una idea bastante extendida, a saber, que el acuerdo sigue las reglas de la usura. Lo cual plantea algunos interrogantes. Entre ellos, si se trata de usura, ¿es propia del sistema capitalista? Y en ese caso, ¿por qué la burguesía argentina acepta el acuerdo? ¿Acaso porque “es cobarde”? Son preguntas que nos llevan al centro del problema, la naturaleza capitalista de la relación crediticia.

Para ver por qué, es necesario distinguir entre el crédito capitalista, y la usura, una distinción que no se hace con frecuencia, pero es importante, ya que las tasas que paga Argentina parecen corresponder a una situación en que “el capitalista financiero y el usurero se funden… en uno solo” (Marx, p. 773, t. 3, El Capital). Estas fusiones suceden en las crisis dinerarias clásicas (analizadas por Marx), y también cuando los gobiernos entran en espirales de endeudamiento “a lo Ponzi”. En estos escenarios los Estados toman deuda para pagar intereses de deuda, el endeudamiento aumenta muy por encima de lo que crece la economía, y, con frecuencia, se pierden de reservas internacionales. Pero llega un punto en que la presión de los intereses imposibilita la reproducción del capital. Por eso surge la idea de que en ese caso se ha establecido una relación de dominio del capital usurario. De ahí también la apariencia de que la deuda es la causa del desangre de la economía capitalista, de forma similar a lo que ocurrió a lo largo de la historia, cuando el capital usurario dominaba y agotaba a las producciones precapitalistas.

Sin embargo, y a pesar de lo que sugiere la forma en que se manifiesta la crisis de la deuda, no es cierto que hoy el capital usurario controle el escenario. Ese dominio sí fue característico en modos de producción con predominio de pequeños campesinos y artesanos. Como observaba Marx, en esas sociedades la usura vivía “en los poros de la producción” (p. 771, ibid.), succionando como un parásito al modo de producción hasta dejarlo en la miseria (p. 769, ibid.). Por eso la usura contribuyó a la destrucción de modos de producción precapitalistas. Pero no es lo que ocurre en la sociedad capitalista, ya que en esta el sistema de crédito “se adecua a las condiciones de la producción capitalista” (p. 773) y “constituye un elemento esencial del modo de producción capitalista” (p. 774). De ahí que cuando domina la producción capitalista la usura pasa a ser una forma subordinada (la casa de empeño, el chupasangre prestamista a trabajadores y gente pobre, etcétera).

En consecuencia, estamos ante relaciones y condiciones sociales distintas, que determinan el contenido distinto de la usura, por un lado, y el crédito capitalista, por el otro. Pero como señalé más arriba, lo habitual es confundir ambas categorías. De ahí la impresión de que el capital usurario “esquilma”, o “succiona” al capital productivo, que sería “progresista” y hasta “nacional”. Es parte del discurso que dice que la oposición fundamental de la época está planteada en términos de “neoliberalismo – pueblo”. Otra forma de expresarlo es cuando se reemplaza la noción de “la explotación del trabajo por el capital”, por la de “saqueo de nuestras riquezas por los usureros”.

Esta digresión sobre la diferencia entre usura y crédito capitalista nos lleva entonces al problema de fondo. Es que si el sistema de crédito es parte integrante, e indisoluble del modo de producción capitalista, se puede entender por qué la clase capitalista, de conjunto, lo acepta como un actor más, y natural, de los negocios. Y por qué en el terreno de las finanzas también se imponen las leyes que gobiernan la dinámica y la valorización de los capitales. No es un sistema que esté por fuera (en los poros) del modo de producción, sino es parte inherente del mismo. Así, cuando se comercian los títulos de deuda, sus precios – y por lo tanto, las tasas de interés – se establecen a partir de las ofertas y demandas de muchos inversores, según los rendimientos esperados, y otros factores como riesgo de default, riesgo cambiario, etcétera. Nada que no sea habitual en los negocios habituales.

Por eso, en varias oportunidades cité el caso, muy ilustrativo, del gobierno de Chávez prestando, entre 2005 y 2008, al gobierno de Néstor Kirchner a tasas, en dólares, de entre el 8,5% al 14,8% (por 5600 millones de dólares). Más o menos las mismas condiciones en que podría prestar a Argentina cualquier otro capitalista dinerario. No tiene sentido decir que Chávez actuaba en beneficio del capital usurario, como si este estuviera por fuera de las leyes del capital en general. O, para dar un caso más actual, y también cercano, hoy Uruguay o Chile colocan deuda a una tasa mucho menor que la que logra Argentina. La diferencia no se debe al carácter “entreguista” del gobierno argentino, ni a la “firmeza y resolución” de los uruguayos y chilenos frente a los “usureros”, sino a la lógica – incluidos los movimientos especulativos – que rige en el mercado y los negocios.

El relato del nacional-marxismo

Según los voceros del nacional marxismo, la deuda externa argentina conforma un mecanismo de dominación “semicolonial” por parte de las “finanzas internacionales”. Por eso la lucha por no pagar la deuda se inscribiría en el combate por la liberación nacional, tarea programática a la que habría renunciado la “claudicante burguesía criolla”.

Mi posición es opuesta a este planteo. En primer lugar, porque la dominación colonial, o semicolonial, opera por coacción directa del país dominado: ocupación militar (total o parcial); ausencia del derecho a la autodeterminación; prohibición a la burguesía nativa de comerciar por fuera de los términos establecidos por la potencia ocupante, entre otros rasgos relevantes (véase aquí, por ejemplo). Pero esa no es la situación de la burguesía argentina (ni de las burguesías latinoamericanas, dicho sea de paso). El gobierno y el Estado argentino no están sometidos a dominación colonial o semicolonial.

Más precisamente, y en lo que respecta a la deuda externa, esta sirvió para financiar la transferencia de capital dinero al exterior. La clase dominante lo hizo a lo largo de décadas. Esa salida de capitales no tiene nada que ver con una explotación de tipo colonial, la cual se caracteriza por la exacción directa del excedente en beneficio de la potencia colonial. Agreguemos que con frecuencia la deuda pública ha dado lugar a fraudes y estafas en las que participaron alegremente tanto “agentes del neoliberalismo” como “próceres de la liberación nacional”. En fin, una variada burguesía lumpen estatista, que terminó con fortunas en paraísos fiscales como Panamá o Seychelles, o departamentos en Miami. Incluso, y a resultas de las innumerables transferencias al exterior, la posición internacional inversora neta de Argentina es superavitaria: al cierre del primer trimestre de 2019 (último dato que disponemos) era, a valor de mercado, acreedora neta por 63.528 millones de dólares. El activo totalizaba 379.528 millones, y el pasivo 315.718 millones de dólares. ¿Qué tiene que ver esto con una burguesía oprimida por el colonialismo?

Por otra parte, la salida de capitales demuestra que la deuda es el resultado de la debilidad de la acumulación–esto es, de la reinversión productiva de plusvalía en Argentina – y no al revés. Una cuestión que no se remedia posponiendo algunos años los pagos de intereses, o las devoluciones de capital.

Destacamos también que la riqueza que la burguesía argentina tiene en el exterior significa que participa de la explotación de la clase obrera de otros países, distintos de Argentina. Lo hace como socia de la hermandad de los explotadores, sin distinciones. De la misma manera, participa de la explotación de la clase obrera argentina como cualquier otro capitalista extranjero. No hay aquí colonialismo. Tampoco es cierto que los capitales líquidos globales sean patrimonio exclusivo de “potencias coloniales”, o que estén sistemáticamente enfrentados a los Estados nacionales (¿oprimidos?). Los fondos de inversión, y otros, se nutren de plusvalía sin discriminar si proviene de burgueses de países adelantados o atrasados. A lo que sumamos los fondos soberanos, que se constituyen con dinero de Estados, e invierten en países adelantados o atrasados. Son ejemplos los de Noruega, Arabia Saudita, Kuwait, China, Singapur, Emiratos Árabes, Malasia, Rusia. Es absurdo pensar que los administradores de estos fondos reciben órdenes del Departamento de Estado, o de algún “ministerio de colonias”.

Volviendo al entrelazamiento de intereses entre la burguesía argentina y la global, anotemos también que la primera no cuestiona –al menos, no de alguna manera esencial- las orientaciones de los organismos internacionales, o las recomendaciones de los economistas voceros del capital financiero. Y en esa actitud tampoco interviene coacción colonial alguna. Por ejemplo, cuando las cámaras empresarias locales coinciden con el establishment internacional, y con los acreedores, en “la necesidad” de recortar derechos laborales, abaratar costos de reproducción de la fuerza de trabajo, etcétera, no obedecen a mandatos coloniales, sino a sus intereses.

FMI y las CAC K y M

El FMI también recibió con agrado el acuerdo; incluso pidió algo menos de tasa. A raíz de esto, analistas del campo nacional y popular dijeron que estaban “muy positivamente sorprendidos” por la actitud del “nuevo” FMI. Como si este hubiera pasado a militar en el campo de “la liberación nacional del tercer mundo”.

Pero no hay tanta “novedad”. Desde principios de los 2000, por lo menos, el FMI aboga por reestructuraciones que no sean trabadas por fondos buitres o holdouts. Puede consultarse al respecto sus “Propuestas para un Mecanismo de Reestructuración de la Deuda Soberana”, de 2003. Por ese entonces el Fondo buscaba ordenar las reestructuraciones, dada la diversidad de bonos y cantidad de inversionistas; y acelerar los acuerdos. El objetivo de estas reestructuraciones es restablecer, al menos teóricamente, condiciones mínimas para la generación de plusvalía. Por ejemplo, hasta ahora Argentina tenía vencimientos por más de 63.000 millones de dólares entre 2020 y 2024, algo imposible de cumplir. Cuando se llega a un escenario semejante se imponen las reestructuraciones, que encierran, inevitablemente, desvalorizaciones de capital. Por eso, los mismos organismos financieros internacionales (el FMI en primer lugar) buscaron poner límites a los que traban las reestructuraciones con tenencias minoritarias de títulos.

A ese fin, se incorporaron las “cláusulas de acción colectiva” (CAC) en los contratos de bonos soberanos. Su objetivo es empujar a una minoría de holdouts a aceptar los términos de una reestructuración cuando una mayoría suficientemente grande acepta la oferta. Las CAC “de primera generación” disponían que un acuerdo de reestructuración fuera vinculante si tenía el consentimiento de una mayoría del 66,7% o del 75% en cada serie individual de bonos, sin importar la tasa de aceptación agregada. Pero en las renegociaciones de las deudas argentina y griega se vio que los holdouts conservaban fuerte poder para trabar las reestructuraciones. En la griega de 2012 más de la mitad de las series de bonos sometidas a legislación extranjera no llegaron al umbral requerido por las CAC, y hubo una gran cantidad de holdouts.

Se introdujeron entonces nuevas CAC de dos tipos principales. Las euro-CAC (dos ramas, two limb) establecieron un umbral de votos del 50% en cada bono, provisto que hubiera una mayoría agregada del 66,7%. El segundo tipo fueron CAC (una rama, single limb) que requieren un único voto a través de todos los bonos y un umbral agregado del 66,7%; o el 75% del total, aunque no se alcance el 50% en cada serie de bonos. Esta reforma tuvo el apoyo del FMI, el Tesoro de EEUU, la Unión Europea, y la International Capital Market Association.

Parece claro que esto no tuvo nada de “izquierdismo”, o “cuestionamiento al capital financiero internacional”. Merece retenerse, máxime cuando el gobierno argentino va a iniciar dentro de poco tiempo negociaciones con el FMI para renovar el préstamo al gobierno de Macri. Es una ingenuidad (o algo peor) creer que el FMI “nuevo amigo de los pueblos” vaya a hacer algo muy distinto de lo que exigen los dueños del capital en materia de “equilibrios macroeconómicos” y “reformas estructurales”.

Necesidad de un análisis menos subjetivista

La pequeña historia de las CAC también ilustra nuestro argumento sobre la necesidad de un análisis de tipo objetivo. Es que los bonos argentinos de los canjes de 2005 y 2010 incluyeron CAC de primera generación, más favorables para los holdouts. El realizado bajo el gobierno de Macri incluyó las de segunda generación, menos favorables a los holdouts. Una diferencia que no se debe a que los Kirchner fueran “agentes de los acreedores”; o que Macri sea un cruzado anti-capital financiero. Simplemente, habían cambiado las circunstancias internacionales.

De nuevo, y subrayo: es necesario tomar distancia de los análisis teñidos de voluntarismo y subjetivismo. El cuento de que  un “hábil negociador”, con “firmeza”, y respaldado por “altos referentes del mundo académico”, hace “retroceder a los usureros internacionales”, es eso, un cuento. En esos asuntos no hay magia, ni resultados demasiado sorprendentes. Las reestructuraciones de deuda soberana por parte de países atrasados son relativamente frecuentes. Antes de 1990 fueron las de deudas contraídas con sindicatos de bancos, habituales en los 1970 y 1980. Luego se pasó a la emisión de bonos soberanos, que se colocaron a miles de inversores. Por lo cual las reestructuraciones de bonos fueron recurrentes desde fines de los 1990 (aunque en 1994 reestructuró Panamá). Hasta 2015 hubo 23, realizadas por 16 países. Entre ellos Ecuador, Rusia, Ucrania, Pakistán, Argentina, Costa de Marfil, Belice, Dominica, Uruguay, República Dominicana, Moldavia (véase C. Fang, J. Schumacher, C. Trebesch, “Reestructuring sovereign bonds: holdouts, haircuts and the effectiveness of CACs”, Working Paper Series, enero 2020, European Central Bank).

Dada la presente depresión global, numerosas nuevas reestructuraciones son inevitables en el futuro inmediato. Con este horizonte, el acuerdo de Argentina es considerado, por el sistema financiero global, un buen antecedente. Claro que en todo esto no existe solución “indolora” para los pueblos. La salida será a costa de extraer más plusvalía, junto al cierre de empresas, y el aumento del desempleo. La misma reestructuración de la deuda argentina hoy va de la mano del empobrecimiento de las masas trabajadoras.

El valor presente y la “tasa de salida”

Una de las cuestiones que estuvo en el centro de las negociaciones fue el valor presente de los bonos a canjear por los bonos anteriores. Explicamos el mecanismo.

Lo básico es que para calcular el valor presente de un bono se procede a la inversa de cuando se calcula el valor futuro. Por ejemplo, si tenemos un bono de $100, que tiene una tasa de interés asociada de 5%, y queremos saber el valor del activo dentro de un año, multiplicamos $100 × 1,05 = $105. Hemos calculado el valor futuro. Luego, si sabemos que dentro de un año nos van a pagar $105 por un bono, y la tasa de interés es 5%, su valor presente es $105  ÷ 1,05 = $100. De la misma manera, si un bono a 10 años, paga US$ 7 por año y devuelve capital en el último año por US$100, tiene un valor presente igual a (7 ÷ 1,07) + (7 ÷ 1,072) + …. + (107 ÷ 1,0710) = 100. Por eso, si sube la tasa de interés, el valor presente disminuye.

Ahora supongamos que el emisor del bono con valor nominal US$ 100 y tasa cupón del 7% se declara en default y propone reestructurar la deuda. Para eso ofrece entregar nuevos bonos  que en lugar de US$ 7 pagan US$ 3 por año (3% es la tasa cupón del nuevo bono); además, propone un descuento del capital del 2% (o sea, al vencimiento del bono devolverá como capital US$ 98). ¿Cuál es entonces el valor presente del nuevo bono? La respuesta es que depende de la tasa a que se descuentan los pagos futuros. Por ejemplo, si se descuentan al 10%, el valor del bono será (3 ÷ 1,1) + (3 ÷ 1,12) + …. + (101 ÷ 1,110) = US$ 56,2. Esto significa que se cambiarán los bonos anteriores por los nuevos bonos con valor presente US$ 56,2. Si se supone una tasa de descuento del 8%, el valor presente será más elevado, US$ 65,5. A su vez, el valor presente tendrá variaciones si, por ejemplo, se concede algún período de gracia; o si los intereses se modifican a lo largo del tiempo. En el caso de la reestructuración argentina, la tasa promedio de los viejos bonos era 7%; la de los nuevos 3% (con variaciones desde 0,12% anual a 5% anual); y el valor presente de los nuevos bonos, suponiendo una tasa del 10%, es aproximadamente US$ 55.

Sin entrar en detalles, lo que nos interesa mostrar ahora es que la tasa de descuento del 10% con el que se calculó el valor presente de los nuevos bonos es teórica. Se la llama “tasa de salida” (exit yield), y sirve para calcular qué valor tiene una promesa de pagos futuros del gobierno argentino. Es un cálculo que se hace en base a supuestos, para establecer un precio teórico de los bonos. No significa que sea la tasa que necesariamente “avale” el mercado. Si, por ejemplo, una vez efectuado el canje, los tenedores de los nuevos bonos encuentran que en el mercado se pagan US$50, significará que los prestamistas demandan una tasa superior al 10%. Por supuesto, tampoco tiene sentido decir que a partir del acuerdo el Estado argentino podrá colocar deuda en dólares al 3%, como he leído en algún escrito demasiado apresurado en elogiar las habilidades negociadoras del ministro Guzmán. Como puede verse, además, los valores presentes de los bonos representan lo que Marx llamaba capital ficticio. Esto es, detrás de esos bonos no hay un capital que realmente esté generando plusvalía. La tenencia de los bonos da derecho a participar de la parte de la plusvalía que siempre debe generarse en la explotación del trabajo, y recoge el Estado con sus impuestos (sobre capital ficticio, aquí).

Para cerrar este punto, digamos también que la tasa cupón de 3% de los nuevos bonos parece estar dentro de los parámetros de reestructuraciones de años recientes (en la actual crisis el terreno es muy incierto). En el canje argentino de 2005 la tasa de los viejos bonos fue 9,27% y la de los nuevos 4,53%. En la reestructuración griega de 2012, 4,37% y 1,75%, respectivamente; en Ucrania 2015, 7,67% y 6,21% (datos Fang y otros, citado). No hubo milagro criollo.

Pacman, el antiimperialista

El ministro de Economía Guzmán fue presentado como alguien capaz de “poner en vereda” a los acreedores, en particular porque desplegaría una sagaz estrategia frente a los desaprensivos capitales financieros: la “estrategia Pacman”. Consiste en utilizar las cláusulas de reasignación (permiten al deudor agrupar las series de bonos con el fin de obtener mayorías) para ir sumando porcentajes de adhesión, hasta alcanzar los porcentajes establecidos en las CAC.

Por ejemplo, supongamos que hay 10 series de bonos a reestructurar, y existe acuerdo del 80% en las series 1 a 6, pero 40% de aceptación en las series 7 a 10. Supongamos que la CAC establece que, para que la votación sea vinculante, debe haber aprobación del 50% en cada serie, y 66,7% del total o, en su defecto, 75% del total, sin importar que no haya el 50% en cada serie. Pues bien, dado que el nivel de aceptación, (480 + 160) ÷ 1000 es menor al 75%, y en cuatro series la aceptación es del 40%, el deudor no puede aplicar la CAC. Entonces avanza en el canje con los tenedores de las series 1 al 6, y les entrega los nuevos bonos; así como al 40% de los tenedores de las series 7 al 10, que sí aceptaron la reestructuración. De manera que las series 7 al 10 quedaron en default, pero ya con acreencias del 60%, correspondiente a los que quedaron fuera (holdouts).

Pasado un tiempo el Gobierno lanza una segunda oferta de reestructuración, supongamos para las series 7 y 8. Para eso propone una reestructuración con pequeñas mejoras para las series 1 al 6 y las mismas condiciones para las series 7 y 8. Dado que para los tenedores de las series 1 al 6 es toda ganancia, la aceptación es del 100%; así como para los poseedores de las series 7 y 8 que aceptaron el canje de bonos. Así, “comiéndose” (de ahí el nombre Pacman) a los holdouts de las series 7 y 8, se llega a la mayoría que establece la CAC. Tiempo más tarde, el gobierno ofrece una nueva reestructuración para las series 9 y 10. O sea, a través de redesignaciones secuenciales, los votos mayoritarios en una serie sirven para imponerse sobre los de una serie en default.

Confiado, en abril Guzmán planteó esa estrategia, pero provocó la protesta de los acreedores. Poco después retrocedió, prometió “autolimitarse” en las reasignaciones, y el 25 de julio Economía comunicó: “La Argentina desea contribuir y contribuirá a la elaboración de instrumentos contractuales que mejoren el éxito de las iniciativas de reestructuración de deuda soberana cuando los deudores tengan apoyo significativo de los acreedores. Los ajustes a los modelos de contrato elaborados por el International Capital Markets Association (ICMA), que fueron adoptados por Argentina en 2016, en la medida en que gocen de un apoyo generalizado, también serán apoyados por Argentina”. Según Ámbito Financiero, el gobierno aceptaría que grandes fondos se conviertan en “acreedores privilegiados”, excluidos de las cláusulas de reasignación. Serían BlackRock, Fidelity, Ashmore, Authority, Monarch, Gramercy, Pharo Managment, Redwood Capital, Oaktree Capital, VR Capital, HBK, Pimco, Mangart Capital, Amundi, BlueBay, Rowe Price, Western Asset Management, Wellington, Alliance Bernstein y Cyrus (Carlos Burgueño, Ámbito Financiero, 3/08/2020). Son los que el campo nacional llama “los peces gordos de la timba internacional”. Extraordinaria estrategia Pacman-anti-peces-gordos del capital financiero.

Los millones que no están

Según el acuerdo, los pagos de deuda a acreedores privados bajo legislación extranjera se reducen a 4.500 millones de dólares en los próximos 5 años, en lugar de los 30.200 millones previstos. El ahorro entre pagos de intereses y devolución de capital, hasta 2028, rondaría los 36.000 millones de dólares. Algunos prometen que esos miles de millones de dólares se volcarán a atender a las necesidades del pueblo. Muy lindo en los papeles, pero algo distinto en la realidad. Es que en esto se aplica lo que discutí en otra ocasión, en referencia a gente que anda calculando cuántas cosas se podrían hacer si se dejara de pagar la deuda. El problema de fondo: Argentina ha pagado deuda tomando deuda. Al respecto, escribí en crítica a otro “vende humo” (aquí):

“Argentina no transfiere, por el pago de la deuda pública, 40.000 millones de dólares por año a los acreedores. Si ocurriera tal cosa, estaríamos ante lo que se llama una transferencia en términos reales. Una transferencia en términos reales significaría pagar la deuda con dólares “genuinos” (por ejemplo, por superávit de cuenta corriente; por entrada de capitales destinados a la producción). Pero la realidad es que esos dólares sencillamente no están. Por eso Argentina refinancia constantemente, no solo los vencimientos de capital, sino también buena parte de los intereses. Lo cual lleva al aumento de la deuda en un esquema que el economista keynesiano Minsky llamó “Ponzi” (por un famoso especulador), y que consiste en endeudarse para pagar intereses. Una dinámica que, una y otra vez, termina en defaults y nuevas renegociaciones”.

El pago de deuda tomando deuda sigue funcionando a pleno por estos tiempos. Con un déficit fiscal que equivale al 7% del PBI (según Guzmán), el gobierno no puede seguir financiándolo solo con emisión. Por lo cual, está tomando deuda en pesos; pero para esto, debe cumplir con compromisos de deuda, que se cubren tomando más deuda. Esto sin contar la montaña de Leliq (letras de liquidez) que acumula el Banco Central, más los pases, que también representan una suerte de endeudamiento. A lo que debemos agregar que desde fines de la década los compromisos de la deuda pública vuelven a elevarse significativamente.

En síntesis, los resultados de nuestro Pacman anti-capital financiero son acordes con la trayectoria de la “liberación nacional siglo XXI”, versión argentina (aquí). No hay sorpresas. Como siempre, “son negocios”.

(Tomado del Blog de Rolando Astarita)

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