Argentina: la derrota del gobierno desata un colapso financiero y un terremoto político

por Maxi Laplagne

El seis de febrero se discutía en el recinto de diputados el articulado de la ley ómnibus en un clima de euforia bursátil. Un resultado positivo implicaba el inminente traslado de los mayores activos estatales hacia las cotizaciones financieras. Por la mañana el ministro Francos informaba que, finalmente, se descartaba la opción de coparticipar el impuesto PAIS con las provincias. La monopolización de este impuesto representaba un verdadero huevo de oro para los bancos pues grava las transacciones de servicios en moneda extranjera. Representa a nivel nacional parte de las discusiones por el reparto del excedente de las fintechs cuando los servicios de Inteligencia Artificial se han vuelto fundamentales para la prevención de fenómenos climáticos por parte del agro, lo  cual también coloca a la empresa de servicios satelitales estatal en el centro de los remates. Nada menos que Ramiro Marra llevó como candidato a vice jefe de gobierno a un ex comisario denunciado durante el macriato por intervenir ilegalmente ARSAT y ofrecerle su cotización a la empresa estadounidense Hughes. El otro punto nodal era la desregulación final del mercado petrolero que implicaba levantar el costo de la nafta al del comercio internacional.

Para las 15 horas de la tarde, hora del cierre de bolsa, se descontaba una victoria en los puntos nodales. La derrota sufrida por el gobierno a las 18 horas gestó un cimbronazo financiero que acabó por salir en pantalla la mañana posterior. Los paneles mostraron un rojo total de caída de acciones argentinas en Nueva York y de los bonos soberanos de la City porteña. Sucede que el desarme de LELIQS hacia giros pasivos del Central y la emisión de BOPREALS para subsidiar deuda de exportadores, en general, “arrancan su amortización recién en 2027” (El Cronista). Su valor ficticio se encuentra atado a la victoria de las privatizaciones y el programa en general de LLA. La caída del precio de los bonos obliga al gobierno a pagar los correspondientes PUTS, o sea, los seguros. En ese marco el gobierno agita el default para apuntalar al mercado en un apoyo a las privatizaciones vía DNU.

El derrumbe bursátil argentino no es sin embargo autóctono, se enmarca el en derrumbe de la bolsa de Pekín y Hong Kong en el marco de la quiebra de países a los que rescató, el agigantamiento de su burbuja inmobiliaria y la recesión declarada de los fabricantes de tecnología. En Buenos Aires gran parte de las transacciones se sustentan en el SWAP con China. En dos días Argentina perdió decenas de posiciones en el ranking de mercados emergentes. Por parte del FMI, su propio impasse político se encuentra atado a Argentina, su mayor deudor.

El boicot de los gobernadores al proyecto de Milei no escapa a la dinámica de la crisis de deuda. Hoy mismo el JP Morgan invitó a retirar activos de las provincias argentinas a las cuales considera en default (El Cronista). El precio internacional de los minerales se encuentra estancado y las inversiones internacionales en reflujo ante la competencia que representa el mercado de interés que ofrece la FED en Washington. Lo mismo sucede con la soja y con las inversiones en maquinaria petrolera y gasífera. En general, las posiciones bélicas de Estados Unidos no han abierto el abanico del desarrollo de los emergentes como quiere hacer creer el periodismo financiero de guerra en Argentina, al contrario, los mercados se han retraído de acuerdo a los intereses mercantiles de los pulpos imperialistas. Estos pretenden una universalización de su mercado y de sus leyes laborales. Este es el quid de la etapa política que explica la naturaleza social del gobierno de Milei. Derrumbe capitalista e intento de recomposición mediante reviente de recursos naturales y fuerzas de trabajo barata.

Mediante el anuncio de una reforma laboral al parlamento para el mes de marzo el gobierno pretende convertirse en el abanderado de esta transición. En general encontrará apoyo federal porque los gobernadores ya se han encargado de reventar los convenios laborales que les incumben, como los azucareros en Salta o los petroleros en Chubut y Comodoro Rivadavia. En la Patagonia en general las camarillas de la burocracia sindical petrolera encabezan los nuevos bloques de gobierno bajo este mandato. El gobierno intenta pasar de reformas laborales de facto hacia una reforma constitucional en un intento de conformar una coalición de partidos contra el trabajo: un gobierno de la casta. Fue lo que intentó Macri en 2017 pero que la crisis de deuda, la inflación y la movilización popular le frustraron. En el contexto de un derrumbe político todavía más acelerado que el de Cambiemos el gobierno agita la realización de un plebiscito a riesgo de gestar una movilización política sin precedentes: un tiro en los pies. Bajo las actuales premisas, sin embargo, deberíamos partir desde el riesgo de fraude en el mismo lo cual acabaría por dar forma a un gobierno dictatorial, una combinación en un solo personaje de Maduro y Guaidó.

Dicho esto, en nuestro campo, la batalla política pasó a mayores, esto es, a la fuerza de trabajo. La crisis del 2001 no inmediatamente pero sí con el correr de los meses gestó un cimbronazo al interior de la burocracia sindical que llevó a la CGT y la CTA a perder comisiones internas numerosas y sindicatos luego de varias décadas. Hoy la crisis económica le es excusa a la burocracia para recortar servicios y prestaciones sociales, sobre todo en el campo de la sanidad pero también del turismo y la recreación, uno de sus fuertes. Las autoconvocatorias que han emergido a la luz de la lucha contra el DNU todavía vigente y la ley ómnibus se han propagado por todo el país y aún se encuentran en estado de germinación. Su subsistencia depende de su dinámica que debe ser desde adentro hacia afuera, desde la asamblea hacia la fábrica, lo cual impone la agitación política entre el movimiento obrero que, a su  vez, debe hacerse cargo de las tareas ecológicas y femeninas que surjan con el correr de la crisis y los DNUs. Este esquema cambia para siempre la fisonomía  política de la clase obrera argentina.

Finalmente la predisposición represiva del régimen es irreversible como lo demuestran los disparos en los ojos en movilizaciones reducidas. Como tal plantea el germen en desarrollo de la guerra civil en la Argentina, el cual se refuerza con la historia irresuelta del federalismo en el país. En general, la izquierda  omite la perspectiva histórica de la crisis y la dinámica permanente de los procesos sociales, los cuales reemplaza por el análisis de la revista política. La afluencia de nuevos luchadores, sin embargo, ofrece un nuevo oxígeno al activismo cuya tarea principal es hoy por hoy desarmar las maniobras de las organizaciones izquierdistas obsoletas y de la burocracia sindical.

(Fuente: 1917)

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