por Alejandro Valenzuela Torres
La muerte de Óscar Alfonso Podlech Michaud en prisión no constituye el cierre de una historia. Constituye, por el contrario, la reapertura brutal de una pregunta que el Estado chileno ha intentado administrar durante décadas mediante pactos tácitos de silencio, beneficios penitenciarios, condenas tardías y una arquitectura institucional orientada a garantizar que los crímenes de la dictadura nunca sean plenamente castigados. El antiguo fiscal militar de Cautín y Malleco murió condenado por violaciones a los derechos humanos, después de años en que su figura apareció asociada a secuestros, torturas, desapariciones forzadas y persecución política sistemática contra militantes populares y luchadores sociales del sur de Chile.
Durante años, Podlech fue una pieza central del aparato represivo instalado tras el golpe de Estado de 1973. Como fiscal militar “ad hoc”, actuó no como un operador jurídico en sentido estricto, sino como un engranaje funcional del terror estatal. Su papel consistió en dar cobertura legal a la maquinaria de exterminio desplegada por la dictadura en La Araucanía. Allí, bajo el lenguaje burocrático de los bandos militares y los consejos de guerra, se organizó la persecución, tortura y desaparición de cientos de personas cuyo único crimen había sido pertenecer a sindicatos, organizaciones campesinas, partidos de izquierda o movimientos estudiantiles.
La muerte de Podlech ocurre, además, en un contexto político y judicial particularmente revelador. El régimen chileno no sólo ha sido incapaz de establecer verdad y justicia plenas respecto de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, sino que en los últimos años ha avanzado progresivamente hacia formas cada vez más abiertas de impunidad institucional. La liberación de criminales recluidos en Punta Peuco bajo supuestas razones humanitarias —edad avanzada, enfermedades terminales o deterioro físico— ha consolidado un criterio según el cual los responsables de tortura, desaparición forzada y ejecución política merecerían consideraciones excepcionales que jamás recibe la población penal común ni, mucho menos, los luchadores sociales perseguidos por el Estado.
Ese doble rasero revela una decisión política profunda: proteger a quienes garantizaron mediante el terror la preservación histórica del orden social chileno. La impunidad no aparece entonces como un accidente del sistema judicial, sino como uno de sus componentes estructurales. El aparato estatal castiga con máxima dureza la protesta social, la resistencia mapuche o la organización popular, mientras gradualmente construye salidas de indulgencia para quienes organizaron campos de detención clandestinos, aplicaron tormentos o hicieron desaparecer personas.
Por ello la muerte de Podlech en prisión no puede interpretarse como una muestra de rigor democrático. Más bien expone el límite mismo de una transición edificada sobre la negociación con los responsables del terror. Murió sin entregar información suficiente sobre el destino de los detenidos desaparecidos. Murió sin que cientos de familias pudieran recuperar restos, conocer la verdad completa o reconstruir el itinerario final de sus seres queridos. Murió protegido durante décadas por redes militares, judiciales y políticas que hicieron todo lo posible por retardar investigaciones, relativizar responsabilidades y garantizar condiciones de encierro privilegiadas para los represores.
El mismo entramado de impunidad sistémica quedó recientemente expuesto con la absolución de Claudio Crespo en el caso de Gustavo Gatica. Allí, pese al reconocimiento judicial de hechos gravísimos ocurridos en el contexto de la represión estatal durante el levantamiento popular de 2019, el sistema terminó configurando una salida absolutoria basada en interpretaciones expansivas de la legítima defensa y en el clima político inaugurado por la Ley Naín-Retamal. Lo ocurrido no constituye un episodio aislado: expresa una continuidad histórica entre la impunidad de los crímenes dictatoriales y las nuevas doctrinas de protección institucional a los agentes represivos del presente.
En ambos casos —los criminales de lesa humanidad de la dictadura y los agentes responsables de violaciones de derechos humanos en democracia— aparece un mismo principio ordenador: la preservación de la autoridad coercitiva del Estado por sobre los derechos de las víctimas y del pueblo. El mensaje es inequívoco. Cuando la violencia estatal se ejerce para preservar el orden social existente, el aparato institucional chileno tiende sistemáticamente a amortiguar, relativizar o directamente neutralizar las consecuencias penales de esa violencia.
Por eso la muerte de Podlech no clausura nada. Su figura permanece como símbolo de una estructura de terror cuyos efectos siguen vivos en la memoria de las víctimas y en las formas contemporáneas de represión estatal. La pregunta que continúa abierta no es sólo dónde están los detenidos desaparecidos, sino también por qué el Estado chileno sigue siendo incapaz —o rehúsa deliberadamente— establecer una ruptura real con quienes organizaron el exterminio político en Chile.
Entre los crímenes que marcaron la tenebrosa trayectoria de Óscar Alfonso Podlech Michaud sobresale particularmente su responsabilidad en la desaparición forzada de Omar Venturelli Leonelli y Jaime Eltit Spielmann, ambos secuestrados en el contexto de la represión desatada en Temuco tras el golpe de Estado. Como fiscal militar y operador directo del aparato represivo en Cautín, Podlech intervino en interrogatorios, persecuciones y procedimientos ilegales que terminaron con la desaparición de decenas de luchadores populares.
En el caso de Venturelli —sacerdote comprometido con los pobres y con los procesos de transformación social impulsados por el gobierno de la Unidad Popular— y de Jaime Eltit —egresado de Derecho y militante de la Juventud Radical Revolucionaria— la responsabilidad histórica y política de Podlech resulta inseparable del pacto de silencio mantenido por décadas entre los agentes de la represión. Hasta el final de su vida se negó a entregar información sobre el destino de sus restos, prolongando deliberadamente el sufrimiento de familiares, compañeros y sobrevivientes. Esa negativa no constituye un simple acto de obstinación individual: representa la continuidad misma del crimen de desaparición forzada, cuya esencia consiste precisamente en mantener a las víctimas fuera de toda certeza, condenando a sus seres queridos a una espera interminable.
La propia Ruth Kries lo resumió con crudeza en una declaración que expresa el sentimiento persistente de miles de familiares y sobrevivientes:
“Se distinguió por ser consecuente en su sed de torturar, matar, hacer desaparecer los cuerpos exangües en un lugar secreto (…) Su bajeza moral fue tan grande, que ni siquiera fue capaz de confesar el lugar en que escondieron los cuerpos maltratados de más de mil ciudadanos víctimas de desaparición forzada”.
Mientras los responsables de la dictadura mueren sin revelar el destino de los desaparecidos, mientras los criminales de Punta Peuco obtienen beneficios humanitarios excepcionales, y mientras agentes represivos contemporáneos son absueltos pese a violaciones gravísimas de derechos humanos, la herida histórica permanece abierta.
Verdad, justicia y memoria siguen siendo tareas pendientes. No como consignas rituales, sino como exigencias democráticas elementales frente a un régimen que, medio siglo después del golpe, todavía administra la impunidad como política de Estado.