por Alejandro Valenzuela Torres
La reflexión filtrada por The Clinic del diputado Gonzalo Winter se presenta, en apariencia, como un ejercicio de autocrítica honesta tras la derrota electoral del domingo, pero en su desarrollo revela algo muy distinto: no un balance crítico desde la izquierda, sino la sistematización ideológica de una capitulación política ya consumada. Bajo el ropaje de las “verdades incómodas”, el documento organiza un relato que desplaza las causas de la derrota desde el agotamiento material y político del proyecto progresista hacia una supuesta insuficiencia de adaptación del Frente Amplio al sentido común liberal, securitario y conservador que hoy hegemoniza la derecha. No se trata, por tanto, de una autocrítica, sino de una reorientación estratégica cuyo horizonte es la integración plena del Frente Amplio al bloque de la llamada “derecha democrática”.
La operación central del texto consiste en resignificar los momentos de mayor ruptura del ciclo político abierto en octubre de 2019 como errores de exceso, de desborde o de radicalidad mal conducida. El proceso constituyente es leído no como el punto más alto de una crisis orgánica del régimen, sino como una desviación simbólica, un espacio mal cuidado por su exceso de gestualidad y por la incapacidad de dialogar con “sectores razonables de la derecha”. Esta crítica no es inocente: al presentar el fracaso constitucional como resultado de la falta de acuerdos transversales y no como expresión del sabotaje sistemático del poder económico, los medios y el Estado profundo, Winter legitima retrospectivamente la tesis de que el problema no fue la correlación de fuerzas, sino la falta de moderación. El reproche al “fetiche antipolítico” de los independientes y a la Lista del Pueblo no apunta a la ausencia de un programa de clase o de una dirección revolucionaria, sino a haber desafiado demasiado el monopolio institucional de la política profesional, es decir, a no haber cerrado a tiempo filas con el orden existente.
Algo similar ocurre con la lectura del estallido social. Al caracterizarlo como un descontento transversal, carente de dirección política clara, Winter desarma su potencialidad histórica y lo reduce a un fenómeno sociológico sin sujeto. La insistencia en la falta de condena explícita a los hechos “sencillamente delictuales” no es un detalle retórico: es la adopción del lenguaje penal y securitario del Estado como marco interpretativo del conflicto social. La crítica al “espontaneísmo” no desemboca en la necesidad de organización popular y de poder desde abajo, sino en la reafirmación de que sin conducción institucional —esto es, sin partidos integrados al Estado— la protesta es peligrosa. De este modo, el estallido queda convertido en una advertencia contra el desborde popular, no en una interpelación radical al régimen.
El núcleo más explícito del viraje político se encuentra, sin embargo, en los pasajes dedicados a seguridad y migración. Allí, la autocrítica se formula en términos inequívocos: el Frente Amplio habría fallado por no haber sido lo suficientemente enérgico en asumir una agenda securitaria y por haber sostenido una defensa de los derechos humanos de los migrantes desconectada de los “impactos materiales reales” en los sectores populares. El argumento es conocido y peligroso: al naturalizar la competencia laboral, la saturación de servicios y la asociación entre migración y crimen organizado, el texto reproduce los marcos discursivos de la derecha, desplazando la responsabilidad desde el capital y el Estado hacia los trabajadores inmigrantes. No se trata de una crítica a la gestión estatal de la migración en clave de derechos universales y solidaridad de clase, sino de la aceptación de que el discurso humanitario debe ser moderado para no incomodar al electorado nacional-popular. La consecuencia es clara: la seguridad y la migración son resignificadas como problemas de orden, no como expresiones de la crisis estructural del capitalismo periférico.
En este punto, la convergencia con las posiciones de figuras como Carolina Tohá o Eugenio Tironi no es casual. La orientación que se desprende del documento busca alinear al Frente Amplio como una fuerza liberal burguesa, apta para la colaboración institucional con el gobierno de Kast en nombre de la contención de la “extrema derecha mundial”. La paradoja es brutal: quienes se presentan como el dique frente al autoritarismo terminan funcionando como sus parásitos, legitimando su agenda y preparándole el terreno social. La derrota electoral no es leída como el resultado de haber administrado el Estado contra las expectativas populares, sino como la consecuencia de no haber administrado con suficiente dureza.
Lo que el texto de Winter omite de manera sistemática es cualquier referencia al carácter de clase del conflicto político chileno. No hay una sola línea que interrogue el régimen de acumulación, la precarización del trabajo, la financiarización de la vida o el rol del gran capital en la derrota del proyecto progresista. En su lugar, se propone una depuración ideológica del campo popular: sepultar al progresismo no para avanzar hacia una política de clase, sino para liberar al Frente Amplio de los últimos restos de incomodidad con el orden liberal. La crítica a la política identitaria y de minorías, correctamente señalada en su carácter fragmentario, no se articula con una reconstrucción del sujeto trabajador, sino con la necesidad de recomponer un bloque político funcional al régimen.
De allí que la tarea que se abre para el activismo de izquierda no sea la de acompañar este giro, sino la de enfrentarlo. Sepultar al progresismo, sí, pero no para integrarse al consenso securitario y nacionalista, sino para expulsarlo de los espacios de base y de organización popular. La unidad que hoy se requiere no es la de los acuerdos transversales ni la de la gobernabilidad responsable, sino la unidad de clase de los trabajadores —chilenos e inmigrantes— contra el régimen patronal. La derrota del domingo no clausura un ciclo por exceso de radicalidad, sino por la renuncia sistemática a ella. Entender esto es la condición mínima para que la izquierda deje de administrar derrotas y comience, nuevamente, a disputar el poder desde abajo.