por Fernando López Mackenzie
La publicación de los antecedentes personales y profesionales de la jueza Patricia Michelle Ibacache por parte de Ex Ante —destacando su condición de hija de un carabinero violador de los DDHH condenado a diez años de prisión como responsable del asesinato de tres pobladores— justo en la víspera de que la magistrada resuelva la petición de prisión preventiva contra los abogados ligados a Ángela Vivanco, no puede ser interpretada como un gesto aislado ni como un ejercicio inocuo de periodismo de investigación. Por el contrario, encaja en una secuencia precisa del conflicto interburgués que atraviesa al régimen y que ha encontrado en el caso Muñeca Bielorrusa un punto de condensación. La pregunta no es solo por qué se publican ahora dichos antecedentes, sino quién gana y quién pierde con que la jueza Ibacache llegue a su resolución bajo presión y en un ambiente envenenado.
La operación mediática de Ex Ante —medio que forma parte del mismo ecosistema ideológico del pinochetismo reciclado y que ha levantado sistemáticamente discursos de restauración autoritaria— se lee como una señal de guerra interna: un recordatorio de que incluso dentro de la derecha existen fracciones en pugna por la dirección estratégica del régimen, y que la suerte de Vivanco se ha convertido en el catalizador de esa disputa. Dentro de ese cuadro, la emergencia fulgurante de Johannes Kaiser como figura electoral de la extrema derecha bonapartista marca un punto de inflexión. Kaiser ha hecho de la liberación de violadores de derechos humanos una bandera explícita, cerrando su campaña literalmente abrazado con el carnicero Crespo, uno de los responsables directos del operativo que dejó ciego a Gustavo Gatica. Ese gesto —de una brutal franqueza política— instala una derecha que ya no considera necesario cuidar las formas, porque sabe que existe un electorado disponible para la revancha histórica.
El ataque preventivo contra Ibacache es entonces un gesto táctico que responde a esta reconfiguración: se advierte a la magistrada que su decisión será leída en función de alineamientos más amplios y no solo por su mérito jurídico. Se recuerda su origen familiar, su paso por causas políticamente sensibles —desde el 18-O hasta Sierra Bella— y se la enmarca en un perfil que no es neutral para los fines de quienes desean condicionar su voto. En otras palabras, lo que se busca es influir, no informar. Se trata de marcar terreno en la víspera del primer hito judicial del caso Vivanco, un resultado que podría anticipar no solo el destino inmediato de la exministra, sino el mapa de poder que emergerá al interior de la Corte Suprema en el próximo ciclo.
Tras el gesto de Ex Ante se dibuja así un escenario de pugna interburguesa, un enfrentamiento entre el Congreso y la Corte Suprema que, aunque ya venía escalando desde los conflictos por el control administrativo del Poder Judicial, ahora adquiere rasgos más agresivos. El caso Vivanco ha puesto al máximo tribunal en una situación inédita: por primera vez en décadas, un episodio de corrupción que involucra directamente a una ministra visitadora amenaza con abrir grietas más profundas, con ramificaciones que alcanzan fallos millonarios, redes de abogados, viajes, beneficios judiciales y eventuales nuevos casos que el propio vocero del tribunal no ha descartado.
Lo que está en juego no es solo la caída de una magistrada, sino el control político del aparato judicial en un momento en que la derecha se reorganiza mediante dos vectores contradictorios: el sector institucionalista —el mismo día en que Boric reconfigura el Alto Mando en pacto con el ala derecha tradicional— que busca preservar la autonomía formal de los tribunales como pilar del régimen democrático-burgués, y el sector bonapartista representado por Kaiser, que apuesta por un Poder Judicial dócil, obediente, alineado con la impunidad militar y con una agenda punitiva selectiva contra los movimientos populares.
En ese marco, la publicación de Ex Ante es una jugada que apunta a disciplinar a Ibacache, a cercarla simbólicamente, a sugerirle que cualquier resolución que afecte a los imputados ligados a Vivanco será interpretada como una falta de objetividad, mientras al mismo tiempo se la acusa —de manera implícita— de tener una historia que podría condicionar sus decisiones. Se instala así un clima de sospecha anticipada, típico de los momentos en que la prensa de la derecha opera como brazo político de facciones que disputan el poder real.
Nada de esto es excepcional: es la forma en que el régimen resuelve sus contradicciones internas. Lo que sí es nuevo es la virulencia del conflicto, expresada en la ofensiva de Kaiser, quien pretende arrastrar al conjunto de la derecha hacia posiciones abiertamente negacionistas y autoritarias. En ese tablero, el caso Vivanco no es un accidente, sino un pretexto. Y la ofensiva contra Ibacache es una advertencia: los jueces también son piezas movibles en este ajedrez. El resultado de esta jornada no dirá solo algo sobre la exministra Vivanco; dirá, sobre todo, hacia dónde se inclina el poder efectivo dentro del régimen y qué fracción de la derecha está logrando imponer su agenda.