por Valeria Menéndez
La movilización de los trabajadores de la Central Hidroeléctrica Rucalhue, emplazada en la comuna de Santa Bárbara, constituye un episodio en la lucha obrera en contra la empresa china First Highway Engineering Co. Ltd.. La empresa, encargada de la ejecución del proyecto, ha desarrollado en el Biobío una política de atropello sistemático no solo hacia los trabajadores, sino también hacia las comunidades y el medio ambiente. Las denuncias por vertimiento de productos químicos al río, el incumplimiento de obligaciones salariales, las amenazas a dirigentes sindicales y las condiciones de trabajo degradantes, configuran un cuadro que desmiente el relato oficial del “desarrollo sustentable” y desnuda el verdadero carácter del capital extranjero: una maquinaria de saqueo amparada por el Estado chileno.
La jornada de protesta convocada por el Sindicato SINTEC-Chile expresa una acumulación de rabia y dignidad frente a una situación de abuso persistente. Los trabajadores han debido recurrir reiteradamente a la huelga —ocho veces en los últimos meses— para lograr siquiera ser escuchados, sin que las autoridades laborales o medioambientales adopten medidas efectivas. En este contexto, la voz de Eugenio Manzo Soto, dirigente nacional de SINTEC, resuena como una denuncia que trasciende lo local: no se trata solo de una empresa que “pasa a llevar” a los trabajadores, sino de un poder económico extranjero que vulnera comunidades enteras y destruye el entorno natural con la complicidad de un gobierno que calla.
La hipocresía de las autoridades, que se limitan a llamar al “diálogo” mientras la empresa persiste en su conducta, exhibe con claridad el sometimiento del régimen chileno a los designios del capital transnacional. El alcalde de Santa Bárbara, Cristián Oses Abuter, al solidarizar con los trabajadores, ha señalado que “no podemos permitir que una empresa extranjera llegue a vulnerar los derechos de nuestra gente”. Esa afirmación, que nace del sentido común popular, encierra una verdad de fondo: la soberanía nacional y la justicia social solo pueden ser defendidas por los trabajadores organizados, no por los burócratas ministeriales ni por las instancias de fiscalización que actúan como comparsas del capital.
El conflicto de Rucalhue pone así en cuestión el modelo de inversión extranjera que, bajo el discurso de la modernización energética, entrega territorios y cuerpos a la explotación sin límites. No hay “transición verde” posible mientras se violan derechos laborales y se envenenan ríos. El Biobío cordillerano —territorio de resistencia y memoria obrera— vuelve a ser escenario de una lucha que, aunque local, representa el enfrentamiento entre el trabajo vivo y el capital globalizado.
La solidaridad con los trabajadores de la Central Rucalhue debe extenderse a todo el país. Es necesario rodear su lucha con apoyo político, sindical y popular, para impedir que el conflicto sea sofocado en la indiferencia o el aislamiento. Cada despido injusto, cada multa impaga, cada amenaza a un dirigente sindical es una afrenta al conjunto de la clase trabajadora chilena. Frente al atropello de la China First Highway Engineering Co., el llamado es claro: unidad y movilización. Porque solo la fuerza organizada de los trabajadores podrá imponer justicia y frenar el avance depredador del capital imperialista sobre nuestra tierra.