por Valeria Menéndez
El fallo dictado hoy por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, rechazando las solicitudes de suspensión y postergación del lanzamiento del campamento Unión Sin Fronteras, constituye un acontecimiento de profunda significación política y jurídica. Más de un centenar de familias trabajadoras, que desde hace tres años levantaron allí sus hogares en las parcelas 161, 162 y 163 del Fundo Las Mercedes, serán desalojadas por orden judicial, pese a las múltiples advertencias de los organismos del Estado y de la propia Municipalidad de Valparaíso sobre la gravedad social, humanitaria y constitucional que reviste ejecutar esa medida en las actuales condiciones.
Las solicitudes de suspensión y de postergación —una presentada por la vocera del campamento, Sandra Vergara, y otra por la Municipalidad de Valparaíso— fueron fundadas en hechos concretos y en derecho. En ambos escritos se sostuvo que la sentencia dictada en 2023 y confirmada por la Corte Suprema en 2024 impone al Estado la obligación de coordinar medidas destinadas a evitar o minimizar los riesgos derivados del desalojo, con especial atención a niños, adultos mayores, migrantes y personas con discapacidad. El municipio acreditó, además, que el campamento alberga 317 personas agrupadas en 102 familias, de las cuales el 45 % corresponde a menores de edad y un 68 % a población migranteMunValpo. En oficios remitidos al tribunal, el Servicio Local de Educación Pública de Valparaíso advirtió que la ejecución del lanzamiento interrumpiría el año escolar y pondría en riesgo la continuidad educativa y alimentaria de decenas de estudiantesMunValpo.
A esas consideraciones se sumaron los pronunciamientos del Instituto Nacional de Derechos Humanos —que recordó la obligación del Estado de realizar desalojos sólo cuando resulten inevitables y con pleno respeto a la dignidad humana— y de organizaciones como TECHO-Chile, que señalaron la inexistencia de alternativas habitacionales para las familias afectadasMunValpo. Pese a este cúmulo de antecedentes, la Corte rechazó de plano ambas solicitudes, argumentando que la sentencia se encuentra firme y ejecutoriada y que los plazos de cumplimiento voluntario y de ejecución forzada ya han transcurrido, declarando en consecuencia que “no ha lugar a lo solicitado”171020-2022 No ha lugar.
El carácter estrictamente formal de esta resolución revela el vaciamiento del sentido original del recurso de protección. Nacido para tutelar los derechos fundamentales frente a los abusos del poder, ha terminado por invertirse en su función, convirtiéndose en un instrumento de defensa del derecho de propiedad incluso a costa de la vida y la integridad de comunidades enteras. El tribunal, al negar oír a los pobladores y ejecutar un lanzamiento sin forma de juicio, desconoce principios elementales del debido proceso y la tutela judicial efectiva. El Estado, en vez de proteger a los sectores más vulnerables, ampara la ejecución material de un desalojo que deja a niños, ancianos y enfermos en la intemperie.
Esta decisión no es un hecho aislado, sino la expresión de una práctica institucional que subordina todos los derechos sociales —vivienda, educación, salud, seguridad— al derecho de propiedad. La Corte de Apelaciones de Valparaíso, en nombre del “imperio del derecho”, avala una acción que destruye el tejido social y familiar de un asentamiento que nació de la necesidad, el trabajo y la esperanza. El silencio de los candidatos del régimen frente a esta violencia jurídica muestra con claridad de qué lado se sitúan las fuerzas políticas del sistema: todas, sin excepción, comparten la convicción de que la propiedad privada está por encima de la vida humana.
Es importante resaltar el papel que jugó el Delegado Presidencial Yanino Riquelme —militante del Partido Comunista— quien convocó a interminables reuniones a los pobladores con la única finalidad de desmovilizarlos, sin que hasta esta fecha hay garantizado ni albergue a ningún poblador, ni medidas de resguardo de sus bienes. En efecto, a estas horas los pobladors tienen ya desarmadas sus viviendas y solo piden un aplazamiento para poder retirar sus pertenencias. Ni eso les han concedido las autoridades cuya única función parece ser la de resguardar los intereses de los poderosos y criminalizar al pueblo pobre.
El lanzamiento del campamento Unión Sin Fronteras desnuda, así, el verdadero rostro del orden constitucional chileno. Bajo la retórica de la legalidad, se perpetúa la injusticia; bajo la forma de una sentencia ejecutoriada, se consuma una tragedia social. Allí donde el derecho debía ser escudo de los desposeídos, se transforma en la espada del desalojo.