por Alejandro Valenzuela Torres
La reforma al mercado de capitales que el gobierno de José Antonio Kast presenta este miércoles ha sido construida discursivamente como una iniciativa destinada a «profundizar» el mercado financiero, facilitar el acceso a la vivienda y recuperar una plaza bursátil que habría perdido dinamismo. Pero detrás de ese vocabulario técnico aparece una orientación política bastante más precisa: movilizar recursos, garantías y modificaciones regulatorias del Estado para mejorar las condiciones de acumulación del capital financiero. No estamos simplemente ante una desregulación clásica, donde el Estado se retira y deja actuar al mercado. Estamos ante algo diferente y característico del capitalismo contemporáneo: un Estado que interviene activamente para reducir riesgos privados, ampliar mercados y mejorar la rentabilidad esperada del capital.
El proyecto contiene una combinación particularmente reveladora. Se propone crear un fondo con garantía estatal para financiar nuevos créditos hipotecarios; subsidiar el ahorro destinado al pie de una vivienda; ampliar los incentivos al ahorro financiero; extender las condiciones bajo las cuales las ganancias obtenidas mediante acciones pueden quedar exentas de impuestos; eliminar la Tasa Máxima Convencional para grandes créditos empresariales; modificar las reglas sobre fraudes en medios de pago y, simultáneamente, reducir determinados quórums societarios desde dos tercios a mayoría simple. La propia industria financiera reconoce que varias de estas medidas corresponden a demandas que viene formulando desde hace años.
La socialización del riesgo
El elemento más significativo es probablemente el mecanismo hipotecario. El Ejecutivo proyecta constituir un fondo respaldado por garantía estatal para financiar nuevos créditos destinados a viviendas nuevas y usadas de hasta 6.000 UF. El propósito declarado consiste en reducir las tasas hipotecarias y facilitar el acceso a la vivienda. Paralelamente, el Estado subsidiaría parte del ahorro destinado al pie de esos créditos.
La cuestión debe mirarse desde el extremo contrario. El Estado no construye aquí directamente viviendas ni organiza un parque público significativo destinado a satisfacer una necesidad social; interviene sobre las condiciones financieras que permiten transformar esa necesidad en demanda solvente. La vivienda continúa siendo mercancía, el acceso continúa mediado por el endeudamiento y el banco continúa apropiándose del interés. Lo que cambia es que el Estado concurre para reducir el riesgo y abaratar las condiciones bajo las cuales puede realizarse esa operación financiera.
Se trata de una forma de subvención indirecta al capital financiero. El trabajador recibe aparentemente una ayuda para adquirir su vivienda, pero esa ayuda está condicionada a su incorporación durante décadas al circuito hipotecario. El subsidio público termina aumentando la capacidad de compra del deudor y la garantía estatal disminuye el riesgo del acreedor. El dinero público aparece entonces en ambos extremos de la operación, mientras la propiedad, la cartera crediticia y sus rendimientos permanecen privados.
La contradicción es notable. Aquello que la ideología liberal presenta permanentemente como virtudes del mercado —la evaluación del riesgo, la correcta asignación de recursos, la disciplina financiera— deja rápidamente de ser una virtud cuando la rentabilidad del propio sistema financiero necesita protección. Entonces aparece el Estado como asegurador de última instancia de los negocios privados.
Exenciones tributarias y poder de los controladores
La reforma avanza igualmente sobre la tributación de las ganancias de capital. Actualmente las acciones con presencia bursátil pagan una tasa de 10%, pero las modificaciones ya aprobadas en la denominada Ley de Reconstrucción harán que esa tasa llegue a 0% desde enero de 2027. El nuevo proyecto pretende ampliar considerablemente el universo susceptible de beneficiarse, modificando el concepto de presencia bursátil mediante un free float mínimo de 15%.
La orientación distributiva difícilmente podría ser más transparente. Mientras los trabajadores tributan sobre sus ingresos provenientes del trabajo y soportan mediante impuestos al consumo una parte decisiva del financiamiento estatal, determinadas rentas obtenidas mediante valorización patrimonial reciben una tributación privilegiada que puede llegar sencillamente a cero. La justificación es conocida: aumentar liquidez, atraer capitales, dinamizar la bolsa, internacionalizar el mercado chileno. Hacienda ha expresado explícitamente su aspiración de recuperar para Chile la condición de centro financiero regional.
No menos significativa resulta la propuesta de rebajar de dos tercios a mayoría simple el quórum necesario para adoptar determinadas decisiones estructurales de las sociedades anónimas. El requisito vigente ha funcionado históricamente como una protección de los accionistas minoritarios frente al controlador. La propia información proveniente de la industria admite que su reducción entrega mayor flexibilidad a este último.
Estamos, por tanto, ante una reforma que opera simultáneamente sobre rentabilidad, tributación, riesgo y poder corporativo. No existe aquí una colección accidental de modificaciones técnicas. Existe una orientación de clase.
De las AFP y las Isapres al mercado de capitales
Esta política no aparece en un vacío. Forma parte de una tendencia más extensa de reorganización estatal destinada a garantizar la continuidad de mercados fundamentales para la acumulación capitalista chilena. Es en ese sentido que debe establecerse una relación política —sin confundir las diferencias jurídicas de cada reforma— con el rescate del sistema privado de salud y con la reforma previsional.
La llamada Ley Corta de Isapres fue construida bajo la premisa explícita de hacer compatibles las sentencias de la Corte Suprema con la «viabilidad del sistema» privado. La solución finalmente aprobada permitió planes de pago y ajuste para que las aseguradoras restituyeran los cobros determinados por los fallos sin provocar el colapso de la industria. Durante la tramitación, incluso se discutió una fórmula de mutualización que habría reducido una deuda estimada entonces en torno a US$1.000 millones hasta unos US$451 millones; aquella fórmula fue precisamente denunciada por sectores del propio oficialismo de entonces como un «perdonazo» y terminó siendo excluida por el Tribunal Constitucional.
La reforma previsional de 2025, por su parte, lejos de abolir el régimen de capitalización, preservó las cuentas individuales y alimentó nuevamente el circuito financiero con cotizaciones adicionales provenientes del trabajo. La legislación estableció un aporte patronal adicional gradual y mantuvo la capitalización individual como componente estructural del sistema, junto con mecanismos de seguro social y modificaciones a la industria previsional.
Desde una perspectiva de clase, la conexión entre estos procesos no requiere sostener que sean jurídicamente idénticos. Su unidad es político-económica: cuando una necesidad social fundamental —salud, jubilación o vivienda— entra en contradicción con la rentabilidad de las empresas que la administran, la política estatal no se dirige a emancipar esa necesidad de la lógica mercantil, sino a reconstruir las condiciones que permiten continuar explotándola como mercado.
Aquí reside precisamente la continuidad entre gobiernos que aparecen políticamente enfrentados. El progresismo administró la crisis de las Isapres procurando impedir su quiebra y reformó las pensiones preservando la capitalización financiera. El actual gobierno profundiza esa trayectoria, pero despojada de buena parte de las mediaciones sociales y presentada abiertamente como política de «competitividad», «profundización financiera» y recuperación de Chile como centro regional de capitales. Hacienda ha definido precisamente su hoja de ruta hacia 2030 sobre tres pilares: facilitación regulatoria, competitividad tributaria y consolidación fiscal.
Un Estado fuerte para el capital
Existe aquí una cuestión teórica fundamental. La política neoliberal nunca consistió verdaderamente en hacer desaparecer al Estado. Consistió en transformar la dirección de su intervención. El mismo Estado al que se le exige austeridad cuando se trata de derechos sociales puede desplegar garantías, exenciones fiscales, subsidios y reformas institucionales cuando está comprometido el funcionamiento de los mercados.
La reforma financiera constituye una demostración casi pedagógica. El crédito hipotecario no se sustituye por vivienda pública: se garantiza. El mercado accionario no tributa más para financiar necesidades sociales: se exonera. Los mecanismos protectores frente a los controladores no se fortalecen: se flexibilizan. Y el ahorro de los trabajadores no se emancipa del circuito financiero: se busca canalizarlo todavía más profundamente hacia él.
La imagen utilizada por el ministro Jorge Quiroz para explicar el problema resulta involuntariamente esclarecedora. Según informó La Tercera, comparó al mercado financiero chileno con «una ballena atrapada en una pecera con poca agua», concluyendo que había que aumentar el agua para permitirle nadar. La pregunta que corresponde formular es otra: ¿quién pone el agua?
La respuesta empieza a aparecer en el propio articulado. La ponen los recursos públicos mediante garantías estatales; los trabajadores mediante ahorro previsional y endeudamiento hipotecario; los consumidores mediante un sistema tributario donde las rentas del trabajo y el consumo conviven con exenciones crecientes para determinadas rentas del capital; y finalmente el conjunto de la sociedad, que asume parte del riesgo necesario para mantener funcionando el mecanismo de valorización privada.
Por eso resulta insuficiente caracterizar esta reforma simplemente como una política «pro mercado». Es algo más preciso: una política de Estado destinada a subvencionar y reconstruir las condiciones generales de reproducción del gran capital financiero. El capital reclama libertad cuando obtiene beneficios, pero demanda garantías cuando enfrenta riesgos. Privatiza la rentabilidad y procura socializar las condiciones que hacen posible obtenerla.
La secuencia formada por el salvataje político del sistema de Isapres, la preservación y alimentación del circuito de capitalización previsional y ahora la reforma del mercado de capitales permite observar una orientación estratégica: el Estado chileno reorganiza recursos sociales para preservar las estructuras privadas que administran salud, pensiones, crédito y vivienda. Cambian los gobiernos y cambia la retórica; permanece la defensa de las relaciones sociales fundamentales sobre las cuales descansa la acumulación.
La discusión decisiva, entonces, no consiste en determinar si la reforma conseguirá efectivamente aumentar algunos puntos la liquidez bursátil o disminuir algunas décimas las tasas hipotecarias. Desde el punto de vista de los trabajadores, la pregunta anterior a todas esas es por qué el ahorro previsional, la vivienda y una parte creciente de los recursos fiscales deben organizarse alrededor de las necesidades de valorización del capital financiero. Mientras esa cuestión permanezca fuera del debate político, cada crisis del mercado encontrará la misma solución: más garantías públicas para la propiedad privada, más recursos sociales puestos al servicio de la acumulación y más Estado, no para los trabajadores, sino para asegurar que la ballena pueda seguir nadando.