por El Porteño
Juan Manuel Aliste Vega murió este domingo 11 de octubre de 2026, a los 53 años, enfermo de cáncer terminal y todavía prisionero del Estado chileno. Murió en el Hospital Penitenciario de Santiago. No murió libre, ni en su casa, ni acompañado permanentemente por su familia. Murió bajo custodia penitenciaria después de que tribunales, Ministerio Público, Gendarmería y otros organismos del Estado se opusieran sucesivamente a que pudiera cumplir fuera de la cárcel los últimos días de una enfermedad respecto de la cual los informes médicos ya habían establecido un pronóstico fatal. Seis días antes de su muerte había solicitado un indulto humanitario al presidente José Antonio Kast. El indulto no alcanzó siquiera a ser resuelto.
Hace poco más de dos meses, desde estas mismas páginas sostuvimos que ninguna condena puede transformarse en una sentencia de muerte. No era una consigna retórica. Juan Aliste había sido condenado a penas que totalizaban 42 años de presidio por el homicidio del cabo Luis Moyano, un homicidio frustrado y los robos a los bancos Security y Santander. Había sido militante del Movimiento Juvenil Lautaro, organización político-militar nacida en los años de la lucha contra la dictadura y que, a diferencia de buena parte de la izquierda que se incorporó a la institucionalidad levantada en 1990, mantuvo una estrategia insurreccional durante los primeros años de la llamada transición. La severidad de la persecución de sus militantes no puede comprenderse al margen de aquella historia y del esfuerzo del nuevo régimen por clausurar violentamente las organizaciones que se negaron a reconocer el pacto político sobre el cual se reconstruyó la dominación burguesa después de Pinochet.
Lo dejaron morir prisionero
Cuando afirmamos que el Estado chileno decidió llevar la condena de Juan Aliste Vega hasta la muerte, no necesitamos imaginar una instrucción secreta ni atribuir intenciones psicológicas a tal o cual funcionario. Hablamos de una voluntad política expresada materialmente en actos perfectamente verificables. Su defensa pidió sustituir la prisión por arresto domiciliario total debido al carácter terminal de su enfermedad. El 7º Juzgado de Garantía rechazó esa posibilidad. El Ministerio Público, Gendarmería y la parte querellante se opusieron. El 2 de octubre la Corte Suprema confirmó el rechazo del recurso de amparo. Y mientras los antecedentes médicos indicaban primero una expectativa máxima de vida de tres meses y posteriormente advertían que la muerte podía producirse en cuestión de horas, días o semanas, se fijó una nueva audiencia para el 26 de octubre, quince días después de la fecha en que efectivamente murió.
La secuencia es brutal precisamente porque resulta burocráticamente impecable. Expedientes, informes, recursos, plazos, audiencias y resoluciones siguieron su curso mientras un hombre se moría. La maquinaria judicial continuó administrando tiempo allí donde el condenado ya no lo tenía. Finalmente ocurrió aquello que advertíamos el 31 de julio: la prisión se transformó materialmente en una sentencia de muerte. Entonces escribimos que mantenerlo encerrado en esas condiciones demostraría que el Estado estaba dispuesto a llevar el castigo hasta la muerte. Hoy ya no hablamos de una posibilidad. La muerte llegó y Juan Aliste continuaba preso.
La cuestión es todavía más grave porque su defensa no estaba solicitando la revisión de la sentencia ni la declaración de inocencia. Tampoco se pedía borrar judicialmente los hechos por los cuales había sido condenado. Se pedía que un hombre con cáncer terminal pudiera morir fuera de una cárcel. Incluso el indulto humanitario presentado el 5 de octubre asumía expresamente la existencia y gravedad de las condenas y reclamaba urgencia exclusivamente por su estado de salud. Cuando murió seis días después, la solicitud todavía estaba siendo sometida al procedimiento de recopilación de antecedentes.
Allí se revela la naturaleza concreta del humanitarismo burgués. El derecho abstracto a la dignidad puede proclamarse infinitamente mientras su realización queda sometida a plazos administrativos que sobreviven al propio sujeto del derecho. Juan Aliste necesitaba días; el Estado le ofrecía procedimientos. Necesitaba salir de prisión; el aparato judicial discutía cuándo volver a discutir su situación. Necesitaba llegar vivo a su casa; finalmente salió de la cárcel muerto.
Juan Aliste Vega fue un preso político
Desde El Porteño lo decimos inequívocamente: Juan Aliste Vega fue un preso político. Esta caracterización no significa negar las acciones por las cuales fue juzgado ni desconocer el sufrimiento de quienes fueron afectados por ellas. Significa comprender políticamente la cárcel. Juan Aliste perteneció a una corriente revolucionaria que hizo de la ruptura con el orden capitalista y de la acción subversiva una definición estratégica. La excepcional prolongación del castigo, el régimen penitenciario al que fue sometido y, finalmente, la negativa a permitirle abandonar la prisión cuando se encontraba agonizando no pueden separarse de esa condición.
El Movimiento Juvenil Lautaro fue una expresión particular de la radicalización de sectores de la juventud popular durante la dictadura. Nacido a comienzos de los años ochenta desde una ruptura proveniente del MAPU, se desarrolló fundamentalmente entre jóvenes de poblaciones populares, participó de las jornadas de protesta contra la dictadura y levantó posteriormente una concepción de guerra insurreccional que prolongó su actividad durante los primeros años de la transición. Investigaciones históricas han situado precisamente su desarrollo en la experiencia política de una juventud popular formada bajo la represión dictatorial y en el conflicto abierto por una transición que los lautaristas consideraban continuidad del orden contra el cual habían combatido.
Podemos tener —y tenemos— diferencias con aquella estrategia. Las relaciones entre lucha armada, movimiento de masas y organización de la clase obrera; la sustitución de la acción independiente de las masas por las operaciones de aparatos político-militares; la caracterización de la transición; el problema del partido revolucionario y del programa capaz de conducir una ruptura socialista constituyen cuestiones que deben discutirse críticamente. Pero esas diferencias pertenecen al debate de la vanguardia revolucionaria, al balance histórico que las distintas corrientes de la izquierda anticapitalista tienen la obligación de desarrollar. No pertenecen al tribunal del Estado burgués.
No se trata de fabricar un héroe sin contradicciones ni de sustituir el análisis político por una liturgia de martirologio. La tradición revolucionaria solo puede apropiarse de su propia historia sometiéndola a crítica. Pero la crítica entre revolucionarios es exactamente lo contrario de la condena pronunciada desde las instituciones de la clase dominante. Podemos discutir las orientaciones del Movimiento Juvenil Lautaro, sus concepciones estratégicas, sus métodos, sus aciertos y sus derrotas. Lo que no haremos será utilizar esas diferencias para abandonar a uno de sus militantes cuando el Estado decidió mantenerlo preso mientras moría.
Frente a ese Estado no aceptamos la cómoda posición de quienes, para obtener certificados de respetabilidad democrática, deben comenzar cada homenaje renegando de quienes combatieron el orden existente. El Estado que juzga al revolucionario no es una institución situada por encima de las clases. Es el mismo aparato que garantiza la propiedad capitalista, reprime huelgas, militariza territorios mapuche, protege el gran capital y heredó de la dictadura buena parte de sus dispositivos coercitivos. Por eso una cosa es nuestra discusión política con el lautarismo y otra completamente distinta nuestra posición frente al poder que encarceló a sus militantes.
Ante ese poder rendimos homenaje a Juan Aliste Vega como revolucionario y como subversivo. Reivindicamos esas palabras precisamente porque han sido convertidas en categorías infamantes por el lenguaje oficial. Revolucionario es quien considera que este orden social debe ser derribado. Subversivo es quien busca subvertirlo. Juan Aliste hizo de esa decisión una elección política y pagó por ella durante décadas de cárcel hasta morir todavía bajo custodia estatal.
La muerte de Juan Aliste contiene además una advertencia. El encarcelamiento político no desapareció con el fin formal de la dictadura. Cambiaron sus mecanismos, sus justificaciones jurídicas y las fuerzas encargadas de administrarlo, pero permanece intacta una cuestión fundamental: el monopolio estatal de determinar qué violencia es legítima y qué violencia debe ser castigada ejemplarmente. La violencia estructural de una sociedad organizada sobre la explotación aparece normalizada; la violencia del Estado se presenta como derecho; pero la rebelión contra ese orden recibe inmediatamente la denominación de terrorismo, delincuencia o amenaza a la seguridad interior. Esa asimetría constituye uno de los fundamentos ideológicos de la dominación burguesa.
Por eso resulta particularmente obsceno que durante años se hayan articulado campañas de clemencia para agentes estatales condenados por secuestros, torturas, ejecuciones y desapariciones cometidas como integrantes de un aparato sistemático de exterminio, mientras a un militante revolucionario enfermo de cáncer terminal se le negó hasta el derecho de morir en su casa. Ya advertíamos esa contradicción cuando reclamamos su libertad en julio.
Juan Aliste Vega murió antes de la audiencia que debía volver a considerar su situación. Murió antes de que el Presidente resolviera su indulto. La burocracia penitenciaria y judicial ya no tendrá que pronunciarse acerca de su libertad: la muerte resolvió aquello que el Estado se negó a resolver en vida.
Queda entonces para nosotros otra obligación. Su muerte no puede clausurarse con el ceremonial hipócrita de quienes descubren la compasión cuando ya no existe ninguna libertad que conceder. Juan Aliste pertenece a la historia contradictoria y dura de una generación que se propuso combatir el orden capitalista y que conoció la clandestinidad, la persecución, la cárcel y la muerte. Nuestro homenaje no exige borrar esas contradicciones; exige colocarlas donde corresponden: dentro del balance y la discusión de quienes aspiran todavía a transformar revolucionariamente esta sociedad.
Despedimos a Juan Aliste Vega como preso político, militante revolucionario y subversivo. Las diferencias que podamos sostener con la experiencia del Movimiento Juvenil Lautaro son nuestras diferencias: las diferencias de una vanguardia que tiene todavía por delante la tarea de extraer las lecciones de sus derrotas para reconstruir una perspectiva revolucionaria de la clase obrera. Frente al Estado burgués, en cambio, no hay equidistancia posible.
Juan Aliste debía haber muerto libre. Lo mantuvieron encarcelado hasta el final. Su muerte vuelve por eso más urgente una consigna que no admite excepciones ni cálculos de conveniencia: