Históricamente, desde Sócrates, la defensa en un proceso penal tiene la dimensión de ser continuidad del conflicto político subyacente a la propia persecución penal. O`Higgins y a su manera Clodomiro Almeyda utilizaron los estrados para disparar sobre sus enemigos. Fidel Castro lo hizo con su célebre «La historia me absolverá». Trotsky elevó esto a la categoría programática con su activismo sobre los Juicios de Moscú. En fin, la bibliografía es amplísima.
Esta recopilación de notas de fuentes directas —Boletines de CODEPU— realizada por Guillermo Correa, echa luz sobre episodios postergados en el análisis político, refiriendo el combate de militantes revolucionarios contra la Dictadura en las fauces del mismísimo aparato judicial.
EP
por Guillermo Correa
El CODEPU V Región, además de ser una instancia coordinadora de organizaciones sociales, estaba constituido por un órgano central del cual formaban parte el Ejecutivo y diferentes Equipos Técnicos, entre estos el Equipo Jurídico, encargado de la defensa de los luchadores y las luchadoras populares antidictatoriales.
Como parte de sus concepciones políticas definía los derechos humanos en una forma amplia, que va mucho más allá de la sola denuncia de las brutales y sistemáticas violaciones de los derechos humanos y la defensa de las prisioneras y prisioneros políticos, ampliando su mirada al conjunto de los derechos del pueblo en los aspectos políticos, económicos, sociales y culturales. Dentro de esta concepción adhería a distintos documentos internacionales, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica y la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos o Carta de Argel.
Como organización declaraba estar completamente de acuerdo con el derecho a la rebelión y con el empleo de todas las formas de lucha por parte del pueblo oprimido en su camino de lucha por su liberación. El concepto “todas las formas de lucha” incluía la aceptación de la violencia política y la lucha armada como instrumentos válidos en este camino de liberación.
Precisamente teniendo en cuenta lo anteriormente expresado, el Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU V Región), a diferencia de otras organizaciones de derechos humanos, no hacía diferencia entre los luchadores y las luchadoras populares encarceladas, dejando de lado concepciones excluyentes que dividían a los prisioneros y prisioneras políticas en “presos de conciencia y presos de violencia”, o bajo otras definiciones y divisiones como el haber participado o no en hechos de sangre. Por lo tanto, se ocupaba de defender tanto a los prisioneros y prisioneras políticas que usaran como método de acción política la no violencia activa, como también a defender a los combatientes populares revolucionarios que hicieran uso de la violencia política y la lucha armada en el camino de resistencia a la dictadura y por la liberación popular.
El Equipo Jurídico del Comité orientaba su quehacer bajo esta premisa ideológica fundamental, utilizando todos los instrumentos jurídicos que la institucionalidad permitía, pero además impulsando la difusión y denuncia, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, de la represión desatada en contra de las luchadoras y luchadores populares. También impulsó la elaboración de las “Defensas Políticas” de los combatientes encarcelados. De esta manera, no solo limitaba su accionar al ámbito estrictamente jurídico, sino lo ampliaba bajo la concepción política definida en el Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo.
Revisando Boletines del CODEPU V Región, he querido aportar a la memoria histórica popular, reproduciendo algunas “Defensas Políticas” publicadas en diferentes números del Boletín Codepu V Región.
LA DEFENSA POLÍTICA
(BOLETÍN CODEPU V REGIÓN N°36 MAYO-JUNIO 1987)
“Señores del Tribunal Militar:
Una vez más, la defensa de un grupo de combatientes revolucionarios, como ha ocurrido en la historia de todos los pueblos sometidos a regímenes dictatoriales, no puede ser otra cosa que una acusación. No seremos nosotros una excepción.
Se nos acusa de ser los autores intelectuales y materiales del ajusticiamiento del jefe político y policial, representante de confianza del dictador Pinochet, Intendente Carol Urzúa, y de sus dos guardaespaldas. Se nos acusa, además, de nuestra participación en acciones de expropiación de dinero…de ataques con bombas…robo de armas…ataques a cuarteles…sabotajes…
Más allá de nuestra posible participación en estos hechos, queremos declarar nuestro más absoluto compromiso y solidaridad con estas acciones de la resistencia popular. Más aún, declaramos nuestra solidaridad y compromiso con todas las otras manifestaciones de resistencia popular, desde las pequeñas acciones de sabotaje hasta la insurrección armada general. Juramos ante nuestro pueblo que esta confesión la hacemos exentos de toda presión. Porque nada tenemos que perder, sólo nuestras cadenas.
Señores del Tribunal: exigimos nuestra absolución y libertad inmediata. Llamamos para que atestigüen a nuestro favor:
-a los fusilados, que fueron ejecutados por haber luchado por la justicia;
-a los desaparecidos, que fueron eliminados por oponerse al arrasamiento de los derechos básicos del pueblo. Llamamos a sus familiares que siguen reviviendo la tortura de no conocer la verdad sobre el paradero de esos combatientes:
-a los miles de presos y torturados;
-a los miles de exiliados y extrañados;
-a todos quienes sufre la explotación y viven en el hambre y la miseria, como consecuencia de un modelo de desarrollo económico basado en la desigualdad y en la acumulación de la riqueza por unos pocos.
Señores del Tribunal: creemos que ellos aportan pruebas más que suficientes de nuestra inocencia. Asimismo, ellos representan las pruebas suficientes para iniciar el juicio a los que hoy nos acusan y que, tarde o temprano, deberán responder por sus crímenes.
Denunciamos las condiciones extraordinarias bajo las que se nos PRETENDE JUZGAR. Se nos juzga en tiempos de guerra, con juicios sumarios, procedimiento reñido con la propia legalidad de la dictadura y contradictoria con la situación de absoluta normalidad que la propia dictadura proclama.
Les decimos a nuestros acusadores que estamos orgullosos de los cargos que se nos imputan, que no nos amedrenta la pena de muerte, pues cuando tomamos la decisión de combatir con las armas a la dictadura, sabíamos que el riesgo de la muerte, la cárcel o el destierro eran nuestro destino en el caso de caer en las garras de nuestros enemigos. Asumimos este riego con la tranquilidad de quienes luchamos por causas absolutamente justas cuyo triunfo es inexorable. Le decimos a nuestros acusadores que este intento de asesinato legal no logrará amedrentar a nuestro pueblo, sólo servirá para ensanchar aún más el abismo que separa a nuestro pueblo de sus opresores.
Jorge Palma Donoso Hugo Marchant Moya Carlos Araneda Miranda
Cárcel Pública de Santiago, noviembre 1986”
DEFENSA POLÍTICA
(BOLETÍN CODEPU V REGIÓN N°47 DICIEMBRE 1988)
JORGE FERNÁNDEZ TORRIJOS CARRASCO, detenido el 10 de diciembre de 1987 por Carabineros.
Procesado por la Fiscalía Militar de Valparaíso, acusado de maltrato de obra a Carabineros.
Con fecha 8 de agosto de 1988, el Fiscal solicitó una condena de 20 años y 3 días.
“Yo JORGE FERNANDO TORRIJOS CARRASCO, 29 años, siendo estudiante universitario fui tomando conciencia de las grandes injusticias en mi Patria, de los atroces crímenes que a diario cometía la dictadura militar contra mi Pueblo, apoyada por intereses económicos extranjeros y por los patrones.
Considero legítimo, justo y necesario hacer mía esta lucha. El régimen le ha declarado la guerra al Pueblo y, al decir de célebre poeta José Martí: “es criminal quien promueva en un país la guerra que se puede evitar y, también es criminal quien no la promueva cuando la guerra es inevitable…” Es así como asumo el deber moral de rebelarme contra el estado de cosas. que ha sido la causa de tanto de tanto de nuestros hermanos caídos en combate, los asesinados a mansalva, los desaparecidos, los torturados, los que debieron ir al exilio, los mismos Presos Políticos entre los que ahora me cuento, más que Presos Políticos somos rehenes de la dictadura; somos Prisioneros de Guerra y el trato que se nos da es de delincuentes. Porque nuestros mártires se han convertido en razones que desde toda América Latina siguen ordenando LUCHAR y LUCHAR.
Asimismo, desconocer la mal llamada “Justicia Militar”, verdadero monumento a la inmoralidad, que se sirve de la tortura como medio de obtener confesión de culpa; donde el Prisionero no tiene ninguno de los derechos universalmente aceptados; donde quién debe juzgar los hechos es al mismo tiempo acusador; donde, finalmente, y esto es lo más grave, esta “Justicia Militar” se alza como poder ‘autónomo’ que no le rinde cuentas a nadie y ante el cual solo se puede esperar arbitrariedad y abuso. Por todo lo cual, desconozco la acusación y los cargos que se me hacen y solo me acogería ante un Tribunal Justo, que es el que genera la Voluntad Popular.
Porque soy joven, ambicioso y rebelde; porque quiero y me gusta serlo, estoy en la ALTERNATIVA POPULAR.”
DEFENSA POLÍTICA
(BOLETÍN CODEPU V REGIÓN N°48 ENERO 1989)
JAIME PATRICIO TAPIA FICA, detenido el 28 octubre 1986 en un enfrentamiento con Carabineros.
Procesado por la Fiscalía Militar de Valparaíso con fecha 8 de junio de 1988, se le solicitó una condena de 14 años de presidio.
Se le procesa, además, por los hechos a raíz de los cuales fue detenido, sin que aún se le solicite condena.
“AL SR. FISCAL MILITAR DIGO:
Soy uno de los tantos chilenos procesados por los Tribunales Militares.
El Fiscal Militar ha establecido que participé en un enfrentamiento armado, donde resultaron dos carabineros heridos.
Considerando aisladamente estos hechos todo parece correcto: un individuo que se organizó para realizar actividades milicianas y, que, al intentársele detener, se opuso a ello.
Sim embrago, estos hechos se dan en un contexto histórico muy definido y ampliamente conocido a nivel nacional e internacional. En razón de ello solo baste señalar:
-Desde hace 15 años nuestro país sufre la más brutal y prolongada dictadura de su historia, para hacerse del poder derrocó al Gobierno Popular legítimamente constituido de Presidente Salvador Allende.
-Para tomar el poder, las Fuerzas Armadas hicieron uso de la violencia en contra del pueblo, deteniendo el avance en la lucha de clases y saliendo en defensa de los intereses de la clase dominante criolla y del imperialismo.
-El régimen militar ha impuesto un ordenamiento económico y social que solo ha significado hambre y súper explotación para nuestro pueblo. Para imponerlo, la dictadura ha desarrollado una guerra interna basada en los fundamentos doctrinarios proporcionados por el imperialismo yanqui aa través de la Estrategia de Contrainsurgencia y la Doctrina de la Seguridad Nacional. Ha impuesto el Terrorismo de Estado, forma bajo la cual se ha desatado la más brutal represión contra todo aquel que resista a la tiranía y se rebele.
-Ante esta situación de opresión tiránica, los sectores populares se han organizado para ir resistiendo y enfrentando a la dictadura, ejerciendo su legítimo derecho a rebelarse.
Este es en síntesis el contexto histórico en que se me procesa.
Es este contexto de hambre y opresión el que legitima y valida nuestra organización y nuestro accionar político-militar que busca poner fin a la tiranía.
Solo cuando la dictadura necesita justificar la represión reconoce la existencia de un conflicto interno; el propio General Pinochet, Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, declara con insistencia estar en guerra. Sin embargo, al momento de juzgar a los Prisioneros Políticos, no se muestra dispuesto a darnos un trato apropiado a una fuerza beligerante y nos procesa como delincuentes, con la gran diferencia que los tribunales encargados de juzgarnos actúan con absoluta parcialidad, arbitrariedad e inequidad. Es un hecho claro para el mundo que los procesos de la dictadura a los Presos Políticos no se atienen a las mínimas normas consagradas internacionalmente para la realización de un juicio justo.
Como Prisionero Político, militante revolucionario y luchador antidictatorial, solo acepto el juicio del pueblo. Rechazo, por lo tanto, el enjuiciamiento de los tribunales dictatoriales.
Bajo la dictadura militar los postergados y oprimidos de nuestra patria han conocido y practicado el único camino que conduce inequívocamente a la liberación: la creación y reproducción en la lucha misma del Poder Popular que sea capaz de derrotar política y militarmente a los sectores opresores. El pueblo ha emprendido el camino de la lucha revolucionaria que lo llevará a conquistar la soberanía popular. No nos detendrá la represión.
¡SOLO LA LUCHA NOS HARÁ LIBRES!
¡PARIA O MUERTE VENCEREMOS!
Cárcel Pública de Valparaíso, 29 julio 1988.”
DEFENSA POLÍTICA
(BOLETÍN CODEPU V REGIÓN N° 49 FEBRERO 1989)
FERNANDO ISMAEL FUENTES RAMÍREZ, detenido el 19 de febrero de 1985 en un enfrentamiento con la CNI en el que fueron asesinados los hermanos MARCELO Y DAVID MIÑO LOGAN.
Procesado por la Fiscalía Militar de Valparaíso con fecha 19 de agosto, el Fiscal Militar le solicitó una condena de 19 años y 3 días.
“Al Sr. Fiscal digo:
Señores del Tribunal Militar:
Me presento a este juicio sabiendo que el resultado está decidido de antemano.
La instauración de la actual dictadura ha borrado todas las conquistas obtenidas por nuestro Pueblo durante el Gobierno de la Unidad Popular, inaugurando un tiempo de terror y hambre en nuestra Patria.
Consciente de esta realidad, me incorporé a las Milicias dela Resistencia Popular de la V Región, haciendo todos los esfuerzos necesarios para acabar de una vez y para siempre con la dictadura representante de la burguesía y el imperialismo.
Nuestras acciones no están dirigidas contra personas civiles inocentes, se ejecutan en contra del personal uniformado y civil cómplice de la dictadura y con miras a socavar las estructuras económicas que le sirven de base de sustentación.
Nosotros somos soldados revolucionarios que actuamos bajo condiciones de una guerra que no pedimos ni deseamos, pero que, sin embargo, debemos llevar a cabo para impedir que el dictador continúe imponiendo sus condiciones a las grandes mayorías, empobreciéndolas y hambreándolas hasta la saciedad.
Señores, no estoy aquí para alegar inocencia, me declaro culpable de ser consciente, de ser incapaz de acallar mi mente ante la miseria en que viven miles de hombres y mujeres, empujados a deambular por las calles mendigando comida para sus hijos; culpable de no ser cómplice de un régimen corrupto que ha precipitado a jóvenes de ambos sexos a la delincuencia y prostitución, que ha sumido a nuestro Pueblo en la más abyecta degradación moral y cultural.
Me declaro culpable de odiar la actitud servil y vende patria de este régimen que se levanta como un campeón del patriotismo, que acusa a todo aquel que lo critica de antipatriota, mientras sus personeros realizan viajes y gestiones que dan por resultado la venta de nuestro patrimonio y riquezas naturales (cobre, oro, madera) a capitalistas extranjeros.
Soy culpable de desear que mi país deje de ser un oasis de soledad y entreguismo en América Latina. Donde los funcionarios del gobierno norteamericano periódicamente hacen declaraciones sobre lo que les parece, pisoteando nuestra soberanía y nuestro derecho a la libre determinación.
Esta es mi culpabilidad, querer lo mejor para mi patria, para los hombres y mujeres que la habitan, que todos tengan las mismas oportunidades; derecho a la educación básica, media y superior sin costo; que todos, adultos o niños, tengan derecho a la medicina integral gratuita; a la vivienda; al trabajo correctamente remunerado, siendo responsabilidad del Estado el otorgárselo.
Comprender que solo el cambio de la actual sociedad por una más justa y equilibrada dará solución a estas necesidades es lo que me ha convertido en enemigo de este régimen y todo lo que representa.
Por lo tanto, como mirista me declaro culpable de ser un soldado consciente, miembro de las Milicias dela Resistencia Popular y embrión del futuro Ejército del Pueblo, que lavará el uniforme que han manchado con sangre de los hijos de la patria.
La historia sigue su curso inexorable, ustedes podrán condenarme e incluso ordenar mi ejecución, pues hoy tienen el poder en las manos. Sin embargo, sepan ustedes que ni la muerte, la tortura o la fuerza de las armas impedirán que el Pueblo de Chile camine por la senda que lo lleva a la Libertad y la Democracia Popular. Son miles los jóvenes, de ambos sexos, que como los hermanos MIÑO LOGAN, están dispuestos a morir por hacer verdades las premonitorias frases de Salvador Allende en su puesto de combate, mientras luchaba contra los confabulados de la traición y el odio: “tengo fe en Chile y su destino, superarán otros hombres este momento gris y amargo, sepan ustedes que más temprano que tarde se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor”.
Esta misma consigna me obliga a rechazar toda medida que ustedes me impongan. Dejo en las manos del Pueblo mis acciones y mis errores. Ellos serán los encargados de juzgarme, acepto el juicio y sanción que este determine.
Fernando Ismael Fuentes Ramírez
Militante del MIR, Combatiente de las Milicias de la Resistencia Popular
Cárcel Pública de Valparaíso, 20 agosto 1988.”
DEFENSA POLÍTICA
(BOLETÍN CODEPU V REGIÓN N°50 MARZO 1989)
CECILIA DE LAS MERCEDES RADRIGÁN PLAZA, detenida el 24 de octubre de 1981 por la CNI. Actualmente encarcelada en Santiago, en la cárcel de calle Santo Domingo. Enfrenta numerosos procesos. En uno de ellos el Fiscal General Militar le solicitó la pena de muerte.
“Al Sr. Fiscal Militar digo:
Soy la séptima de nueve hermanos. Nací en la ciudad de Los Andes, en el año 1943.
Mis pares se preocuparon de educarme y entregarme valores morales, solidarios, elementos de formación que me permitieron elegir y asumir en forma responsable cualquier compromiso que adquiera. Realicé mis estudios básicos y secundarios en colegios de monjas. Ingresé a estudia Educación Parvularia. Trabajé en las escuelas básicas de Talagante y Padre Hurtado, y en jardines infantiles en poblaciones periféricas. Por razones económicas mi familia se traslada a Santiago, radicándonos en un barrio popular, con gente sencilla, humilde, explotad, que vivían en condiciones miserables. Estas vivencias en barrios proletarios fueron despertando en mí, durante mi adolescencia, conciencia contra la injusticia; fui adquiriendo así un compromiso total y definitivo con los pobres y explotados, lo que me llevó a incorporarme al MIR, para aportar a la construcción de una nueva sociedad.
El golpe militar llevado a cabo por las Fuerzas Armadas el 11 de septiembre de 1973, defendiendo los intereses de grupos económicos poderosos y el Imperialismo Norteamericano, derrocó al gobierno popular de Salvador Allende. Se inicia desde ese momento un régimen de terror y represión contra el pueblo, a la vez que le son arrebatadas sus conquistas y derechos.
Este régimen que se impone declarando la guerra al pueblo, va creando una nueva institucionalidad basada en la Doctrina de la Seguridad Nacional que, entre otros objetivos, busca contener cualquier proceso de lucha por una sociedad justa y democrática.
Durante estos 15 años de dictadura nuestro pueblo ha sufrido la violación sistemática de todos los derechos humanos, individuales, sociales, políticos, económicos y culturales. Mi familia no ha sido la excepción ni ha escapado del Terrorismo de Estado. Mi hermano Anselmo fue detenido el 12 de diciembre de 1974 por efectivos de la DINA, y en la actualidad es uno de los miles de hijos de nuestro pueblo detenido desaparecido. El23 de abril de 1981 mi compañero, padre de mi hijo, fue muerto en un enfrentamiento con carabineros.
El 24 de octubre de 1981 individuos de la CNI me detienen junto a uno de mis hermanos y mi hijo, que en esa fecha contaba con dos años seis meses. Permanecí 20 días en un cuartel secreto, con la vista vendada, siendo torturada física y sicológicamente, después de lo cual fui puesta a disposición de la Primera Fiscalía Militar. Dos de mis hermanos que trabajaban en la Administración Pública fueron despedidos, uno de ellos con tres hijos. Estos golpes que han significado un gran dolor no fueron los que me llevaron a asumir mi compromiso de lucha por una sociedad justa y digna. Sólo han reafirmado y fortalecido mi convicción y compromiso de dedicar mi vida a luchar por un proyecto democrático popular.
El terrorismo impuesto a partir del 11 de septiembre por la dictadura se ha traducido fundamentalmente en las más aberrantes violaciones a los derechos a la vida, a la integridad física y sicológica de los chilenos, todo lo cual ha sido conocido tanto a nivel nacional como internacional, desarrollándose un gran repudio internacional y condena de diversos organismos internacionales como la ONU, que ha formulado más de 14 resoluciones condenatorias, de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, de los juristas internacionales, entre otras organizaciones internacionales, condenas que no han sido escuchadas por el régimen militar.
La dictadura ha participado en la suscripción de pactos y convenios internacionales con respecto a los derechos humanos; continúa violándolos, se sigue torturando, matando, amedrentando, hay hambre, cesantía, miseria, etc. Esta práctica de violencia institucional, el clima de violencia y muerte que vivimos los chilenos, trae necesariamente como respuesta el desarrollo de una resistencia organizada que responde ante la violencia del régimen militar. Es éste el responsable directo de los crímenes cometidos y protege y ampara a grupos que hace aparecer como no gubernamentales, como por ejemplo: ACHA, TRIZANO, COMANDO 11 de SEPTIEMBRE, entre otros.
La justicia ha venido actuando sistemáticamente sin la independencia e imparcialidad que exige todo juicio justo, el que constituye un derecho consagrado de la Declaración de los Derechos Humanos. La Justicia Militar ha sido calificada de aberrante por el Relator Especial de la ONU, Sr. Volio; en ésta se viola el principio elemental de igualdad ante la ley, contemplado incluso en la Constitución del actual régimen; en la que sus jueces son a su vez parte de los procesos. ¿Se puede esperar juicios objetivos y neutrales de los cómplices y culpables de las atrocidades de la dictadura, cuando está claro que pretenden juzgar para aniquilar a quienes, consecuentes con nuestros principios libertarios y de compromiso con nuestro pueblo hemos luchado contra la tiranía y por un proyecto democrático popular?
Es esta justicia miliar la que por durante más de 7 largos años me procesa; la que en la investigación de los cientos de detenidos desaparecidos ha tenido resultados casi nulos, como en el caso de mi hermano Anselmo, en el que, a pesar de las pruebas de su detención y otros antecedentes probatorios, el proceso fue archivado. Igual resultado tuvo la querella por apremios ilegítimos y detención ilegal presentada en la Tercera Fiscalía Militar por mi abogado. La nula investigación de la muerte de mi compañero es otro de os miles de ejemplo de la parcialidad de la justicia y que demuestra que la justicia militar se ha transformado en un instrumento más de represión contra el pueblo, haciendo uso habitual de numerosas aberraciones, como por ejemplo declarar reos sin mayores pruebas; asignarle el valor de la prueba al informe de la CNI, que es obtenido bajo torturas; prolongar las incomunicaciones más allá del plazo legal. Tampoco el derecho a la apelación sirve de mucho, considerando que el Tribunal lo componen tres uniformados y dos civiles, y los militares de la Corte Marcial dependen jerárquicamente del mando militar que hoy ocupa ilegalmente el gobierno, y que se ha definido en innumerables ocasiones en guerra contra los pobres del campo y la ciudad, contra los trabajadores, las organizaciones revolucionarias.
Es imposible, entonces, que estos tribunales en guerra contra un enemigo interno puedan tener una conducta imparcial frente a las personas que política y militarmente somos opositores. Se han inventado las tristemente célebres Fiscalías Ad-Hoc para investigar las violaciones de los Derechos Humanos, a pesar de las innumerables denuncias y peticiones que se han realizado para casos como: degollados, dinamitados, asesinatos, quemados vivo, etc., en que las víctimas son hombres y mujeres de nuestro pueblo.
Vemos que la mayoría de los procesados por fiscalías militares son civiles opositores al régimen y no militares o civiles comprometidos en violaciones a os Derechos Humanos. Con todo lo declarado anteriormente puedo concluir que: la justicia de carácter profundamente antidemocrático no es sino un instrumento más dentro del aparato represivo de la dictadura, y que los jueces militares son subordinados de sus respectivas instituciones y están allí para condenar a los luchadores populares. El hambre, la cesantía, la desnutrición, la miseria en que vive el pueblo, se ha generalizado. Frente a esta realidad sólo queda la alternativa de luchar por nuestros derechos y ofrecerles a nuestros hijos un futuro con una sociedad justa, digna y solidaria; por ello he ejercido el legítimo derecho a la rebelión, consagrado en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de la Naciones Unidas y el Acuerdo de Argel.
En resumen, considerando: 1° Que la implantación de la dictadura significó el quiebre de la vida institucional de Chile y una aguda y sostenida represión a las organizaciones del pueblo. 2° Que para su consolidación la dictadura creó una legalidad represiva que ha permitido la persecución masiva del pueblo y sus organizaciones, viola sistemáticamente los derechos humanos más esenciales. 3° Que para que haya justicia es necesario que tengamos un poder judicial al servicio del pueblo. 4° Que para garantizar el ejercicio de la justicia se necesita depurar y democratizar las Fuerzas Armadas y asegurar el pleno ejercicio de la soberanía popular. 5° Que quienes hemos luchado contra la dictadura, empleando las más diversas formas, hemos hecho uso del legítimo derecho a la rebelión consagrado en la legislación internacional.
Por lo tanto, me reservo el derecho a luchar intransigentemente en defensa de los Derechos Humanos, por la disolución de la CNI y de todos los organismos represivos, por el esclarecimiento de todos y cada uno de los casos de desaparición forzada de personas, por el juicio y castigo de los responsables intelectuales y materiales, autores, cómplices y encubridores, jerárquicos y ejecutores, de todos y cada uno de los casos de torturados, encarcelados, ejecutados, muertos en falsos enfrentamientos y detenidos desaparecidos. Que lucharé por un gobierno democrático popular.”
DEFENSA POLÍTICA
(BOLETÍN CODEPU V REGIÓN N°55 SEPTIEMBRE 1989)
“RODOLFO RODRÍGUEZ MORAGA, preso político, recluido en el Centro de Detención Preventiva –Norte, de esta ciudad, en causa Rol N° 992-80, a SS digo:
Vengo en presentar mi defensa política en esta causa, ejerciendo el legítimo derecho a que se conozcan los principios y lineamientos que han hecho de mí un luchador por la liberación de mi pueblo.
Chile y su historia son ejemplos de lucha liberadora. Del colonialismo español primero y del imperialismo norteamericano después. Soy parte de esa historia y de mi pueblo, de sus conquistas y de sus combates.
Durante el gobierno del Presidente Salvador Allende el pueblo organizado comenzó a cuestionar, cada vez más fuertemente, las bases de la democracia burguesa, exigiendo el ejercicio efectivo de la soberanía popular.
El imperialismo norteamericano, atento siempre a sus intereses y advirtiendo que su boicot y sabotaje al Gobierno Popular sólo fortalecía la capacidad de organización y lucha del pueblo chileno, recurrió a su arma más poderosa y ya probada en nuestra América Latina –las Fuerzas armadas y de Orden-, para asegurar el Estado capitalista de dominación, opresión y explotación del conjunto del pueblo.
El 11 de septiembre de 1973, el Golpe de Estado impuso en Chile una dictadura basada en la Doctrina de la Seguridad Nacional, surgiendo un Estado que he hecho del terrorismo su diario quehacer.
Desde entonces hemos visto día a día lo que la política de contrainsurgencia he hecho con nuestro pueblo:
La tortura, desapariciones, falsos enfrentamientos, asesinatos, el exilio, la prisión política, son sólo una muestra del accionar represivo del régimen.
La miseria, el hambre y la cesantía no son ajenos a la mayoría de los chilenos.
El acceso a la educación, la salud y la vivienda digna, en estos 16 años, se han convertido en un lujo inaccesible a las grandes mayorías.
La dictadura ha violado todos y cada uno de los Derechos Humanos del pueblo chileno.
Como militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR, he asumido como un deber la lucha frontal contra el régimen y por la instauración de una Democracia Popular en mi país.
La consecuencia de mi lucha me ha traído a las cárceles de la dictadura y a este juicio.
Impugno la legitimidad del tribunal que me juzga y de las pruebas que en base a tortura han obtenido. Desconozco la legalidad de este régimen y de todo su aparataje represivo, del que forman parte los Tribunales Militares y el Poder Judicial en su totalidad, que ha avalado y promovido la iniquidad durante todos estos años.
Su “justicia” señores, no me afecta, sus condenas no serán mis ataduras. Sólo estoy dispuesto a aceptar la justicia del pueblo, que más temprano que tarde saltará las murallas opresoras y construirá, con mi aporte, una patria libre, justa y soberana.”