La lucha por la jibia debe llevarnos a la anulación de la Ley de Pesca

por Cynthia Burgos

Durante la semana pasada se abrió un nuevo flanco de conflicto para este gobierno “populista y débil”, según palabras del propio empresario pesquero Roberto Izquierdo Menéndez. El conflicto pesquero no es nuevo y se veía venir; este es un sector de naturaleza complejo y sobre eso, contaminado severamente por la última  modificación a la ley de pesca (2013), aprobada durante el primer gobierno de Piñera que entregó por 20 años  renovables, los recursos pesqueros a 7 familias de grandes empresarios. Evidentemente, entregar recursos naturales de manera eterna a un grupo cerrado de personas es por si cuestionable, pero es peor cuando dicha ley fue aprobada mediante el cohecho, delito confirmado y conocido por todos, en donde hay dos parlamentarios de derecha procesados. Esto era desde el principio una olla a presión.

Hoy día el motivo de conflicto se centra en el recurso jibia, más que en la legalidad de la ley de pesca. Por una parte, los pescadores artesanales exigen mediante protestas masivas desde Talcahuano a Santiago, se cumpla con la ley que ya se votó en el congreso, en sentido de permitir solo línea de mano como arte de pesca para la extracción del recurso, lo que dejaría  sin acceso al sector industrial; a estas protestas masivas se contraponen manifestaciones, también masivas, de trabajadores del sector industrial, específicamente de las plantas procesadoras de la región del Biobío, que argumentan lo de siempre: que quedarán sin su fuente laboral en caso de aprobar  “La ley de la Jibia”, por lo que se planteó primero recurrir al TC. El conflicto ha ido en escalada, principalmente por la escasa experiencia y conocimiento en materias pesqueras que tienen, tanto el Ministro el Economía, como el Subsecretario de Pesca, que en vez de solucionar el conflicto, lo profundiza, así hemos visto los últimos días protestas severamente reprimidas por Carabineros en diferentes regiones del país, y la información que se dio fue que habrá “veto presidencial”, lo que terminó  las conversaciones de los pescadores con el gobierno.

Sobre los conflictos que históricamente ha enfrentado el sector pesquero, normalmente el industrial guarda silencio, pues tiene quien defienda sus intereses, tanto en el Congreso, como en la institucionalidad, al menos así fue en el pasado; sin embargo el pasado viernes 18 de enero, un reconocido empresario pesquero, Roberto Izquierdo, presidente de la empresa Invermar y Alimar, dio una entrevista publicada por el diario La Tercera, donde expone la realidad vista desde su sillón; opiniones que dejan en muy mal pie al gobierno de Sebastian Piñera, pero que a su vez carece de veracidad en varios aspectos.

Lo que indica el señor Izquierdo, empresario pesquero desde los años ´80, es digno de escuchar y analizar, ya que evidentemente habla de una realidad que solo ellos ven. Plantea que no se ha escuchado al sector industrial en la toma de decisiones, que ellos tienen derechos adquiridos sobre los recursos pesqueros, que no ha existido una ley de pesca que no haya dañado a la industria, como muestra de aquello es que tuvieron que ceder un 50% de sus cuotas al sector artesanal y semi industrial, que producto de esto no se han construido nuevas  plantas de proceso, ni barcos pesqueros, también habla de la importancia del  método de arrastre para la industria.  Todas estas afirmaciones dan una radiografía de las  anomalías del sector pesquero, anomalías que son producto del sistema económico capitalista neoliberal, que se caracteriza por resguardar por sobre todo, el mercado, el extractivismo y la rentabilidad. Variables como daño ambiental, sustentabilidad de los recursos, seguridad laboral, no existe o no es importante.  

Como hasta ahora no se ha publicado una entrevista en los medios de prensa,  que permitan escuchar la voz y el análisis que hacen los otros sectores implicados, el artesanal y el institucional, sobre este conflicto, consideramos importante dar algunos antecedentes reales, para entender que este es un problema país, nos afecta a todos y todas pues tiene que ver con los recursos naturales y con la economía, esto no es un  “conflicto entre privados”, es un conflicto social y ecológico, por lo tanto hay que tener posición.

La extracción de la jibia se inicia el año 2000 de manera muy incipiente y solo por las embarcaciones artesanales, pues no era un recurso ni abundante, ni rentable; su población fue aumentando a medida que disminuían los desembarques de merluza, llegando un momento que el sector artesanal estuvo crítico, pues solo había jibia, un calamar gigante de difícil extracción, sin mercado, de precio muy bajo. Para salir de la crisis los gobiernos de la época  implementaron medidas tendientes a abrir mercados, dar valor agregado, implementar plantas de proceso, capacitación y diversificación. Así la jibia pasó de ser una plaga indeseable, a ser el recurso estrella que sustenta hasta hoy día la pesca artesanal, ya que el 92% de las pesquerías en Chile se encuentra en estado de colapso según informes de la Subsecretaría de Pesca. 

Una vez que el recurso ya estuvo posicionado, pues  mejoraron la oferta con productos elaborados, se abrieron mercados extranjeros, subió el precio. Como era una pesquería nueva, de libre acceso, el año 2010, cual tiburón que huele la sangre, los industriales piden cuota de extracción, desembarcando ese año 131.095 toneladas, mientas el sector artesanal desembarcó solo 66.049 toneladas.  Se inicia el conflicto. El impacto del sector industrial trae dos serios resultados: agotan el recurso, pues en una sola marea extraen lo que el artesanal hace en un  mes; y segundo, se copan los mercados, lo que baja el precio. De aquí nace la demanda de los pescadores artesanales; al no poder impedir que los industriales  ingresen a la pesquería, se hace necesario  proteger el recurso a través de  sistemas de pesca adecuados. 

El arrastre  es un método dañino para todo el ecosistema, ya que consiste en una red,  que como su nombre lo indica, arrastra, barre, extrae todo lo que encuentra a su paso, a la vez que altera y perturba el fondo marino, ecosistema donde habitan y se reproducen otras especies. Esto al industrial no le importa, pues su objetivo es rentabilizar al máximo, el daño ambiental y la pérdida de biodiversidad la pagamos los chilenos, mientras ellos se quedan con la utilidad, tal como ha pasado con los otros recursos, una vez que los agota, tiene toda la tecnología y capital para explotar otras áreas, pero el pescador artesanal no. Ahí radica la potente y justa demanda del sector artesanal hoy día.

Respecto de lo que señala el empresario Izquierdo Menéndez, que no se ha considerado la opinión de la industria, es imposible, todas las leyes requieren el pronunciamiento de la Subsecretaria de Pesca, que para este tipo de análisis  convoca a un Consejo Nacional de Pesca, entidad creada por ley, donde se encuentran representados todos los sectores: artesanal, industrial, científico, acuícola, de la industria, etc., y ahí se resuelven los informes. Desde que se creó la Ley de Pesca, año 1991 a la fecha,  la mayor influencia la han ejercido siempre los industriales, no es efectivo que no se les haya escuchado, lo que pasa es que como siempre, pretenden hacer valer sus intereses por sobre lo demás. 

Sobre que tienen “derechos adquiridos”, eso es un lenguaje que hay que ir cambiando, hasta ahora los “derechos” de pesca se basan en la historia de desembarques, lo que impide que nuevos actores entren en la actividad, de esta manera las tradicionales familias se han ido adueñando, tomando todo este sector económico en base a recursos que son de todos, aquí no hay dueños, es el Estado en representación de todos. Esta situación debe cambiar, este paradigma  debe ser modificado, no pueden existen derechos de nadie sobre los recursos que son de todos los chilenos y chilenas y las nuevas autoridades y gobiernos deberían tener esto claro.

Sobre que no se han construido nuevas industrias pesqueras, ni comprado nuevos barcos, eso es cierto, pero el problema radica, como ya se ha señalado, en que los stock han disminuido al estado de colapso, aunque se otorguen cuotas de captura, no hay desembarque al nivel de hace 20 o 15 años, porque no hay peces, ni crustáceos, ni moluscos, todo fue rentabilizado al máximo y hoy solo queda  una industria decaída y un sector artesanal cada vez más empobrecido. Esa es la realidad.

Finalmente el gobierno ha sido derrotado por la demanda de los pescadores artesanales, pues la ley ya fue discutida y votada en el Congreso,  sería impresentable un veto presidencial como ya ha anunciado el Ministro de Economía en la tarde de hoy. La anulación de la Ley «Longueira» de Pesca, dependerá de la capacidad de los propios pescadores artesanales de movilizarse nacional y unitariamente tras este objetivo. La lucha de la pesca artesanal es la lucha de todo el pueblo de Chile.

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