por Alejandro Valenzuela Torres
La decisión que sustituyó la prisión preventiva de Ángela Vivanco por arresto domiciliario constituye mucho más que una resolución judicial relativa a una imputada en una causa de corrupción. Se trata de un hecho político que vuelve a poner de manifiesto la naturaleza de clase de la justicia en la sociedad chilena. Mientras una exministra de la Corte Suprema involucrada en uno de los mayores escándalos que han afectado al Poder Judicial abandona la cárcel después de pocos meses de privación de libertad, miles de trabajadores, pobladores y jóvenes experimentan diariamente una realidad completamente distinta cuando enfrentan al aparato estatal.
La situación resulta particularmente reveladora si se examina a la luz de los antecedentes conocidos sobre las redes de influencia que han operado en torno a Luis Hermosilla y diversos integrantes de la judicatura. Tales redes siguen funcionando. No solo la liberación de Vivanco lo revela. Las dificultades encontradas para avanzar en las investigaciones contra el Ministro Carroza implicado en obstruir la liberación de Mauricio Hernández Norambuena, la designación del operador Gabriel Zaliasnik como embajador chileno en Israel, ponen en evidencia los vínculos personales y profesionales que que rodean estos procesos y por lo mismo no constituyen simples anomalías. Por el contrario, permiten observar el funcionamiento de una estructura de poder que se reproduce mediante relaciones de confianza, protección recíproca y circulación de favores entre quienes ocupan posiciones estratégicas dentro del Estado.
La reciente libertad de Vivanco, por lo mismo, proyecta precisamente esa imagen de impunidad. No porque el principio de presunción de inocencia no deba respetarse, sino porque el pueblo observa cómo los integrantes de las élites políticas, económicas y judiciales disponen invariablemente de mecanismos de protección que rara vez están al alcance del resto de la población. La justicia aparece entonces no como una institución neutral, sino como un espacio donde se expresan jurídicamente las relaciones de clase sobre las que está construido el régimen.
La misma lógica puede apreciarse en la actuación de diversas Cortes de Apelaciones frente a los recursos de protección presentados contra los embargos masivos impulsados por la Tesorería General de la República en contra de deudores del Crédito con Aval del Estado. Miles de trabajadores, profesionales jóvenes y familias fueron afectados por medidas ejecutivas adoptadas sin intervención judicial previa, comprometiendo cuentas bancarias y patrimonio mediante procedimientos que numerosos juristas han cuestionado por su compatibilidad con las garantías constitucionales más elementales.
Sin embargo, frente a esta situación, buena parte de los tribunales optó por rechazar las acciones constitucionales intentadas por los afectados. Lo que estaba en discusión no era únicamente una deuda. Se trataba de determinar si el Estado podía afectar patrimonios y ejecutar medidas coercitivas sin control jurisdiccional previo y con limitadas posibilidades de defensa para los ciudadanos. En lugar de actuar como un contrapeso frente al poder administrativo, las Cortes terminaron validando una política destinada a asegurar la recaudación fiscal a costa de los derechos fundamentales de miles de personas.
El contraste es evidente. Cuando se trata de integrantes de los círculos dirigentes involucrados en redes de influencia y corrupción, aparecen las consideraciones humanitarias, la prudencia judicial y las garantías reforzadas. Cuando se trata de trabajadores endeudados, estudiantes precarizados o sectores populares enfrentados a decisiones estatales arbitrarias, el aparato judicial suele mostrarse mucho más dispuesto a respaldar la actuación de la autoridad.
Desde una perspectiva histórica, esta diferencia no constituye una desviación del sistema. Constituye precisamente su forma normal de funcionamiento. La justicia burguesa nació para garantizar la estabilidad de un determinado orden social basado en la propiedad privada de los medios de producción y en la dominación política de la clase capitalista. Su función esencial no consiste en realizar una justicia abstracta situada por encima de los conflictos sociales, sino en asegurar las condiciones generales de reproducción de las relaciones de poder existentes.
Por eso las instituciones judiciales suelen actuar con particular energía cuando están comprometidos los intereses estratégicos del Estado o de los grupos dominantes. La protección de la propiedad, la disciplina de la fuerza de trabajo, la persecución de quienes cuestionan el orden establecido y la preservación de la autoridad estatal constituyen tareas permanentes del aparato judicial. Las formas pueden variar; la función histórica permanece.
Lo ocurrido con Vivanco y con los deudores del CAE son manifestaciones distintas de una misma realidad. En un caso observamos los mecanismos de protección que operan alrededor de sectores integrados a las redes de poder. En el otro observamos la capacidad del Estado para utilizar sus instrumentos coercitivos contra amplios sectores de la población trabajadora. Ambos fenómenos revelan que la justicia no se encuentra por encima de las clases sociales, sino que forma parte de las estructuras mediante las cuales una clase mantiene su dominación sobre otra.
La experiencia histórica demuestra que la justicia no actúa aisladamente. Junto al Parlamento, que transforma los intereses de los grupos dominantes en leyes, y junto a los aparatos armados del Estado, encargados de garantizar materialmente el orden existente, conforma una arquitectura institucional destinada a preservar la estabilidad del régimen social vigente. Cada uno cumple funciones específicas, pero todos convergen en la defensa de una misma estructura de poder.
En momentos en que el país enfrenta una ofensiva contra los derechos sociales, laborales y democráticos de una magnitud pocas veces vista desde el fin de la Dictadura, resulta indispensable comprender esta realidad. La defensa de los trabajadores, de los endeudados, de los movimientos sociales y de los sectores populares no puede descansar en la confianza depositada en instituciones diseñadas para preservar el orden existente. Por supuesto hay que pelear en tribunales en cautela a los intereses populares. Sin embargo, la tarea política central consiste en desarrollar la organización independiente, fortalecer la movilización social y construir formas de resistencia capaces de enfrentar una de las más profundas ofensivas impulsadas contra el pueblo trabajador en los últimos treinta años. Sólo la acción consciente y organizada de las mayorías podrá abrir paso a una correlación de fuerzas distinta y arrancar las conquistas que el régimen se niega a conceder voluntariamente.