por Alejandro Valenzuela Torres
La decisión que sustituyó la prisión preventiva de Ángela Vivanco por arresto domiciliario constituye mucho más que una resolución judicial relativa a una imputada en una causa de corrupción. Se trata de un hecho político que vuelve a poner de manifiesto la naturaleza de clase de la justicia en la sociedad chilena. Mientras una exministra de la Corte Suprema involucrada en uno de los mayores escándalos que han afectado al Poder Judicial abandona la cárcel después de pocos meses de privación de libertad, miles de trabajadores, pobladores y jóvenes experimentan diariamente una realidad completamente distinta cuando enfrentan al aparato estatal.
