por Cristóbal Peña y Pedro Ramírez
Pasadas las nueve de la noche, tras dejar el ascensor y comenzar a caminar por los estacionamientos públicos de calle Coyancura, aledaños a su oficina en Providencia, Cristián Edwards los vio. Tres hombres jóvenes en torno a un auto blanco. Los vio y no le llamó mayormente la atención hasta segundos después, cuando se disponía a entrar en su auto y escuchó un taconeo acelerado a sus espaldas. Entonces giró y volvió a verlos: los tres se le venían encima y uno de ellos le apuntaba a la cabeza con un revólver.
“Yo pensaba que me iban a robar la billetera, o algo así, así que levanté las manos”, dirá cinco meses después el hijo del dueño de El Mercurio, a pocas horas de su liberación, en un testimonio a la policía que ha permanecido inédito. “No alcancé a gritar nada… dos de ellos me amarraron, me pusieron una capucha plástica, me amarraron cables y entre los tres me dieron vuelta, me agarraron y me metieron al auto que estaba estacionado”.
El caño de un revólver fue prácticamente lo último que vio del mundo exterior ese año. Era el 9 de septiembre de 1991 y el entonces gerente de Diarios Regionales de El Mercurio y desde julio de este año vicepresidente ejecutivo de esa empresa, considerado el sucesor natural de Agustín Edwards Eastman, viviría a partir de esas horas y por los próximos 145 días en lo que él llamó “la caja”. Una ratonera de dos por tres metros, sin ventanas ni aire fresco ni compañía, en la que estaba expuesto casi permanentemente a música estridente, luz artificial y a la vigilancia de sus celadores que lo observaban desde el exterior mediante visores.
Jamás, en los cinco meses siguientes, salió de ahí. Jamás le vio la cara a otra persona. Si tenía algo que decir, debía escribirlo. Si daba un paso, topaba con una pared. Si mostraba signos de orientación, volvían a doparlo con medicamentos que consumía junto a las comidas y le alteraban las rutinas. “La idea era volverme loco”, resumió en la declaración policial del 1 de febrero de 1992. Cinco días después, ante el juez Luis Correa Bulo, daría una cuenta más extensa del cautiverio que sufrió a manos de un grupo del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) y cuyos pormenores hasta ahora nunca habían salido a la luz pública.
A 18 años de ocurrido el hecho, y cuando su protagonista acaba de dejar la presidencia de la División de Servicios Noticiosos de The New York Times y se prepara para asumir la dirección de El Mercurio, acudimos a testimonios y documentos inéditos para recrear el secuestro que marcó la transición política chilena.
ALUCINACIONES Y ATAQUES DE NERVIOS
Aunque vivió dopado buena parte de su cautiverio, Cristián Luis Edwards del Río -quien entonces tenía 33 años- recordó con precisión que al interior de “la caja” contaba con un pequeño baño químico de madera que le llevaban y vaciaban cuando querían. Y que dentro de esa misma caja debía comer y asearse con una jarra y, en el mejor de los casos, con una olla con agua. No siempre le permitían lavarse los dientes. Recordó también que dormía poco y nada en el catre de campaña que sólo le dejaba un pasillo de 40 centímetros de ancho para caminar, y que permanentemente sufría alucinaciones, calambres, vómitos, temblores y ataques de nervios.
“Me tironeaba los pelos de la barba para arrancármelos, me bajó un tiempo por eso”, dijo Edwards ante el juez. “Pasaba por periodos de colitis o diarrea y por otros de estreñimiento. Tuve dolor de garganta, los oídos me retumbaban, veía doble muchas veces. Jamás, no obstante, ensucié la caja”.
Las condiciones del encierro eran tan duras que en un momento mostró signos de agonía. Sus captores incluso pensaron que moriría y le llevaron un médico o enfermero de confianza del FPMR para que lo examinara. Ya estabilizado, si es que se puede estar estable en esas condiciones, volvió a lo que Edwards describió como un estado de “imágenes furtivas” y “fenómenos extraños” que marcó su encierro. Es por eso que al término de la primera de tres declaraciones ante el juez Correa Bulo, que oficiaba de ministro en visita, Edwards creyó necesario volver sobre este último punto:
“Quiero advertir, antes de terminar esta primera parte de mi declaración, que durante mi prisión imaginé y soñé tantas cosas, que aún hoy hago esfuerzos por discernir entre el mundo de la realidad y el de la fantasía. Varias veces me escapé en sueños. Otras fui liberado con intervención de sirenas y helicópteros; tenía a veces totalmente claras las circunstancias de mi secuestro y liberación y me resultaba lógica la participación de numerosos protagonistas. Es por ello que advierto a ustedes que todo lo que aquí consigno obedece a un esfuerzo personal por dejar de lado cuánto responde a la fantasía o cuánto no se concilie con la lógica. Puede que tales confusiones se deban, a lo mejor, a pastillas que me suministraban o a reacciones propias de la mente. Si se me hubiera interrogado dos o tres días atrás, habría revelado como datos ciertos muchos de esos absurdos. Así me imagino”.
VIDA AMERICANA
Para septiembre de 1991, cuando fue secuestrado a la salida de su oficina, Cristián Edwards enteraba un año y medio viviendo en Chile y aún no se acostumbraba del todo. Algunos testimonios apuntan a que no estaba a gusto en el país ni en su trabajo. Es más: en esos días pensaba seriamente en dejar la gerencia de Diarios Regionales de El Mercurio y volver a Estados Unidos, donde llegó a vivir en 1969 junto a su familia, a los pocos días de que Salvador Allende resultara electo Presidente. Allá había estudiado y trabajado. Allá tenía amigos, amigas y una novia, Marla Grossman, que al ser entrevistada por agentes del FBI dijo que en 1990 Edwards “habría vuelto a Chile por la presión de su familia para trabajar en el diario”.
Una percepción similar tuvo Carla Brown, una de las amigas del ejecutivo a quien el FBI tomó declaración en Estados Unidos a los pocos días de ocurrido el secuestro. “Brown informó que Edwards no quería moverse a Chile”, se lee en el informe del FBI. “Tampoco quería dejar Estados Unidos, país en el cual él creció muy acostumbrado. Sin embargo, Edwards sintió una gran presión de la familia para volver a Chile e ingresar a los negocios de ésta (…) Brown no cree que él estaba contento con su decisión”.
Agustín Edwards Eastman entregó una opinión diferente en su primera declaración judicial: “Vino a trabajar a Chile porque en realidad su último trabajo en Estados Unidos, que era la corporación de seguros, no le agradaba”.
Las primeras diligencias policiales estuvieron orientadas a despejar las dudas sobre la desaparición del ejecutivo. No se descartaba la posibilidad de que hubiera abandonado el país voluntariamente y sin previo aviso. Tampoco que hubiese protagonizado un autosecuestro. “No veo para qué o con qué objeto mi hijo Cristián hubiera hecho una cosa de esta naturaleza”, dijo Edwards Eastman en la misma declaración. “Si no hubiera deseado seguir trabajando en la empresa creo que tiene la personalidad suficiente para habérmelo hecho saber. Además, no era la primera vez que dejaba de trabajar en la empresa”.
En 1979, recién graduado del Amherst College, en Massachussets, vino a trabajar a El Mercurio donde permaneció por dos años. Al regresar a Estados Unidos fue empleado en el departamento de marketing de Pepsi, la misma firma de la que fue ejecutivo su padre cuando salió de Chile a raíz de la elección de Allende. En 1983 siguió un MBA en Filadelfia y dos años después trabajó en la compañía de seguros que mencionó su padre.
La mayoría de sus cercanos coincidieron en que se trataba un hombre sano, equilibrado, inteligente y sensato, además de reservado y celoso de su privacidad. Pese a la posición económica y social de su familia, coincidieron también en que llevaba una vida independiente y austera, sin grandes lujos. Como cualquier hijo de vecino en Estados Unidos, mientras era estudiante acostumbraba a trabajar los veranos. Le gustaba practicar jogging y deportes náuticos y de montaña. Y sobre política chilena mantenía una posición distante y ambigua.
Al respecto su novia de entonces dijo que en los años 80 Edwards “tampoco tenía alguna adhesión política, ya sea de derecha o izquierda”. Su amiga estadounidense lo definió “rígido en sus creencias conservadoras” y sin “grandes convicciones políticas”. Y un amigo en Chile afirmó en la investigación que “en materias políticas era muy pragmático y crítico, demostraba preocupación por no existir un gobierno democrático en Chile pero a su vez criticaba los excesos de la Unidad Popular”.
LOS CELADORES
A principios de abril de 1991, seis meses antes del secuestro, María Fernanda Eyzaguirre pasó por la casa de Cristián Edwards en Vitacura. Ambos eran antiguos amigos y habían quedado de salir a cenar esa noche. A ella le llamó la atención que la esperara en la puerta de la casa y él le explicó que al frente había un mini estacionado con dos ocupantes que le parecían sospechosos. Pero más le llamó la atención que su amigo no hiciera nada al respecto, más aún creyendo que se trataba de las mismas personas que poco tiempo atrás habían entrado a robar a su casa.
Más tarde, ante un juez, Eyzaguirre recordó que le propuso a Edwards anotar la patente del auto, pero éste se mostró resignado, acaso displicente: “Me indicó que no era necesario porque seguramente se trataba de un auto robado”.
Más allá de que ese mini blanco haya tenido relación con el secuestro, es un hecho que para entonces el ejecutivo ya era objeto de seguimientos por parte del FPMR. Rafael Escorza, el hombre que prestó la casa en Macul que habitaba con su pareja y el hijo de ésta para el cautiverio de Edwards, hoy afirma que la operación estaba programada para mediados de año. La “caja-cubículo” ya estaba construida para entonces y los celadores, acuartelados, prestos para recibir lo que llamaban “el paquete”. Sin embargo, cuando estaban próximos a actuar, el ejecutivo de El Mercurio se fue de viaje a Estados Unidos.
Escorza accedió a hablar con CIPER a 17 años de caer detenido. Su participación en el secuestro de Cristián Edwards le significó pasar 11 años en prisión hasta que en septiembre de 2003 obtuvo el beneficio de la salida dominical. Era uno de los más antiguos militantes del FPMR, donde se lo conocía como “el Viejo”. Tanto para él, como para otros integrantes del FPMR con los que habló CIPER, el secuestro marcó un hito cuya reconstitución obliga a remontarse al inicio.
La operación se había puesto en marcha poco después del asesinato de Jaime Guzmán, senador y líder de la UDI, y en ella participarían varios protagonistas de esa acción liderados por “Ramiro”, alias de Mauricio Hernández Norambuena.
Como jefe de la casa-retén a la que llegaría Edwards, “Ramiro” eligió a “Rodolfo”. Cinco años atrás habían coincidido en el frustrado atentado al general Pinochet. “Rodolfo” era un tipo alto y corpulento. Por eso algunos también lo llamaban “Rambo”: venía llegando de una larga estada en Cuba, previo paso por Vietnam y Nicaragua, donde combatió a la Contra. “Rodolfo” tendrá mando sobre Maritza Jara Hernández, que simularía ser la empleada doméstica de la casa y cumpliría labores de enlace y seguridad; y también sobre los dos celadores: Florencio Velásquez Negrete y Ricardo Palma Salamanca. Estas últimas dos designaciones generaron un problema de equilibrios.
Un antiguo combatiente del FPMR, que conoció de cerca la operación y a sus protagonistas, dice hoy que “Ramiro” cometió un error al designar a Palma como jefe de Velásquez. Era una afrenta a la trayectoria. Velásquez provenía de Valparaíso y era un antiguo conocido de “Ramiro”. Había tomado parte del secuestro del hijo de Manuel Cruzat y llegó a dirigir al FPMR en la Quinta Región, donde cayó detenido en 1987. Tres años después fue uno de los 50 fugados de la cárcel Pública de Santiago. En ese entendido no era cualquier subversivo. Tenía roce y no soportaba estar bajo la autoridad de “Rodolfo” y menos de Palma, entonces de 22 años, a quien consideraba un “pendejo hiperkinético” y “recién llegado”.
Esto último en parte era cierto, pero en dos años Palma había hecho mucho más que el otro. “El Negro” Palma había pasado a la historia al disparar contra el oficial de la Dipolcar (Dirección de Inteligencia de Carabineros) Luis Fontaine, contra el general Gustavo Leigh y contra el senador Guzmán.
Había un problema adicional relacionado con los mismos personajes. Ni Palma ni “Rodolfo” toleraban el encierro prolongado. Palma era inquieto por naturaleza, pero Velásquez había pasado tres años en prisión. Es por eso que desde antes de la llegada de Edwards a la casa-retén, mientras permanecía acuartelado, Velásquez comenzó a manifestar deseos de abandonar su tarea. Sus protestas fueron crecientes y llegaron a ser motivo de roces y desaciertos que lo pusieron en la mira de sus propios compañeros.
EL BUENO Y EL MALO
A Cristián Edwards le costó caer en la cuenta de lo que pretendían con él. Lo habían paseado en la maleta de un par de autos sin decirle más que “silencio, callado, que no te va a pasar nada”. Después lo cambiaron a un furgón y finalmente lo cargaron dentro de un saco hasta un cuarto donde le dijeron que se mantuviera de pie frente a una pared, antes de que le sacaran el saco y la capucha y le cerraran la puerta por fuera. La música ya había empezado a sonar fuerte al interior de “la caja”.
Sonaba desde un parlante pequeño instalado en una pared del cuarto. Al otro costado había una ampolleta de luz intensa, probablemente un reflector encendido en su máxima potencia. Junto al catre había una tabla que hacía las veces de mesa, donde comería en cubiertos de plástico y escribiría mensajes a sus captores con los papeles y lápices que le entregaban.
“La caja” era un cubículo de madera y volcanita, cuyas paredes estaban recubiertas por bandejas de huevos para aislar el ruido. La habían construido dentro de uno de los dormitorios de la casa DFL2 que el matrimonio Escorza San Juan arrendaba en el pasaje Poeta Vicente Huidobro 3718-1. El piso de la “celda” estaba cubierto por una alfombra verde, la que se humedecía cuando el cautivo se lavaba con una jarra y una olla. Su ropa -un traje gris y camisa azul- fue reemplazada por un buzo. En una de las paredes estaba pegada una hoja con una lista de instrucciones:
-No hacer ruido.
-Pararse de frente contra el muro cuando la luz se encienda y apague.
-Al terminar de comer dejar la bandeja en el suelo.
-Comunicarse a través de papeles.
En una de las primeras notas que envío al exterior pedía que por favor le bajaran la música y la luz:
“La música se mantuvo casi siempre a un volumen enloquecedor, así como la luz a veces enceguecedora. Me cubría los ojos y me tapaba los oídos. La luz pasaba encendida mucho tiempo, no respetaba mis dormidas”, declaró Edwards ante el juez. “Yo no sabía si alguien estaba cambiando el dial o si estaba grabada. Pero muchas veces interrumpían, porque comenzaba una canción y la cortaban para poner otra. Ciertamente, la música así empleada era un método de tortura”.
Edwards relató que a partir de la primera noche lo vigilaban por los visores para constatar qué música le disgustaba más y así repetírsela. Y recordó que los primeros días casi no probó alimento ni durmió. Y que el aire era tan escaso y asfixiante que a las pocas horas de su llegada a “la caja”, preso de un estado de shock, cayó desmayado. “Ahí me abrieron la puerta y dejaron que entrara aire”.
La puerta era una abertura de cerca de un metro cuadrado por la que había que entrar gateando. Por ahí ingresaban los alimentos, el baño químico y, en algunas ocasiones, alguno de los únicos dos celadores que tenían autorización para dirigirle la palabra al secuestrado.
Uno era Ricardo Palma, “el Negro”, que representaba el papel del celador bueno. El otro era “Rodolfo”, el jefe de la casa-retén, que oficiaba de malo. “El Negro” se mostraba comprensivo, atento, y animaba al secuestrado prometiéndole que hablaría con su jefe para sacarlo por unos minutos al exterior de “la caja”. Al rato llegaba “Rodolfo” y decía que por ningún motivo, que cómo se le ocurría, ni una posibilidad. Esto es un secuestro, no vacaciones, hacía saber.
OÍDOS DE LA OFICINA
Rafael Escorza, el hombre que prestó la casa para el cautiverio de Cristián Edwards, dice hoy que “una operación así tiene complicaciones desde su inicio” y que ésta “no fue la excepción”. Dice además que las mayores dificultades no provinieron del ejecutivo de El Mercurio, a quien define como un secuestrado “obediente” que “siempre cumplió con las instrucciones”, sino de los celadores.
Lo primero fue un accidente. Cuando cambiaron por primera vez a Edwards de auto, en las cercanías del lugar donde lo raptaron, al Negro Palma se le escapó un tiro que fue a dar en su pierna. No sólo hubo que buscarle asistencia médica, sino también reemplazante en la casa-retén. Su lugar fue asumido por “Emilio”, alias de Raúl Escobar Poblete, que había participado en los mismos hechos de sangre que Palma. De cualquier modo fue un cambio transitorio, de emergencia. A las pocas semanas “el Negro” asumía su papel de celador bueno.
El segundo problema ya fue más serio. Florencio Velásquez, el otro celador, empezó a mostrar indisciplina. Al comienzo fueron “tonteras”, según las describe Escorza: incumplía horarios, tenía mal modo y exigía que le lavaran los calzoncillos, en circunstancias de que los residentes de la casa-retén debían lavar su ropa interior. Después empezó a quejarse por todo y desafiaba a la autoridad. Finalmente, tal como había ocurrido en los días de acuartelamiento, volvió a amenazar con que iba a abandonar la casa.
En ese estado de cosas no quedó otra que llamar a “Ramiro”.
Dice Escorza que “Ramiro” no acudió una sino dos veces por el problema con Florencio, y en las dos aseguró haberlo hecho entrar en razón, recapacitar. Pero unos días después de la última visita, Florencio Velásquez volvió a decir que se iba. Estaba decidido. Se iba a como diera lugar. El problema era que “Ramiro” había salido de Chile. Hubo que organizar una junta de emergencia entre los integrantes de la casa-retén, junta de la que no participó Velásquez, y fue entonces que el Negro Palma propuso una solución:
-Hay que “bajarlo” -dijo-, este huevón no se puede ir. Si se va, lo “bajamos”.
Dice Escorza que “el Negro” se mantuvo firme en su decisión, pero fue “Rodolfo” quien lo retuvo: “Rodolfo dijo Ya, Ramiro no está y voy a tomar una decisión y la decisión es que se vaya, lo mandamos a una casa de seguridad y ahí que lo controlen hasta la vuelta de Ramiro. Hubo una discusión con el Negro y al final se impuso Rodolfo”.
A Florencio lo sacaron caminando, de noche, con lentes oscuros y mirando hacia el suelo para que no entregara información ante la eventualidad de que cayera en manos de la policía. Al igual que el Negro y el propio Edwards, había llegado a la casa sin que pudiese identificar su ubicación. Al salir, lo pasearon durante una hora y media y lo dejaron en avenida Grecia. De ahí se dirigió a una casa de seguridad, a la espera de “Ramiro”.
Fueron varios en el FPMR quienes lamentarían esa decisión, incluido el propio “Rodolfo”. El caso trascendió las fronteras de la casa-retén y llegó a oídos de la Oficina de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, el organismo creado en el gobierno de Patricio Aylwin para combatir la subversión tras el asesinato del senador Guzmán. Fue a fines de septiembre de 1991, a tres semanas de iniciado el secuestro, que “La Oficina” supo que el FPMR estaba detrás de la operación. Hasta entonces sólo había conjeturas sobre los autores. En su declaración judicial, el secretario de “La Oficina”, Marcelo Schilling, hoy diputado socialista, confirmó que La Moneda fue alertada por un informante.
Un informe de “La Oficina”, adjuntado al proceso, reportaba que Florencio Velásquez, a quien identifica como “Julio”, “formaba parte del grupo de protección en la casa donde está secuestrado Cristián Edwards” y que “fue destituido en una reunión realizada en la misma casa”. Agrega que “el jefe de las casa es un hombre débil de carácter y permitió que Julio se fuera desarmado”.
Poco después, por medio del mismo informante, “La Oficina” se enteró de que los propios compañeros de Velásquez le habían perdido la pista. Lo llamaban “desertor”.
Era un momento crítico. Las negociaciones por el rescate estaban estancadas y la familia Edwards, contraviniendo las exigencias iniciales de los secuestradores, no sólo había alertado a la policía chilena, sino también al FBI. Se preveía un proceso largo y agotador del que Cristián Edwards no se sustraería, pese a seguir preso de alucinaciones y tormentos al interior de “la caja”.
La negociación
Era la tarde de un 11 de septiembre y la secretaria seguía preocupadísima. Su jefe no se había presentado a trabajar el día anterior y la familia tampoco tenía noticias de él. No era su estilo. Cristián Edwards, gerente de los diarios regionales de El Mercurio, era responsable y puntual. Jamás faltaba a una reunión sin avisar y, menos, se desaparecía así como así. Algo tiene que haber pasado con él, pensaba la mujer. Por eso, auque era feriado, fue hasta las oficinas de El Mercurio en Providencia y comenzó a revolver papeles en busca de alguna pista. Así, hurgando entre la correspondencia del día anterior, encontró una carta extraña. No tenía remitente, data, folio ni sello postal, y estaba dirigida a Agustín Edwards, en circunstancias que esas cartas llegaban al domicilio del diario en Vitacura. Guiada por la intuición, la mujer abrió el sobre y encontró la cédula de identidad de su jefe y una carta escrita a máquina que leyó en el acto:
SEÑOR A. EDWARS (sic)
PRESENTE
Su hijo Cristián fue cautivo hoy y en estos momentos se encuentra en un lugar seguro e inaccesible. El se encuentra bien de salud y su integridad (física y síquica) en el futuro dependerá de ustedes. El objetivo de su detención es negociar su VIDA.
Deben cumplir extrictamente (sic) nuestras indicaciones;
NO comunicar de esta situación a la prensa, policía, amigos y parientes. Cualquier paso que ustedes den en ese sentido nos enteraremos, entorpeciendo excesivamente el desarrollo y culminación de esta empresa.
Somos PROFESIONALES EXPERIMENTADOS y estamos decididos a cumplir con nuestro objetivo.
NO realicen movimiento alguno.
Tengan paciencia.
Nos volveremos a comunicar.
Nos encomendamos al SEÑOR, rogando llegar a términos satisfactorios para ambas partes.
La carta llegó a su destinatario esa misma tarde, y a las pocas horas, pese a las exigencias explícita de los secuestradores, el ministro del Interior, Enrique Krauss, se enteraba de las novedades por un llamado de Agustín Edwards Eastman. “Me expresó que me pondría lo mejor de sus hombres para lograr la ubicación de mi hijo”, dijo el dueño de El Mercurio en sus declaraciones judiciales, que hasta ahora se mantenían inéditas.
Empezaba así una etapa de pesquisas y negociaciones cruzadas por tensiones, desconfianzas y una fuerte incertidumbre por el destino de Cristián Edwards. El actual vicepresidente de El Mercurio, que hasta julio último dirigió la División de Servicios Noticiosos de The New York Times, tenía 33 años y permanecía encerrado en una caja-cubículo de dos por tres metros, expuesto a sedantes, música y una luz intensa. Estaba en manos de una fracción del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), la misma que había dado muerte al senador Jaime Guzmán, y a cambio de su liberación pedían cuatro millones de dólares. Pese a su crítica situación, que irá agravándose con el correr de los meses, no estará ajeno al curso de las tratativas: informado por sus captores de que su familia ofrecía una cifra muy inferior a lo exigido, cifra que aquéllos consideraron “una miseria”, el propio rehén se ofrecerá a ayudar a pagar su rescate.
DESCONFIANZAS CRUZADAS
La misma semana que desapareció su hijo, Agustín Edwards conformó un comité asesor. Estaba integrado por él, que lo presidía, por el editor de redacción de El Mercurio, Juan Pablo Illanes; por el abogado Enrique Montero Marx y el empresario Jacobo Ergas. Un quinto integrante demoraría unos días en sumarse: Hugh Bicheno, un ex agente del servicio de inteligencia británico MI6, especialista en negociaciones de secuestros y con estudios en Chile.
Hugo León, como se hacía llamar el inglés que tenía también nacionalidad estadounidense y había nacido en Cuba, fue una figura decisiva de las negociaciones. Para bien o para mal. Permaneció en Chile durante gran parte de los cinco meses que se extendió el plagio y participó de casi todas las reuniones que se celebraban a diario en la casa de Edwards Eastman en Lo Curro. Fue Bicheno quien sugirió la presencia de un intermediario, que resultó ser el sacerdote Renato Poblete. El jesuita apareció junto a Agustín Edwards en El Mercurio (la foto que encabeza este reportaje) para dar a entender a los secuestradores su misión. Bicheno también previno a la familia sobre una larga negociación. El problema fue que en un principio no estaba claro quién sería la contraparte.
El gobierno y las policías no descartaban ninguna hipótesis, incluyendo la posibilidad de un autosecuestro o desaparición voluntaria. Ambas cosas eran inconcebibles para la familia, además de ofensivas. No respondía a su personalidad, razonaban, y en el caso remoto de que algo así hubiese ocurrido, jamás hubiese enviado una carta con su apellido mal escrito: Edwars.
La carta era todo lo que había sobre la desaparición y en apariencia decía poco y nada sobre los autores del hecho. Pero quienes conocían de lucha antisubversiva, y en eso la Dirección de Inteligencia del Ejército aportó su parte en este caso, sabían que la clave estaba en la primera línea de la carta: “cautivo” fue también el término usado por el FPMR para comunicar el secuestro del coronel Carlos Carreño, ocurrido en 1987. La diferencia es que ahora, lejos de reconocer la autoría del hecho, los plagiadores desviaban la atención encomendándose al Señor.
Lo segundo fue un asunto de confianzas. Es cierto que los viernes por la tarde Agustín Edwards recibía a autoridades del gobierno y de las policías en su casa de Lo Curro. Por el gobierno asistían Krauss, Marcelo Schilling y Mariano Fernández, estos dos últimos del Consejo de Seguridad Pública, organismo conocido como “La Oficina”. Por Carabineros e Investigaciones participaban sus directores y jefes de Inteligencia. En teoría se trataba de reuniones de coordinación en que se intercambiaba información y se trazaban estrategias. Pero a decir del dueño de El Mercurio ante la justicia, “estas reuniones no tuvieron en la práctica mayor resultado, y sólo sirvieron para mantener en alto la moral de la familia”.
Aconsejado por Hugh Bicheno, el ex agente del MI6, Agustín Edwards se guardó información relativa al curso de las negociaciones. La decisión no sólo obedecía a un problema de seguridad, tendiente a resguardar la vida del secuestrado. Desde un comienzo el dueño de El Mercurio tuvo predilección por Carabineros en desmedro de Investigaciones, que tenía mayor vinculación y dependencia del gobierno. Sus contactos con la policía uniformada incluso eran personales, saltándose los cauces institucionales.
TIRA Y AFLOJA
Una vez que el secuestro se hizo público, abundaron los llamados de gente que decía tener noticias al respecto. No fueron pocos los que también aseguraron tener al joven en su poder. Pero nadie más que los verdaderos secuestradores podían haber tenido acceso al nombre y número telefónico de Diego Fernández, primo de Cristián Edwards y uno de sus mejores amigos. Fernández fue el primero de la familia en ser contactado. Sin embargo, siguiendo instrucciones del comité, se negó a entrar en tratativas, sugiriendo el nombre del abogado Montero Marx.
De cualquier forma los secuestradores no querían tratar con el primo ni con el abogado. Sólo hablarían de negocios con Agustín Edwards Eastman.
No fue fácil convencerlos de que aceptaran al sacerdote Renato Poblete como único intermediario. Se negaron varias veces. Incluso, una vez que contactaron telefónicamente al sacerdote, siguieron insistiendo: “A usted sólo lo queremos como mero intermediario, de mensajero, seremos intransigentes. Nuestras conversaciones serán sólo con Agustín Edwards. Hágale entender que todo el tiempo que demore el señor Agustín en hablar con nosotros serán más días de cautiverio para el señor Cristián”.
El dueño de El Mercurio, en tanto, aconsejado por el comité privado, no daba su brazo a torcer. “Me negué rotundamente porque no podía ‘negociar’ con una persona que era un mero mensajero que leía recados mandados por otros y que no tenía ningún poder de decisión del que, en cambio, yo obviamente disponía”, declaró luego Edwards.
El 7 de octubre, a casi un mes de producido el secuestro, Renato Poblete recibió un nuevo llamado de los secuestradores. Insistían en hablar con Agustín Edwards. En eso todo seguía como antes. Pero esta vez, en respuesta a una solicitud anterior del sacerdote, anunciaban la entrega de una prueba que acreditaba que ellos tenían en su poder al “muchacho”, según lo llamaban. La prueba estaba escondida en uno de los sanitarios de los baños públicos del centro comercial Apumanque y consistía en una carta manuscrita por el rehén. Junto a ella venía un segundo mensaje dirigido al “Señor A. Edwards”.
Este nuevo mensaje repara en el incumplimiento de las exigencias por parte del destinatario, en el sentido de haber avisado a la policía y dar publicidad al hecho, y advierte sobre los “trastornos psíquicos” y sus “lamentables secuelas” que produce el encierro prolongado. “Está en sus manos hacer menos dolorosa esta situación, accediendo a nuestras exigencias y cumpliendo estrictamente nuestras indicaciones”.
Además de insistir en que la prensa y la policía deben mantenerse al margen, las exigencias se reducen al pago de cuatro millones de dólares que debían ratificarse en los términos siguientes:
“Mediante un aviso en el periódico El Mercurio de Santiago con estas características: sección económicos clasificados, rubro antigüedades y objetos de arte, en recuadro de 4 por 4 centímetros, texto: “Supero ofertas, compro íconos vedas, diríjase a San Agustín N…”. El tiempo que necesite para reunir el US$, días, anótelo como número de la dirección. Publicite este aviso los días martes, miércoles y jueves, 8, 9 y 10 de octubre. De no responder exactamente como le indicamos consideraremos que usted ha cerrado este negocio y sellado el destino de su hijo”.
Fechado el 7 de octubre, el mensaje apela a la paciencia y concluye con nueva invocación mística: “Pido al Señor misericordia para todos”.
“SUEÑO CON MOTORES”
La carta adjunta al segundo mensaje con exigencias, que supuestamente fue escrita y redactada por Cristián Edwards, empieza así:
Estimados padre y madre:
Nunca pensé que algo como esto pudiera pasarnos. Me encuentro prisionero y mis captores exigen una recompensa para liberarme. Mi situación es desesperante y más aún sabiendo el dolor que esto les causa. Yo estoy bien de salud, como imaginarán no en las mejores condiciones. Tengo mucho miedo y le pido a Dios que todo esto pronto termine. Yo nunca les he pedido mucho porque sé que han pasado por una crisis económica que todavía los afecta. Ahora les pido que hagan todo lo posible por mí, porque mi vida está en sus manos y estoy sufriendo mucho.
En rigor, según dirá más tarde ante tribunales, la carta fue escrita por él pero dictada por sus captores. “Escribí muchas cartas y me las devolvían porque no me nacía decir lo que querían. Terminó siendo que ellos me escribieron todo y yo copié”, declaró tras su liberación.
De cualquier forma, no mintió cuando describió la situación que estaba viviendo. A un mes de haber sido raptado, seguía padeciendo vómitos, calambres y alucinaciones, entre otras molestias, producto de sedantes que le administraban, del encierro permanente y de la exposición a un foco de luz y un parlante que emitía música y sonidos de helicópteros y sirenas. “Creo haber oído pajaritos, su cántico, también grillos, aunque esto puede deberse al zumbar de mis oídos. Me es particularmente difícil definir los ruidos reales que percibí, pues solía tener sueños con motores de helicópteros y cosas de ese tipo”, dijo ante el juez.
Dijo también que, pese a su estado, era consciente de su situación. Que jamás lo golpearon ni insultaron. Que recibía una dieta balanceada y procuraba comer de todo, “no obstante el dolor de estómago que usualmente tenía debido a los nervios”. Que pese a no tener ánimo para ejercitarse daba pasitos cortos de un lado a otro de la caja, “intentando no anquilosarme”. Que procuraba llevar una cuenta de los días. Y que las únicas dos personas que le hablaban simulaban ser argentinos.
Uno de ellos era “Rodolfo”, el jefe de la casa. El otro, Ricardo Palma Salamanca, “el Negro”, que establecerá una relación cercana con el rehén. Palma, quien había regresado a la casa-retén tras reponerse de un disparo accidental en una pierna, cumplía a cabalidad su papel de celador bueno. Procuraba animarlo y a veces le hablaba de política. De acuerdo con un cercano a Palma, que lo visitó en prisión una vez que cayó detenido en 1992, en un momento el celador bueno comenzó a compadecerse de la situación de Edwards, al punto de llegar a poner en duda el sentido de la operación.
Por lo demás, Palma tampoco podía salir de esa casa, ubicada en un pasaje de la comuna de Macul, en la cual había sido testigo de la crisis protagonizada por Florencio Velásquez, el otro celador, quien desertó en medio de la misión. Junto con generar un grave problema de seguridad, que traería consecuencias, había dejado una vacancia que debió ser suplida por José Miguel Martínez Alvarado, alias “Palito”, que no respondía al mejor perfil para el puesto: al igual que Velásquez, Martínez había pasado recientemente por la cárcel por hechos subversivos y, además, tuvo que congelar sus estudios para incorporarse a la casa-retén. Eso lo convertía en una presa de más fácil captura para la policía.
A lo anterior se sumó otro hecho fuera de pronóstico. Agustín Edwards no sólo seguía resistiéndose a negociar directamente, sino que desatendió la primera fórmula exigida por los secuestradores. En ese estado de cosas sobrevino el llamado telefónico recibido el 25 de octubre por el abogado Enrique Montero Marx:
“Escuche, ya, comuníquele a la familia de don Cristián que por la actitud que tomaron de ninguna colaboración hemos tenido que llegar al desenlace fatal. Entregaremos indicaciones para que encuentren el cuerpo del señor Cristián”.
Cinco días más tarde, Renato Poblete recibió un nuevo llamado de los secuestradores. Esta vez le indicaban que se dirigiera al mausoleo de la familia Del Río, los parientes maternos de Cristián, en el Cementerio Católico. Ahí Poblete encontró un nuevo mensaje acompañado de la cédula de conducir del rehén. Era el comienzo formal de las negociaciones tal como lo habían exigido los plagiadores.
ICONOS VEDA
El primer aviso clasificado de El Mercurio, ubicado en la sección Antigüedades y Objetos de Arte, apareció el domingo 3 de noviembre de 1991. Decía: “Compro iconos vedas, mejoro precios. Favor llamar 6981417”. Era el primer contacto y el número de teléfono comunicaba con Poblete. Tres días después sería seguido por una oferta concreta: “Compro iconos vedas. Perfecto estado, pago contado. 420.000”.
La propuesta inicial (US$ 420 mil) indignó a los secuestradores. O eso quisieron hacer creer. La calificaron de “miserable” y exigieron elevarla de manera sustantiva. La tercera semana de noviembre un nuevo aviso clasificado elevó el monto a US$ 520 mil y a fines de mes la oferta ascendió a US$ 595 mil.
Cada aviso era seguido por un contacto telefónico entre Poblete y los secuestradores. El jesuita pedía una rebaja considerable en el precio, además de una fotografía actual como prueba de vida. “Lo que ustedes están pidiendo es una cosa imposible, tienen que volver a la realidad”, argumentaba. Los secuestradores, en tanto, no se movían del monto inicial. Las negociaciones estaban en punto muerto. De acuerdo con lo que relata hoy Rafael Escorza, el militante que prestó la casa para el plagio, fue en esos días que Cristián Edwards ofreció a los secuestradores pagar su rescate con dinero que tenía depositado en Estados Unidos.
Según revelará Poblete en su libro de memorias, aparecido en 2005, “La Malú (Del Río, madre de Cristián Edwards) pedía subir la cantidad. Yo creo que ella hubiera pagado al tiro”. Sin embargo, de acuerdo con el mismo testimonio, Bicheno era quien hacía de líder: “El gringo dirigía la operación”.
En una entrevista concedida a un sitio web inglés, Bicheno describe su estrategia para enfrentar secuestros, la que claramente aplicó en el caso de Edwards. “Primero se formaba un comité de crisis. Esto incluía a alguien a cargo de tomar decisiones por la familia, normalmente el padre. Una parte clave era recordarles que estaban tratando con hombres de negocios y que el secuestrado no era más que un monto de dinero”, explicaba el hoy retirado Bicheno. De acuerdo a su relato, lo primero que debía hacer el comité era decidir cuánto estaban dispuestos a pagar, lo que muchas veces coincidía con la cobertura de una póliza antisecuestro, pues Bicheno trabajaba junto a un agente de seguros. También había veces que la familia no quería parecer demasiado fácil y ofrecía una suma más baja. Según Bicheno, siempre intentaba que la primera oferta fuera alta, de modo de evitar que los secuestradores se sintieran insultados y pusieran en peligro al rehén. Lo siguiente era aumentar la oferta mediante incrementos cuidadosamente calculados.
Así ocurrió en la operación que lideró en Chile. Recién el 20 de diciembre, a través de un nuevo aviso económico, la oferta fue aumentada a US$ 650 mil, previa exigencia de una fotografía actual. La respuesta llegó mediante una carta dejada en un baño del Parque Arauco. Estaba acompañada de una cinta y decía:
Señor Agustín Edwards: le comunicamos que no habrá ninguna fotografía actual hasta que la oferta sea aumentada -aumentar la oferta significa hacer ofertas en MILLONES DE DÓLARES y no en miles de dólares- (…) Cada día que pasa y que no cumplen con las indicaciones disminuye rápidamente la posibilidad de que la integridad física y síquica de su hijo se puedan conservar intactas. En estas fechas de unidad familiar dejen de lado su actitud inhumana (mal asesorada) y burocrática. Piensen en la vida de su hijo que se deteriora cada día más, ya que él hoy sólo desea estar con ustedes. Junto a esta nota le enviamos una grabación (lado A) con la voz de él. Por el bien de su hijo Cristián y de su familia, CUMPLA.
Tres días después, en vísperas de Navidad, un nuevo aviso económico anunciaba que la oferta alcanzaba los US$ 700 mil. Era un avance. Mediante un sistema similar al anterior, los secuestradores enviaron una fotografía del rehén, quien sostenía un ejemplar actualizado del diario Folha de Sao Paulo, acompañada de una carta en la que anunciaban que el valor del rescate había bajado a un millón y 500 mil dólares.
“QUE ME SAQUEN DE AQUÍ”
Un hecho fortuito alertó al gobierno de que la familia Edwards había empezado a negociar con los secuestradores. Corrían los primeros días de diciembre de 1991 y el ministro secretario general de Gobierno, Enrique Correa, recibió un llamado de un funcionario de la CIA, dependiente de la embajada de Estados Unidos en Chile, informando que un hermano del dueño de El Mercurio se había presentado en la sede del FBI en Washington para solicitar una prueba grafológica de una carta supuestamente escrita por el rehén. Fue un pequeño escándalo que no tuvo publicidad, como muchas situaciones vinculadas al mismo caso. De las tratativas y mensajes estaba enterado Carabineros, no así el gobierno, la Policía de Investigaciones y el ministro en visita Luis Correa Bulo.
El incidente tuvo repercusiones prácticas. Según la declaración que prestó por oficio Marcelo Schilling, secretario del Consejo de Seguridad Pública, “a partir de ese momento los asesores de Agustín Edwards deciden separarlo de la conducción de las operaciones, enviándolo a descansar a su campo en Graneros por estimar que estaba demasiado alterado y nervioso”.
En rigor Edwards Eastman siguió pendiente de las negociaciones. La diferencia es que desde entonces delegó la conducción en Hugh Bicheno, que insistía en no ceder ante las demandas. Bicheno era un duro en estas materias y alertó oportunamente sobre el manejo emocional que los secuestradores darían a las fiestas de fin de año.
En efecto, la cinta con la voz de Cristián Edwards que llegó a manos de la familia el 20 de diciembre resulta conmovedora. Se trata de un mensaje extenso en que el cautivo se pregunta “cómo pueden ofrecer una miseria” y plantea que “yo les puedo ayudar con eso, yo les voy a ayudar, yo me comprometo, me comprometo a trabajar junto a usted papá para recuperar todo”. “Hagan todo lo necesario para sacarme de aquí, hagan todo lo humanamente posible y después yo los ayudo, después nos arreglamos (…), yo siempre he sido una persona que trabaja duro (…) siempre me he esforzado y si salimos de esto me voy a esforzar más que nunca (…) Ya no me quedan fuerzas para seguir adelante”, se queja. “Lo que yo les estoy pidiendo es que me salven, que me ayuden, que me saquen de aquí”.
Refiriéndose a esta comunicación, el propietario de El Mercurio sostuvo en su declaración judicial que “era presumible que los delincuentes aprovecharan ambas ocasiones para presionar en sus exigencias, sobre todo a mi mujer”.
Las presiones en esos días surtieron algún efecto. En la comunicación telefónica del 31 de diciembre, Poblete adelantó a su contraparte que en los días siguientes aparecería un aviso económico con una nueva oferta. Sería la última, advirtió el sacerdote, como ya lo había hecho otra veces, aunque en esta ocasión incluyó un novedoso argumento sobre la calamitosa situación económica de Edwards Eastman: “Si este señor está quebrado, es puro nombre no más, ustedes podrían haber elegido otra persona”.
Dicho esto, y tras insistir en que “no pidan la suma que dicen”, lanza una propuesta: “¿Qué van a hacer con la plata? Podrían donarla al Hogar de Cristo siquiera, pues oiga”.
OFERTA ESPECIAL
La última oferta anunciada por Renato Poblete en vísperas de Año Nuevo apareció publicada el sábado 4 de enero en el nuevo formato propuesto por los secuestradores. Destacada esta vez en la sección Instrumentos Musicales, el aviso clasificado decía: “Compro gaita Kennedy, pago contado 740.000”.
El monto terminó de sacar de quicio al jefe de la operación. “Ramiro”, alias de Mauricio Hernández Norambuena, consideró que era hora de tomar personalmente cartas en el asunto. Identificándose como “El Abuelo”, la chapa que usó en esta operación, contactó a Poblete en un teléfono de Plaza Italia:
-Yo soy “El Abuelo” -se oye en la grabación telefónica-. Escuche, usted ha abusado de nuestra ética profesional, pero ahora nos corresponde jugar a nosotros. Daremos a la publicidad toda la negociación, dejando al descubierto la actitud insensible de ustedes (…) Será un gran escándalo. Luego de eso aparecerá el cadáver de Cristián. Usted puede impedir este desenlace. ¿De qué forma? Accediendo a nuestras últimas exigencias. Nosotros esperamos un breve tiempo. ¿Está absolutamente claro?
“Ramiro” parecía hablar en serio: ya no había margen para seguir negociando en esos términos. La salud de Cristián Edwards tendía a agravarse, lo que en un momento obligó a que fuera visitado por un médico o enfermero del FPMR, y en la casa-retén las cosas habían vuelto a tornarse críticas. Aquejado de “un bajón anímico”, según lo describe hoy Rafael Escorza, Ricardo Palma pidió dejar su puesto de celador.
La salida de Palma se sumó a la desaparición de Florencio Velásquez, el otro celador que había abandonado la casa-retén, aquejado por el encierro y fuertes conflictos con sus compañeros. Su paradero era un misterio para el FPMR y ponía en riesgo la operación y a sus protagonistas. Además, aunque no lo sabían, el grupo comandado por el subcomisario Jorge Barraza había identificado la casa donde estaba secuestrado Edwards y le seguía los pasos a varios de los plagiadores, entre ellos a “Rodolfo”, “Emilio” y “Ramiro”.
La situación estaba en un punto crítico y fue zanjada con un último aviso publicado el domingo 19 de enero en la sección Instrumentos Musicales. Esta vez no había un monto específico, sólo un mensaje velado: “Compro gaita Kennedy, tengo oferta especial. Llamar lunes 6981417”.
La “oferta especial” consistía en un millón de dólares y fue aceptada.
LAS ÚLTIMAS HORAS
El primer intento de entregar el dinero del rescate se realizó el sábado 25 de enero. Acompañado de Juan Cancino, el chofer de Agustín Edwards, y siguiendo instrucciones de los secuestradores, Poblete recorrió los cuatro puntos cardinales de la ciudad a bordo de un Volkswagen escarabajo. Al interior portaba la maleta con un millón de dólares en billetes de cien.
La entrega resultó frustrada porque así fue planeado por los secuestradores, de modo de corroborar que no fuesen seguidos por la policía.
A la semana siguiente, cuando volvieron a ser contactados por los secuestradores, Hugh Bicheno estuvo en desacuerdo con que Poblete y Cancino realizaran un nuevo recorrido. Creía que serían engañados. En cambio Marcelo Schilling, el secretario de la Oficina de Seguridad Pública, de acuerdo a su propia declaración, propuso seguir “rigurosamente las instrucciones de los secuestradores”. La entrega quedó programada para el 31 de enero y se extendió durante gran parte de ese día.
Esta vez a bordo de un Fiat 147, Poblete y Cancino volvieron a recorrer la ciudad. Pasearon por Recoleta, Vitacura y Providencia, donde ingresaron a un supermercado y recogieron poleras y un par de jockeys para ser identificados fácilmente a la distancia. Más tarde, después de otro largo rodeo, bajo la mesa de una fuente de soda cercana a Departamental encontraron un sobre. Contenía una fotografía de Cristián Edwards retratado con El Mercurio del día anterior y una última instrucción que los condujo a un paso sobre nivel de la avenida Norte Sur, donde un hombre que apareció de las penumbras recogió el dinero.
Al día siguiente Agustín Edwards se encontraba en su campo en Graneros cuando al anochecer recibió una llamada desde El Mercurio. Su hijo ya iba camino a la casa familiar de Lo Curro a bordo de un taxi. Unos días después, Cristián relató ante el juez Correa Bulo que la noche anterior a su liberación había sido sacado de “la caja” después de cinco meses e introducido a una carpa. Ahí pasó sus últimas horas de rehén, sometido a la música de un personal estéreo y una dosis adicional de sedantes. Recordó haber regresado tal como llegó, encapuchado y envuelto en un saco de dormir, y haber sido introducido en un auto que lo dejó en lo que parecía un sitio eriazo.
Lo último que alcanzó a escuchar de sus secuestradores, antes de ser dejado boca abajo contra el suelo, fue “no te muevas”. Después de un rato logró ponerse de pie, trastabilló en dirección a unas luces y dio con un taxista al que le pidió monedas para llamar a sus padres. Había sobrevivido a un martirio de casi cinco meses y se iniciaba la cacería policial.
El anuncio que recibió el dueño y director de El Mercurio a principios de noviembre de 1991 en su casa en Lo Curro fue imperativo. Dos agentes de la Policía de Investigaciones exigían comunicarle en persona un mensaje de su director, el general (r) Horacio Toro, sobre “la aparición de su hijo”. Habían transcurrido dos meses del secuestro de Cristián y Agustín Edwards Eastman se preparó para lo peor. Pensó que habían encontrado el cuerpo de su hijo. Así lo confirmó en sus declaraciones judiciales, hasta ahora inéditas:
-Fui a recibirlos afuera de la casa, a la puerta de entrada, porque no quería que mi mujer oyera alguna desgracia (…). Les pregunté qué había sobre la aparición de Cristián, en qué forma había aparecido y de dónde sabían esta noticia. Me dijeron que lo sabían del director de Investigaciones. Al preguntarles de nuevo sobre la aparición, me dijo uno de ellos, apuntando con el dedo hacia mi casa: “Apareció aquí”. Le manifesté que no entendía. Volvió a insistir con que Cristián estaba en mi casa. Al oír esto, yo perdí la compostura y les pregunté si acaso creían que yo tenía a Cristián oculto en mi casa, a lo que contestaron que sí. Ahí perdí la compostura y los traté de forma muy dura.
En la versión de Agustín Edwards, el ministro del Interior, Enrique Krauss, le había prometido que pondría “a lo mejor de sus hombres” en el caso. Y si lo mejor de Investigaciones había confundido a Cristián con uno de sus hermanos, forjando la temeraria tesis del “autosecuestro”, la familia resolvió de ahí en más confiar sólo en Carabineros.
Lo que ocurrió ese día en la casa de los Edwards del Río es uno de los episodios más bochornosos en la historia de la policía de Investigaciones y marcó un hito en la verdadera guerrilla policial -con el equipo del Consejo de Seguridad Pública de La Moneda (“La Oficina”) en el medio- que se desarrolló en sordina en torno a la búsqueda de Cristián Edwards y a la captura de los responsables de su secuestro.
De los testimonios de policías y ex frentistas, contrastados con las declaraciones y documentos que contiene el expediente judicial, surgen detalles hasta hoy desconocidos de esa guerrilla y de las pesquisas: jóvenes policías encubiertas, datos aportados por un informante ubicado en el corazón del FPMR, la deserción de uno de los celadores de Edwards cuya identidad nunca se había mencionado, informes de inteligencia inéditos, interceptaciones telefónicas y hasta el análisis de la basura de la casa-retén. Y en el telón de fondo, las rivalidades policiales y políticas que impidieron una investigación coordinada y permitieron que gran parte del comando “volara” tras el pago del millón de dólares de rescate.
Tres son las hebras que permitieron aclarar el secuestro. La primera fue el seguimiento que hizo Investigaciones a una universitaria que condujo hasta la casa-retén. Otra fue el dato que aportó el informante Lenin Guardia acerca de que el joven Ricardo Palma Salamanca estaba involucrado. Y la tercera, los antecedentes entregados por el frentista Agdalín Valenzuela, informante de “La Oficina”, cuyos “soplos” permitieron identificar a uno de los involucrados y llevar un registro cronológico de los líos internos que protagonizaron los secuestradores.
EL SECRETO DE CARABINEROS
El 11 de septiembre de 1991, dos días después del secuestro de Cristián Edwards, su padre leía el mensaje que los captores le habían dejado en las oficinas de los diarios regionales de El Mercurio. Le pedían “negociar su vida” y no alertar a las autoridades. Unas horas después, Agustín Edwards hablaba con el ministro Krauss. Carabineros también fue informado.
Agustín Edwards manifestó predilección desde el inicio por la labor de Carabineros, lo que después se reafirmaría con el vergonzoso yerro de Investigaciones. La policía uniformada estuvo desde el primer minuto al tanto del secuestro, aún antes que La Moneda. Y en las siguientes semanas los oficiales de esa institución a cargo de las pesquisas esconderían su juego a los ocupantes de Palacio.
El mismo día 11, el teniente Oscar Olmedo, de la tenencia de Vitacura, fue convocado al edificio de El Mercurio por el jefe de seguridad de la empresa, Jorge Zamora, quien lo puso al tanto de la desaparición del hijo del dueño. En una inusual deferencia, el oficial acompañó a Zamora a recorrer la morgue y hospitales en busca de noticias. Al finalizar el infructuoso recorrido, Olmedo se encontró con varias autoridades en las dependencias del diario y debió darle cuenta directamente a Agustín Edwards en su oficina.
A partir de esa misma semana quedó instituido un “comité de crisis” que sesionó los viernes por la tarde en la residencia de los Edwards. Asistirían de manera permanente el dueño de casa y sus asesores, el ex ministro del Interior de Pinochet, el general (r) de la Fuerza Aérea Enrique Montero, y Juan Pablo Illanes, director responsable del matutino; el secretario de “La Oficina” y hoy diputado (PS), Marcelo Schilling; el jefe de inteligencia de Carabineros, general Sergio Lutjens, y el prefecto de Investigaciones, Juan Fieldhouse.
La mesa de coordinación era sólo una parte del engranaje puesto en marcha para dar con el paradero de Cristián Edwards. Porque Carabineros trabajó directamente con Agustín Edwards sin dar aviso a La Moneda. Aunque el general (r) Lutjens dijo a CIPER que la policía uniformada hizo sólo tareas menores debido a que el Ministerio del Interior paralizó las pesquisas que pudieran exponer la vida del rehén, lo cierto es que recibía información privilegiada de la familia. Precisamente eso fue lo que ocurrió cuando comenzó el intercambio de mensajes entre los Edwards y el FPMR: Carabineros fue alertado, pero no le traspasó la información al gobierno.
Marcelo Schilling confirmó la relación bilateral entre Edwards y Carabineros en su declaración judicial del 13 de febrero de 1992. En la ocasión, señaló que recién a comienzos de diciembre de 1991 el gobierno supo que la familia estaba negociando hacía dos meses con los secuestradores, que Carabineros lo sabía y que el propio Agustín Edwards intervino ante La Moneda para que no se castigara a los oficiales que manejaban esos antecedentes.
La carabinera Domitila del Carmen Sepúlveda entonces tenía 26 años y trabajaba en Inteligencia. Ante el tribunal, confirmó que, ocultando su condición de policía, hizo contacto con un sujeto que se comunicó con la familia. Eso ocurrió el 6 de noviembre, un mes antes de que el gobierno se enterara de que Carabineros manejaba información.
-El coronel (Sergio) Ávila me encomendó la misión que consistía en presentarme vestida de blanco en la empresa El Mercurio, donde él me estaría esperando (…). Me dijo que yo debía llevar un sobre a un individuo (…) Me dijo que ese hombre me entregaría un sobre (…). Yo debía indicarle que iba de parte de Max. El encuentro se realizaría en la estación Pila del Ganso. El sobre que recibí se lo entregué al coronel Ávila –declaró la mujer policía.
El despliegue de Carabineros fue inútil. Finalmente, las diligencias exitosas estarían reservadas para Investigaciones y “La Oficina”.
«LA PEQUEÑA LULÚ»
Marcela Mardones dejó de asistir al Campus Oriente de la UC sólo un par de semanas antes del asesinato del senador UDI Jaime Guzmán, perpetrado en esa sede universitaria el 1 de abril de 1991. Aunque los integrantes del Grupo Lex de Investigaciones trabajaron durante meses reconstruyendo el puzzle de ese atentado, no le dieron importancia al hecho. Tanto el Grupo Lex como “La Oficina” se habían empecinado en seguir la pista de un delincuente común -Sergio Olea Gaona- que a la postre no llevaría a ninguna parte.
El 15 de noviembre de 1991, después de la monumental confusión que enlodó a Investigaciones, su director trajo desde Concepción al subcomisario Jorge Barraza y le encomendó dos tareas: aclarar el secuestro de Edwards y el asesinato de Guzmán. Barraza llegaba precedido del prestigio de haber resuelto el crimen de un oficial de Investigaciones a manos del Mapu Lautaro.
Horacio Toro estaba nervioso. El Grupo Lex exhibía escasos e inciertos avances y se le agotaba el crédito en La Moneda tras el error que atizó la ira de Agustín Edwards. Jugó sus fichas a Barraza y lo puso al mando de la Brigada Investigadora de Organizaciones Criminales (BIOC), un equipo ad hoc para la tarea. Barraza tenía experiencia en el acoso a grupos subversivos. Había trabajado en la CNI. Él dice que ahí sólo pesquisó asaltos subversivos, pero ha sido procesado por apremios ilegítimos, aunque los tribunales superiores no lo han condenado.
La BIOC chequeó la asistencia de los alumnos del Campus Oriente. Así apareció el nombre de Marcela Mardones. Los agentes la identificaron como “La Pequeña Lulú”, una ex dirigente de las Juventudes Comunistas del Pedagógico, casada y madre de un hijo, que al interior de la organización ocupaba la chapa de “Ximena”. Barraza contó a CIPER que el esposo de “Ximena” les dijo que estaban separados, que no la veía precisamente desde antes del atentando a Guzmán y que le había dejado al niño con la promesa de volver por él en unas semanas. Pero habían pasado casi ocho meses y no aparecía.
Los agentes de Barraza confirmaron que “Ximena” convivía ahora con Raúl Escobar Poblete, un militante del FPMR conocido como “Emilio”. Ambos arrendaban un pequeño departamento al interior de una casa en calle Huara, en La Florida. Una joven policía se instaló en la vivienda principal, simulando ser sobrina de los propietarios. Desde ahí inició las “escuchas” y guió la vigilancia exterior, que incluía un punto con prismáticos desde el techo de un supermercado Ekono a un par de cuadras.
“Emilio” fue seguido. A veces se reunía con un sujeto alto y corpulento que los policías identificaron como “Rodolfo”. Este último también fue seguido, guiando a los agentes hasta una pequeña vivienda en un pasaje estrecho y sin salida en Macul. Aunque estaban tras los asesinos de Guzmán, tanta actividad de la célula que tenían bajo la mira llevó a la BIOC a sospechar que el grupo también participaba en el secuestro. Pero la casa a la que los condujo “Rodolfo” en Macul, ubicada en el pasaje Poeta Vicente Huidobro 3718-1, era estrecha, pareada y no tenía entrada de autos. A los policías les pareció imposible que allí estuviera Cristián Edwards. ¿Cómo podrían introducir y sacar a un cautivo sin despertar sospechas en los vecinos? Además, ahí vivía un matrimonio con un hijo adolescente. Era difícil que el FPMR incluyera en el secreto a un chiquillo que iba todos los días al colegio.
Los seguimientos a “Emilio” y “Ximena” llevaron a la policía a otra casa, esta vez en La Dehesa. Como esta residencia era grande y estaba en un barrio acomodado, Barraza se convenció de que ahí tenían cautivo a Edwards y fue desestimando los informes de su subordinado René Cocq, que insistía en que el análisis de la basura de la casa de Macul indicaba que la habitaban más personas que sólo dos adultos y un adolescente.
El detective Cocq tenía la razón. Porque el pequeño inmueble pareado del pasaje Poeta Vicente Huidobro era la casa-retén facilitada por el matrimonio de Rafael Escorza y María Cristina San Juan. Y la empleada que salía a hacer compras y a la que llamaban “Gabriela” era Maritza Jara, militante del FPMR y encargada de chequear el entorno.
PUGNA CON «LA OFICINA»
Barraza aseguró a CIPER que la BIOC inicialmente no dio mucho crédito a un dato que semanas antes recibió el subsecretario del Interior, Belisario Velasco. El informante Lenin Guardia le había dicho a Velasco que un joven llamado Ricardo Palma Salamanca estaría involucrado en el secuestro de Cristián Edwards. La hermana de Palma le habría confesado a su psicóloga la sospecha de que el muchacho andaba en algo raro relacionado con el FPMR. La psicóloga resultó ser la mujer de Lenin Guardia. El subsecretario Velasco había entregado el dato a “La Oficina”, la que tampoco, al parecer, le sacó partido.
Para entonces, las investigaciones ya estaban contaminadas con la pugna que se vivía en La Moneda. Velasco consideraba que el combate a la subversión era una tarea que él debía encabezar, pues su subsecretaría era responsable de la seguridad pública. Pero, después de la muerte de Jaime Guzmán, el Presidente Aylwin había creado “La Oficina”, confiándoles su jefatura a Jorge Burgos y Marcelo Schilling. Entre Velasco y “La Oficina” los puentes estaban cortados. Cada uno contaba con su propia red de informantes y los datos esenciales no fluían en ninguno de los dos sentidos. Toro, y por ende la BIOC, se alineaban con Velasco.
En las primeras tres semanas del secuestro de Cristián Edwards, las policías avanzaban a ciegas. No había indicios de quienes lo tenían. Fue “La Oficina” la que se anotó el primer acierto: confirmó que era una operación del FPMR e individualizó a uno de los involucrados.
Un informante de “La Oficina”, denominado “F1”, había pasado los datos: un grupo del FPMR bajo las órdenes del comandante “Ramiro” -quien después sería identificado como Mauricio Hernández Norambuena-, tenía a Edwards. Así lo declaró Schilling al tribunal:
-Supimos que se trataba de un secuestro por las informaciones que recibimos en los primeros días de octubre de 1991 (de “F1”), acerca de la existencia de un supuesto desertor del secuestro. Éste se hacía llamar “Julio”; era un frentista fugado de la Cárcel Pública en 1989 y su nombre verdadero es Florencio Velásquez Negrete, según consta de la fotocopia de una ficha personal suya que en este momento pongo a disposición del tribunal.
Hasta ahora, el nombre de Velásquez no se había asociado al secuestro. En el expediente no sólo quedó consignada la ficha de Florencio Velásquez (“Floro” o “Julio”), sino también la del entonces desconocido “Salvador”, jefe máximo del Frente, aunque la identidad que le adjudicaban era inexacta: Juan de Dios Apablaza Apablaza. En realidad es Galvarino Apablaza Guerra.
LOS INFORMES DE «F1»
“F1” era el militante del FPMR Agdalín Valenzuela. Un informante de lujo. Había sido uno de los dos chóferes del camión que trasladó a Brasil al secuestrado coronel Carlos Carreño, en 1987. También fue chofer personal de “Ramiro” y contaba con toda su confianza, al punto que a veces el informante lo ocultaba en su casa de Curanilahue. Hasta ahora se desconocía que Valenzuela había aportado datos claves para identificar a los autores del secuestro de Edwards. Un informe de “La Oficina” adjunto al expediente judicial lo corrobora:
Investigación personal Florencio Velásquez Negrete.
Datos de F1:
Se fugó de la cárcel. Lo describe como de 30 años aproximadamente, moreno, más o menos “amapuchado”, cuerpo de mapuche, es bajo, cara tosca, tórax fornido. Tiene una particularidad que se le cae un hombro. En un campamento en que estuvieron juntos el año 86 cuando tiraban granadas, se le caía el hombro derecho y él mismo se lo montaba (…).
Indica que este hombre formaba parte del grupo de protección en la casa donde está secuestrado CE (Cristián Edwards). JULIO fue destituido en una reunión realizada en la misma casa, donde está CE.
LA DESERCIÓN DE «FLORO»
Los informes de Valenzuela indican que, durante el secuestro, el comandante “Ramiro” mantuvo contacto con otro jefe frentista: “Chele”, posteriormente identificado como Juan Gutiérrez Fischman. Así se desprende del documento “Consolidado Informativo Cronología de Suministro de Información Sobre el Caso CE”, incluido en el sumario judicial. Estos son algunos párrafos de ese informe:
26 del 9 del 91 F1 informa que el Frente tiene en su poder a CE. Indica que dicha información la recibió del Cdte. Ramiro. Indica que este comandante está actuando directamente en la operación. Informa que se ha producido una deserción en el equipo operativo de parte de Julio. 19 del 12 del 91 F1 informa que se reunió con los comandantes Ramiro y Chele. Informa que CE está vivo y lo tiene el Frente definitivamente. 23 del 12 del 91 F1 informa que la familia de CE está negociando con el Frente. Indica que han pedido rebaja a una cifra pedida por el Frente y que el Frente aceptará la rebaja en la negociación futura. Indica que a mediados de enero culminará la negociación con la liberación de CE.
Rafael Escorza, el militante que facilitó su vivienda para el encierro de Edwards, confirmó a CIPER que “Floro” dejó su puesto de celador y generó una crisis en la casa-retén. A Florencio Velásquez lo sacaron del lugar con la vista tapada, lentes oscuros y mirando al suelo, para que no identificara el sitio si era arrestado. Al igual que el secuestrado y otro de los celadores, había llegado a la vivienda sin que pudiera identificar sus coordenadas.
Después de abandonar la misión, “Floro” debía acuartelarse en una casa de seguridad, pero sus compañeros le perdieron el rastro. Un informe de “La Oficina” consignó el hecho y la inquietud que causó en el FPMR: “Con fecha 19 del 12 de 91, se informa que Julio está alejado y que el comandante Ramiro informó que no lo ha podido encontrar”.
Ex miembros del FPMR aún consideran a “Floro” un desertor y creen que pudo jugar un rol en la posterior caída del comando que ejecutó el secuestro, convertido en informante o bien por haber compartido datos, sin saberlo, con una fuente de “La Oficina”.
EL RETORNO DEL «NEGRO»
La información aportada por el informante estrella de “La Oficina” no fue traspasada a la BIOC. Esa descoordinación produjo el absurdo de que en los seguimientos desplegados durante el secuestro, la BIOC fotografió a “Ramiro” sin sospechar el calibre del hombre al que le seguían los pasos. “La Oficina”, al mismo tiempo, no sabía que Barraza tenía identificada la vivienda donde permanecía cautivo Edwards.
No obstante la descoordinación, la BIOC entró a la recta final con ventaja sobre “La Oficina”. Barraza asegura que cada vez que “Ximena” o “Emilio” concurrían a los teléfonos públicos del Ekono cercano a su casa de calle Huara, los diálogos eran grabados. Por esa vía, “Ximena” se contactó con un hombre de voz juvenil al que reprendió duramente y con quien concertó una cita. Los agentes chequearon el teléfono. Era el de la mamá de Ricardo Palma Salamanca. Se confirmaba así el dato de Lenin Guardia.
Ricardo Palma, “El Negro”, tenía 22 años. Haciendo dupla con “Emilio”, había matado a tiros a Guzmán y al coronel (r) de Carabineros Luis Fontaine. Palma participó en la “captura” de Edwards, pero en el operativo se disparó accidentalmente en una pierna. Requirió atención médica y no pudo ocupar el puesto de celador al que estaba destinado.
Ya reestablecido, “El Negro” ingresó a la casa-retén pero no terminó la misión. Era un muchacho hiperactivo y el encierro le generó problemas que lo llevaron a abandonar su puesto. Por eso lo reprendió “Ximena”. Pero como también era un tipo fogueado, lo volvieron a llamar. Lo necesitaban para la puntada final: cobrar y liberar a Edwards.
FIESTA EN CALLE HUARA
El 31 de enero de 1992, Agustín Edwards pagó el rescate. Esta vez los miembros de “La Oficina” estaban informados. Según declaró Schilling, Agustín Edwards consultó su opinión un día antes de que se concretara la entrega del millón de dólares en billetes de cien. Influenciado por su asesor y experto en secuestros, el británico de origen cubano Hugh Bicheno, el dueño de El Mercurio albergaba dudas acerca de efectuar la entrega el día propuesto por los secuestradores. Una semana antes, el mediador de los Edwards, el jesuita Renato Poblete, había realizado un largo recorrido por la ciudad sin haber logrado entregar el dinero. Finalmente se impuso la opinión de Schilling: seguir “rigurosamente las instrucciones de los secuestradores”.
Argumentando razones de seguridad para proteger la vida de Cristián Edwards, “La Oficina” no alertó a la BIOC de la entrega del dinero. Los hombres de Barraza vieron como ese 31 de enero salían rodriguistas de todas las casas bajo vigilancia y se multiplicaban los contactos. El subcomisario relató a CIPER que el movimiento fue tal que los encargados de los seguimientos comenzaron a toparse y estorbarse. Temiendo que el FPMR los detectara, les ordenó retirarse y se concentró en vigilar las casas. Por eso, la BIOC no supo que ese último día de enero se pagó el rescate. Pero sus integrantes intuyeron que algo grande había pasado, porque esa misma noche la joven policía encubierta instalada en la casa de calle Huara informó de una fiesta, con baile y tragos. Barraza asegura que “Ramiro” y “Chele” estuvieron en la celebración.
REPLIEGUE EN COLLIGUAY
Al día siguiente del pago, “Emilio” y “Ximena” enfilaron a la costa. Los seguía el subcomisario Roberto Ruiz en su auto particular. Pero abruptamente se fundió el motor del auto de Ruiz y el subcomisario les perdió la pista. “Emilio” y “Ximena”, al igual que “Ramiro”, no volverían a los puntos vigilados por la policía.
Según Barraza, a la BIOC sólo le quedaba una carta: la vivienda del pasaje Poeta Vicente Huidobro en Macul. Y decidieron no irrumpir para no poner en riesgo la vida de Cristián Edwards. En la noche del 1 de febrero el furgón que usaba Escorza para comerciar huevos se estacionó frente a la entrada. Era obvio que iban a cargar algo. El agente responsable de la vigilancia tenía encima a Barraza, quien le exigía que no perdiera detalle de lo que ocurría y de los movimientos de los únicos sospechosos que les quedaban bajo vigilancia. Fue tal la presión, que el policía decidió enviar a su esposa, embarazada, a mirar más de cerca. La mujer entró al pasaje y preguntó por una matrona que supuestamente vivía en el barrio. De vuelta informó: falsa alarma, sólo estaban sacando una alfombra enrollada.
Horas después, Toro llamó a Barraza. Le contó que Cristián Edwards ya estaba en la casa de sus padres. Había sido liberado. Barraza aún cree que lo sacaron enrollado en la alfombra y que, probablemente, de la misma forma ingresó en septiembre. Pero el propio Cristián Edwards aseguró haber sido sacado de la vivienda en un saco de dormir. Lo cierto es que después de la liberación, el comando había huido y el subcomisario sólo tenía a mano al matrimonio dueño de casa. Un botín escaso para tanto tiempo y recurso invertido.
Un mes después, la BIOC detectó a los frentistas en un camping de Colliguay, en la Quinta Región. Ahí estaban “Ramiro”, “El Negro”, “Rodolfo”, “Emilio”, “Ximena”, “Gabriela” y el celador José Miguel Martínez Alvarado (“Palito”). Los filmaron. Barraza contará después que estaba seguro de que llegaría el jefe máximo, “Salvador”, y que por eso demoró los arrestos. Dirá también que en Colliguay estuvo el comandante “Chele”. Acusará que “La Oficina” protegió al “Chele” porque era yerno del líder cubano Raúl Castro y que, sospechosamente, otro equipo policial merodeó el camping en un extraño operativo antinarcóticos, lo que alertó al grupo del FPMR y posibilitó su fuga. Sus denuncias son el eje del libro que en 1999 escribió con sus ex sulbalternos Ruiz y Cocq: Razón de Estado.
En la estampida, la BIOC sólo pudo detener a “Gabriela” y “Palito” cuando intentaban cruzar hacia Argentina. Rafael Escorza y María Cristina San Juan fueron detenidos en su casa, donde aún había rastros de la caja-calabozo. La cacería la completó “El Negro”, que cometió el increíble error de volver a su hogar antes de intentar salir del país. “Ramiro” fue detenido al año siguiente, en 1993, cuando visitó a “F1” en Curanilahue. El informante, aunque fue apresado junto al más buscado comandante del FPMR, fue liberado casi de inmediato. Eso habría sellado su destino: Agdalín Valenzuela fue asesinado a tiros en 1995.
De todos los detenidos, sólo Escorza cumplió su condena: en 2003 obtuvo el beneficio de la salida dominical. María Cristina San Juan fue liberada en 2000 por razones humanitarias debido a una grave enfermedad. “Gabriela” se fugó en diciembre de 1992. “Palito” fue abatido mientras intentaba un escape en octubre de ese mismo año. “Ramiro” y “El Negro” huyeron en helicóptero desde la Cárcel de Alta Seguridad en 1996, pero el primero volvió a caer en Brasil en 2002 por otro secuestro y está recluido en un penal paulista. “Ximena”, “Emilio”, “Floro”, “Rodolfo” y “el Negro”, continúan prófugos.
(Tomado de CIPER)