por Alejandro Valenzuela Torres
Lo que el Gobierno denomina “megarreforma” empieza a revelar su verdadero contenido. No estamos frente a una reforma tributaria, una modificación de las relaciones laborales o una nueva política de seguridad consideradas aisladamente. Estamos frente a una ofensiva política, económica y coercitiva de conjunto, probablemente la más formidable desplegada contra los trabajadores chilenos desde el golpe de Estado de 1973. La comparación no significa identificar mecánicamente ambos momentos históricos: en 1973 la contrarrevolución adoptó directamente la forma del terrorismo militar y la destrucción física de las organizaciones obreras. Hoy el ataque se desarrolla todavía bajo las formas jurídicas del régimen constitucional. Pero precisamente por eso debe advertirse su profundidad: la burguesía intenta modificar simultáneamente la distribución del ingreso, las relaciones laborales, las capacidades represivas del Estado y las condiciones políticas en que puede organizarse cualquier resistencia social.
La llamada Ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social fue tramitada en menos de cuatro meses. Entre sus disposiciones centrales se encuentran la reducción del impuesto corporativo desde 27% a 23%, la reintegración tributaria y garantías de invariabilidad tributaria para grandes inversiones. La oposición parlamentaria, mientras denunciaba la velocidad y los efectos fiscales del proyecto, terminó reduciendo buena parte de su estrategia a negociaciones legislativas y requerimientos ante el Tribunal Constitucional.
Pero la reforma económica constituye apenas una pieza. En paralelo se despliega el llamado “Modo Empleo”, con propuestas que comprenden contratos por hora, anualización o flexibilización de jornadas, polifuncionalidad y modificaciones sustanciales al régimen de indemnizaciones. Organizaciones sindicales del comercio han denunciado específicamente la posibilidad de jornadas de hasta 52 horas semanales mediante sistemas de promediación, la reducción de indemnizaciones y el debilitamiento de las restricciones a la polifuncionalidad.
Y mientras se ataca a los asalariados del sector privado, la ofensiva comienza a desplazarse sobre los trabajadores del Estado. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció una revisión del Estatuto Administrativo para abordar las supuestas “rigideces” del empleo público; una comisión comenzó a estudiar cambios precisamente cuando desde distintos sectores gubernamentales se viene cuestionando la estabilidad de los funcionarios y las restricciones existentes para su desvinculación.
No hay casualidad alguna en esta simultaneidad.
De noviembre de 2019 a la megarreforma
La ofensiva de Kast debe ser comprendida como la culminación política del ciclo abierto por el Acuerdo por la Paz del 15 de noviembre de 2019.
Aquel acuerdo fue presentado como una salida democrática a la crisis. Su función política concreta fue reconducir hacia las instituciones estatales una rebelión social que había escapado durante semanas al control de los partidos tradicionales. El propio texto del Acuerdo establecía como objetivo el restablecimiento de “la paz y el orden público” mediante un itinerario constitucional acordado por las fuerzas parlamentarias. Gabriel Boric suscribió personalmente aquel pacto y su gobierno heredó y administró el proceso político que surgió de él.
Desde una perspectiva de clase, noviembre de 2019 constituyó la operación mediante la cual el régimen consiguió trasladar el conflicto desde las calles hacia las instituciones, transformando una crisis abierta del poder en una discusión constitucional cuidadosamente reglamentada. El Gobierno de Boric desempeñó posteriormente una función decisiva en aquella restauración. No porque haya ejecutado el programa que hoy aplica Kast, sino porque contribuyó a reconstruir la autoridad del Estado, normalizar el orden institucional después de la revuelta y restablecer como horizonte político exclusivo la administración del mismo régimen.
Kast recoge ahora esa estabilización y la pone al servicio de una segunda operación: ya no contener la revuelta, sino modificar preventivamente las relaciones de fuerza que hicieron posible octubre de 2019. En esto reside la continuidad profunda entre ambos períodos. El régimen sacó una conclusión del estallido: nunca más permitir que una crisis económica o política encuentre a la burguesía sin los instrumentos jurídicos, policiales y militares suficientes para dominarla.
Por eso la reforma tributaria no puede separarse de la reforma laboral, ni la reforma laboral de la agenda de seguridad. Mientras se rebajan impuestos al capital y se ofrecen garantías extraordinarias a las inversiones, se intenta abaratar el despido, flexibilizar la jornada y ampliar la disponibilidad patronal de la fuerza de trabajo. Y mientras se deterioran esas condiciones materiales, se refuerza paralelamente el aparato de coerción encargado de administrar las consecuencias sociales de esas mismas políticas.
La denominada Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo comprende más de treinta iniciativas y ha sido acompañada de una reforma constitucional sobre seguridad, del reforzamiento político de las policías y de un discurso gubernamental resumido significativamente en una consigna: “la mano ha cambiado”.
La ecuación es transparente: transferencia de riqueza hacia el capital, disciplinamiento de la fuerza de trabajo y fortalecimiento del aparato represivo. Ese es el verdadero contenido de la megarreforma. Y esa articulación permite caracterizarla no simplemente como la ofensiva de un Gobierno de ultraderecha, sino como una ofensiva global de la burguesía chilena y del imperialismo contra los trabajadores.
Porque las diferencias parlamentarias existentes no cuestionan los fundamentos de este programa. La oposición discute velocidades, mecanismos, constitucionalidad o determinados excesos, pero no organiza una resistencia social contra él. Su horizonte consiste en conseguir algunos votos del PDG, negociar indicaciones, recurrir al Tribunal Constitucional y conservar suficientes posiciones electorales para imaginar una restauración progresista encabezada eventualmente por Boric en 2029.
Frente a un ataque histórico, responde con litigación constitucional y cálculos electorales. La desproporción resulta grotesca.
Una estrategia de shock para impedir que aparezca la resistencia
La velocidad no constituye simplemente una característica del Gobierno de Kast. Constituye una necesidad política. Su mecánica recuerda deliberadamente las técnicas de blitzkrieg: abrir simultáneamente numerosos frentes, impedir que el adversario identifique cuál es el principal, producir hechos consumados y completar las transformaciones antes de que pueda reorganizarse una oposición social. En lenguaje político puede llamarse también estrategia de copamiento y shock.
La megarreforma económica fue aprobada en tiempo récord. Antes de que terminara de procesarse públicamente su significado aparecieron la ofensiva laboral, la agenda de seguridad y ahora la revisión del Estatuto Administrativo. No es improvisación. Es prevención.
La burguesía chilena conserva fresca la experiencia de octubre de 2019. Sabe que bajo la aparente quietud social pueden acumularse contradicciones durante años y desencadenarse de manera abrupta. De allí la necesidad de modificar rápidamente las condiciones económicas, jurídicas y represivas antes de que los trabajadores reconstruyan organismos capaces de enfrentarlas.
La paradoja es que semejante ofensiva expresa también una debilidad. Un régimen seguro de su estabilidad podría desarrollar sus reformas gradualmente. Un régimen que necesita modificar todo en cuestión de meses reconoce, por su propia conducta, que teme el nacimiento de una resistencia.
Y algunos indicios comienzan a aparecer. Los trabajadores del comercio iniciaron movilizaciones contra la reforma laboral y anunciaron acciones en centros comerciales de todo Chile. El Costanera Center —uno de los símbolos arquitectónicos del poder del gran capital— se convirtió así en escenario de protesta de los propios trabajadores del retail.
Los trabajadores de Chuquicamata se movilizaron contra las propuestas de privatización de Codelco. La CONFUSAM ha llevado sus protestas directamente hasta La Moneda contra los recortes a la atención primaria, realizando movilizaciones que incluso han enfrentado represión policial. Más de seiscientos dirigentes bloquearon recientemente la Alameda durante una protesta contra esos recortes. Incluso El Mercurio, uno de los principales aparatos ideológicos de la burguesía chilena, ha conocido una conflictividad laboral extraordinaria: mientras el sindicato de periodistas alcanzó finalmente un acuerdo que evitó una huelga anunciada, otro conflicto sindical dentro de la compañía llegó a anunciar paralización por cotizaciones previsionales impagas.
Estos acontecimientos pueden parecer todavía fragmentarios. Precisamente allí reside el problema fundamental. Hay luchas. Lo que todavía no existe es una dirección política capaz de convertirlas en una sola lucha.
La CUT difícilmente puede desempeñar ese papel mientras su estrategia continúe subordinada al parlamentarismo progresista y a las relaciones institucionales con el Ministerio del Trabajo. Aunque sectores de la propia central han comenzado campañas contra la reforma laboral, su dirección no ha colocado hasta ahora en el centro la preparación de una confrontación nacional proporcional a la magnitud del ataque.
Y el asunto decisivo es precisamente ese: Kast desarrolla una ofensiva general mientras las direcciones sindicales responden sector por sector. Frente a un plan nacional de la burguesía no bastan respuestas gremiales aisladas. Frente a una ofensiva que combina impuestos, trabajo, empleo público, privatización y represión, la respuesta debe comenzar a adquirir también un carácter político general.
Aquí se encuentra la importancia extraordinaria de cada protesta que rompe la normalidad. Una manifestación dentro de un centro comercial puede valer políticamente más que cien discursos parlamentarios porque demuestra algo elemental que el régimen intenta ocultar: los trabajadores existen como fuerza social independiente. Una concentración de trabajadores de Codelco introduce nuevamente la cuestión de quién debe controlar las riquezas fundamentales del país. Una movilización de la salud pública vincula inmediatamente las condiciones de sus trabajadores con la defensa de servicios indispensables para millones.
Y cada huelga recuerda que detrás de todos los balances financieros, discursos ministeriales y proyectos legislativos continúa existiendo una relación social irreductible: quienes poseen el capital necesitan que millones trabajen para ellos. Ahí reside el poder potencial de los trabajadores.
Por eso el problema inmediato no consiste en esperar el nacimiento de una nueva mayoría parlamentaria. Tampoco en preparar desde ahora la próxima candidatura presidencial progresista. Mucho menos en confiar en que el Tribunal Constitucional proteja aquello que la movilización social no sea capaz de defender.
La cuestión consiste en referenciar cada lucha, conectarla con las demás y transformar las resistencias parciales en un movimiento nacional contra la ofensiva de Kast. Asambleas en los lugares de trabajo. Coordinación entre sindicatos. Encuentros de trabajadores del sector público y privado. Solidaridad efectiva con cada huelga. Movilizaciones comunes. Preparación de un paro nacional construido desde las bases y no reducido a una operación simbólica de las burocracias sindicales.
La ausencia de canales institucionales capaces de expresar realmente el conflicto social, lejos de clausurar la lucha, crea las condiciones para que esta reaparezca donde siempre adquirió su potencia histórica: en los lugares de trabajo y en la calle. Kast parece comprender perfectamente esta cuestión. Por eso tiene prisa. Los trabajadores deben sacar la conclusión inversa.
La ofensiva no podrá ser derrotada esperando cuatro años ni confiando en quienes desde noviembre de 2019 han hecho de la administración institucional del conflicto su única estrategia. Si la megarreforma constituye un ataque general de clase, la única respuesta capaz de detenerla será también una respuesta general de clase. Y los acontecimientos de estas últimas semanas —pequeños todavía frente a la magnitud de la ofensiva— comienzan a señalar dónde puede encontrarse esa respuesta.
No en La Moneda. No en el Tribunal Constitucional. No en las negociaciones parlamentarias. En la organización independiente, la huelga, la movilización y la irrupción política de los trabajadores.