por Alejandro Valenzuela Torres
El documento titulado “Minuta sobre el alza de los combustibles”, marcado como “confidencial y de uso interno”, no es simplemente un instructivo comunicacional: es la radiografía desnuda de un régimen que ha decidido gobernar mediante la manipulación consciente de la percepción social, la fabricación de coartadas y el disciplinamiento político de la población trabajadora. Su filtración no solo expone un método; revela una estrategia de poder que combina cinismo, cálculo y temor.
La operación central del texto descansa en una afirmación repetida hasta la saturación: “hay una guerra”. Pero no se trata de una constatación analítica, sino de una fórmula ideológica destinada a clausurar toda imputación de responsabilidad. La guerra es presentada como un fenómeno externo, autónomo, casi meteorológico, que irrumpe sobre Chile sin mediaciones ni decisiones políticas concretas. Se borra así deliberadamente el hecho fundamental: el gobierno de José Antonio Kast no es un espectador pasivo de ese conflicto, sino un actor que ha tomado posición activa en él.
El 7 de marzo, al suscribir el denominado “Escudo de las Américas” junto a Donald Trump y la constelación de la extrema derecha latinoamericana, Kast alineó al país con una estrategia imperial que hoy se expresa en la escalada bélica en Medio Oriente. Ese acto no fue simbólico ni protocolar: fue una definición política concreta de subordinación a una agenda militar —propiciada por el gran capital imperialista— que impacta directamente en el mercado energético global. La minuta, al presentar la guerra como un hecho ajeno, incurre en una falsificación consciente: omite que el propio gobierno es coautor político del escenario que hoy utiliza como excusa.
Esta omisión no es accidental. Es la condición de posibilidad de todo el dispositivo discursivo que el documento organiza. La guerra funciona como absolución anticipada, mientras la “herencia fiscal” opera como mecanismo de desplazamiento de la culpa hacia el pasado. Entre ambos polos —exterioridad absoluta y pasado culpable— se construye un presente irresponsable, un gobierno que no decide sino que administra inevitabilidades. Es la forma más acabada del fetichismo político: las decisiones aparecen como fatalidades y las responsabilidades como ausencias.
Pero la minuta va mucho más allá de una simple coartada. Es un manual de producción de realidad. En sus secciones dedicadas a voceros, preguntas anticipadas y “trampas a evitar”, se revela una arquitectura de control del lenguaje que no busca persuadir sino encuadrar. No se trata de debatir con la sociedad, sino de moldear las condiciones mismas en que el debate puede existir. El famoso “triángulo” —reconocer la realidad, señalar la herencia, plantear el plan— no es un consejo retórico: es una matriz de pensamiento obligatoria. El lenguaje se convierte en un dispositivo disciplinario.
Esta dimensión alcanza su punto más alto en la “anticipación de críticas”, donde el documento instruye explícitamente a evitar ciertos terrenos de discusión, en particular el de la oposición entre disciplina fiscal y gasto social. No se trata de refutar ese conflicto, sino de impedir que se formule. La política desaparece como campo de antagonismo y es reemplazada por una gestión técnica de percepciones. Es la negación misma de la democracia como espacio de confrontación de intereses.
En este contexto, la insistencia en la “responsabilidad fiscal” adquiere un carácter profundamente reaccionario. No es una categoría económica neutra, sino un instrumento de clase. Cuando se afirma que no existen recursos para amortiguar el alza de los combustibles, lo que se está diciendo es que no se tocarán los mecanismos de acumulación del capital, que no se alterará la estructura tributaria regresiva, que no se afectarán las ganancias extraordinarias de los sectores dominantes. La austeridad no es un límite: es una elección política y una coartada para defender al gran capital en contra de los trabajadores.
El argumento contra la “regresividad” del subsidio universal —más allá de su estupidez— es particularmente revelador. Bajo la apariencia de una preocupación redistributiva, se legitima la retirada del Estado de una política de protección generalizada. Se reemplaza lo universal por lo focalizado, lo estructural por lo asistencial, lo colectivo por lo segmentado. Pero esta focalización no redistribuye riqueza: administra pobreza. Se protege a los más vulnerables, se dice, pero sin tocar las condiciones que producen esa vulnerabilidad.
Sin embargo, el documento introduce un elemento adicional que lo sitúa en un plano más inquietante: su carácter de operación de terror. La reiteración de frases como “semanas duras y difíciles”, la prohibición de hablar de “situación grave” para evitar pánico, la obsesión por el control del tono y de las palabras, todo ello configura una estrategia de manipulación psicológica orientada a producir un efecto preciso: el disciplinamiento social. Se trata de instalar la idea de inevitabilidad del sacrificio, de naturalizar el deterioro de las condiciones de vida como una consecuencia ineludible de fuerzas externas.
Este terror no se ejerce mediante la represión directa —aunque no la excluye— sino mediante la gestión del miedo económico. El mensaje es claro: no hay alternativa, no hay margen, no hay discusión posible. La sociedad debe aceptar el ajuste como un dato de la realidad. Es una forma sofisticada de violencia, que opera en el plano simbólico pero tiene efectos materiales devastadores.
La filtración de la minuta introduce, sin embargo, una fisura en este dispositivo. El carácter confidencial del documento, su detallada ingeniería discursiva, su obsesión por el control, todo ello revela una fragilidad estructural del aparato burocrático de inteligencia del gobierno. Un régimen que necesita instruir con tal minuciosidad a sus voceros es un régimen que desconfía de su propia capacidad de sostener un relato espontáneamente. Y un régimen cuyos documentos internos circulan fuera de sus canales controlados es un régimen atravesado por tensiones, por contradicciones, por grietas.
Esa fisura no es menor. Indica la existencia de conflictos al interior del aparato estatal, de sectores que no comparten o no pueden sostener la estrategia oficial. La filtración es, en sí misma, un síntoma de descomposición. Y en ese sentido, abre un espacio político que no puede ser desaprovechado. Porque mientras el gobierno despliega esta ofensiva ideológica y material contra las condiciones de vida de la clase trabajadora, los partidos del régimen que se presentan como oposición han optado por una postura de adaptación vergonzante. No cuestionan el contenido del plan, sino su ritmo; no impugnan la orientación de clase, sino su gradualidad. Es la vieja lógica de la “oposición responsable”, que en los hechos actúa como sostén del orden.
Más grave aún es el papel de la dirección de la CUT, encabezada por el burócrata José Manuel Díaz, que en lugar de convocar a la movilización ha preferido reunirse con el Ministro del Trabajo para destacar la “buena disposición de las autoridades”. Esta conducta no es un error ni una debilidad: es una traición abierta a los intereses de la clase trabajadora. En un momento en que se despliega un ataque frontal contra las condiciones de vida de millones, la principal organización sindical del país actúa como correa de transmisión del gobierno.
Frente a este cuadro, la conclusión no puede ser otra que la urgencia de organizar una respuesta independiente de la clase trabajadora. La calle, abandonada por las direcciones tradicionales, debe ser recuperada como espacio de lucha. La ofensiva en curso no se detendrá con declaraciones ni con negociaciones de pasillo: solo puede ser frenada mediante la movilización consciente y organizada.
La minuta filtrada, en su pretensión de controlar el discurso, ha terminado por revelar la debilidad de quienes la elaboraron. En su intento de ocultar responsabilidades, ha expuesto la complicidad del gobierno con una política imperial contraria a los intereses nacionales. En su esfuerzo por disciplinar, ha dejado al descubierto el miedo que lo recorre. Y en esa contradicción —entre la voluntad de control y la imposibilidad de ejercerlo plenamente— se abre una oportunidad que no será eterna.
La historia no se decide en las minutas confidenciales, sino en la lucha de clases. Y hoy, más que nunca, esa lucha exige claridad, organización y acción.