Irán: la crisis del capitalismo de los mulás

por Ali Fathollah-Nejad

Las negociaciones para salvar el acuerdo nuclear con Irán de 2015 entraron en su octava ronda en Viena [1]. Aunque se llegara a un acuerdo y algunas sanciones fueran levantadas, la situación de la economía iraní es tal que hay pocas esperanzas de que el alivio que supondría un acuerdo renovado se refleje favorablemente en la población.

En la República Islámica de Irán, la política y la economía están inextricablemente unidas. De hecho, la «élite» posrevolucionaria del país tiene en sus manos las riendas del poder político y económico. Esta «élite» tenía originalmente la intención proclamada de sustituir el régimen del Sha para ayudar a los miembros más pobres de la sociedad (conocidos como los mostazafin, o los desheredados). En realidad, la República Islámica se ha convertido en una oligarquía, reproduciendo los antagonismos de clase que existían bajo la monarquía, pero con una configuración totalmente nueva. Decir que el trono del monarca ha sido sustituido simplemente por el turbante de los ayatolás sería una ilustración metafórica adecuada.

Las bases de esta evolución quedaron establecidas ya en la revolución de 1979, cuando una parte considerable de la riqueza de la «élite» del Sha fue confiscada por los nuevos gobernantes, los que también utilizaron estos bienes para crear las fundaciones religiosas conocidas como bonyâd. Estas fundaciones fueron creadas oficialmente para apoyar a los mencionados mostazafin (y en algunos casos incluso recibieron su nombre), pero con el tiempo se transformaron en complejos comerciales e industriales clericales que sirvieron principalmente para llenar los bolsillos de la nueva élite gobernante.

Al mismo tiempo, la República Islámica desarrolló una economía política que hacía referencia a los fundamentos ideológicos del régimen. Es decir, una división de la sociedad en iniciados en el régimen (Jodi) y extraños (Qeyr-e Jodi), implementada por Jomeini: por un lado, los que forman parte del aparato de poder y de los clanes dominantes o, al menos, son leales a ellos y que por ello gozan de un acceso privilegiado al poder y a los recursos; y por otro lado, los que no forman parte de él y están excluidos de esas ventajas. Este muro invisible de un «estado de apartheid teocrático», según la concepción de Mohssen Massarrat [2], no ha perdido casi nada de su eficacia hasta hoy.

La fuga de cerebros cuesta miles de millones al país

Como las oportunidades profesionales están bloqueadas para muchas personas ajenas al régimen, muchos jóvenes iraníes, hombres y mujeres bien formados, no tienen más remedio que aceptar trabajos, a menudo precarios, para los que están excesivamente calificados, o emigrar. Así, ha surgido una nueva capa de la llamada clase media pobre.

Según las cifras oficiales, hasta 40.000 iraníes con estudios han abandonado recientemente la patria cada año. Se calcula que esta fuga de cerebros cuesta al país 150.000 millones de dólares al año, más que los ingresos anuales por exportaciones de petróleo. Recientemente, las autoridades iraníes también alertaron sobre esta «hemorragia intelectual».

Sólo en los últimos tres años, casi 4.000 médicos y unos 300.000 académicos con título de máster o doctorado habrían abandonado el país, incluidos 900 profesores universitarios «bien formados» en 2020. Contrariamente a las suposiciones occidentales, esta fuga de cerebros continuó durante la fase de flexibilización de las sanciones, después del acuerdo nuclear de 2015 bajo la presidencia de Hassan Rohani [agosto de 2013-agosto de 2021], presentado como un moderado.

Tras la década posrevolucionaria de los 80, marcada por una economía planificada en un país asolado por ocho años de guerra con Irak, a partir de los 90 se produjo un proceso de neoliberalización de la economía. De este modo, la variante iraní del neoliberalismo fue diferente de la occidental, ya que siempre fue antiliberal y se transformó en una privatización clientelista. Surgió una capa de nuevos ricos, a los que la revista Forbes llamó «mulás millonarios» (21 de julio de 2003).

Al igual que en el Irán prerrevolucionario, los denominados ingresos por renta de la venta de petróleo y gas son esenciales para la economía. Aunque la parte de los ingresos del petróleo en el presupuesto anual ha disminuido, siguen representando el grueso de los cuantiosos ingresos en divisas, a pesar de que Irán cuenta con una infraestructura industrial diversificada. Así, las mayores unidades económicas de la República Islámica son todas de propiedad estatal o semiestatal y funcionan como unidades capitalistas cuasi-monopólicas. Se clasifican por tamaño: la Compañía Nacional de Petróleo de Irán (NIOC), seguida por el imperio económico del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (conocido como el Pasdaran, una organización paramilitar que depende directamente del Líder de la Revolución), que se estima que representa hasta dos tercios del producto bruto interno (PBI) y cuyos ingresos siguen creciendo al igual que su participación en el presupuesto del Estado.

En tercer lugar, se encuentra un complejo clerical-comercial formado por una red de bonyâds que no están sujetos a ninguna responsabilidad pública y están exentos de impuestos. Se calcula que este complejo representa una quinta parte del PBI. La fundación religiosa más rica es la Bonyâd-e Âstân-e Qods-e Razavi [con sede en Mashhad, la segunda ciudad del país, una de las ciudades sagradas del chiísmo]. Fue presidido desde marzo de 2016 hasta abril de 2019 por el actual presidente iraní Ebrahim Raissi [en el cargo desde agosto de 2021]. Raissi fue nombrado para este cargo por el líder supremo Alí Jamenei. Entonces Raissi fue nombrado jefe del poder judicial [y fiscal general desde agosto de 2014 hasta abril de 2016]. En la economía de la República Islámica, el sector privado está muy marginalizado, aunque es el sector privado el que crea puestos de trabajo, no la industria petrolera estatal; esta última necesita un uso intensivo de capitales, pero muy poca mano de obra [y recurre masivamente a la subcontratación].

Así pues, el nepotismo, la corrupción y la mala gestión, que también están estrechamente vinculados con la incompetencia, están muy extendidos en Irán -incluso en comparación con los estándares internacionales-, sobre todo porque los puestos son a menudo atribuidos en función de consideraciones ideológico-políticas y no de las calificaciones.

La crisis socioeconómica genera protestas revolucionarias 

Es precisamente esta economía política de la República Islámica la que está estrechamente relacionada con la creciente miseria socioeconómica del país. Así, son sobre todo las empresas semiestatales mencionadas las que se han beneficiado de la recuperación económica tras el acuerdo nuclear de julio de 2015 [Plan de Acción Integral Conjunto-PAIC], mientras que la desigualdad de ingresos ha aumentado en general. Es importante tener esto en cuenta a la hora de considerar una reactivación del comercio con Irán tras el posible restablecimiento de un acuerdo nuclear, si se prevé un desarrollo sostenible a través de la cooperación económica que no se limite a enriquecer a los dirigentes y a ampliar aún más la brecha social.

Esta división ya ha provocado una gran frustración social entre los iraníes. Estalló en las protestas contra el régimen en todo el país a principios de 2017/18. Por primera vez, las clases trabajadoras -de hecho, los mostazafin de hoy- salieron a la calle en masa con consignas revolucionarias radicales contra todo el régimen y dirigiéndose a todas las partes de la élite gobernante por igual, ya fueran clericales o militares, «reformistas» o «de línea dura».

Para la élite, esto fue un golpe, sobre todo porque estos manifestantes son normalmente considerados la base social del régimen y, al menos, se piensa que son leales mismo. Esta dinámica históricamente diferente entre los pobres y un poder ahora oligárquico en la República Islámica también fue evidente en las movilizaciones de noviembre de 2019. En esta ocasión, participaron oficialmente unos 200.000 manifestantes, cuatro veces más que dos años antes. Así, la frecuencia de las revueltas a nivel nacional va en aumento, y hay muchos indicios de que esta evolución debe considerarse como el inicio de un proceso revolucionario a largo plazo», como el de los países de la «primavera árabe».

Mientras tanto, la brecha social sigue aumentando. La mitad de los iraníes vive por debajo del umbral de (oficialmente el 30%) y la clase media se ha reducido considerablemente en los últimos años, dos evoluciones que constituyen una enorme fuerza política explosiva.

Además, en 2020, a pesar de la pandemia de Covid-19 y de las fortísimas sanciones de Estados Unidos, la cantidad de millonarios iraníes en dólares aumentó un 21,6%, hasta alcanzar los 250.000, mientras que a nivel mundial sólo aumentó un 6,3%. El informe de Forbes de mediados de 2021 (28 de junio), que contiene estos datos, fue publicado al mismo tiempo que se extendían las huelgas sin precedentes de los trabajadores de las agencias de trabajo temporal y bajo contrato en la industria petrolera [Véanse los artículos relacionados: “Irán – Los trabajadores de la industria petroquímica en huelga.” (Dossier) e  “Irán – La huelga de los trabajadores del petróleo: un fantasma que acecha al neoliberalismo.” (Simon Pirani)]. El salario medio mensual de un trabajador iraní es inferior a 200 dólares.

En cuanto al tema de las sanciones estadounidenses y la crisis económica, los análisis entre los economistas europeos e incluso los iraníes no podrían diferir más marcadamente. Mientras que los primeros culpan a las sanciones extranjeras de la mayor parte de la crisis económica, los expertos iraníes consideran que la influencia de las sanciones es más bien marginal y ven los mencionados problemas internos como la principal causa de la crisis.

En definitiva, puede decirse que la crisis económica estructural de la República Islámica no se verá suficientemente mitigada por una recuperación económica tras la posible reducción de las sanciones tras la reanudación del acuerdo sobre el programa nuclear. Es poco probable que el crecimiento económico resultante llegue al «grueso de la población». Por lo tanto, la crisis socioeconómica seguirá sacudiendo al país, mientras que difícilmente se puede esperar que la élite lleve a cabo una política que desactive la explosiva cuestión social. Porque incluso el populismo económico del nuevo presidente Raissi no ha dado hasta ahora ningún fruto material para la población, a pesar del acceso sin precedentes a la riqueza por parte de una élite política dominada ahora por los partidarios de la línea dura. (Publicado en Qantara.de, diciembre de 2021).

Notas de A l’encontre

1] Las consultas para «salvar el acuerdo de Viena» se reanudaron a finales de noviembre de 2021 tras un paréntesis de cinco meses entre Teherán y los países que aún forman parte del pacto (Francia, Reino Unido, Alemania, Rusia y China). Las negociaciones pretenden que Estados Unidos vuelva a participar en el acuerdo, el que abandonó en 2018 y restableció luego las sanciones contra Irán. Estados Unidos participa en las negociaciones de forma indirecta.

2] Mohssen Massarra, iraní de nacimiento, refugiado en Alemania desde la época del Sha. Es economista, profesor emérito de la Universidad de Osnabrück, autor de numerosas obras no sólo sobre Irán, sino sobre la economía capitalista internacional.

(Tomado de A lèncontre)

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