Expropiación de Colonia Dignidad terminaría por beneficiar a hijos de lugartenientes de Schäfer

por Carlos Basso

Aunque el anuncio efectuado el sábado pasado por el Presidente Gabriel Boric, durante su Cuenta Pública, en orden a expropiar partes del fundo de Colonia Dignidad en Parral, fue recibido con satisfacción por las víctimas y organizaciones civiles del mundo de los derechos humanos, quedaron muchas dudas en el ambiente, pues –entre otras cosas– nadie sabe cuál es el valor de los inmuebles a expropiar y, sobre todo, en quiénes recaerá el dinero que se pague por ellos, pues prácticamente todo lo que va quedando del otrora inmenso patrimonio del enclave es propiedad de una serie de empresas de distinto tipo, cuyos dueños son los hijos de los jerarcas de la secta.

Dos abogados que representan a víctimas de la colonia, Hernán Fernández y Winfried Hempel, así como la presidenta de la Asociación Colonia Dignidad, Margarita Romero, coinciden en señalar que ese es el principal problema al respecto.

Fernández dice a El Mostrador que “el Estado da señales esporádicas insuficientes y contradictorias, pero lo importante es que hoy día tenemos esta voluntad expresada en una declaración del Presidente, de manera pública ante todo el país”.

Sin perjuicio de ello, expresa que “eso no basta, porque las víctimas necesitan antes una declaración de justicia”, explicando que luego de la sentencia histórica emitida en contra de Paul Schäfer y sus adláteres, por los incontables abusos sexuales cometidos por el pederasta alemán, “en lugar de vender en ese momento, expropiando y pagando a las víctimas, se permitió que las empresas siguieran no solo lucrándose, sino que saqueando el patrimonio de las víctimas con diversas maniobras de pseudolegalidad o de legalidad, de una legalidad superficial, civil y comercial, pero no de legalidad basada en los derechos de las víctimas”, afirmó, en referencia a las sociedades anónimas que fueron creadas a fines de los años 80 (Cerro Florido, Bardana y Cinoglosa), a las cuales les fueron transferidos los bienes de la colonia antes de que en 1991 el expresidente Patricio Aylwin cancelara la personalidad jurídica de la entonces corporación “Sociedad benefactora y educacional Dignidad”. A esas empresas se suman otras más recientes, como las inmobiliarias Bamberg Ltda. y Bergneustadt Ltda.

Turismo sobre la sangre de las víctimas

Ante ello, el expresidente Aylwin –a juicio del abogado Fernández– cometió un error, pues cuando se le preguntó qué sucedería con el patrimonio de la secta, respondió que “si las empresas están constituidas conforme a derecho, se tiene que respetar las empresas, porque en Chile vivimos en un Estado de derecho”, permitiendo de ese modo que el enclave siguiera funcionando igual, mientras seguían abusando de niños en su interior y esclavizando personas, incluidos menores de edad.

Ello también permitió, señala, que frente “al fenómeno criminal de Colonia Dignidad” aparecieran “grandes defensas de políticos que hoy día desfilan libremente en Chile y que han subido en su carrera política, y ojo: no solo estoy hablando de la derecha, sino también de otros sectores políticos que han sido indiferentes ante el sufrimiento de las víctimas de la colonia”.

Gracias a ello, agrega, los hijos de los sujetos más cercanos a Schäfer, todos ellos también condenados por distintos crímenes, se quedaron con el control de las sociedades limitadas y terminaron convirtiendo a la colonia en una suerte de resort macabro.

Este grupo privilegiado de jerarcas ha hecho lugares de turismo sobre la sangre de las víctimas. Hoy día incluso instituciones gubernamentales, me estoy refiriendo a la Municipalidad de Parral, por ejemplo, pero también empresas privadas, hacen celebraciones allí, como si fuera un parque de diversiones, un extraño y curioso sitio alemán. Eso no lo podemos aceptar”.

Enfatiza que nadie sabe al día de hoy a cuánto asciende el patrimonio y la superficie que queda del fundo que originalmente llegó a tener 17 mil hectáreas, que se suman al fundo El Litral, en la comuna de Bulnes, que llegó a tener casi dos mil.

“Las empresas a las que hoy día se les pretendería pagar, lo que nos parece un insulto y una burla, están saqueando la colonia a vista y paciencia de las víctimas. Están cortando bosques, vendiendo bosques, están vendiendo tierra, haciendo parcelas dentro de la colonia. Y eso es una prueba contundente. ¿Dónde está la autoridad en este país? ¿Dónde está el señor Altamirano, de la subsecretaría de Derechos Humanos, que es muy bueno para los discursos, pero muy malo para las acciones?”, se queja, en referencia al subsecretario Xavier Altamirano.

El nerviosismo de los mayores

A su vez, Winfried Hempel, abogado de la Asociación por la Verdad, Justicia, Reparación y Dignidad de los ex Colonos (ADEC), señala que el anuncio presidencial es “para nosotros una buena noticia y de hecho una antigua aspiración, o sea, que el Estado se haga cargo y expropie a lo menos parte de los terrenos de la colonia, lo que estamos pidiendo desde hace 15 años y no solamente nosotros, sino que también otras agrupaciones de derechos humanos, como la agrupación de Talca y la asociación de Santiago”.

Sin embargo, coincide con Fernández en orden a que no debería suceder que dicha medida termine beneficiando a los hijos de los jerarcas. Al respecto, detalla que “los colonos que estamos a favor de ese sitio de memoria estamos totalmente de acuerdo que todas las edificaciones que tengan alguna mancha, por decirlo así de alguna forma, relacionada con los derechos humanos, sean sometidas a la administración del Estado. El segundo tema inmediatamente surge: a quién se pagan esas indemnizaciones. Hoy día es una inmobiliaria que se llama Bamberg Limitada, sin embargo esa inmobiliaria está siendo administrada por Hans Schreiber y Thomas Schnellenkamp”, ambos hijos de lugartenientes de Schäfer.

Al respecto, puntualiza que “no vaya a ser que, por un lado, esa plata no llegue a las víctimas y, por otro lado, el Estado, sin querer, financie a quien no hay que financiar, que son los hijos de los jerarcas. Sabemos, aterrizando lisa y llanamente en el plano legal, que el Estado tiene que pagarle el precio a quien es el dueño legal inscrito en el Consorcio de Raíces de Parral”, explica, agregando que frente a ello están buscando la forma de que el dinero que se reciba vaya a un fondo dedicado a la reparación de los abusos sexuales, psicológicos y físicos cometidos por Schäfer en contra de la mayor parte de los colonos alemanes y una buena parte de los chilenos que llegaron al enclave, la mayoría de ellos víctimas de adopciones ilegales.

Además, Hempel relata que los colonos de mayor edad, que fueron víctimas de Schafer y aún viven en el fundo, están muy nerviosos, ejemplificando con que la misma noche del anuncio algunos de ellos no durmieron, “pues pensaban que poco menos que al día siguiente tenían que hacer sus maletas e irse”.

Junto a esos colonos de mayor edad, que son muy conservadores y que además en su mayoría adhieren a la doctrina de la “lluvia tardía” (la corriente sectaria a la que pertenecía Paul Schäfer y que se sigue practicando dentro del enclave), coexisten además los hijos de los jerarcas y los chilenos “adoptados” a la fuerza, “a quienes se les hace bastante difícil rehacer su vida fuera de la colonia”, detalla, a la vez que asevera que la idea no es revictimizar a quienes ya fueron víctimas por décadas.

Los expertos alemanes

Margarita Romero, presidenta de la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad, comenta que, efectivamente, “nosotros hemos solicitado la expropiación desde hace muchos años. Para nosotros siempre ha sido la única forma de que los dueños de la colonia ‘suelten’ esa propiedad que heredaron. Estamos hablando de que todos los hijos de los jerarcas son quienes hoy en día gerencian todas estas empresas, que son sociedades anónimas y que son las dueñas del terreno y de todo lo que hay allí. Entonces, para ellos era muy compleja la idea, y lucharon para que no fuera Monumento Nacional”.

Como ella recuerda, en 2016 fueron declaradas como Monumento Nacional 182 hectáreas del predio (pese a la oposición de los hijos de los jerarcas) y, además, explicó que, no obstante valorar la decisión de expropiar, tal decisión, según la información que ella maneja, se tomó a partir del informe de los expertos alemanes que forman parte de la comisión mixta formada entre los gobiernos chileno y alemán en 2017.

A ese respecto, Romero critica que “no nos están invitando a participar. Es más, se sigue hablando del trabajo de los expertos y de un concepto de memorial que fue hecho a puertas cerradas”, sin que se haya tomado en cuenta a las asociaciones de víctimas.

Cabe destacar que el 28 de mayo pasado el ministro de Justicia, Luis Cordero, envió un oficio a su par de Vivienda, Carlos Montes, pidiéndole expropiar los edificios que formarían parte del sitio de memoria y de un centro de documentación: la casa de Paul Schäfer, el restaurante, el edificio de la administración, la bodega de papas, el hospital y la portería.

Sin embargo, Romero se pregunta: “¿Con quién conversaron estos expertos? Que yo sepa ni siquiera fueron al Programa de Derechos Humanos, donde tienen toda la información”. Al respecto, afirma que la decisión de esos lugares es arbitraria, pues indica que hubo otros sitios que fueron utilizados como lugares de detención o de tortura, sin que estén incluidos, pese a existir testimonios de personas que estuvieron allí, como el galpón de heno, por ejemplo.

Ante ello, sostiene que la decisión de expropiar solo esos lugares y no otros fue concordada entre los expertos alemanes y los actuales administradores de las propiedades de la secta, asegurando que –a juicio de ella– “se debería expropiar todo lo que es Monumento Nacional, las 182 hectáreas completas”.

Cabe señalar que uno de los destinos de la gira europea que emprende el domingo el presidente Gabriel Boric es precisamente Alemania y uno de los temas de su pauta será tratar justamente los avances de la comisión mixta.

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