El saqueo de la privatización de las compañías eléctricas en Chile

por Gabriel Cardozo

La renuncia pedida y aceptada de Diego Pardow remece al Frente Amplio. Raudo, el biministro Álvaro García se instala en el tablero. El llamado escándalo por los sobreprecios de la energía recuece en la política chilena. El “mal cálculo” en las tarifas se posiciona y se toma la agenda; y, por supuesto, aparece el infaltable oportunismo de la derecha que, nunca ausente, aprovecha la instancia para volver a hablar de acusación constitucional, su viejo caballito de batalla.

Es cierto que una señal política correcta es la salida del ministro, pero también es cierto que este tema, referente a las tarifas y las eléctricas, no es nuevo: se arrastra desde hace años. De hecho, aquella inmovilización del precio desde los tiempos del estallido social en adelante se ejecutó con bastantes grises, y con un Piñera en La Moneda y otro Piñera en el Directorio de ENEL.

Para aquel tiempo, ENEL era presidida por Herman Chadwick Piñera, primo hermano del fallecido Sebastián Piñera y hermano de Andrés Chadwick Piñera, cuyo hijo fue recientemente sorprendido in fraganti conduciendo con múltiples multas y sin licencia. También, por cierto, “trabaja en la Municipalidad de Providencia”, donde el alcalde es el militante UDI Jaime Bellolio.

La contingencia es también una oportunidad para ligar hechos e ir más allá, para recordar la historia. Un ejercicio de memoria es necesario: es tan bueno combatir el Alzheimer cívico-político. Todos los chilenos(as) y los extranjeros que habitan este país recordarán un clásico de las lluvias: los cortes de energía y lo que implican para la vida cotidiana. Multas, incumplimientos, deficiencias e interrupciones del servicio… y ahora, un “mal cálculo”. El reciente biministro nombrado busca contención: que la represa no colapse.

La propiedad privada y la privatización de las empresas del Estado constituyen una experiencia cuya muestra demuestra que no por ser privado hay mejor servicio, ni tampoco una mayor pulcritud en los cobros.


En la historia del país, la fusión de las empresas Chilean Electric Trainway y la Compañía Nacional de Fuerza Eléctrica dio origen a CHILECTRA y a la Compañía Chilena Metropolitana de Distribución Eléctrica S.A., fundadas en la década de 1920 y entonces controladas por la estadounidense South American Power and Light Co.

La participación del Estado en la propiedad comenzó en 1936, mediante la Ley 5.825, bajo el mandato de reorganización de la empresa durante el gobierno de Arturo Alessandri. Posteriormente, durante el gobierno de Juan Antonio Ríos y bajo el Plan de Electrificación del País, se creó en 1943, a través de CORFO, la empresa ENDESA (Empresa Nacional de Electrificación).

La nueva empresa estatal debía encargarse de la generación, transporte y distribución de la energía en Chile. La energía era primordial para las matrices productivas que se implementaban en la industrialización sustitutiva de importaciones, política destinada al fomento de la industria nacional. CORFO, creada en 1938, se inscribía dentro de ese mismo marco estratégico de desarrollo.

En 1945, el Estado chileno entró en la propiedad de South American Power al establecer un convenio de opción y compraventa entre el Fisco y la controladora estadounidense. El acuerdo otorgó al Estado el control sobre los servicios tranviarios.

La nacionalización de la empresa se llevó a cabo en 1970, en el marco de la política denominada Área de Propiedad Social del presidente Salvador Allende Gossens. La concentración de la población en las zonas centrales del país había focalizado la inversión y las licitaciones energéticas para suplir las necesidades de la población y la industria.

En 1981CHILECTRA se dividió en tres grandes áreas: Chilectra GeneraciónChilectra Metropolitana y Chilectra V Región. Posteriormente, CHILECTRA fue privatizada entre 1986 y 1990, proceso en el cual también participó otro Piñera: José Piñera, el mismo creador de las AFP, que gozan aún de buena salud. José Yuraszeck fue otro actor clave en esta privatización, que dejó en manos privadas el 60 % de la generación eléctrica y el 55 % de la distribución nacional.

En 1988, la Compañía Chilena Metropolitana de Distribución Eléctrica S.A. cambió su nombre a ENERSIS S.A. y se dividió en cinco filiales, extendiendo su presencia fuera del territorio nacional y participando en negocios energéticos en el extranjero.

ENDESA, ya privatizada, fue controlada por ENERSIS a partir de 1990, liderando gran parte del negocio energético chileno. En 2015, el grupo italiano ENEL (Ente Nazionale per l’Energia Elettrica) compró ENERSIS, traspasando así la propiedad y el eje del negocio energético chileno al capital extranjero.

Hoy en día, ENEL mantiene dos grandes áreas de operación: una en Chile y otra en Latinoamérica, donde tiene fuerte presencia en generación a través de su filial ENEL Américas.


A diferencia del proceso chileno, implementado durante la dictadura de Augusto Pinochet, en Argentina se lleva a cabo hoy un proceso de privatización en democracia, impulsado desde un liberalismo proestadounidense y prosionistaliderado por Javier Milei, electo por voto popular y hoy instalado en la Casa Rosada, provocando un fuerte remezón en la conducción política del peronismo argentino.

En mayo de 2025, Milei publicó el Decreto N° 286/2025, que dio el puntapié inicial al proceso de privatización de la energía argentina. Dicho decreto dispone la venta total de ENARSA (Energía Argentina Sociedad Anónima) y abre un proceso de licitación nacional e internacional para concretarla.

La matriz de privatización de ENARSA busca vender la propiedad por etapas hasta completar la totalidad del capital social. ENARSA se dedica a la exploración, explotación, generación y almacenamiento de hidrocarburos, además del transporte y comercialización de gas natural.

La primera fase del proceso se ejecutó con la venta de las acciones de CITELEC, controladora de la transportadora de energía TRANSENER, y recientemente se autorizó la venta del 100 % de las acciones de las hidroeléctricas Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, todas creadas y controladas históricamente por el Estado argentino.


Independientemente del tiempo y la distancia, el patrón es el mismo: la privatización y el desprendimiento de las empresas del Estado. Sin embargo, no todas las empresas son iguales, ni lo son —ni lo serán— los efectos e incidencias que estos procesos producen en la sociedad y en la vida cotidiana.

Por ello, a propósito del debate sobre las tarifas eléctricas, es necesario repasar la experiencia chilena y reflexionar sobre la dependencia energética del Chile actual.