El repudio de deudas por Franklin Roosevelt, Presidente de los Estados Unidos: algo que ni se menciona

por Eric Toussaint

¿Alguien aprendió a lo largo de sus estudios que en los años 30 el gobierno de EE UU pura y simplemente canceló una disposición central de los contratos de deuda que implicaban una cantidad fenomenal de dinero? ¿En qué libro de historia se analiza esto? La narrativa histórica está moldeada por el pensamiento dominante que intenta hacer creer que gobiernos como el estadounidense respetan la inviolabilidad de los contratos, especialmente en materia de deudas y propiedad. Esto dista mucho de ser así. El repudio de la cláusula oro en los contratos de deuda en nombre del orden público, el interés general y la necesidad es un episodio importante de la historia contemporánea. Un episodio que no se menciona, ni siquiera en Estados Unidos. El repudio unilateral de la totalidad o parte de los contratos de deuda, como han hecho varios gobiernos a lo largo de los dos últimos siglos, está de plena actualidad a medida que más y más países se acercan a otra gran crisis de deuda.

El 19 de abril de 1933, a las seis semanas de asumir la presidencia, el demócrata Franklin Roosevelt anunció que Estados Unidos dejaría de pagar sus deudas en oro, contentándose con hacerlo en papel moneda, en dólares en forma de billetes de banco.

Se trataba de una decisión muy importante porque en múltiples contratos de préstamo se estipulaba que los acreedores podían exigir el reembolso de la deuda en oro o en dólares a razón de 20 dólares por onza de oro.

Los contratos de deuda que contenían una disposición de este tipo (es decir, una cláusula oro) representaban una suma colosal para la época: 120.000 millones de dólares, de los cuales 20.000 millones correspondían a deuda pública y 100.000 millones a deuda del sector privado. Esta suma era muy superior a la riqueza de mercado producida en un año en Estados Unidos (según Sebastian Edwards, los contratos de deuda con cláusula oro representaban el 180% del PIB estadounidense de la época) [1].

De forma complementaria a la abolición de la devolución en oro, el gobierno prohíbe la tenencia de oro por encima de un valor de 100 dólares y ordena a todas las empresas y particulares residentes en Estados Unidos que vendan su oro a la Reserva Federal. A cambio del oro, el gobierno les da billetes de banco.

executive order 6102

Por U.S. Government Printing Office — http://www.goldline.com/images/conf-order.pdf, domínio público, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11370129

Esta decisión del Presidente Roosevelt obtuvo la aprobación del Congreso estadounidense, que en junio de 1933 aprobó por ley el abandono de la cláusula oro en los títulos de deuda. La minoría de congresistas de su partido y del partido republicano que se opusieron a esta decisión dijeron alto y claro que se trataba pura y simplemente de un repudio de deudas y contratos. Lewis Douglas, el director del presupuesto, uno de los asesores y ayudantes más cercanos del presidente Roosevelt, había intentado oponerse a la decisión y dijo en una reunión del gabinete de crisis de Roosevelt que significaba «el fin de la civilización occidental» (Edwards, p. 58). Sebastian Edwards, economista neoliberal, que publicó en 2018 un libro enteramente dedicado a esta decisión de la administración Roosevelt, titula el capítulo 6 de su libro «Una transferencia de riqueza a la clase endeudada», lo que está cargado de significado (Edwards, p. 57).

Tras anular la cláusula oro en todos los contratos de deuda, el Presidente estadounidense anunció una devaluación del dólar frente al oro del 69% (a partir de ahora una onza de oro valdría 35 dólares [2] mientras que hasta entonces valía 20,67 dólares). Esto significa que a partir de ahí los prestatarios estadounidenses y privados que “emitieron» o firmaron pagarés con la cláusula oro ya no están pagando sus deudas en oro, las están pagando en papel moneda fuertemente devaluado.

En febrero de 1935, el Tribunal Supremo se pronunció, a petición del gobierno, sobre la constitucionalidad de la decisión del Congreso y del Presidente de derogar la cláusula oro.

Un elemento fundamental de la argumentación jurídica del gobierno ante el Tribunal Supremo fue que en 1933 el Congreso se enfrentaba a la imperiosa «necesidad de actuar» y poner fin a la Depresión. Esta acción necesaria, que incluía la devaluación del dólar frente al oro, sólo podía ser efectiva si se eliminaba la cláusula oro de los contratos pasados y futuros. Si se hubieran mantenido las cláusulas sobre el oro, habría significado, según el gobierno, la quiebra de todo el país. Por eso, siempre según el Gobierno, el Congreso, enfrentado a una profunda recesión, un colapso bancario y un pánico monetario, aprobó la resolución conjunta que anulaba todas esas cláusulas. Según el gobierno, se trataba de salvar al país.

Por su parte, los juristas que se oponían a la anulación de la cláusula oro argumentaban que equivalía a una expropiación sin indemnización. (Edwards p. 152)

En su contra, los juristas que apoyaban la anulación de la cláusula oro argumentaban que los tenedores de los títulos de deuda debían asumir los riesgos que habían corrido al comprarlos (Edwards, p. 151). Los abogados de la administración Roosevelt argumentaron enérgicamente que la cláusula en cuestión era «contraria al orden público», término jurídico que implica que determinadas acciones, normativas o contratos son nocivas y perjudican al público y a los ciudadanos en general. Según el gobierno, la cláusula oro era «incompatible con nuestro sistema monetario actual» [3] . (Edwards, p. 140)

Al final, ¡el Tribunal Supremo dictaminó por 8 votos contra 1 que la anulación de la cláusula oro era inconstitucional! Pero por 5 votos contra 4, consideraba que esto no causaba ningún perjuicio. En consecuencia, se confirmaba el rechazo de la cláusula oro, incluso con carácter retroactivo sobre todos los títulos de deuda.

En pocas palabras, si la ley que anuló la cláusula oro hubiera sido revocada por el Tribunal Supremo, todos los deudores (incluido el Estado) habrían tenido que devolver 1,69 dólares por cada dólar adeudado porque, recordemos, se había decidido que cada onza de oro valía ahora 35 dólares en lugar de 20,67 dólares.

James Clark McReynolds, uno de los cuatro jueces de la minoría, dijo públicamente en apoyo de su oposición a que el Tribunal Supremo aceptara la eliminación de la Cláusula oro: «La vergüenza y la humillación están ahora sobre nosotros. Cabe esperar con certeza un caos moral y financiero. (»Shame and humiliation are upon us now. Moral and financial chaos may be confidently expected» [4] ).

Sin embargo, esta política radical de repudio de contratos no supuso ninguna dificultad en términos de nuevos empréstitos. A lo largo de 1933-1934-1935 (y posteriormente [5]), el gobierno estadounidense no tuvo dificultades para emitir nueva deuda y a tipos muy bajos. Es el caso de un préstamo emitido el 11 de octubre de 1933. El Gobierno consiguió colocar un bono a 12 años con un tipo de interés extremadamente bajo, del 1% (Edwards, p. 106).

Mientras tanto, algunos de los acreedores extranjeros se organizaron en un cártel. En efecto, el mismo día de la emisión del préstamo, al otro lado del Atlántico, en Londres, se constituyó el Comité Asesor y Protector de las Inversiones Americanas (Advisory and Protective Committee for American Investments). Su objetivo era intentar obtener resoluciones judiciales favorables a los inversores británicos ante la suspensión de pagos de oro por parte de Estados Unidos. El objetivo de este cártel era actuar de forma complementaria a otro cártel que tenía un nombre muy claro: Comité contra el Repudio de la Cláusula oro ( Committee against the Repudiation of the Gold clause) y que, desde julio de 1933, reunía a tenedores de títulos residentes en Francia, Bélgica y Suiza (Edwards, p. 107). Estas diversas iniciativas de los acreedores no tuvieron ningún efecto, ya que el repudio de la cláusula oro funcionó perfectamente en beneficio de Estados Unidos.

Una mirada retrospectiva al comienzo de la presidencia de F.D. Roosevelt:
El mandato de Roosevelt, elegido con una ventaja de más de 7 millones de votos sobre su oponente republicano, comenzó en un clima de extrema crisis económica y financiera: más de 10 millones de personas sin trabajo, 2 millones de personas sin hogar, pérdida brutal y dramática de ingresos para casi 60 millones de personas que vivían de la agricultura, acaparamiento masivo de tierras y propiedades por parte de los acreedores…

Cabe subrayar que el 3 de marzo de 1933, el día anterior a la toma de posesión de Roosevelt, la Reserva Federal de Nueva York perdió el equivalente a 250 millones de dólares en reservas de oro y 150 millones de dólares en divisas, ya que muchos capitalistas y rentistas compraron oro y divisas en previsión de una posible devaluación del dólar o de su inconvertibilidad en oro (Edwards, p 28). Todos los bancos y la bolsa de Wall Street cerraron a causa de la crisis. Es evidente que el presidente saliente, el republicano Hoover, había contribuido a crear un clima de desconfianza al final de su mandato hacia la nueva administración. El 21 de febrero de 1933 escribió: «Estamos al borde del pánico financiero y del caos. El miedo a las políticas de la nueva administración se ha apoderado del país. La gente no espera acontecimientos, actúa. El atesoramiento de moneda y oro ha aumentado hasta un punto nunca visto” [6]. El 9 de marzo, el Congreso había aprobado la Ley Bancaria de Emergencia (Emergency Banking Act), que permitía a la Reserva Federal emitir nuevos billetes que no serían convertibles en oro (Edwards, p. 38). La Ley también facultaba al Presidente para cerrar los bancos, lo que hizo prorrogando el día festivo bancario que había precedido al cierre oficial.

El 1 de mayo de 1933, la New York Clearing House Association (asociación de empresas financieras -cámaras de compensación- encargadas de compensar las transacciones interbancarias) decidió efectuar los pagos en dólares de papel. En caso de que el obligacionista insistiera en obtener oro, se emitía un certificado con la siguiente declaración: «Solicitud de pago en oro denegada». Este documento podría ser utilizado por el tenedor del bono para emprender acciones legales contra el Estado o el emisor privado del préstamo, según fuera el caso.

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Dorothea Lange, Colhedora indigente na California. Mãe de sete filhos, 32 anos. Nipomo, Califórnia, Biblioteca Pública de Nova York, https://picryl.com/media/destitute-pea-pickers-in-california-mother-of-seven-children-age-thirty-two-56cc4e

En su editorial del 7 de mayo, el New York Times escribía: «¿Qué dirá el Tribunal Supremo sobre el cumplimiento de un contrato que es ’pagadero en principal e intereses en monedas de oro del gobierno de Estados Unidos’? De la respuesta a esta pregunta dependerá la política del Tesoro y de toda la comunidad financiera estadounidense en su planteamiento de la ejecución de unos 100.000.000.000 de dólares en contratos que contienen la cláusula oro.» (citado por Edwards, p. 66). Ese mismo día, Franklin Roosevelt, en su discurso público, declaró en esencia que tanto el sector público como el privado habían emitido grandes cantidades de deuda -unos 120.000 millones de dólares- sujetas a la cláusula oro. Según Roosevelt, lo hicieron sabiendo «muy bien que todo el oro de Estados Unidos ascendía sólo a entre tres y cuatro mil millones de dólares y que todo el oro del mundo ascendía sólo a unos once mil millones”. En el caso de que todos quisieran oro, declaró, sólo una veinticincoava parte de los solicitantes lo obtendrían, y al resto,»que no estarían en los primeros puestos de la lista, se les diría cortésmente que no había más oro.«Su administración, añadió, había decidido poner»a todo el mundo en pie de igualdad para preservar el interés general.» Esto significaba que todos los acreedores, ya fueran ricos o pobres, cobrarían en papel moneda legal tanto por los contratos públicos como por los privados. (Edwards, p. 66).

Carter Glass, uno de los congresistas demócratas que se opusieron frontalmente a la decisión de anular la cláusula oro, declaró en una rueda de prensa que había convocado: «La propuesta de repudiar todos los contratos de oro pendientes es inconstitucional y los tribunales así lo decidirán si les queda algo de integridad en lo que concierne al carácter sagrado de los contratos». (citado por Edwards, p. 72). Por su parte, David Reed, senador republicano por Pensilvania, afirmó que la decisión presidencial equivalía a un «repudio y desprestigiará a este país durante cien años». (citado por Edwards, p. 72).

Estas dos citas revelan muy explícitamente que en el debate público, la decisión de suprimir la cláusula oro, incluso con carácter retroactivo, se consideró claramente como un repudio absoluto de las deudas y como un grave atentado contra el carácter sagrado de los contratos.

En efecto, según S. Edwards, «Para muchos inversores, banqueros, abogados y políticos, la devaluación del dólar y la derogación de las cláusulas relativas al oro constituyeron una violación de los contratos, una transferencia descarada de la clase de los acreedores a la de los deudores y una escandalosa expropiación de la riqueza [7] .” (Edwards, p. 117)

A pesar del anuncio de caos proveniente de un sector de las finanzas, de una minoría de parlamentarios y de un sector de las y los juristas, la supresión de la cláusula oro y la devaluación del dólar permitieron un aumento muy grande de la cantidad de oro a disposición del ministerio de finanzas entre enero y diciembre de 1934. El stock de oro a disposición del gobierno pasó de 3.900 millones de dólares a 8.100 millones (de este aumento, 2.500 millones representaban el efecto de la devaluación, el resto procedía de recompras de oro por parte del Tesoro). Una gran cantidad de oro, recomprado por el Tesoro estadounidense, entró en Estados Unidos principalmente desde Londres y París (Edwards, p. 122).

Además, el partido del presidente, el Partido Demócrata, se benefició enormemente de la popularidad de las contundentes medidas que tomó, ganó las elecciones de mitad de mandato en octubre de 1934 y reforzó su mayoría en el Senado al conseguir 9 senadores más. Consiguió 69 senadores de un total de 96.

También es muy interesante citar lo que Roosevelt dijo en 1938 sobre la resolución aprobada en mayo de 1933 por una gran mayoría de miembros del Senado y de la Cámara de Representantes en apoyo de la decisión presidencial de anular la cláusula oro: “Esta resolución conjunta era un paso necesario para implantar el control gubernamental sobre el sistema monetario. … La tenencia o el comercio de oro afecta al interés público y, por tanto, está sujeta a regulación y restricciones públicas … Las cláusulas sobre el oro en los bonos son un obstáculo al poder [constitucional] del Congreso para regular el valor de la moneda de los Estados Unidos” (citado por Edwards, p. 76, subrayado nuestro).

Esta afirmación está políticamente a años luz de la política seguida desde los años 70-80 por la mayoría de los gobiernos del planeta, que insisten en la necesaria independencia del banco central respecto al gobierno.

Para remediar la crisis económica y social, se adoptan medidas autoritarias a una escala nunca vista en tiempos de paz en un país capitalista democrático.

Cabe señalar que en 1933, en pocos meses, el gobierno de Roosevelt adoptó medidas extraordinarias en el contexto de una crisis económica devastadora que había comenzado en 1929 y no mostraba signos de atenuarse.

Algunos ejemplos de medidas fuertes entre una larga serie:

  • Cierre de todos los bancos durante 10 días naturales y quiebra de más de mil bancos [8] . Estas disposiciones fueron seguidas posteriormente por la adopción de la ley sobre la separación de los bancos de depósito y los bancos de negocios. El Congreso otorgó al Gobierno y al presidente plenos poderes sobre los bancos con el fin de sanear radicalmente el sistema financiero imponiéndole una fuerte disciplina para evitar que se repitieran manipulaciones financieras y estafas de todo tipo. Wall Street, la bolsa de Nueva York, estuvo cerrada más de 10 días, entre el 3 y el 15 de marzo.
  • Tras un mes de presidencia, el gobierno prohíbe la tenencia, venta y exportación de oro. Todas las personas residentes en Estados Unidos, particulares y empresas, están obligadas a vender su oro al gobierno a un precio fijado por éste. Sólo pueden poseer oro hasta un valor de 100 dólares, a menos que se trate de joyas o «materia prima» para su negocio. El incumplimiento de la prohibición puede acarrear penas de prisión. «Quienes no entreguen su metal antes de la fecha límite del 1 de mayo se exponen a una multa de hasta 10.000 dólares y a penas de prisión de hasta 10 años. (Edwards, p. 42. Véase la Orden Ejecutiva reproducida anteriormente).
  • El gobierno puso bajo su mando la dirección de la Reserva Federal (en la que los grandes bancos privados desempeñan un papel muy importante y tratan de dificultar que la presidencia recupere el control de la política monetaria y financiera) y tomó las riendas de la política monetaria. El New York Times del 1er de enero de 1934 afirmaba que la decisión del gobierno «permitirá al Presidente tomar todos los poderes de emisión de dinero de la Reserva Federal, y colocarlos exclusivamente en el gobierno» (Edwards, p. 115) [9]. El gobierno también decidió que todas las reservas de oro de la Reserva Federal quedaban a disposición del secretario del Tesoro (ministro de finanzas).
  • El gobierno anula una parte de las deudas de las familias campesinas.
  • El Gobierno garantiza los derechos de las y los trabajadores, incluidos el derecho a formar sindicatos y afiliarse a ellos, el derecho a la huelga, el derecho a un convenio colectivo, el derecho al seguro de desempleo, el derecho a un salario mínimo legal
  • La administración del presidente Roosevelt elevó con fuerza en dos ocasiones los tipos del impuesto sobre la renta. Cuando el presidente demócrata tomó posesión en 1933, el tipo impositivo marginal sobre las rentas más altas era del 25%. En tres etapas, aumentó gradualmente esta tasa hasta el 91%. En 1935, la Revenue act (Ley de la Renta conocida coloquialmente como el «soak the rich tax” -impuesto de los ricos») revisó las normas fiscales para las rentas altas. Las personas que ganaban más de 200.000 dólares al año pagan más impuestos, un 63%. La ley se revisó en 1936, elevando el tipo al 79%, y luego al 91% en 1941 [10].

En Estados Unidos, en 1933, la clase obrera estaba radicalizada a la izquierda y estaba dispuesta a pasar a la acción si el gran capital no hacía concesiones importantes.

Roosevelt consiguió que el gran capital estadounidense aceptara la reforma del capitalismo introduciendo la New Deal. En Estados Unidos, en 1933, la clase obrera estaba radicalizada a la izquierda y estaba dispuesta a pasar a la acción si el gran capital no hacía concesiones importantes. A los ojos del gran capital, esto hizo que Roosevelt pareciera un mal menor comparado con el riesgo de una revolución social incontrolable.

Otros países capitalistas abolieron la convertibilidad de su moneda en oro y suspendieron el pago de su deuda externa en la década de 1930.

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Elias Goldensky, Franklin Delano Roosevelt, 1933, Wikimedia Commons, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:FDR_in_1933.jpg

Estados Unidos no fue el único país que tomó la decisión de abandonar la convertibilidad en oro. Australia la abandonó en diciembre de 1929. La propia Gran Bretaña había abandonado en 1931 la cláusula oro y devaluado la libra esterlina en un 30% (Edwards, p. 34).

Aprovechando la decisión de Estados Unidos, el gobierno nazi, en el poder desde marzo de 1933, decidió el 27 de abril del mismo año abandonar la convertibilidad en oro. Japón e Italia hicieron lo mismo el 28 de noviembre de 1933.

El 21 de julio de 1933, el Reino Unido anunció que cancelaba el pago de las deudas de la Primera Guerra Mundial en oro y justificó esta decisión afirmando que era la consecuencia lógica de la decisión adoptada por Estados Unidos [11].

Una parte de las deudas debidas por los países europeos a los Estados Unidos nunca será reembolsada.

Por último, en 1934, una quincena de países europeos que tenían deudas con Estados Unidos tras la Primera Guerra Mundial estaba en suspensión de pagos, con una excepción: Finlandia. Finalmente, una parte de las deudas debidas por los países europeos a los Estados Unidos nunca será reembolsada.

Suspensiones de pago de deuda extendidas a América Latina
Las suspensiones de pago de deuda se habían extendido a América Latina. En 1932, doce países latinoamericanos habían suspendido total o parcialmente los pagos de la deuda; en 1935, eran catorce [12]. En suma, más de la mitad de los países latinoamericanos suspendieron unilateralmente el pago de sus deudas en los años treinta. La decisión de suspender los pagos de la deuda externa fue beneficiosa. La mayoría de los países que dejaron de pagar sus deudas experimentaron una reactivación económica en los años treinta a pesar del cese de los préstamos exteriores. El restablecimiento del sistema comercial internacional tras la Segunda Guerra Mundial no condujo a la reactivación de los mercados de capitales privados para el endeudamiento de los países latinoamericanos. En Bretton Woods, en 1944, se establecieron canales alternativos: los créditos y préstamos gubernamentales (también multilaterales) sustituyeron a los mercados financieros. Y no fue hasta veinte años más tarde, en la década de 1960, cuando los bancos privados del Centro se implicaron activamente en la concesión de préstamos.

Los países latinoamericanos se distanciaron del sistema financiero internacional durante un período porque estaban convencidos de que había pocas posibilidades de que se reanudaran los flujos financieros a su favor, incluso para los que no habían repudiado sus deudas. Las dificultades financieras internas de Estados Unidos reforzaron esta creencia. La posterior guerra entre los principales países imperialistas (1940-1945) cambió sus prioridades. Los principales acreedores (Gran Bretaña y Estados Unidos) no estuvieron dispuestos a crear un cártel para cobrar sus deudas.

Algunos países que denunciaron sus deudas podrían haber mantenido sus pagos, pero consideraron que el coste social interno habría sido muy elevado. La suspensión de los pagos permitió a los países que tomaron esta decisión conservar importantes recursos financieros para aplicar políticas expansivas. Si, por el contrario, hubieran decidido mantener los reembolsos, seguramente no habrían podido introducir políticas de control de cambios ni habrían sido capaces de imponer barreras proteccionistas contra determinados productos del Norte. Estas medidas permitieron un verdadero desarrollo mediante la realización de un proceso de industrialización mediante la sustitución de importaciones(ISI). Los países produjeron internamente gran parte de lo que antes importaban del Norte.

Si no hubieran dejado de pagar la deuda externa, no habrían podido aplicar en la misma medida los grandes programas de obras públicas, segundo instrumento fundamental de la reactivación económica. Es interesante observar que estas decisiones fueron tomadas por regímenes de caracteres muy diferentes. Sin embargo, estas decisiones convergentes no deben presentarse como parte de una estrategia preconcebida. Sólo más tarde, con la creación de la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas, las políticas de industrialización por sustitución de importaciones (ISI) pasaron a formar parte de una visión estratégica (abandonando el esquema de industrialización por exportaciones en favor de la ISI). No obstante, la decisión de suspender los pagos de la deuda tuvo resultados realmente positivos.

Conclusión sobre la anulación de la cláusula oro en los contratos de deuda
Contrariamente a las afirmaciones de los detractores del repudio de la cláusula oro de que las consecuencias serían negativas o incluso catastróficas, los resultados fueron realmente positivos.

Retomemos los argumentos de los detractores del repudio o la suspensión del pago de la deuda. Según la teoría económica tradicional, el incumplimiento de un contrato tiene una serie de consecuencias negativas para los deudores. Tras incumplir sus promesas e imponer pérdidas a los inversores, a los deudores les resultará muy difícil acceder a los mercados de capitales y emitir nueva deuda. El coste de los nuevos empréstitos debería aumentar significativamente y se produciría un «efecto estigma» en la emisión de nueva deuda. Algunos llegan a decir que el deudor quedará completamente excluido del mercado de deuda, al menos durante un tiempo. El país que repudie o suspenda el pago de sus deudas será sancionado, su calificación por parte de las agencias internacionales se verá profundamente degradada, se producirá una reducción de la inversión y, en consecuencia, una menor tasa de crecimiento.

De hecho, en el caso de Estados Unidos, como reconoce el economista Sebastian Edwards en el capítulo 16 de su libro, el repudio de la cláusula oro y la devaluación del dólar en 1933-34 fueron seguidos de una recuperación económica y los tipos de interés a los que se endeudaba el país bajaron. Las empresas privadas también tuvieron acceso a financiación a tipos de interés más bajos que antes del repudio. No hubo ningún caos. Por el contrario, se produjo una reanudación del crecimiento económico. La inversión en la producción no disminuyó, sino que aumentó.

Conclusión más allá de EE UU y el repudio de la cláusula oro
Hay que añadir que otros países, en circunstancias muy diferentes y con un peso económico mucho menor que el de Estados Unidos, también se beneficiaron de su decisión de repudiar total o parcialmente sus contratos de deuda o de suspender los pagos de la misma.
Esta es, en particular, la opinión de Joseph Stiglitz, premio de economía del Banco de Suecia en memoria de Alfred Nobel en 2001, presidente del consejo de economistas del presidente Bill Clinton de 1995 a 1997, y economista jefe y vicepresidente del Banco Mundial de 1997 a 2000, que aporta serios argumentos a quienes abogan a favor de la suspensión del reembolso de las deudas públicas. En un libro colectivo [13] publicado en 2010 por la universidad de Oxford, Stiglitz afirma que Rusia en 1998 y Argentina durante los años 2000 ofrecieron la prueba de que una suspensión unilateral del reembolso de la deuda puede ser benéfica para los países que toman esa decisión: «Tanto la teoría como la práctica sugieren que la amenaza del cierre del grifo del crédito probablemente haya sido exagerada» (p. 48).

Cuando un país consigue imponer una reducción de la deuda a sus acreedores y redirecciona esos fondos, destinados anteriormente a ese reembolso, hacia la financiación de una política fiscal expansionista, eso produce resultados positivos: «En ese escenario, el número de empresas locales que quiebran disminuye porque los tipos de interés locales son más bajos que si el país hubiera continuado pagando su deuda [14] , y al mismo tiempo porque la situación económica general del país mejora. Como la economía se recupera, aumentan los ingresos fiscales, lo que incrementa el margen presupuestario del Gobierno. […] Todo eso significa que la posición financiera del gobierno se refuerza, haciendo más probable (y no menos) que los prestamistas quieran de nuevo concederle préstamos.» (p. 48). Y agrega: «Empíricamente, hay muy pocas pruebas que acrediten la idea de que una suspensión de pagos conlleve un largo período de exclusión del acceso a los mercados financieros. Rusia pudo pedir prestado de nuevo en los mercados financieros dos años después de su cesación de pagos que había sido decretada unilateralmente, sin una consulta previa a los acreedores. […] A partir de ahí, en la práctica, la amenaza de ver el grifo del crédito cerrado no es real.» (p. 49).

Según Joseph Stiglitz, hay quien piensa que una de las tareas centrales del FMI es imponer el precio más alto posible a los países que quieren declararse en suspensión de pagos y muchos países actúan como si creyeran en esta amenaza. Stiglitz considera que han errado el camino: «El hecho de que Argentina haya salido tan bien de su suspensión de pagos, incluso sin el apoyo del FMI (o precisamente porque no tuvo el apoyo del FMI), puede conducir a un cambio en esta creencia.» (p.49).

Joseph Stiglitz también cuestiona claramente a los banqueros y otros prestamistas que concedieron créditos masivamente sin verificar seriamente la solvencia de los países prestatarios o, aun peor, que prestaron sabiendo perfectamente que el riesgo de cesación de pagos era muy elevado. Agrega que ya que los prestamistas exigen a algunos países tipos elevados en virtud de los riegos que deben asumir, es totalmente normal que tengan que afrontar pérdidas debidas a una abolición de la deuda. Estos prestamistas sólo tenían que utilizar los intereses elevados que perciben como provisión para posibles pérdidas. También denuncia los préstamos «depredadores» concedidos a la ligera por los banqueros a los países deudores (p. 55).

En resumen, Stiglitz aboga por que los prestamistas asuman los riesgos de sus acciones (p.61). Al final de su contribución, considera que los países que entran en la vía de la suspensión de pagos o de la renegociación para obtener una reducción de la deuda deberían imponer un control temporal de cambios y/o tasas para disuadir la salida de capitales (p.60). Retoma la doctrina de la deuda odiosa por su cuenta y afirma que ese tipo de deuda debe ser anulado (p.61) [15].

El caso de Argentina en los años 2010-2020
Una última reflexión sobre Sebastian Edwards y el caso de Argentina. eEn su libro sobre el repudio de la cláusula oro por parte de la administración Roosevelt y el Congreso, Edwards explica que se fijó en este período de la historia del siglo XX porque se dio cuenta de que el Gobierno argentino justificaba su actitud hacia los acreedores en la década de 2010 remitiéndose a lo que había hecho Estados Unidos en 1933-1934-1935. El propio Edwards afirma que estuvo del lado de los acreedores cuando los tribunales estadounidenses fallaron a su favor y ordenaron a Argentina indemnizarles. Edwards no menciona que Argentina también había conseguido, como menciona Stiglitz, beneficiarse de su resistencia a los acreedores privados. Su tasa de crecimiento anual entre 2003 y 2008, en plena suspensión de pagos, fue muy elevada a pesar de que el país ya no tenía acceso a los mercados financieros. Efectivamente, el Tribunal del Estado de Nueva York falló en contra de Argentina en 2013, pero las autoridades argentinas se resistieron al requerimiento del juez neoyorquino Griesa. Tuvo que llegar la elección del neoliberal Mauricio Macri como presidente de Argentina para que el país aceptara erróneamente indemnizar a los fondos buitre favorecidos por el juez Griesa. La gestión de la deuda de Macri fue desastrosa y llevó al país al borde de la quiebra en 2018. En una situación de emergencia, el FMI tuvo que conceder a Argentina un crédito de 45.000 millones de dólares, la mayor cantidad otorgada por esta institución en toda su historia. Este crédito y la gestión de la crisis por parte de Macri condujeron a un fracaso electoral en 2019 y tuvo que ser seguido de un nuevo crédito del FMI por un importe de 45.000 millones de euros en 2022, suma que sirve para reembolsar el préstamo precedente. Esto muestra claramente que la sumisión a los mercados y al FMI no trae nada bueno y que es mejor resistirse a los acreedores aplicando otro tipo de política.


El autor agradece a Maxime Perriot y Patrick Saurin la su lectura del artículo.

Referencias:
Sebastian Edwards, «American Default». The Untold Story of FDR, the Supreme Court, and the Battle over Gold, Princeton University, 2018.

Pierre de Saint-Phalle, ’Sebastian EDWARDS, American Default: The Untold Story of FDR, the Supreme Court, and the Battle over Gold’ | Revista Europea de Ciencias Sociales 2019/1 (57-1), páginas 299-303. Disponible en Cairn.info https://www.cairn.info/revue-europeenne-des-sciences-sociales-2019-1-page-299.htm

Para más información sobre el New Deal de F. D. Roosevelt:
Zinn, Howard. 1967. New Deal Thought, Indianápolis, Bobbs-Merill Company, 1967, 431 p.

Para más información sobre la economía estadounidense:
Johsua, Isaac, Une trajectoire du capital. De la crise de 1929 à celle de la nouvelle économie, París, Syllepse, 2006, 293 p.
Paul Jorion, La crise du capitalisme américain, Editions du Croquant, Paris, 2007

Para evaluar los efectos de una suspensión del pago de la deuda
Barry Herman, José Antonio Ocampo, Shari Spiegel, Overcoming Developing Country Debt Crises, OUP Oxford, 2010.https://global.oup.com/academic/product/overcoming-developing-country-debt-crises-9780199578795?cc=us&lang=en&#
https://books.google.es/books?id=AdMUDAAAQBAJ&pg=PA48&lpg=PA48&dq=Joseph+E.+Stiglitz+En+este+escenario+se+reduce+el+número+de+las+empresas+que+se+ven+forzadas+a+entrar+en+quiebra,+tanto+por+la+reducción+de&source=bl&ots=-mmJ0MJHd_&sig=ACfU3U2GeSKc5RGTTj7cD9LjqYVOfbBOWg&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwiLh6q_mIf8AhUKi_0HHTuuAXUQ6AF6BAgjEAM#v=onepage&q=Joseph%20E.%20Stiglitz%20Under%20this%20scenario%20the%20number%20of%20the%20firms%20that%20are%20forced%20into%20bankruptcy%20is%20lowered%2C%20both%20because%20of%20the%20lower&f=false

https://www.cadtm.org/El-repudio-de-deudas-por-Franklin-Roosevelt-Presidente-de-los-Estados-Unidos

Traducido por Alberto Nadal Fernández

Notas

[1] Sebastian Edwards, American Default. The Untold Story of FDR, the Supreme Court, and the Battle over Gold, Princeton University, 2018. Por supuesto, el comparar un stock de deuda con el PIB es discutible pero, como hace el propio Sebastian Edwards, esta comparación la menciono a fin de dar una idea de dimensión. Preciso que una parte importante de este artículo se basa en la narración que da Sebastian Edwards.

[2] El precio oficial de la onza de oro fijado en 35 dólares ha estado en vigor hasta agosto de 1971 cuando el presidente Richard Nixon puso fin a la convertibilidad del dólar en oro que había sido restablecida en los acuerdos de Bretton Woods en 1944.

[3] In all three gold- clause briefs, the Roosevelt administration lawyers forcefully made the point that the gold clause was “contrary to public policy,” a legal term that implies that certain actions, regulations, or contracts are harmful and injure the public and citizens at large. According to the government, the gold clause was inconsistent with our present monetary system.” (Edwards, p. 140).

[4] Citado por Sebastian Edwards en su introducción, p. XIV

[5] Esto prosiguió a lo largo de los 4 mandatos de Roosevelt como presidente. F.D. Roosevelt (1882-1945) presidió los Estados Unidos de 1933 a 1945, el año de su muerte producida durante su cuarto mandato.

[6] “We are in the verge of financial panic and chaos. Fear for the policies of the new administration has gripped the country. People do not await events, they act. Hoarding of currency, and of gold, has risen to a point never before known.” Citado por Edwards p. 28

[7] »To many investors, bankers, lawyers, and politicians, the devaluation of the dollar and the abrogation of the gold clauses constituted a violation of contracts, an outright transfer from the creditor to the debtor class, and an outrageous expropriation of wealth.”

[8] Con fecha 29 de marzo de 1933, 11.878 bancos habían reabiertos sus puertas de un total de 17.349 bancos que eran operativos antes del 3 de marzo. Ver Sebastian Edwards, p. 41.

[9] The New York Times reported that its “enactment will permit the President to take all powers of currency issue from the Federal Reserve Board, and lodge them exclusively in the government.” (Edwards, p. 115) NYT, “Decision on Gold Reported Reached,” January 1, 1934, p. 4.

[10] Después de Roosevelt, durante cerca de 50 años, los Estados Unidos han vivido con una tasa marginal de imposición sobre las rentas muy altas cercana al 80%.

[11] “The obligation that the British government undertook in 1917 has been abrogated by an alteration of the law of the land under whose jurisdiction the bonds were issued.” (citado por Edwards p. 98).

[12] Marichal, Carlos. 1989. A century of debt crises en Latin America, 1989 ; Vilas, Carlos. 1993. Crisis de la Deuda de América latina ; Ugarteche, Oscar. 1997. El Falso dilema, p. 117.

[13] Barry Herman, José Antonio Ocampo, Shari Spiegel, Overcoming Developing Country Debt Crises, OUP Oxford, 2010, 424 p. El capítulo 2 está escrito por J. Stiglitz : “Sovereign debt : notes on theoretical frameworks and policy analyses” p. 35 à 66.

[14] En efecto, una de las condiciones planteadas por el FMI cuando va a ayudar a un país al borde del cese de pagos es aumentar las tasas de interés locales. Si un país escapa a las condiciones fijadas por el FMI puede, por el contrario, bajar las tasas de interés a fin de evitar en la medida de lo posible las quiebras de las empresas.

[15] Joseph Stiglitz ha defendido esta posición en numerosas ocasiones durante los últimos veinte años. Ver en particular su libro La grande désillusion, Fayard, 2002.

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