El otro Golpe: Uruguay en 1973, una derrota estratégica

por Ernesto Herrera

Jueves 12 de julio. Decenas de miles de trabajadores retoman sus tareas. En fábricas, obras, talleres, bancos, frigoríficos, hospitales, oficinas. La “normalidad” laboral empieza a restablecerse. En muchos de esos lugares, no bien los trabajadores van arribando, se encuentran con las mismas imágenes perturbadoras: carteleras sindicales y pizarras solidarias arrancadas. Vestuarios con ausencias, casilleros vacíos. Ningún vestigio de organización ni de lucha reciente.

El día antes, la Mesa Representativa de la ya ilegalizada CNT (Convención Nacional de Trabajadores) decidía el levantamiento de la Huelga General: 22 sindicatos a favor, 2 en contra, 4 abstenciones. La resolución anotaba:

En las presentes circunstancias su prolongación indefinida solo llevaría a desgastar nuestras fuerzas y a consolidar las del enemigo. No salimos de esta batalla derrotados ni humillados. Por el contrario, el heroísmo desplegado en todo su desarrollo, particularmente por los destacamentos más firmes de la clase obrera (…) demuestran que la fuerza de los trabajadores, a pesar de las heridas recibidas, no se han mellado en lo fundamental 1.

Para entonces, cientos de huelguistas y militantes, ya estaban presos en cuarteles y en el Cilindro Municipal de Montevideo, el mayor estadio de basquetbol del país. Los que lograron eludir la cacería represiva se refugiaron en la clandestinidad. Unos deambulando a la intemperie, otros alojados por amigos, familiares, centros parroquiales. Todos escondidos.

Al revés que la dirección de la CNT, los empresarios leyeron con exactitud el panorama. Hicieron cuentas y accionaron, sin demora. Entonados por la victoria golpista, impidieron cualquier esfuerzo de reorganización sindical de base, prohibiendo hasta las escarapelas distintivas. La palabra “compañero” se volvió sospechosa para capataces y gerentes. Había que pronunciarla con tono de susurro. Los “alborotadores” más destacados fueron despedidos casi de inmediato. Era el testeo patronal para medir la capacidad de reacción de los trabajadores. No la hubo.

Enseguida, se desconocieron los convenios firmados y las categorías funcionales. Se “reprogramaron” los turnos laborales, los “vales” quincenales (adelantos de salario), las licencias anuales. Las horas extras volvieron a pagarse “simples”. La ropa de trabajo pasó a tener un costo. Todas las conquistas anteriores pisoteadas.

No daba para confundirse. Eran las primeras señales de una inocultable derrota estratégica. La Huelga General que enfrentó el golpe de Estado del 27 de junio, no pudo impedir el afianzamiento de un régimen “cívico-militar” que arrasaría por más de una década con todas las libertades democráticas.

En los días y semanas siguientes al levantamiento de la huelga, el atropello   se aceleró. Innumerables “listas negras” empezaron a circular. En ellas, las cámaras empresariales y el Ministerio del Interior, “marcaban” a los activistas. Quedaban impedidos de conseguir un empleo en cualquier rama de la economía. Miles fueron despedidos en el sector privado (incluso sin indemnización alguna). Otros tantos “sumariados” y luego destituidos en la administración pública.

Había que reciclarse para sobrevivir. Y muchos no encontraron otra opción que hacerlo en el trabajo precario de la “changa”, que no exigía antecedente laboral previo, ni ficha policial limpia. Transitaron por diversas “profesiones”. Así fueron improvisando un nuevo “saber obrero” en condiciones de sobreexplotación. Entre 1974 y 1981, los salarios cayeron un 30%.

Se impusieron “nuevas formas de relacionamiento laboral”. Generadas por “la baja del salario real, el aumento de las horas de trabajo y de su intensidad, y la mayor participación de la mujer, con menor salario promedio, en el mercado de trabajo. Todo esto conformó un sustancial aumento de la plusvalía absoluta y relativa extraída. Esto se complementó con una descalificación del conocimiento de los trabajadores resultado del exilio forzado del contingente más calificado de la mano de obra”2.

Para mediados de 1974, miles de trabajadores y sus familias se habían marchado al exilio económico en Argentina, Europa, Canadá, Australia. Con la desazón en sus maletas. Algunos jamás volvieron. Otros recién en 1985, cuando la “restauración democrática”.

***

El levantamiento de la huelga, implicó “volver al trabajo” bajo las condiciones impuestas por los golpistas. Prueba categórica que la balanza de la correlación de fuerzas se había inclinado contra los trabajadores y sus organizaciones.

Con la quiebra de la huelga, el Estado y las fracciones dominantes de las clases propietarias restablecían el control de la “disciplina social”. Sin la necesidad de volver a encasillarse en las “tradiciones cívicas”. Que fungían obsoletas. La “vieja clase política”, deshilachada, “inepta y corrupta”, fue desplazada del poder. No hicieron falta artilugios legalistas. El formato institucional del régimen de dominación se trastocó radicalmente. No solamente de fachada. La fábula del “Uruguay liberal”, igualitario y tolerante, célebre por su “ejemplar” modelo de partidocracia, cedía su lugar a un granítico orden contrarrevolucionario. Atroz, oscurantista.

Pionero, vale registrarlo, en inaugurar el ciclo de terrorismo de Estado en el Cono Sur durante los años ‘70. Sin los bombardeos y fusilamientos masivos desde el primer día, como ocurrió en la embestida fascista que derrocó al gobierno popular de Salvador Allende, pero, ciertamente, con el mismo instinto criminal.

De este lado de la cordillera, “tan sólo dos muertos”: Ramón Peré y Walter Medina, jóvenes estudiantes baleados por la policía mientras pintaban unos muros durante la Huelga General. Aunque el infame listado de crímenes de lesa humanidad, con miles de presos políticos y torturados, cientos de asesinados y desaparecidos, se iría confeccionado luego, en el marco del tenebroso Plan Cóndor que operaba en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay.

La maquinaria totalitaria apuntó contra las organizaciones sindicales y estudiantiles, el Frente Amplio y todas las fuerzas de izquierda, la libertad de prensa, la creatividad cultural. Eran los enemigos principales, objetivos estratégicos a destruir. Así lo enseñaban los manuales contrainsurgentes de la “Doctrina de la Seguridad Nacional”, inspirada por Washington.

En ese cuadro de terror implacable, toda expresión de resistencia se ganaba una larga condena por el delito de “sedición”, dictada por una Justicia Militar que a su vez ponía los jueces, fiscales y “abogados de oficio” (civiles y militares) que fingían defender a los acusados.

***

En 1964, el movimiento sindical había decidido la Huelga General en caso de golpe de Estado. La medida fue ratificada por la CNT en 1967, a poco de su fundación. Se le añadiría “con ocupación”, para concentrar la fuerza en los centros de trabajo y “evitar la dispersión”. La resistencia sería con “métodos pacíficos”.

Ninguna de las incontables secuencias fotográficas de la época, da cuenta de policías y soldados heridos o atacados en el curso de la huelga.  Una muestra ineludible de que la resistencia no desbordó en ningún momento las indicaciones de la CNT, hegemonizada por el Partido Comunista.

Las propuestas de utilizar métodos de resistencia más combativos fueron sometidas en nombre de la “unidad” del movimiento obrero.  Las aisladas iniciativas de ejercer el legítimo derecho de autodefensa, no formaban parte de la orientación estratégica de la huelga. Eran criticadas en asambleas de activistas donde se debatían las alternativas: salir del encierro de las ocupaciones, que permitía focalizar la represión; llevar la disputa a las calles con masivas protestas, que insinuaran en la sociedad una percepción de algo parecido a un “doble poder”; que la huelga buscaba derrocar a la dictadura.

Pero no. Esas metas no figuraban en las expectativas de la CNT, ni del Frente Amplio. Que seguían jugando todas las cartas a una fantasiosa alianza con los sectores “constitucionalistas” de las Fuerzas Armadas. Que, por cierto, si llegaron a existir, no tenían poder de mando sobre la tropa, ni de fuego. Las unidades militares más importantes respondían decididamente a los golpistas.

En ese contexto, el único arsenal de los huelguistas consistió en su propia convicción, en el aliento barrial, en el apoyo de los estudiantes, y en la infaltable entonación del himno nacional al momento de los desalojos.

Por el contrario, las fotografías sí dan cuenta de la saña represiva en decenas de fábricas, en la refinería, en el Frigorífico Nacional, y en otros tantos lugares ocupados. Trabajadores apaleados, heridos, ensangrentados, gaseados, esposados y pateados en el suelo. Obligados a borrar con la lengua, muros y cartelones que decían consignas contra el golpe de Estado.

Armamento de guerra contra volantes impresos en hectógrafos caseros. Barrios obreros invadidos, militarizados, para desarticular la amplia solidaridad popular con los huelguistas. Una pelea tremenda, heroica, desigual, donde los trabajadores exhibieron una constante voluntad de lucha y sacrificio:

“Sin dirección ni directivas claras, se aguantaron a pie firme los desalojos y la represión para volver a ocupar no bien se fueran los militares (…) llegaron, como en Alpargatas, a ocupar y volver a ocupar la fábrica hasta 8 veces, para terminar continuando la ocupación en Cervecerías cuando el Ejército se instaló en la planta”3.

Desde febrero se sabía que el golpe de Estado era “inminente”. Sin embargo, la CNT no dio un paso en dirección del enfrentamiento decisivo. Ninguna preparación centralizada. Ni mínimas recomendaciones defensivas. Cero “fondo de huelga”. Cada sindicato, cada Comité de Base, el conjunto de los huelguistas, debían responder con lo que tuvieran a mano.

Lo hicieron, disciplinados a los pocos lineamientos de la central sindical. 1) Ocupar y no presentar resistencia en caso de desalojo; 2) Volver a ocupar si las condiciones lo permitiesen; 3) Ninguna persona extraña al lugar ocupado, a no ser otros trabajadores desalojados, 4) Apoyarse en la solidaridad del barrio, realizando actividades con los vecinos, pequeños comercios y feriantes.

Pero la amplitud de la huelga se fue debilitando. Al quinto día, el transporte urbano y suburbano, dirigido por sindicalistas del Partido Comunista, defeccionó. A partir de ese momento, las grandes zonas comerciales volvieron a la plena actividad. En el interior del país, igual. El clima de confrontación de los primeros días se fue diluyendo.

En sucesivas reuniones con dirigentes de la CNT (durante el transcurso mismo de la huelga), los mandos militares ya habían rechazado aquellas demandas que resumían el “programa” de la huelga “para la recuperación del país”. Plena vigencia de los derechos sindicales y políticos; libertad de expresión; medidas de “saneamiento económico” como ser la nacionalización del sistema bancario, del comercio exterior, y de la industria frigorífica; recuperación del “poder adquisitivo” de salarios y jubilaciones; control de precios subsidiando los productos de consumo popular.

Ni una mención sobre Juan María Bordaberry (Partido Colorado), el presidente de la República, que había pactado el “cogobierno” con las Fuerzas Armadas en febrero de 1973, instaurando el Consejo de Seguridad Nacional (COSENA), verdadero órgano del poder de Estado desde entonces. Tampoco sobre su renuncia y la exigencia de convocar a nuevas elecciones, adelantándolas, sin esperar a 1976.

En tal sentido, la dirección de la CNT mantuvo durante la huelga su irresponsable coherencia. Apostando hasta último momento, por el ilusorio “contragolpe” del ala “progresista” de las Fuerzas Armadas.

El lunes 9 de julio, “a las cinco en punto” de la tarde, en el centro de Montevideo, unas 30 mil personas desafiaban con piedras y alguna molotov improvisada a las tanquetas del ejército y a los “guanacos” lanza aguas de la policía. Cientos de manifestantes tiroteados, otros tantos detenidos, entre ellos el general (r) Líber Seregni, presidente del Frente Amplio. Fue la única convocatoria de la CNT a una protesta de masas en dos semanas. Tardía demostración de fuerza. Para entonces la huelga se había desangrado.

Hubo que esperar décadas, para que alguno de los principales dirigentes de la CNT y del Partido Comunista de aquellos años, desentrañara el “balance” que la central sindical presentaba en la resolución del 11 de julio, cuando el levantamiento de la huelga. El relato cambiaba la foto histórica:

(…) La huelga general se desarrolló muy aislada del conjunto de la sociedad, con mucha simpatía popular, pero sin fuerzas políticas y sociales que se sumaran de alguna manera. No se transformó en una huelga cívica, en una huelga nacional (…) Fue una huelga de resistencia, que resistió mientras pudo. Sirvió, sin duda sirvió. Yo nunca dije que los derrotamos. Nos derrotaron y nos masacraron, pero de alguna manera la huelga aisló socialmente a la dictadura 4.

Aunque en lo dichos no había autocrítica sobre el cúmulo de desinformación y desorganización que fue la CNT durante la huelga, ni tampoco sobre la estrategia adoptada, se acercaba más a la realidad de lo sucedido.

La otra conclusión era una verdad archisabida. La dictadura uruguaya nació “huérfana” de una base social activa a su favor. Una diferencia, que también vale registrarla, en comparación con los golpes de Chile (septiembre 1973) y de Argentina (marzo 1976). Pero el costo político y económico, social y humano, pagado por clase trabajadora, fue muy similar. Trágico.

***

Unos meses antes, el 9 de febrero (cuando el golpe de Estado ya estaba en gestación), las Fuerzas Armadas hacían públicos los “Comunicados 4 y 7”. Fueron recibidos entusiastamente por el Partido Comunista que, por boca de su principal teórico, Rodney Arismendi, proponía el frente único “entre el overol, la sotana y el uniforme”. Igual postura asumieron otras fuerzas del Frente Amplio y la dirección de la CNT. Coincidían en el diagnóstico: el pronunciamiento castrense expresaba “objetivos programáticos comunes” y la existencia de una corriente nacionalista de pensamiento “peruanista”5  en el seno del aparato militar. Había que apoyarla. Porque volvía a confirmar que el dilema clave continuaba siendo entre “Oligarquía o Pueblo”, y las Fuerzas Armadas eran, en esa lógica, parte del pueblo y no simplemente el brazo armado de la oligarquía.

Tiempo después, los propios militares reconocerían que los comunicados habían servido para “neutralizar” a la izquierda en su camino hacia la dictadura. Y algo más: que algunos de los temas económicos que se evocaban en los comunicados habían sido resultado de las negociaciones con dirigentes del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (la mayoría ya en prisión) en el Batallón Florida6.

El 27 de junio, la “crisis nacional” de larga data llegaba a su desenlace. El bloqueo del régimen de dominación se destrababa. El Parlamento, caja de resonancia del fraccionamiento de los “partidos tradicionales”, disuelto. La “solución autoritaria” tenía el camino allanado.

Aunque su génesis venía de tiempo atrás. Con los gobiernos colorados de Jorge Pacheco Areco y Juan María Bordaberry, la represión encabezaba la agenda: “medidas prontas de seguridad”7 para aplastar las huelgas, militarización de los empleados públicos, asesinatos de estudiantes, torturas a los presos políticos (en su mayoría de la izquierda “guerrillera”), escuadrones de la muerte, ilegalización de partidos de izquierda, clausura de medios de prensa.

Con la derrota estratégica de junio-julio, el ciclo de ascenso de luchas obreras y populares, que tuvo su punto más alto en los años 1968-1972, quedaba cerrado. Con ello, taponeado el proceso de “acumulación de fuerzas” del movimiento popular. Las organizaciones de “intención revolucionaria”, destruidas.

Los debates sobre el programa de “reformas estructurales”, el papel de la huelga general, “vías de aproximación al poder” y el “armamento de la vanguardia”, no volvieron a estar presentes. Tampoco se recuperó la fuerza de las corrientes “clasistas y combativas” que, en los “años duros”, le disputaban espacios de influencia a la hegemonía “reformista” en el movimiento sindical. Los métodos de “lucha política con armas” del MLN y de otros grupos inspirados en el guevarismo, habían sido derrotados, mucho antes del golpe de Estado.

***

En un algún sentido, el hilo de la “memoria histórica” se cortó. Por más que las conmemoraciones rituales sigan evocando, legítimamente, aquella “huelga gloriosa”. Medio siglo después, la clase trabajadora es muy distinta, no sólo por razones generacionales.

La “conciencia de clase” fue cediendo prioridad a la “identidad nacional” en una sociedad donde los principales agentes políticos, de todos los partidos del sistema, se reconocen como “oponentes pero no enemigos”. El Frente Amplio se recicló en el “campo progresista” y gobernó 15 años. El “cambio posible” guardó bajo cerrojo cualquier idea de horizonte anticapitalista. Ahora, la “lucha de clases” puede darse, sin radicales antagonismos, en el marco de una indisoluble “convivencia democrática” que se apega estrictamente al rito del “Nunca Más”.

El martes 27 de junio de 2023, el PIT-CNT, convocó a un “Paro general parcial” entre las 9 y 13 horas del día, y a una marcha desde la refinería de ANCAP (empresa petrolera estatal) hasta la sede de la Federación del Vidrio, lugar donde en 1973, la CNT resolvió comenzar la Huelga General, en el emblemático barrio obrero de la Teja. A modo de homenaje a los luchadores contra el golpe de Estado. Algunos centenares de manifestantes acompañaron el llamado.

Mientras, como en todos los “paros generales parciales” decretados por el aparato sindical, el grueso de los asalariados, más del 60%, concurrió a sus empleos. Se ajustaron a la rutina horaria de todos los días. Es decir, no se tomaron las cuatro horas de asueto para recordar. Los sindicatos del transporte tampoco paralizaron, aunque esta vez se “adhirieron” a la convocatoria.

De todas maneras, una gran parte de los trabajadores siguió con atención la intensa cobertura mediática de las conmemoraciones. Muchas de ellas emocionantes. En medio, claro, de la precariedad laboral, los salarios “sumergidos” y de la extendida pobreza que imponen las “modernas” formas de explotación capitalista.  Las cuales no contemplan como productivo el tiempo perdido en memorizar formidables experiencias de luchas colectivas. Por otra parte irrepetibles.

Anexo

El derrumbe del transporte *

¿Por qué no se dispersaron los ómnibus de la Capital en las fábricas ocupadas? U otra alternativa planteada por los trabajadores de los talleres, ¿por qué no se retiró alguna pieza del motor de esas unidades, que hubiera impedido su utilización sin hacerles daño? Estas preguntas no se respondieron en aquel momento y podrían explicar por qué el transporte no jugó el papel que debía en la huelga general.

Una de las explicaciones admitidas 20 años después de los acontecimientos podía ser muy simple, pero tuvo una incidencia muy importante. Héctor Bentancurt, el principal dirigente del Sindicato de AMDET (sistema de transporte urbano municipal de Montevideo, hace décadas que no existe) y de la Federación Obrera del Transporte (FOT), se asustó y desapareció del mapa, dejando a la organización a la deriva. Que esto fuera así, indicaba que en ese gremio las relaciones eran totalmente verticales.

Según uno de los presentes, Bentancurt estuvo en la reunión en la sede central del Partido Comunista, la noche del 26 de junio, cuando Gerardo Cuesta (metalúrgico) informó de la inminencia del golpe de Estado y planteó la determinación de organizar la huelga general prevista por la CNT. Cuando la breve reunión terminó y la mayoría se había retirado rumbo a su sindicato, Bentancurt no se decidía a salir del local.

“¿Y ahora qué hago?”, decía Bentancurt, sentado, con la cabeza entre las manos y llorando, según la versión de otro de los presentes en la reunión. “Andá a cumplir con tu deber”, le habría respondido uno de sus compañeros comunistas. Bentancurt salió, pero no se sabe para dónde y fue imposible encontrarlo en los días siguientes, en el sindicato o en los centros de trabajo donde se decidió la huelga.

Ignacio Huguet (Partido Socialista), secretario del COT (Congreso Obrero Textil) y miembro del Comando de la CNT, se encontró con Bentancurt en la calle, el sábado 30 de junio, cerca de la avenida General Flores. Según el dirigente textil, Bentancurt le dijo que estaba buscando al Comando de la CNT para informar que la huelga en el transporte era insostenible.

¿Desapareció un hombre y se vino abajo un sindicato? Bueno, sí, esto era posible en aquel momento. Había muchos sindicatos que dependían de la presencia de uno, dos o tres dirigentes, sin estructuras intermedias y de base aceitadas y capaces de suplir la ausencia de un dirigente. Este verticalismo ocurría con mayor frecuencia en los sindicatos que seguían las orientaciones del Partido Comunista.

No obstante, esa no fue toda la explicación sobre lo sucedido en ese sector durante la huelga general. El Comando de Huelga de la CNT y el PCU hicieron un intento de recuperar la paralización del transporte y llamaron a Salvador Escobar, un viejo dirigente sindical de AMDET, que había sido asignado a tareas internas del Partido.

Escobar relató que el domingo 1° de julio le encomendaron la misión de recomponer la huelga en AMDET. “Bentancurt había comenzado a dar la orientación de volver a trabajar”, explicó el exdirigente sindical. Desde un café cercano a los talleres de AMDET, Escobar consiguió reagrupar a los trabajadores el lunes y llegar al acuerdo de paralizar las unidades el martes, en todas las estaciones, pero se convenció de que la huelga no podía ir más lejos, si se quería mantener unido al gremio.

“Si paran los azules (las unidades de AMDET), el paro está asegurado”, era la consigna que definía las condiciones de lucha en todo el gremio. Para Escobar, la respuesta del transporte había sido dada en lo fundamental. “La clase obrera sola no puede, nos vamos a ir debilitando”, era su postura. Pero Escobar precisó que el Comando de la CNT fue consultado y aprobó el fin de la huelga en AMDET.

“Lo sucedido en AMDET fue una sorpresa. La responsabilidad no es sólo de Bentancurt, sería una explicación muy fácil”, comentó Mario Plasencia, secretario general de la Organización Obrera del Ómnibus (Tres O), el sindicato de CUTCSA (principal empresa privada de transporta urbano y suburbano hasta el día de hoy), que respondía a la CNT. La situación en CUTCSA era compleja, porque existía el Sindicato Autónomo del Ómnibus (SAO), con un peso similar a las Tres O, y había 1.600 trabajadores propietarios, debido a la organización cooperativa de la empresa.

“La apropiación de un bien privado no se nos planteó nunca. Retener las unidades significaba un conflicto con la patronal”, respondió Plasencia al ser indagado sobre la dispersión o la extracción de una pieza de los ómnibus para evitar que pudieran salir a la calle. Los obreros que ocuparon las oficinas, los talleres y el mayor estacionamiento de ómnibus de CUTCSA, fueron desalojados el sábado 30 y no pudieron reocupar, porque los militares dejaron una guardia permanente en el lugar.

“La patronal no actuó como lo había hecho en un conflicto interno, respetó la actitud de los trabajadores en defensa de las instituciones, pero ellos de cualquier manera no iban a parar”, explicó el dirigente de las Tres O. Después de los decretos represivos del 4 de julio y de los “plebiscitos” organizados por los militares, el sindicato autónomo se reintegró al trabajo. Las Tres O mantuvo la huelga hasta el levantamiento resuelto por la CNT, pero esto representaba a un cuarto del personal de la empresa.

“La información que teníamos en la CNT sobre el nivel de organización existente en el transporte era falsa. Tal vez para un conflicto reivindicativo había funcionado, pero en la huelga se desplomó rápidamente”, explicó Luis Iguiní (dirigente de la Confederación de Funcionarios del Estado, miembro del Partido Comunista), entonces miembro del secretariado de la central. Salvador Escobar, involucrado a cierta altura en este episodio, lamentó que no se hubieran abierto instancias en el movimiento sindical para analizar lo sucedido en el transporte durante la huelga general.

Diversos sindicatos propusieron al Comando de la Huelga incendiar las unidades del transporte que salieron a la calle. Disponiendo de varios miles de activistas decididos, la medida era perfectamente viable, pero la CNT descartó naturalmente la propuesta. Tanto por haber avalado la vuelta al trabajo en el gremio de AMDET como por no considerarla una medida de enfrentamiento apropiada. Las tendencias más radicales intentaron ponerla en práctica, pero no tuvieron la capacidad suficiente.

En la fábrica textil La Aurora, en la asamblea de levantamiento de la huelga general, el dirigente Juan Ángel Toledo (Partido Comunista) dijo que, cuando se hiciera un balance de lo sucedido, a los dirigentes del transporte había que darles “una medalla de mierda”. Toledo relató que sus excompañeros comunistas lo denunciaron por esta actitud ante la dirección del partido. En aquellos tiempos, no se admitía que se hiciera una crítica pública a un camarada, por más equivocado que hubiera estado.

* Fragmento del libro Las historias que no nos contaron. 1973: Golpe de Estado y Huelga General, de Víctor L. Bachetta. Edición de Sitios de la Memoria, Uruguay, 2023.

(Fuente: Correspondencia de Prensa)

  • 1La CNT de febrero a junio de 1973”. Documentos del PIT-CNT.
  • 2La Dictadura Financiera. Libro escrito Juan Berterretche y Aldo Gili, bajo el seudónimo de Juan Robles y Jorge Vedia. Editorial LETRO, Montevideo, 1983
  • 315 días que conmovieron al Uruguay. Ensayo escrito por Pablo Ramírez, seudónimo de Jorge Guidobono, publicado originalmente en Revista de América, abril-mayo de 1974, Buenos Aires.
  • 4Entrevista a Vladimir Turiansky en el libro de Alfonso Lessa, El “pecado original”. La izquierda y el golpe militar de febrero de 1973. Editorial Sudamericana, Montevideo, 2012.
  • 5En referencia al régimen militar presido por el general Juan Velazco Alvarado en Perú, y caracterizado como nacionalista y progresista.
  • 6Negociaciones realizadas cuando la estructura militar del MLN ya había sido desarticulada por la represión. Fueron suspendidas por los militares que exigieron una rendición política “incondicional” de la guerrilla.  
  • 7Las Medidas Prontas de Seguridad,  son  poderes de emergencia previstas en la Constitución de la República, que habilitan al Poder Ejecutivo a suspender transitoriamente ciertas garantías ante casos graves e imprevistos de agresión exterior o conmoción interior.
Ir al contenido