Existe la idea, reforzada en Chile por el Golpe del 73, de que un Golpe de Estado supone invariablemente la caída del gobierno. Nuestra propia historia en Chile revela que no se hace necesaria tal cosa para que desde el poder se persiga aplastar al pueblo, suspendiendo la Constitución, legalizando la impunidad y encarcelando a los activistas.
En 1948, dotado de plena legalidad electoral, Gabriel González Videla promulgó la Ley de Defensa de la Democracia que proscribió al Partido Comunista inaugurando una feroz escalada represiva que inauguró los campos de concentración, centros de tortura y el exilio en nuestro país. El propio Neruda hubo de huír a caballo del país.
En la Semana Santa de 2023, luego de dos oportunas muertes de carabineros, el régimen logró imponer una batería legislativa consagradora de la impunidad con la Ley Nain-Retamal para los responsables de las violaciones los DDHH bajo Piñera. A su turno se implementó un discurso institucional que ha barrido con libertades individuales criminalizando la protesta social, consolidando los Estados de Excepción y acabando con la libertad de expresión encarcelando a Héctor Llaitul a 23 años de cárcel por 5 delitos de opinión.
El encarcelamiento de figuras políticas amenazantes y la imposición de un discurso uniforme antipopular que reivindica la represión como única vía a la resolución del conflicto social, es la expresión más clara de este aserto. No solo Kaiser, Kast y Matthei hacen campaña prometiendo represión. El propio oficialismo gira en torno a estas ideas en su campaña de primarias. Tohá llega al extremo de levantar el anticomunismo como bandera programática.
En la Argentina se vive un escenario similar. Desde las propias instituciones formalmente democráticas se apalea a los jubilados, se allanan locales de organizaciones de izquierda, se persigue a los periodistas y se proscribe aún a candidatos de la propia burguesía como Cristina Fernández.
En este escenario político, el trabajo de rescate de memoria de la documentalista argentina María Giovis pone el acento en esta cuestión. La Dictadura, como sea que era una dictadura de clase, no empezó el 24 de marzo de 1976 con la llegada de la Junta Militar de Videla. Desde muchos años antes ya campeaba la represión sobre el pueblo, con secuestros, torturas y asesinatos. Aún con Perón e Isabelita la Triple A materializaba el terror de Estado apoyado en instituciones generadas electoralmente: Elecciones no es democracia. Y esto se vive hoy día en la oscura Argentina de la jauría fascista que encabeza Milei.
Dejamos este valioso documental con ustedes encabezado con las palabras de Julia García hermana del primer asesinado por la Triple A en Bahía Blanca: «Que nuestros muertos entren en la historia argentina».
En palabras de la documentalista María Giovis, este trabajo se realiza «En homenaje a nuestras compañeras y compañeros desaparecidos o asesinados por el Terrorismo de Estado en democracia.
Es un gusto para mí compartir la segunda parte del documental «66/76. Insurrección obrera y estudiantil» apelando a la militancia para que pueda tener la máxima difusión. Como muchos saben el proyecto fue rechazo por el INCAA en el año 2022 y fue realizado a pulmón y con mucha solidaridad militante.
He decidido hacerlo público hoy 20 de junio, a 52 años de la Masacre de Ezeiza, para muchos historiadores el comienzo del Terrorismo de Estado, para otros la fecha es el 1 de octubre de 1973, fecha del Documento Reservado, declaración de guerra del partido justicialista al movimiento insurreccional».
Recomendamos ver este documental, criticarlo y difundirlo. Los problemas que pone en debate resultan sustanciales al necesario balance de las luchas obreras y del papel que juega en las mismas las instituciones de la democracia burguesa.