por Andrés Gutiérrez
La participación de la contralora general de la República, Dorothy Pérez, en ENADE 2025 marca un precedente inédito: por primera vez la máxima autoridad del órgano de control se presenta en el principal foro empresarial del país, un espacio donde históricamente convergen los intereses del gran capital y los lineamientos del Ejecutivo. Más allá de la anécdota institucional, el gesto tiene un valor político profundo: la Contraloría abandona la posición de neutralidad que la Constitución y la ley orgánica le imponen, para ocupar un lugar de sintonía con el discurso empresarial.
Aunque en el tramo final de su intervención la contralora dedicó palabras de reconocimiento a los funcionarios públicos —en particular a quienes sirven en áreas como salud, educación y seguridad—, ese gesto, más que un acto de genuina reivindicación, operó como un cierre protocolar destinado a suavizar el mensaje principal. La intervención en su conjunto se orientó a congraciarse con el empresariado, buscando transmitir una imagen de “Estado eficiente” y “colaborativo”, donde la gestión pública se evalúa según parámetros de productividad y rentabilidad. Esta apelación a la “eficiencia” esconde una identificación peligrosa entre el bienestar común y la buena marcha de la empresa privada: se sugiere que el orden y la estabilidad institucional equivalen a la satisfacción del interés general, cuando en realidad ese equilibrio descansa en la contención del conflicto social, la precarización laboral y la subordinación del trabajo a las exigencias del capital.
De acuerdo con el artículo 98 de la Constitución Política, la Contraloría “es un organismo autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya función es ejercer el control de legalidad de los actos de la administración”. Esa autonomía, interpretada correctamente, no solo exige independencia respecto del poder político, sino también equidistancia frente a los intereses privados que interactúan con el Estado. Cuando la contralora participa activamente en instancias que representan al empresariado, esa equidistancia se ve comprometida, aunque el discurso se revista de tecnicismo y neutralidad.
Durante el último año, el organismo ha adoptado un tono particularmente severo hacia los trabajadores públicos. Primero, al reinterpretar su competencia respecto de los funcionarios a contrata, resolvió que los conflictos por no renovación deben ser conocidos por los tribunales laborales, desplazando una tutela administrativa que antes garantizaba cierta estabilidad y un control inmediato de legalidad. Con ello, se debilitó la protección frente a despidos arbitrarios y se consolidó la precarización dentro del propio aparato estatal.
Luego, en el llamado “caso licencias médicas”, la institución volvió a dirigir su foco hacia los trabajadores, difundiendo cifras que —aunque llamativas— representan una fracción mínima del universo de licencias en el sector público. En lugar de contextualizar los datos o advertir los límites de la investigación, la Contraloría instaló una narrativa de sospecha generalizada, funcional a la deslegitimación del empleo público más que a la corrección efectiva de malas prácticas. Esa sobrerrepresentación estadística sirvió como base discursiva para justificar medidas de austeridad y control, que terminan siempre recayendo sobre quienes sostienen el funcionamiento del Estado.
Este endurecimiento discursivo fue celebrado abiertamente por la oposición y los grandes medios empresariales. A la derecha le resultó conveniente una Contraloría que, bajo el ropaje de la probidad, sirviera para cuestionar al gobierno central y exponer sus debilidades administrativas. En esa convergencia de intereses, el elogio a la contralora —su ovación en ENADE, su ascenso mediático, su constante adulación— no responde a un reconocimiento desinteresado de la fiscalización pública, sino a la satisfacción de haber encontrado un instrumento institucional que legitima su relato de eficiencia y control.
Así, el discurso sobre la buena gestión de la Contraloría encubre un contenido distinto: el ataque sistemático a los trabajadores públicos y la consolidación de un modelo de precarización transversal, que busca “emparejar” el mundo público y privado en torno a la flexibilidad, la inseguridad y la austeridad permanente. No es casual que el elogio provenga del empresariado: en la medida que la Contraloría asuma como misión reducir costos y disciplinar el gasto, estará operando dentro del mismo marco ideológico del capital.
La Ley N° 10.336, Orgánica Constitucional de la Contraloría, establece en su artículo 1° que el órgano debe ejercer sus funciones “con estricta sujeción a la Constitución y a las leyes”, garantizando la legalidad y la correcta administración de los recursos públicos. Esa sujeción implica también contención política: no adoptar posición, ni en favor de gobiernos, ni de intereses particulares, ni de sectores económicos. Cuando esa frontera se difumina, la probidad se convierte en un discurso ideológico y la neutralidad institucional se vacía de contenido.
La verdad es que la situación de los trabajadores públicos en Chile refleja con crudeza la precariedad laboral que atraviesa al conjunto del país. La mayoría se encuentra contratada a honorarios o bajo el régimen de contrata, renovados año a año, aun cuando desempeñan funciones permanentes dentro de las instituciones del Estado. Solo una minoría accede a cargos de planta, con estabilidad real. Este esquema impide el desarrollo de una verdadera carrera funcionaria, fragmenta la organización colectiva e impone un clima de subordinación y temor constante. Tampoco existe un derecho efectivo a la sindicalización o a la huelga: las asociaciones de funcionarios, al operar fuera del marco legal, tienen un margen de acción muy limitado. En la práctica, el empleo público se ha convertido en un espacio de precarización institucionalizada, en el que la continuidad laboral depende más de la voluntad administrativa que de los méritos o la trayectoria. La única ventaja relativa se halla en la cobertura de salud, que, frente a los problemas estructurales del sistema de ISAPRES, mantiene algunos resguardos mínimos —como la ausencia de días de carencia en licencias médicas—, aunque incluso estos beneficios se ven amenazados por recientes iniciativas del Ejecutivo que, bajo el pretexto de “armonizar” el Seguro de Incapacidad Laboral, podrían terminar debilitando derechos adquiridos y empujando a todos los trabajadores, públicos y privados, hacia condiciones más desprotegidas.
A pesar de este contexto, los trabajadores públicos nunca se han opuesto al control ni a las sanciones cuando estas son justas y fundadas. Lo que cuestionan —y con razón— es que el control se transforme en persecución y que el discurso de la eficiencia se use como coartada para desmantelar derechos laborales o debilitar al Estado. La legitimidad de la Contraloría no se mide por los aplausos en un foro empresarial, sino por su capacidad para mantener la distancia crítica que exige la República.
El Estado y la imposibilidad de la neutralidad
“El Estado moderno no es sino un comité que administra los negocios comunes de toda la clase burguesa.”
— Marx y Engels, Manifiesto del Partido Comunista (1848)
La conducta de la Contraloría y de su actual titular no puede comprenderse cabalmente sin situarla en el marco más amplio del Estado como expresión del poder de clase. Desde Marx y Lenin se ha señalado que el Estado no es un árbitro que equilibra los intereses sociales, sino una “máquina de opresión de una clase sobre otra” (Lenin, El Estado y la Revolución). Aunque asuma formas democráticas, su función estructural sigue siendo la misma: garantizar la reproducción de las relaciones de producción y el dominio del capital.
Por eso, resulta ilusorio esperar que órganos del Estado actúen con una independencia real respecto de la clase dominante. Su autonomía es, en el mejor de los casos, una autonomía funcional dentro de los límites del orden burgués, una forma de administrar las contradicciones sin poner en riesgo el sistema. En ese contexto, la Contraloría —como cualquier otra institución estatal— opera bajo la lógica de contención y legitimación de ese orden, fiscalizando, sancionando y corrigiendo, pero siempre dentro de los márgenes que preservan los intereses del capital.
Que la Contraloría se acerque al empresariado no es una desviación, sino una manifestación coherente de su lugar en la estructura estatal. Es lógico que un órgano nacido para “resguardar el buen uso de los recursos públicos” termine alineando la eficiencia administrativa con la racionalidad empresarial, entendida como ahorro, disciplina y control sobre el trabajo.
El gobierno del Frente Amplio no escapa a esta dinámica. A pesar de su retórica progresista, ha gobernado dentro de los límites de la economía capitalista, protegiendo los equilibrios macroeconómicos, manteniendo la subordinación del Estado al mercado y reproduciendo el mismo esquema de precarización que heredó. En ese sentido, su relación con la Contraloría no es de conflicto real, sino de continuidad estructural.
Debilidad en la acumulación y ofensiva sobre el Estado
“En los períodos de estancamiento, la burguesía exige del Estado lo que el mercado ya no puede darle.”
— Inspirado en Lenin, Imperialismo, fase superior del capitalismo
La coyuntura chilena actual, marcada por una ralentización del crecimiento, baja relativa de la inversión privada y presión sobre el gasto fiscal, actúa como catalizador de esta ofensiva ideológica. Cuando la tasa de acumulación se debilita, el capital dirige su mirada hacia el Estado, buscando en él nuevas fuentes de rentabilidad o de ahorro. El Estado pasa así a ser visto no como garante de derechos, sino como un instrumento de ajuste: se le exige reducir su tamaño, contener el gasto y disciplinar a sus trabajadores, como si la austeridad fuera una forma de eficiencia y no de subordinación.
En este escenario, la Contraloría encarna el papel de gestor moral del ajuste, justificando el recorte y la desconfianza hacia lo público bajo la bandera de la probidad. Pero en realidad, su acción se inscribe en un contexto donde la burguesía, enfrentada a una fase de crecimiento débil, busca compensar su rentabilidad atacando los costos del Estado y del trabajo. No hay contradicción entre el elogio empresarial y el discurso de control: ambos convergen en la necesidad de subordinar la función pública a la lógica del capital.
Mientras la clase trabajadora —la clase que genera todo el valor y la riqueza social— no conquiste el poder político mediante sus propias organizaciones y medios, las instituciones seguirán reproduciendo los intereses de la burguesía, cualquiera sea el color del gobierno. Lo que hoy se observa en la Contraloría no es una anomalía, sino la expresión contemporánea del Estado burgués actuando según su naturaleza: en defensa de la acumulación y en contra de quienes la hacen posible.