de El Porteño
Mi nombre es Rodrigo Román, soy abogado de la defensoría popular, y parte del equipo de la defensa de los peñi Esteban Henríquez, Ricardo Delgado, Roberto Villouta y Ernesto Llaitul, los cuatro militantes de la CAM, que se encuentran en estos días cumpliendo 1 año de prisión política, a partir de resoluciones caprichosas que en 2 ocasiones la Corte de apelaciones de Concepción ha decretado, en contra de lo que ha dicho el juzgado de Garantía de Los Ángeles, que en 2 ocasiones ha (no se entiende) de sustituir el régimen de prisión preventiva, precisamente, por la falta de sustento que tiene la prueba del ministerio público.
Los peñi se encuentran acusados por los delitos de incendio y homicidio frustrado, a propósito de un hecho que habría ocurrido el año 2020, en la ciudad de Los Ángeles, en el fundo Paraguay, cerca del sector del Salto El Laja, y el ministerio público ha fundado su imputación, -la que hoy día, su acusación sobre la base de puras especulaciones-, no existe un solo antecedente, no existe una sola prueba que vincule a los peñi con los hechos que se les imputan. Lo único novedoso que tiene el ministerio público, es que señala que, horas antes y posteriores, los teléfonos que habrían portado algunos de los acusados, habrían traficado en las cercanías, en las inmediaciones, pero lo cierto es que cuando uno esto lo lleva a la tierra, ese concepto de la cercanía en las inmediaciones en ningún caso es tal, toda vez que no hay ningún antecedente que los vincule al sitio del suceso, sino que al menos a una distancia de 15 km. Eso hace imposible, entonces, cualquier condena, -no solamente en relación a los peñi, sino en relación a cualquier persona-, por los hechos que se les imputa.
Respecto a las irregularidades, -lo hemos sostenido desde un comienzo-, que la prisión política, la prisión preventiva se funda solo sobre la base de la especulación que el ministerio público ha sostenido amparado en el discurso político de persecución hacia el pueblo-nación mapuche, y en particular a las comunidades en resistencia, como es el caso de los peñi de la CAM, que se encuentran en prisión.
Más que irregularidad, aquí hay ausencia de prueba, no obstante el ministerio público, a la hora de formalizar su acusación, realizó una oferta de prueba fuera del marco de la ley, de forma ilegal, lo que sí fue advertido por el tribunal de garantía, procediendo a excluirle abundante prueba, la que lamentablemente, fue toda incluida nuevamente al juicio por parte de la corte de apelaciones de Concepción, que nuevamente,-amparando el actuar irregular , ilegal, del ministerio público-, lo que hace es sostener esta injusta imputación.
Como decía, en estos días nos encontramos cumpliendo 1 año de la prisión política de los cuatro pu peñi , que ya he señalado en este caso, a propósito de lo que está pasando en el juzgado de garantía de Los Ángeles, y la noticia que hay, entonces, es que el próximo jueves 4 de octubre, por fin se va a dar inicio al juicio oral, el cual está proyectado para una duración de 13, 14 días continuos, los que estaremos presencialmente allá junto a los peñi, y el llamado que hacemos, entonces, es -no solamente a los miembros del pueblo mapuche-, sino a todos quienes solidarizan con la legítima causa de este noble pueblo, es poder estar alertas y poder hacer el acompañamiento para lo que viene en la previa, y fundamentalmente a partir del 4 de octubre, día en el cual va a comenzar la realización del juicio oral, ante el tribunal oral en lo penal en la ciudad de Los Ángeles.
(El texto es una transcripción de entrevista al abogado Rodrigo Román y que se encuentra en formato de audio)